Protección contra Carabineros de Chile

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil dieciocho.

A los folios 13 y 14: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que recurre de protección don nombre reservado, ex Cabo 1º de Carabineros, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, en contra de Carabineros de Chile, representado legalmente por el Coronel de Carabineros nombre reservado, por los actos arbitrarios e ilegales en que incurren, consistentes en la dictación de la Resolución 02 de fecha 19 de abril de 2018, emanada de Carabineros de Chile, por intermedio del Coronel de la Prefectura Santiago Norte, que ordena la Baja por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos del recurrente, señalando que dicha resolución afectó las garantías constitucionales de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el principio de presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y el derecho de propiedad.

Señala que el día 9 de marzo de este año, concurrieron a la Unidad Policial 5ta. Comisaría de Carabineros de Conchalí, profesionales del departamento de control y prevención del consumo de drogas. Se solicitó la presencia de los funcionarios de servicio ese día, en donde el recurrente concurrió voluntariamente, procediendo a realizar el examen requerido. Luego se le solicitó que concurriera nuevamente a realizarse el examen, ya que la orina entregada en primera instancia tenía un problema, y así, sucesivamente, alrededor de tres oportunidades, desconociendo el recurrente el motivo de tantos exámenes.

Refiere que con fecha 5 de abril de 2018, el Mayor de Carabineros nombre reservado, lo notifica que el examen de drogas salió positivo a cocaína y que se le otorga la posibilidad de una contramuestra. Esta situación le pareció buena al recurrente porque podría demostrar que no consume drogas. Sin embargo, esa contramuestra se hacía con la misma orina tomada en primera instancia, sin darle la posibilidad de un examen particular para demostrar lo contrario.

Con fecha 10 de abril el recurrente concurre al Laboratorio del Centro Médico Megasalud y se realiza un examen particular el cual arrojó resultado negativo a cocaína.

Luego el 24 de abril de 2018, se recepciona en su domicilio la resolución N° 2 de fecha 19 de abril de 2018 de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte, la que dispone que el recurrente sea dado de Baja de las Filas de Carabineros, por Conducta Mala y con Efectos Inmediatos, sin haberse realizado sumario administrativo, siendo la baja condicional al resultado final del Sumario Administrativo, en cuya virtud el Cabo 1º recurrente le asistirá el derecho a ejercer las instancias de impugnación correspondientes, en conformidad a lo señalado en la letra C.1 de la Resolución recurrida.

Agrega que una vez recibida la Resolución Nº 2 en su domicilio, perdió a las 24 horas siguientes, en forma automática, su calidad de Funcionario de la Institución de Carabineros de Chile, señalando en la misma Resolución que si se le aplicare en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado a la institución. A este respecto señala que eso no es veraz, ya que los sumarios administrativos son para funcionarios activos de la Institución y, en su caso, perdió esa calidad el día 25.04.18.

Agrega que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha pronunciado los Dictámenes Nº 28.841 de 1994 y 9.969 de 1997, que señalan que los cargos que se formulen en los procesos administrativos deber ser precisos y deben referirse a hechos concretos, y que deriven en infracciones a deberes funcionarios, lo que no ha ocurrido en la especie, toda vez que los cargos imputados en la Resolución Nº 2 recurrida, son relativos a un acto de conducta de la vida privada, de civil, de franco.

Además señala que si no hay Sumario Administrativo no puede haber resolución de los hechos que no han sido investigados, y se debe permitir su defensa a los cargos imputados.

Agrega que el Decreto Nº 900, de 20.06.1967, que aprueba el Reglamento Nº 11 de Disciplina para Carabineros de Chile, no contiene ningún articulado que declare como acto impropio, irregular, improcedente y no permitido, el dar POSITIVO EN UN EXAMEN DE ORINA PARA LA DETERMINACION DE CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO, señalando, además, que el examen realizado al recurrente en las dependencias de la Unidad de Carabineros, se realizó con varias falencias.

Refiere que se dictó una resolución sin haber oído al recurrente y sin dar término al sumario administrativo, atentando en contra de un debido proceso.

