nombre reservado con GENDARMERIA- CONTRALORIA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 23: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, exfuncionario de planta de Gendarmería de Chile, administrativo grado 14° de la Escala Única de Sueldos, interponiendo acción de protección en contra de Gendarmería de Chile, representada por su Director Nacional, y de la Contraloría General de la República, respecto del acto administrativo Resolución TRA N° 142/36/2025, de veintisiete de junio de dos mil veinticinco, que declaró vacante por salud incompatible con el desempeño de sus funciones el cargo que servía, y de los descuentos practicados por licencias médicas rechazadas que se encontrarían en tramitación, vulnerándose las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que fue notificado del acto recurrido el diez de julio de dos mil veinticinco, mediante Oficio Reservado N° 52-2025, de tres de julio del mismo año, remitido a su domicilio por carta certificada, encontrándose entonces haciendo uso de licencia médica, circunstancia que, a su juicio, impedía cursar el cese conforme a la legalidad vigente.

Indica que la decisión contradice el pronunciamiento de veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, único organismo legalmente autorizado para establecer la salud incompatible o irrecuperable, el cual resolvió que actualmente presenta una condición de salud recuperable, sin que dicho pronunciamiento fuese considerado por su empleador.

Refiere ser funcionario de planta, calificado siempre en Lista 1 de Distinción y con múltiples anotaciones de mérito por su compromiso con el trabajo, y aduce que, tratándose de un servidor de esa calidad jurídica, la normativa vigente exige el cumplimiento previo de una serie de procedimientos para aplicar el cese, entre ellos el llamado a comisión médica local que revise y evalúe su salud y la instrucción de un sumario administrativo, trámites que en su caso no se efectuaron, como tampoco la concurrencia de la asistente social de personal a su domicilio.

Sostiene que se le ha vulnerado la igualdad ante la ley, pues a él se le dejó desempleado mientras que a otros funcionarios que se encontraban en igual situación no se les declaró la salud incompatible, lo que constituye una discriminación no tolerada por el ordenamiento jurídico; que se le ha lesionado la libertad de trabajo; y que se ha afectado su derecho a la vida, desde que la sustenta con el sueldo que ha dejado de percibir.

Pide que se deje sin efecto la resolución que declaró su salud incompatible y se disponga su reincorporación al servicio, a fin de restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas; que se le otorgue la compensación que la Corte estime procedente por los daños financieros, morales y psicológicos sufridos; y que, en el evento de fallarse a favor del cese de funciones, se ordene a Gendarmería de Chile iniciar el trámite de pensión de invalidez que corresponda por ley.

SEGUNDO: Que la Contraloría General de la República evacuó informe, solicitando el rechazo de la acción.

Expone como cuestión previa que el acto impugnado fue dictado por Gendarmería de Chile al amparo de los artículos 150 letra a) y 151 de la Ley N° 18.834, y que su intervención se limitó a tomar razón de él el dos de julio de dos mil veinticinco, sin participar en modo alguno en su dictación, agregando que con posterioridad el actor le remitió copia de las impugnaciones administrativas deducidas ante Gendarmería de Chile, de las que tomó conocimiento mediante el oficio N° 15.545, de veintitrés de enero de dos mil veintiséis, sin contar con información sobre lo resuelto.

Luego opone excepción de extemporaneidad, fundada en que el numeral 1 del Auto Acordado que rige la materia establece un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto del mismo, y en que el acto que se pretende impugnar fue notificado el diez de julio de dos mil veinticinco, en tanto la acción constitucional fue interpuesta el treinta de enero de dos mil veintiséis.

En cuanto al fondo, informa que al practicar el análisis de juridicidad verificó que las licencias médicas computadas se encontraban aprobadas, según exige el artículo 111 de la Ley N° 18.834 y su dictamen N° 58.934, de 2005, sumando 497 días entre el veintisiete de junio de dos mil veintitrés y el diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, y que se había requerido previamente el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la que estableció un estado de salud recuperable. Sostiene que el actor entiende equivocadamente que dicha resolución constituye un impedimento para la declaración de vacancia, en circunstancias que es precisamente el establecimiento de un estado de salud recuperable uno de los elementos que permiten proceder a ella, según razona su dictamen N° E188.441, de 2022, pues si la comisión informa que la salud es irrecuperable corresponde una causal de cesación diversa. Añade que la resolución impugnada expresó adecuadamente los hechos y fundamentos de derecho que la justifican, conforme al artículo 11, inciso segundo, de la Ley N° 19.880, y que el actor no desarrolla de qué modo el control de juridicidad habría conculcado las garantías que invoca, precisando que el nombramiento en un cargo no confiere derecho de propiedad sobre él.

