nombre reservado con CONDOMINIO NUEVA ERA SAN FRANCISCO

C.A. de Santiago Santiago, quince de julio de dos mil veinticuatro.

A los folios 19, 20 y 21, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, interponiendo un recurso de protección en contra del Condominio Nueva Era San Francisco, representado por don nombre reservado, y doña nombre reservado, miembro del Comité de Administración del Condominio, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber cortado el suministro eléctrico de su departamento invocando gastos comunes supuestamente impagos, lo que vulnera el derecho fundamental consagrado en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El recurrente expuso que es propietario del inmueble ubicado en domicilio reservado, el cual forma parte del Condominio Nueva Era San Francisco, sujeto a la Ley 21.442 que regula este tipo de construcciones. Señaló que desde el año 2020 se han producido graves irregularidades en la administración del condominio, las cuales lo perjudican tanto a él como a los demás vecinos. Indicó que a principios del año 2020 solicitó a la administración del señor nombre reservado y al Comité de Administración aclaraciones sobre el destino de los dineros del patrimonio común, lo que tuvo como resultado que estas personas comenzaran a ignorar los pagos que él realiza mediante depósito bancario en la cuenta corriente de la comunidad en el Banco BCI número [cuenta reservada].

Manifestó que, debido a esta situación, en noviembre de 2021, presentó una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía por el delito contemplado en el artículo 470, número 1 del Código Penal, en contra de los responsables (RIT 15551-2021, RUC 2110050844), la cual posteriormente amplió a la figura de administración desleal. Agregó que dicha acción fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Centro Norte y que desde entonces la investigación se encuentra con diligencias pendientes.

El recurrente sostuvo que, a pesar de sus reclamos, se le han seguido desconociendo los depósitos y se le remiten cobros como si estuviera en mora desde 2020, situación que calificó de absurda y reflejo de la irresponsabilidad de los encargados y los resentimientos por solicitar a la justicia que aclare la situación del condominio. Afirmó que los cobros han continuado aún después de que la administración y el Comité de Administración tuvieran conocimiento de las acciones dirigidas en su contra y la situación del condominio, destacando que nunca han intentado cobrar judicialmente la supuesta deuda.

Señaló que, con fecha 23 de febrero de 2024, recibió un aviso de corte de suministro eléctrico, cobrándole la suma de $5.189.906 por gastos comunes supuestamente morosos desde principios de 2020. Hizo presente que el gasto común promedio es de unos $64.000 o menos, y que la cantidad cobrada ignora incluso la única oportunidad en que el señor nombre reservado le reconoció el pago de sus gastos comunes de todo el año 2021, a propósito de una acción en Policía Local en ese año. Agregó que, aun así, en los cobros actuales no se reconocen los pagos del año 2021, a pesar de contar con los recibos correspondientes.

El corte de suministro eléctrico es una clara y evidente arbitrariedad e ilegalidad, basada en un documento falso y emitido por oscuras y perjudiciales razones. Afirmó que los recurridos tienen pleno conocimiento de esto, y que ha informado al fiscal que lleva la causa y al inspector que aparentemente tiene la diligencia, quien le indicó que cuando va al edificio del condominio no encuentra a nadie.

Destacó la gravedad de la medida adoptada, señalando que se le privó del legítimo acceso al suministro eléctrico que le proporciona ENEL, lo que ha afectado gravemente su propiedad y la capacidad de ocupar su departamento, sin considerar los daños a sus aparatos electrónicos y otros que el corte de electricidad repentino haya causado. Agregó que su vida se ha precarizado y su trabajo se ha visto duramente restringido de manera directa y dolosa.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, el recurrente invocó la afectación al artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, argumentando que, en su calidad de dueño de la propiedad en la que tiene su domicilio, tiene derecho al uso de la cosa, a su goce y a la capacidad de disponer de ella, además de otros derechos que se desprenden de esa condición. Sostuvo que al cortarle el suministro eléctrico exigiéndole el pago de $5.189.906 para reponerlo, por deudas pagadas y falsas, se produce un atentado arbitrario e ilegal en contra de dicha garantía constitucional.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare el cese del corte de suministro eléctrico que afecta su propiedad en forma inmediata y la terminación de toda afectación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, en su informe, la parte recurrida, Condominio Nueva Era San Francisco, representada por su Comité de Administración, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, alegando que no existe acto arbitrario o ilegal alguno en el corte del suministro eléctrico del departamento del recurrente, sino que dicha medida se ajusta a las facultades legales otorgadas por la normativa vigente, en consideración a la existencia de una deuda significativa por concepto de gastos comunes impagos.