Finalmente agrega el recurrente que el Reglamento Nº 11, de Disciplina de Carabineros, para la aplicación de sanciones requiere de necesidad, racionalidad, humanidad y proporcionalidad, y que en este caso no se respeta ninguna de esos criterios, por lo que se trataría de un abuso de autoridad.

Por otra parte, el recurrente señala que la Resolución Nº 2 recurrida, dice que la Baja por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos, que se le aplicó, tiene carácter de condicional y se encuentra sujeto al resultado final del sumario administrativo.

Que la misma resolución, ordena que la Oficina de Sección de Finanzas de esta Repartición, adopte las acciones oportunas y convenientes para cesar el pago de sus remuneraciones desde la fecha en que se haga efectiva la eliminación con efecto inmediato del recurrente.

En este sentido, habiendo quedado establecido por la propia resolución 02 que la Baja es condicional al resultado del sumario administrativo, en cuya virtud al recurrente le asiste el derecho a impugnar lo resuelto, sus remuneraciones quedan retenidas en depósito.

Considera el recurrente que este acto es arbitrario e ilegal, que vulnera la garantía constitucional del art. 19 Nº 24 de la CPR, pues priva al recurrente del derecho a percibir sus remuneraciones.

Agrega que la Corte Suprema ha señalado que la Baja por Conducta Mala tiene el único alcance de suspender o liberar al funcionario afectado, manteniendo su condición de personal activo y sus remuneraciones, mientras lo resuelto no adquiera firmeza.

Expresa que el art. 127 del Reglamento Nº 8 de Carabineros no contiene la facultad de la autoridad que ordena el sumario administrativo para decretar la suspensión o el cese de las remuneraciones que percibe el recurrente, y que sólo es posible hacer descuentos o suspender su pago en los casos expresamente permitidos por la ley. Por lo que dicha decisión carece de sustento legal y es arbitraria, afectando el derecho de propiedad del recurrente que tiene sobre sus remuneraciones, las que están impagas desde el 19.04.18, solicitando el pago íntegro de sus remuneraciones a contar del 19.04.18 y de todas aquellas que se devenguen hasta que se encuentre ejecutoriada la decisión del sumario administrativo que le afecta, siempre que la resolución implique la separación del recurrente de las filas de la Institución.

SEGUNDO: Que con fecha 06.06.18 se presenta informe la recurrida, Prefectura Santiago Norte de Carabineros de Chile, solicitando el rechazo del presente recurso de protección, con costas, en conformidad a las siguientes consideraciones:

Señala el recurrido que en cuanto a la supuesta infracción del art. 19 Nº 3 de la CPR, cabe señalar que la dictación de la Resolución Nº 2 recurrida, se efectuó conforme a las facultades y en el contexto de un proceso administrativo regular, sin discriminación que pudiera vulnerar el derecho de igualdad ante la ley.

Que al dictarse la Resolución recurrida, se tuvo a la vista el Test Detección de Drogas efectuado al recurrente por el Departamento de Control y Prevención del Consumo de Drogas DISALCAR, y la contramuestra efectuada en el Laboratorio de Toxicología Corthon Quality (Chile) S.A., dando ambos resultado positivo a Cocaína. Que este antecedente ha servido de base a la autoridad administrativa para ejercer su potestad disciplinaria , aplicando la sanción de Baja por Mala Conducta, con Efectos Inmediatos, por lo que descarta una decisión arbitraria o que vulnere el principio de inocencia del recurrente, ya que a éste se le indica en forma circunstanciada las conductas que se le imputan, y las normas reglamentarias que se han infringido.

Que respecto de la garantía del debido proceso, señala que en el plano administrativo este derecho se manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley impone a la Administración. Que la Contraloría General de la República ha señalado reiteradamente que tanto el Reglamento de Sumarios Administrativos como el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, contienen todos los elementos que permiten asegurar el debido proceso administrativo.

Agrega que en este caso, aún no se ha llegado a la etapa de formulación de cargos, por lo que el recurrente aún mantiene incólumes todas las instancias, recursos y prerrogativas para ejercer su adecuada defensa ante la autoridad institucional.

Que respecto a la garantía consagrada en el art. 19 Nº 24 de la CPR, y que el recurrente señala haber sido afectada a través del no pago de sus remuneraciones, señala que el art. 127 Nº 4 inciso 5 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, Nº 8, indica que si se dispone de la baja del servicio a quien sea sorprendido cometiendo una falta que lesione gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial.