Conforme a lo expuesto, solicita desestimar la acción en todas sus partes y establecer la reserva de los antecedentes acompañados.

TERCERO: Que Gendarmería de Chile evacuó informe, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Relata que el actor, exfuncionario de la institución, administrativo grado 14° de la Escala Única de Sueldos, de la Planta de Administrativos, con desempeño en el Centro de Reinserción Social Santiago Sur, ingresó a las filas institucionales el treinta de junio de dos mil catorce y fue desafectado del servicio a partir del diecisiete de julio de dos mil veinticinco, tras quedar vacante su cargo por salud incompatible, habiendo sido clasificado en Lista N° 1, de Distinción, en todos los procesos calificatorios desde su ingreso.

Informa que del registro de licencias médicas de los años dos mil veintitrés a dos mil veinticinco se advierte un cambio relevante en la frecuencia, duración y modalidad de los reposos, pues los de corta extensión y presentación esporádica del primer semestre de dos mil veintitrés dieron paso a reposos prolongados de 30, 45 y 60 días, de modo que, salvo un total de catorce días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, el protegido permaneció con licencia médica desde el ocho de febrero de dos mil veintitrés hasta la fecha de su desafectación, habiendo sido rechazadas las dos últimas licencias, de sesenta días cada una, a contar del dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.

Indica que la Dirección Regional Metropolitana solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez el examen de evaluación de estado de salud irrecuperable mediante Oficio Ordinario N° 3283, de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, y que dicho organismo, por Resolución de Evaluación de veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, resolvió que el protegido presentaba una condición de salud recuperable, dando así estricto cumplimiento a la exigencia legal, y que la Resolución TRA N° 142/36/2025 fue tomada de razón por la Contraloría General de la República el dos de julio de dos mil veinticinco, sin reparo alguno.

Sostiene que el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez es un antecedente obligatorio, pero no vinculante, conforme a dictámenes de la Contraloría General de la República, que distinguen nítidamente entre salud irrecuperable y salud incompatible. Añade que el actor pretende atribuir efectos generales a lo resuelto en causas diversas, en contravención al efecto relativo de las sentencias consagrado en el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil.

Expone que con posterioridad al pronunciamiento de la comisión el funcionario continuó sistemáticamente con licencias médicas, registrando 502 días de licencias tipo 1 en los veinticuatro meses anteriores a la dictación del acto, antecedente objetivo que permite concluir que la condición de salud persistía y que ella impedía ejercer la función para la cual había sido nombrado.

Agrega que la notificación de la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez se practicó válidamente por carta certificada despachada el doce de septiembre de dos mil veinticuatro, conforme al artículo 46 de la Ley N° 19.880, medio elegido precisamente por encontrarse el funcionario con licencia médica, sin que la falta de firma en la constancia respectiva invalide el acto, y que la resolución de vacancia le fue notificada mediante Oficio Reservado N° 52-2025, a partir de la cual dedujo recurso de reposición con jerárquico en subsidio, rechazado el primero mediante Resolución Exenta D.N. N° 5826/2025, de dos de septiembre de dos mil veinticinco, y concedido el segundo, elevándose los antecedentes al Ministro de Justicia y Derechos Humanos mediante el Ordinario N° 1325, de tres de septiembre de dos mil veinticinco.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en lo que dice relación con la alegación de extemporaneidad alzada por la Contraloría General de la República, esta será acogida, toda vez que el numeral 1 del Auto Acordado que regula la tramitación del recurso de protección establece un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, y consta en la especie que el acto recurrido, esto es, la Resolución TRA N° 142/36/2025, de veintisiete de junio de dos mil veinticinco, fue notificado al recurrente con data diez de julio de dos mil veinticinco, mediante Oficio Reservado N° 52-2025, remitido por carta certificada, según lo reconoce el propio actor en su arbitrio, en tanto que la acción constitucional en análisis fue interpuesta el treinta de enero de dos mil veintiséis, esto es, largamente fuera del término aludido, sin que se haya invocado antecedente alguno que permita situar en una data posterior el conocimiento cierto del acto que se reprocha.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y atendida la naturaleza de los derechos invocados, esta Corte se hará cargo además de las alegaciones vertidas en cuanto al fondo. Sobre el particular, el artículo 150 letra a) de la Ley N° 18.834 contempla, entre las causales de declaración de vacancia del cargo, la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de la función, y el artículo 151 del mismo cuerpo legal faculta al jefe superior del servicio para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, debiendo requerir previamente el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva.

