nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Foja: 120 Ciento Veinte Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS A fojas 06, comparece don nombre reservado, abogado, quien recurre de protección en contra del Instituto de Previsión Social, por el acto que estima ilegal y arbitrario de terminar anticipadamente el cargo que servía a contrata en dicha institución, invocando como causal las necesidades del servicio, lo que en su concepto vulnera sus garantías constitucionales del artículo 19 números 3 (igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos) y 24 (propiedad sobre el cargo).

Manifiesta que ingresó a prestar servicios en el Organismo recurrido en marzo de 2011, y que desde el 2012 servía a contrata el cargo de Jefe de la Sucursal Ñuñoa, asimilado al grado 4 de la Escala Única de Sueldos, el cual le fue renovado en dos oportunidades, la última hasta el 31 de diciembre del año en curso. Luego, con fecha 23 de mayo del corriente, fue notificado de que el Director Nacional dispuso, sorpresiva e injustificadamente, el cese de sus servicios.

Expone que la decisión que se impugna es ilegal y arbitraria, puesto que la carta aviso de término de contrata no contiene ni hace mención a ninguna de las causales taxativas de cese de servicios consagradas en el artículo 146 del Estatuto Administrativo, ni indica fundamento alguno que justifique la decisión adoptada. Agrega que habiendo ingresado al Servicio por resolución del Director Nacional, resulta improcedente poner término a su designación a través de una simple comunicación, ya que se requería para ello una resolución debidamente fundamentada.

Señala que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, contenida en la resolución que renovó los servicios, es ambigua e imprecisa, y no puede entenderse en el sentido de autorizar una terminación anticipada de los mismos, ya que dicha interpretación entraría en colisión con el plazo fijado en la misma resolución, y con el artículo 1545 del Código Civil. En todo caso, aun cuando se entienda en dicho sentido, ello no exonera a la Administración de su obligación de exponer en el respectivo acto administrativo, las razones que justificarían el cese de los servicios, cuestión que no ocurrió en este caso.

Solicita, que se acoja con costas el recurso de protección y que se deje sin efecto el término anticipado de la contrata del recurrente, ordenando su reincorporación al Servicio recurrido y manteniendo su designación al menos hasta el 31 de diciembre del presente año.

A fojas 48, informa el recurso la abogada doña Susana Roa Gutiérrez, en representación del Instituto de Previsión Social solicitando, desde ya, el rechazo del recurso de protección impetrado en autos, con expresa condenación en costas, de acuerdo a los antecedentes que refiere.

Señala que la decisión de poner término a la contrata del recurrente se materializó a través de la Resolución Afecta N° 320 de 6 de junio de este año, acto administrativo que fue ingresado a la Contraloría General de la República el 16 de junio, sin que a la fecha se haya tomado razón del mismo.

Expresa que el recurso de protección no es la vía idónea para solicitar la modificación o invalidación de un acto administrativo terminal, ya que la ley contempla procedimientos especiales para obtener dichos fines.

Añade que la relación laboral administrativa que ligó al recurrente con el Instituto de Previsión Social en un empleo a contrata, esencialmente transitorio, regulado en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, el cual se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2014, o hasta cuando fueran necesarios los servicios del recurrente. En su concepto, cuando la contrata de un funcionario ha sido ordenada con la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” u otra similar, la autoridad puede ponerle fin cuando lo estime conveniente, debiendo materializarse dicha decisión en un acto administrativo que, para producir efectos, debe notificarse al interesado, cesando el vínculo desde la fecha de dicha comunicación, cuestión que a la fecha no ha ocurrido desde que está aún pendiente el trámite de toma de razón, por lo que el recurrente mantiene la calidad de funcionario del Servicio recurrido.

Sostiene que la resolución que se impugna no es ilegal ni arbitraria, ya que emana de una facultad legal discrecional de la autoridad que realizó la contratación, y que no existe garantía constitucional alguna conculcada.

Finaliza expresando que no existe garantía constitucional alguna de los recurrentes que su parte haya vulnerado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

2°) Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

3°) Que conforme a lo precedentemente expuesto en la parte expositiva de esta sentencia, la situación objetada se vincula con la decisión de la autoridad administrativa recurrida de terminar anticipadamente la contratación del recurrente, dando origen a la presente acción cautelar, circunstancia fáctica no controvertida por la recurrente ni por la recurrida.

4°) Que, el acto cuya arbitrariedad se reprocha es la decisión de poner término a su contrata, modalidad bajo la cual se desempeñaba en la referida repartición con vigencia hasta el 31 de Diciembre del año 2014, fecha hasta la cual se hacía extensiva su vigencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo.

5°) Que los empleos a contrata, tienen dentro de sus principales características, la de ser esencialmente transitorios, los que pueden o no ser renovados año. a año como en el caso de autos, que se prorrogó la contratación del actor hasta fines del presente. Sin embargo, también puede ponerse término a ese tipo de contratos cuando ya no sean necesarios los servicios del contratado y siempre y cuando su resolución de nombramiento contenga la frase “mientras sean necesarios sus servicios” u otra similar, en ese caso, la autoridad puede cesar su contratación cuando lo estime conveniente, debiendo materializarse si dicha decisión en un acto administrativo notificado al interesado, y debidamente visado por la Contraloría General de la República a través del trámite de toma de razón.

6°) Que en el presente caso tanto el nombramiento como el término de las funciones del actor, fueron decisiones llevadas a cabo por intermedio de actos administrativos ajustados a derecho y dentro de las facultades que se otorgan a la recurrida en el Estatuto Administrativo, razón por la cual su actuar no puede ser calificado de ilegal ni de arbitrario, razón por la cual no se divisa razón que habilite la obtención a favor del recurrente del presente instituto procesal.

7°) Que de acuerdo a la medida para mejor resolver decretada a a fs. 68, la Contraloría General de la Republica a fs. 74 remite copia de Resolución N° 320 por la que informa que se puso término a la contrata del recurrente, de acuerdo a la formula que el trabajo se mantiene mientras sean necesarios sus servicios y ello opera a contar de la total tramitación del acto administrativo. En cuanto a la toma de razón del mismo lo fue con fecha 28 de Julio del presente año, según lo informado por el organismo Contralor a fs. 118.

8°) Que en virtud de la misma medida para mejor resolver ya mencionada a fs.113 informa el Instituto de Previsión Social, recurrido en esta causa, dando cuenta que la Resolución por la que puso término a los servicios a contrata del recurrente fue totalmente tramitada por la Contraloría General de la República, remitiendo carta certificada al afectado el 7 de Agosto del 2014, y como este se entiende notificado a contar del tercer día siguiente de la recepción de la misma por la oficina de Correos, ello ocurrió el 13 de Agosto del presente año, por lo cual percibió remuneraciones de la institución hasta el día 13 del mismo mes y año.

9°) Que los anteriormente expuesto consta en la documentación aparejada a fs. 76 a 112 inobjetada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 06 por don nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección- 35513-2014.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Ministro (S) señor Tomas Gray Gariazzo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.