Por su parte, el art. 33 inciso primero de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional, señala que el personal de Carabineros tiene derecho, como retribución de sus servicios, el sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales y que el recurrido, al ser eliminado de las Filas de la Institución por Conducta Mala con Efectos Inmediatos, al momento de ser notificado de dicha resolución, cesa en sus funciones y por tanto está imposibilitado de cumplir con sus servicios y consecuentemente de recibir la correspondiente remuneración.

Agrega que desde el momento en que el recurrido es notificado de la resolución, la administración queda impedida de efectuar el pago de remuneraciones posteriores, ya que este pago carece de objeto, no tiene una contraprestación que lo justifique, extinguiendo su derecho de propiedad respecto de los montos reclamados a través del presente recurso. Que en consecuencia, el derecho esgrimido por el recurrente se convierte en dubitado, debiendo recurrir a un juicio de lato conocimiento y no a una acción cautelar de protección, que no es declarativa de derechos.

Argumenta, además, que si la Baja por mala Conducta con Efectos Inmediatos al término del sumario administrativo es confirmada, y si se pagaren las remuneraciones en el tiempo intermedio, este pago carecería de causa, produciendo un perjuicio patrimonial al Fisco de Chile.

Por todo ello, señala el recurrido que Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho alguno del recurrente, actuando en conformidad a la ley, por lo que solicita que dicho recurso de protección sea rechazado, con costas.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

CUARTO: Que es ilustrador tener presente que en esta sede jurisdiccional que resultan ser hechos no controvertidos que el Ex Cabo 1° nombre reservado se encuentra en situación de baja por Conducta Mala, con efectos Inmediatos, en virtud de la Resolución N ° 2 de fecha 19 de abril de 2016 de la Prefectura Santiago Norte, a contar de las 00:00 horas del día siguiente a su notificación, esto es, del 25 de abril de 2018.

QUINTO: Que por otro lado, en relación al marco legal atingente al conocimiento de la presente acción, en cuanto a la competencia y atribuciones de Carabineros de Chile es dable tener en consideración:

a) El artículo 36 inciso final de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros dispone que: “El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”. La referida norma contempla que la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales competentes, a través de un racional y justo procedimiento administrativo, añadiendo que el personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa, conforme lo determine el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, mandato que tiene por finalidad resguardar el derecho a un debido proceso.

b) El artículo 10° inciso primero del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11 prescribe que las faltas se sancionarán de acuerdo con las atribuciones disciplinarias de que está investido cada superior y con arreglo al propio juicio que se forme sobre aquéllas.

c) El artículo 23 N°2 letra e) del Reglamento de Disciplina N°11 establece que la “Baja por Conducta Mala” es una de las sanciones disciplinarias que se puede aplicar al personal institucional.

d) El artículo 25 N°9 letra e) del Reglamento de Disciplina N ° 11 prevé que la sanción en referencia, se aplicará según lo dispuesto en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N ° 8.

e) El artículo 35 del texto reglamentario previene que tendrán potestad para imponer sanciones disciplinarias al personal de su dependencia, en los diferentes grados, los Oficiales, Suboficiales Mayores y Suboficiales de Orden y Seguridad que se desempeñan en los cargos que la misma norma indica, quienes, según su grado jerárquico, podrán aplicar sólo los castigos para los cuales se encuentran autorizados.

f) El artículo 127 N°4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, preceptúa que, cuando la comisión de una falta dé origen a un sumario administrativo que fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del servidor y este confiese su responsabilidad o ella se haga evidente, el jefe que ordene sus instrucción podrá eliminarlo de inmediato, por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta su terminación, oportunidad en la que deberá fijar esa nota, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, de acuerdo al mérito de aquel proceso.

g) El artículo 13 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11, dispone que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos.