De la sola lectura de las normas citadas se desprende que la ley distingue dos hipótesis diversas. La declaración de salud irrecuperable supone que el funcionario no podrá recuperar el estado de salud que le permita desempeñar el cargo, y su verificación conduce a una causal de cesación distinta, con las consecuencias previsionales que le son propias. La declaración de salud incompatible, en cambio, no atiende a la irrecuperabilidad de la dolencia, sino a la aptitud actual del servidor para cumplir las tareas que le han sido asignadas, apreciada a partir de un antecedente objetivo que la propia ley define, cual es la extensión de los reposos autorizados en el período que la norma señala.

SÉPTIMO: Que, en la especie consta que Gendarmería de Chile requirió el pronunciamiento previo exigido por el inciso tercero del artículo 151 de la Ley N° 18.834, mediante Oficio Ordinario N° 3283, de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, y que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez lo evacuó por Resolución de Evaluación de veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, estableciendo que el recurrente presentaba un estado de salud recuperable, de manera que el trámite previo que la ley impone fue íntegramente cumplido.

El actor construye su reproche sobre la premisa de que dicho pronunciamiento resulta vinculante para la autoridad administrativa y le impide declarar la incompatibilidad, premisa que no se aviene con el texto de la disposición, que se limita a exigir el requerimiento previo del informe sin atribuirle efecto obstativo, ni con la jurisprudencia administrativa invocada por ambas recurridas, conforme a la cual el informe constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente técnico sobre la recuperabilidad de la salud del servidor, que no sustituye ni limita la atribución legal del jefe superior del servicio. En efecto, si la comisión estima que la salud es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y si, por el contrario, informa que es irrecuperable, no resulta procedente esa declaración, pues corresponde entonces la cesación por la causal diversa que la ley contempla. De este modo, y a diferencia de lo sostenido en el libelo, la constatación de que la salud del recurrente era recuperable no obstaba a la declaración impugnada, sino que constituía precisamente uno de los presupuestos que habilitaban a la autoridad para adoptarla.

Los pronunciamientos judiciales que el actor cita en apoyo de su tesis fueron dictados en causas diversas y respecto de situaciones que no se ha acreditado sean análogas a la suya, sin que resulte procedente atribuirles el alcance general que se pretende, atendido el efecto relativo de las sentencias consagrado en el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil.

OCTAVO: Que, en la especie no se ha controvertido la competencia y facultades del Director Nacional de Gendarmería de Chile para dictar el acto impugnado, sino que más bien se objetan los antecedentes que se tuvieron a la vista y el criterio conforme al cual se ponderó la situación de salud del recurrente, lo que se desprende del propio petitorio de la acción constitucional en análisis, en cuanto se solicita dejar sin efecto la declaración de salud incompatible y disponer la reincorporación al servicio.

Pues bien, tal pretensión excede los márgenes de la acción constitucional en análisis, destinada por cierto a otorgar una cautela de urgencia, hipótesis que no se verifica en la especie, sobre todo si se considera que por medio de la presente vía esta Corte no puede erigirse como una instancia de revisión del mérito de los antecedentes tenidos a la vista por la Administración al emitir su decisión, máxime si el acto recurrido es susceptible de los recursos administrativos que la ley contempla, mecanismos de impugnación que fueron efectivamente ejercidos por el protegido.

NOVENO: Que, tampoco puede estimarse que el acto impugnado carezca de fundamentación en los términos que exigen los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, pues la Resolución TRA N° 142/36/2025 exterioriza, a lo largo de doce motivos, tanto los antecedentes de hecho como los fundamentos de derecho que la justifican. En el plano normativo, su considerando segundo reproduce el artículo 151 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, y el tercero invoca la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N° 17.351, de 2018, N° 33.241, de 2019, y N° E527522, de 2024, de la Contraloría General de la República, conforme a la cual la autoridad de un servicio tiene la facultad exclusiva de calificar la procedencia de la vacancia por salud incompatible una vez producidas las circunstancias de hecho que la normativa requiere, y se encuentra habilitada para declararla aun cuando la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez estime que la salud del funcionario es recuperable.

