nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y A.C.H.S. ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD

C.A. de Santiago Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), por haber denegado la calificación y atención de un accidente laboral de trayecto, lo que vulneraría las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Expone que sufrió un accidente laboral de trayecto, respecto del cual su empleador, la Universidad Tecnológica Metropolitana, no presentó la documentación correspondiente. Agrega que ha apelado en varias oportunidades y con distintas solicitudes ante la ACHS, las cuales han sido denegadas. Indica que persiste el daño y que lleva más de tres meses solicitando atención, la cual le ha sido negada.

Según el recurso, se habrían vulnerado los derechos a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, al negársele la atención médica necesaria para tratar las secuelas del accidente laboral de trayecto que alega haber sufrido.

En virtud de lo expuesto, la recurrente solicita que se recalifique su accidente y se le otorgue la atención en la Asociación Chilena de Seguridad, ordenando que se continúe con su tratamiento.

Segundo: Que, informando al tenor recurso la Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo de la acción constitucional, alegando la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, y en subsidio, argumenta la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar y la falta de derechos indubitados susceptibles de ser amparados por esta vía cautelar.

Refiere que el 28 de febrero de 2024, la Sra. nombre reservado reclamó ante la Superintendencia en contra de la Asociación Chilena de Seguridad por rechazar calificar como accidente de trayecto el siniestro que denunció haber sufrido el 4 de diciembre de 2023, cuando se desplazaba en el Metro de Santiago desde su habitación a su lugar de trabajo.

Explica que luego de solicitar informe a la Mutual, la Superintendencia emitió la Resolución Exenta N° R-01-IBS-21595-2024, de fecha 20 de marzo de 2024, confirmando lo resuelto por la Asociación Chilena de Seguridad sobre el carácter común del accidente, por cuanto no existían antecedentes que permitieran corroborar la versión de la Sra. nombre reservado y acreditar de forma indubitable la ocurrencia del accidente de trayecto denunciado.

La Superintendencia fundamenta la improcedencia de la acción de protección aduciendo que la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política, que no está amparado por esta acción cautelar.

Sostiene que la calificación de una patología como de origen común o laboral, los procedimientos de reclamos y las implicancias de cobertura del seguro social son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección.

En cuanto al fondo, afirma que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, por cuanto ha actuado dentro del ámbito de su competencia, aplicando la normativa legal y reglamentaria que regula el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Plantea que, de acuerdo al artículo 77 de la Ley N° 16.744, la Superintendencia resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso los reclamos relativos a cuestiones de hecho en materias de orden médico.

Estima que la pretensión de la recurrente de modificar la calificación del origen de su patología desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la cual fue concebida para amparar derechos indubitados y preexistentes, no para declarar derechos cuya existencia es controvertida.

En virtud de lo expuesto, la Superintendencia de Seguridad Social solicita que se declare la improcedencia del recurso de protección por tratarse de una materia de seguridad social excluida de esta acción cautelar. En subsidio, pide que se rechace el recurso por no existir acto ilegal o arbitrario ni vulneración de derechos constitucionales. En ambos casos, solicita la condena en costas de la recurrente.

Tercero: Que, por su parte, la Asociación Chilena de Seguridad evacua informe solicitando el rechazo del recurso de protección, argumentando la improcedencia del recurso por carecer la materia objeto del mismo de carácter indubitado; y subsidiariamente, alega la inexistencia de actos ilegales o arbitrarios y la falta de vulneración de derechos constitucionales.

Explica que el 5 de diciembre de 2023, la Sra. nombre reservado ingresó a sus dependencias médicas refiriendo haber sufrido un accidente de trayecto el día anterior, mientras se encontraba en el metro de Santiago camino a su trabajo. Añade que, tras las evaluaciones médicas correspondientes, se le diagnosticó un esguince de rodilla grado II, otorgándosele las prestaciones médicas iniciales. Indica que se le explicó la necesidad de aportar antecedentes probatorios para acreditar la ocurrencia del accidente, conforme al artículo 7º del D.S. Nº101 de 1968.

Refiere que el 13 de diciembre de 2023, en el control médico, se le comunicó a la Sra. nombre reservado que su lesión fue calificada como de origen común, basándose en la falta de pruebas objetivas que respaldaran su declaración. Expone que se procedió a regularizar su período de licencia, otorgándole una licencia médica tipo 1 por 21 días y derivándola a su previsión de salud común.

Alega la improcedencia del recurso argumentando que la materia objeto del mismo no goza del necesario carácter indubitado, previo y preexistente, características requeridas por la jurisprudencia para la procedencia de la acción de protección. Asegura que la calificación del origen de la lesión es controvertida por razones fácticas, dado que la ocurrencia del accidente de trayecto no ha sido indubitablemente comprobada.

En cuanto al fondo, afirma que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, por cuanto ha actuado dentro del ámbito de su competencia, aplicando la normativa legal y reglamentaria que regula el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Precisa que su actuación se ajustó a lo dispuesto en el artículo 7º del D.S. Nº 101 de 1968, que exige que la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo debe ser probada por el interesado mediante un parte de Carabineros u otro medio de prueba igualmente fehaciente.

Asimismo, manifiesta que su decisión fue ratificada por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-S-46396-2024, la cual confirmó la calificación de origen común de la lesión, por no existir antecedentes que permitieran corroborar la versión de la Sra. nombre reservado y acreditar de forma indubitable la ocurrencia del accidente de trayecto denunciado.

En virtud de lo expuesto, la Asociación Chilena de Seguridad solicita que se rechace el recurso de protección por improcedente, al no versar sobre un derecho indubitado. En subsidio, pide que se rechace el recurso por no existir acto ilegal o arbitrario ni vulneración de derechos constitucionales.

Cuarto: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo, que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule, los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido, que la acción de protección no constituye una instancia, por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que, su real objeto, está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados por las partes, puede colegirse que el pronunciamiento de la SUSESO ha sido adoptado conforme a las facultades que detenta ese organismo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2° letras a) y c) y 30 de la Ley 16.395, Ley que fija la organización y atribuciones de la SUSESO. En efecto, de los literales a) y c) del citado artículo 2°, se desprende que corresponde a esa institución, “fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia”. Del mismo modo, corresponde al citado organismo “resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Más aún, en materia de accidentes laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 16.395, corresponde a la SUSESO la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos.

En consecuencia, en uso de esas atribuciones y en el ámbito de su competencia, la SUSESO revisó los antecedentes proporcionados por el recurrente, arribando a la conclusión que, tal como lo había resuelto la ACHS, el accidente sufrido por el actor era de origen común y no laboral, por lo que solo cabía desestimar la petición del recurrente, toda vez que no se advierte la presencia de un acto administrativo ilegal o arbitrario.

Sexto: Que de lo anterior razonado, basta para desestimar esta acción cautelar, pues no existe un acto ilegal o arbitrario, susceptible de ser atribuido a las recurridas, entidades que han emitido su dictamen en uso de sus facultades propias, conociendo los antecedentes proporcionados y con fundamento plausible, además, se ve reforzado con que los derechos del actor supuestamente conculcados deben ser reclamados en otra sede, ya que las resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materia de seguridad social pueden ser objeto de un reclamo judicial ante la justicia laboral, conforme al artículo 420 letra e) del Código del Trabajo.

Séptimo: Que, en consecuencia, no existiendo un acto ilegal o arbitrario objeto del presente recurso, unido a que no es esta a vía idónea para reclamar de esa decisión, el presente arbitrio debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Asociación Chilena de Seguridad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3541-2024.