SEXTO: Que, por otro lado, acorde con los antecedentes acompañados, la recurrente se encuentra en situación de baja por mala conducta, en virtud de la Resolución de Baja N ° 2 de fecha 19 de abril de 2018 de la Prefectura Santiago Norte que dispuso su Eliminación de las Filas de la Institución por Conducta Mala y con Efectos Inmediatos, cuya medida disciplinaria tiene el carácter de condicional y se encuentra supeditada al resultado del sumario administrativo incoado al efecto. Ahora bien, el pago de las remuneraciones caduca en caso que el titular incurra en una causal de cese de funciones, lo que se produjo al día siguiente de efectuarse la notificación de la referida medida, esto es, el 25 de abril de 2018.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, es dable consignar que lo que se plantea en cuanto al fundamento del presente recurso, dice relación con uno de los efectos de la Resolución de Baja N ° 2 de fecha 19 de abril de 2018, respecto de la cual la recurrente dejó de percibir las remuneraciones inherentes a la función pública que desempeñaba en Carabineros de Chile, específicamente en la 5° Comisaría de Conchalí.

En lo pertinente la mentada Resolución N ° 2 señala: “A) APLICASE, la medida disciplinaria consistente en la BAJA POR CONDUCTA MALA, con efectos inmediatos, al Cabo 1ro, nombre reservado, Código Funcionario N° 970115-v, de esta dependencia, a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 127, N ° 4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N ° 8, en relación con el artículo 23, N ° 2, letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros, N ° 11; ello en virtud de lo informado por el Departamento Control y Prevención de Drogas, DISALCAR, a través de N.C.U. (S) N° 76615582, de fecha 04.04.2018 y el N.C.U.(S) N° 77217254, de fecha 17.04.2018, a través de los cuales remiten antecedentes del examen especial, Test Detección de Drogas, practicado por el citado departamento, el día 09.03.2018, a determinado personal de Nombramiento Supremo e Institucional de la 5° Comisaria Conchalí, de esta dependencia, y en cuyas muestras examinadas arrojaron resultados negativos, a excepción de la correspondiente al citado P.N.I. que resultó positiva a cocaína, lo que fue debidamente confirmado en la contra muestra efectuada por el Laboratorio de Toxicología Corthorn Quality (Chile) S.A.; conducta que constituye una grave infracción a la normativa reglamentaria institucional, que inclusive podría revestir, además, caracteres de delito, dada su condición como miembro de Carabineros de Chile, toda vez que la función policial es incompatible con el consumo de sustancias estupefacientes o sicotropicas ilícitas, resultando inadmisible que sus propios integrantes, practiquen dichas conductas con infracción a las normas legales y reglamentarias a los principios éticos institucionales, conductas que además deterioran su capacidad física y mental”

OCTAVO: Que en este sentido, la Resolución Exenta N ° 2 de 19 de abril de 2018 es un acto administrativo, que se ve amparado por la presunción de legalidad consagrada en el artículo 3° de la Ley N ° 19.880 de Bases sobre Procedimiento Administrativo, que dispuso su eliminación de las filas, por Conducta Mala, con efectos Inmediatos, a contar de las 00:00 horas del día siguiente a su notificación, esto es, del día 25 de abril de 2018.

En la especie, la referida medida -de carácter temporal y esencialmente revocable- fue decretada por el competente funcionario, dentro de la esfera de su competencia y atribuciones legales -artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República-, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 N ° 4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal N ° 8 -“No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o la investigación”-, en relación con los artículos 23 N ° 2 letra e) y 25 N ° 9 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N ° 11 -que contempla la existencia de la sanción de baja por “mala conducta”, que fuera la medida impuesta al funcionario recurrente-; los que interpretados sistemática y teleológicamente a la luz de lo prescrito en el artículo 41 del Código del Trabajo, permiten concluir que dado que el recurrente fue desvinculado de la institución a la cual pertenecía, las prestaciones que se reclaman carecen actualmente de causa que las legitime, sin perjuicio de encontrarse dicha medida sujeta a la condición de ser ratificada al término del respectivo sumario administrativo.

NOVENO: Que, en razón a lo antes expuesto, se ha desestimado la ilegalidad del acto que se reclama, siguiendo igual derrotero la arbitrariedad imputada, en razón a que la decisión fue debidamente motivada, no ha provenido de un capricho del recurrido, sino habérsele aplicado la sanción disciplinaria de dársele de baja por “mala conducta”, en base a antecedentes de hecho explicitados en su resolución, habilitándolo por lo demás la normativa a adoptar tal desvinculación, por lo que tuvo derecho a recibir su remuneración hasta el día siguiente en que fue emplazado y tomó conocimiento de dicho acto administrativo.