En el plano fáctico, el acto da cuenta del itinerario administrativo íntegro que precedió a la decisión, pues individualiza al recurrente, su dotación, cargo, grado y calidad jurídica de planta; consigna que registraba más de ciento ochenta días de licencias médicas tipo 1 en los dos últimos años a la data del Oficio Ordinario N° 3283, de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, por el cual se requirió la evaluación de la referida comisión; transcribe el resolutivo de esta y explicita el efecto que la autoridad le atribuyó, esto es, que la constatación de una condición de salud recuperable la habilitaba para disponer el cese; deja constancia de la notificación de ese pronunciamiento al funcionario, practicada el diez de septiembre de dos mil veinticuatro; y asienta el presupuesto legal de la causal al señalar que a la fecha de tramitación del resolutivo registraba 502 días de licencias tipo 1 autorizadas por la institución de salud correspondiente. Sobre esa base, su considerando décimo primero contiene el juicio de incompatibilidad propiamente tal, al razonar que, sin perjuicio de la legitimidad y legalidad de las licencias presentadas, el ausentismo por ellas provocado ha repercutido en el funcionamiento y en el cumplimiento de los objetivos del Servicio, y que la condición médica del recurrente, pese a ser recuperable, unida a la circunstancia acreditada de los referidos 502 días de reposo en los veinticuatro meses anteriores a la dictación del acto, no le ha permitido ejercer la función para la cual fue nombrado, impidiendo con ello formar parte de la dotación destinada a cumplir en forma oportuna los fines y objetivos que la ley encomienda a Gendarmería de Chile, razonamiento que el considerando décimo segundo completa invocando el principio de servicialidad y el deber de los jefes de servicio de velar por la continuidad de la prestación.

Así expuesta, la decisión no se apoya en una fórmula abstracta, sino en un antecedente objetivo, individualizado y verificable, cual es el registro de licencias médicas del propio recurrente, cuyo cómputo consideró únicamente reposos aprobados por la institución de salud competente, según exige el artículo 111 de la Ley N° 18.834, y cuya extensión excede con holgura el umbral que la ley fija como presupuesto de la causal, sin que quepa exigir a la autoridad una demostración adicional del perjuicio concreto irrogado al servicio, desde que es el propio legislador quien ha definido en términos objetivos la circunstancia de hecho que habilita el ejercicio de la potestad. De ello se sigue que la resolución impugnada no puede ser calificada como producto del mero capricho o de la sola voluntad de la autoridad, a lo que se agrega que fue sometida al control preventivo de legalidad ante la Contraloría General de la República, la que tomó razón de ella el dos de julio de dos mil veinticinco sin formular reparo alguno.

DÉCIMO: Que, las restantes alegaciones del recurrente tampoco resultan idóneas para configurar la ilegalidad denunciada, sea porque los trámites previos que echa de menos no aparecen contemplados en las disposiciones que rigen la declaración de vacancia por salud incompatible, sin que se indique el precepto que los impondría; sea porque las notificaciones practicadas se ajustaron a los medios que autoriza el artículo 46 de la Ley N° 19.880 y permitieron al afectado ejercer sin limitación los recursos administrativos procedentes; sea, en fin, porque respecto de los descuentos que denuncia no se ha aportado antecedente alguno que permita establecer su existencia, entidad ni oportunidad, careciendo la alegación del sustrato fáctico mínimo que haría posible su examen por esta vía cautelar.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, la petición formulada para el evento de confirmarse el cese, en orden a que se ordene iniciar el trámite de pensión de invalidez, excede igualmente el ámbito propio de esta acción cautelar, sin perjuicio de que, según se ha informado y no ha sido controvertido, el recurrente no se encuentra adscrito al régimen previsional que invoca, correspondiéndole efectuar dicha gestión ante la entidad administradora de sus fondos previsionales, de suerte que, de conformidad con lo antes argumentado, la acción constitucional de protección intentada en autos será desestimada en todas sus pretensiones.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, y en contra tanto de Gendarmería de Chile como de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-3534-2026.