Expone que, según sus registros, el recurrente mantiene una deuda por gastos comunes ascendente a la suma de $5.043.465, correspondiente a 41 meses de obligaciones impagas. Señala que, en reiteradas ocasiones, se ha invitado al recurrente a reunirse con la administración para presentar los comprobantes de pago pertinentes, sin que a la fecha haya acreditado el cumplimiento de sus obligaciones económicas.

Enfatiza que, ante la falta de acreditación de los pagos por parte del recurrente, y considerando la magnitud de la deuda tanto en términos temporales como pecuniarios, la administración del condominio se vio en la necesidad de ejercer las facultades que la ley le confiere para hacer frente a situaciones de morosidad prolongada.

Refiere, además, que el artículo 20 de la Ley 21.442, que regula el régimen de copropiedad inmobiliaria, autoriza al Administrador del Condominio, con acuerdo de su Comité , a proceder a la suspensión del suministro eléctrico en casos de mora prolongada en el pago de gastos comunes. La recurrida argumenta que la aplicación de esta medida se ajusta plenamente al marco legal vigente y no constituye un acto arbitrario o ilegal, añade que el ejercicio de esta facultad no solo es legal, sino también necesario para el adecuado funcionamiento del régimen de copropiedad inmobiliaria.

Afirma que la medida objetada es una consecuencia justificada de la conducta del propio recurrente, quien ha mantenido una deuda significativa por gastos comunes sin acreditar pago alguno, ni siquiera parcial.

En relación con la alegación del recurrente sobre una supuesta vulneración de su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, la suspensión del suministro eléctrico no afecta su derecho de propiedad sobre su unidad habitacional, sino que constituye una medida temporal y reversible, destinada a incentivar el cumplimiento de las obligaciones económicas que contrajo contraído en su calidad de copropietario.

Adicionalmente, explica que la medida adoptada no es irreversible ni desproporcionada, ya que el recurrente tiene la posibilidad de regularizar su situación mediante el pago de la deuda pendiente o, en su defecto, acreditando los pagos que alega haber realizado. De este modo, la suspensión del suministro eléctrico no constituye una sanción definitiva, sino un mecanismo de persuasión para el cumplimiento de las obligaciones económicas inherentes a la copropiedad.

Solicita, en definitiva, se rechace el recurso de protección interpuesto.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en ese entendido, surge que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada para tutelar derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, naturaleza que no comparten aquellos que han sido invocados por la recurrente.

En efecto, de las alegaciones que formularon las partes, se advierte que hay controversia sobre la existencia y monto de la deuda por concepto de gastos comunes; sin que los documentos que acompaña el actor a su recurso, se observe el pago del monto total de la deuda, por lo que no existe certeza sobre la extinción de la obligación.

QUINTO: Que, de lo anterior, aparece con toda claridad que el asunto materia del presente arbitrio, necesariamente debe ser conocido en el procedimiento declarativo, previsto por el legislador para tal efecto -en el caso en particular, aquel que debe seguirse ante el Juzgado de Policía Local competente-, en el que se le otorgue a las partes, especialmente, a la recurrente probar sus alegaciones, con las máximas garantías de un debido proceso.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo que se viene razonando; y encontrándose el recurrente obligado al pago de los gastos comunes respecto del inmueble que habita; y que al no demostrarse, por ahora, que se encuentre al día en el pago de ellas, el Condominio recurrido estaba facultado para suspender los servicios, como expresamente lo preceptúa el inciso 3° del artículo 5° de la Ley 19.53.

SEPTIMO: Que por todo lo expuesto precedentemente y al no existir un acto arbitrario e ilegal de parte de la recurrida, como se ha denunciado en el presente arbitrio, el recurso intentado será desestimado Conforme a lo expuesto y lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia respecto de la tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado, en contra del Condominio Nueva Era San Francisco.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3532-2024.