DECIMO: Que según lo ha sostenido nuestra E. Corte Suprema “Que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo. Sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida disciplinaria, como la de autos, se produce la desvinculación inmediata de sus labores, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza, consecuencia que, por lo demás, Carabineros de Chile informó, según consta en autos en el acto impugnado”. (E. Corte Suprema, Rol N ° 969-2018, sentencia de fecha 6 de marzo de 2018 -en igual sentido E. Corte Suprema Rol N ° 43.121-2017, sentencia de fecha 22 de marzo de 2018- )

UNDÉCIMO: Que en razón a lo expuesto precedentemente, debe ser desestimada una supuesta conculcación del derecho de propiedad -artículo 19 N ° 24 de la Constitución Política de la República-, y del debido proceso, en atención a que la medida disciplinaria de baja con efectos inmediatos tiene el carácter de condicional y se encuentra supeditada al resultado del sumario administrativo incoado al efecto, asistiéndole al ex funcionario, las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que establece el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N ° 15, y en el caso que se determine aplicar una sanción distinta a la medida disciplinaria expulsiva, será reintegrado a la institución, desde el día de su baja.

DUODÉCIMO: Que finalmente, de los antecedentes aportados por las partes, debidamente apreciados, hacen concluir además que no se encuentra acreditado de manera alguna, que los hechos tenidos por ciertos constituyan un acto arbitrario o ilegal al disponer su eliminación de las filas de la institución, por Conducta Mala, con Efectos Inmediatos, privándolo de su consecuente remuneración, que amague, altere o prive a la actora del derecho o garantía constitucional enunciada en el libelo de protección, considerando que la recurrida ha actuado conforme a sus atribuciones legales y dentro de la esfera de su competencia, cumpliendo además con su deber de fundamentación del acto administrativo objeto de análisis, por lo que el mismo será rechazado.

DECIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento debe tenerse en consideración que lo reclamado por este medio extraordinario, ha sido el restablecimiento del pago de las remuneraciones de un funcionario de Carabineros, objeto de la medida de baja por mala conducta, con efectos inmediatos, circunstancias que por la propia naturaleza de la petición efectuada ante esta Corte escapan de lo propio de un recurso de protección, en atención a que se limita su decisión respecto de situaciones cuya arbitrariedad e ilegalidad sean evidentes -lo que no ha acontecido respecto de los presupuestos fácticos referidos con antelación- y en consecuencia su improcedencia para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas o declarar derechos permanentes a favor de las partes (E. Corte Suprema, sentencias de fechas 22 de junio de 1992, GJ 144, p. 57; 26 de junio de 1995, GJ 180, p. 24; 9 de julio de 1993, GJ 159, p.180; 8 de octubre de 1997, GJ 208, p. 38; y 24 de enero de 1991, GJ 127, p.20)

Y es en este sentido que el recurso de protección jamás debe pronunciarse sobre cuestiones de fondo sobre el derecho fundamental amagado, ya que sólo se supeditará a una decisión formal como alternativa a la autotutela, acerca de cómo se ha producido una vulneración de derechos, no pudiendo esta Corte pronunciarse sobre hechos controvertidos por los recurridos, situación ajena a esta acción de protección desde que requerirán una instancia de lato conocimiento -sumario administrativo e investigación en materia penal-, además de la prueba diversa y compleja, procedimiento que no se aviene con su objetivo de ser un remedio pronto y eficaz que preste inmediato amparo a un eventual afectado.

Para la procedencia de la acción cautelar deducida es requisito indispensable que los actos que motivan su ejercicio estén plenamente establecidos y en el presente caso, en cuanto a los supuestos antes aludidos, aquello no sucede, toda vez que no existen antecedentes que constituyan evidencia de que el recurrente sufrió afectación al derecho de propiedad.

La naturaleza de la acción recién indicada y el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub lite, puesto que las materias en que se basa el libelo exceden el ámbito de este recurso, ya que conforme se ha ido expresando en este fallo, se trata de una controversia que requiere de pruebas, discusión y análisis propios de un procedimiento contradictorio, de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-35349-2018.