nombre reservado con INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE

C.A. de Santiago Santiago, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

Primero: Que comparece Alejandra Miranda Delgado, abogada, en representación de nombre reservado, recurriendo de protección en contra del Instituto Nacional del Deporte, representado por nombre reservado, por haberla despojado de la función y cargo, en forma arbitraria e ilegal, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley y la libertad y autonomía sindical, estatuidos en los numerales 2 y 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, a partir del año 2015, la protegida ha ejercido el cargo de Encargada Regional de Planificación y Control de Gestión, en el que fue nombrada en virtud de Oficio N° 209/025, sin concurso previo, con una gestión exitosa, tanto así, que el director nacional ordenó subirle un grado en el año 2017.

Señala que para mejor ejercicio del cargo, ha sido citada por el servicio a realizar diversas capacitaciones relacionadas con las funciones que debe ejecutar como encargada regional de planificación y control de gestión, así como, a su costo, se ha perfeccionado a través de diplomas y máster en gobierno y gestión pública.

Indica que, en diciembre del año 2023, fue elegida por tercera vez consecutiva como directora nacional de la Asociación de funcionarios de Chile deportes (ANFUCHID), correspondiéndole asumir el cargo de tesorera nacional, y, por lo tanto, desde 2018 y hasta la fecha tiene fuero de conformidad con la Ley N° 19.296.

Precisa que el 14 de octubre de 2024, el servicio envió un correo electrónico a todos los funcionarios del país informando que se publicó en el portal “Empleos Públicos”, el concurso de Encargado Regional de Planificación y Control de Gestión, para Arica.

Añade que el 3 de febrero de 2025, el director regional le notificó verbalmente que, a partir de esa fecha, dejaba de ocupar el cargo, porque pasó a ser desempeñado por la persona que se adjudicó el concurso.

Sostiene que el artículo 25 de la Ley N° 19.296 -sobre asociaciones de funcionarios públicos- establece que los dirigentes gozarán de fuero desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato. El inciso segundo de la referida norma dispone: “Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, los dirigentes no podrán ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito”, disposición que constituye un mecanismo de protección especial para los dirigentes, toda vez que les garantiza el derecho a continuar desarrollando las tareas que cumplían al momento de ser electos, lo que ha sido reconocido por la Contraloría General de la República en numerosos dictámenes (por ejemplo, N°49693, de 2000; 20111 y 55884 de 2011; 77251 de 2013, entre otros).

En primer término, indica, se vulnera la igualdad ante la ley, toda vez que se trata de un acto que realiza una discriminación arbitraria de una dirigente respecto de los demás dirigentes de la Administración Pública a quienes sí se respeta su fuero. En segundo lugar, se transgrede la libertad y autonomía sindical, porque se afecta, además, a los funcionarios y funcionarias que pertenecen a la asociación y que bien pueden apreciar este cambio de funciones como una injerencia de su entidad empleadora a la autonomía que detentan los dirigentes y la asociación.

Termina solicitando que “se ordene dejar sin efecto el concurso público para el cargo de encargado nacional de planificación y control de la región de Arica, además de todas las medidas que, en concepto de VSI, sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas del recurso”.

Segundo: Que evacúan el informe los abogados Cristóbal Osorio Vargas y Patricio Moreno Tapia, en representación del recurrido, solicitando que se rechace el recurso de protección, con costas.

Expresan que la recurrente es periodista de profesión, funcionaria a contrata grado 11° de la Escala Única de Sueldos, con desempeño efectivo en la Dirección Regional de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Deportes de Chile, ejerciendo funciones como “Encargada del Área de Comunicaciones”. Además, es dirigente gremial de la Asociación Nacional de Funcionarios de Chile deportes (ANFUCHID).

Hacen presente que no ha sido desvinculada del Instituto Nacional de Deportes de Chile, ni degradada en sus remuneraciones o ingresos, ni mucho menos afectada en sus actividades gremiales, sino que solo cesó la encomendación de funciones de que fue objeto en su momento, lo que en ningún caso ha vulnerado el fuero gremial.

Señalan, en primer término, que esta misma acción constitucional ya fue objeto de pronunciamiento judicial, habiéndose declarado inadmisible a trámite por esta Corte de Apelaciones, por resolución que se encuentra firme y ejecutoriada -Rol 22.074-24-, basado en estos mismos hechos, derechos conculcados y peticiones concretas. Indica la decisión se fundó en que no se mencionaron hechos actuales o futuros de carácter efectivo que pudieran constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, alegan la extemporaneidad del recurso de protección, por cuanto lo que se alega es la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión institucional de realizar una oposición pública de antecedentes para proveer el empleo de “Encargado(a) de Planificación y Control de Gestión, Región de Arica y Parinacota”, convocatoria que fue publicada en la página web de Empleos Públicos el 15 de octubre de 2024, siendo informada a la recurrente el 14 del mismo mes y año mediante correo electrónico. Argumentan que habiéndose deducido el recurso recién el 26 de febrero de 2025, transcurrió el plazo de treinta días corridos previsto al efecto. Del mismo modo plantean que si se considerara como acto recurrido la contratación de don nombre reservado como “Encargado(a) de Planificación y Control de Gestión”, esta decisión fue adoptada por el Comité de Selección el 3 de enero de 2025, por lo que igualmente resulta extemporáneo.

Adicionalmente, sostienen que la sede constitucional de protección no es la vía idónea para los fines perseguidos por la recurrente, al ser una acción cautelar autónoma, excepcional, de tramitación urgente, informal, breve y sumaria, que no puede transformarse en una instancia de lato conocimiento, por cuanto, el ámbito de aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles. Señalan que en el ordenamiento jurídico nacional existen procedimientos especiales para estos casos, específicamente el reclamo ante la Contraloría General de la República establecido en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, y el procedimiento de tutela laboral contemplado en la Ley N° 21.280 que hace aplicable a los funcionarios públicos las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, vías que no han sido ejercidas por la actora.

Niegan la concurrencia de una acción ilegal o arbitraria, explicando que, con el propósito de fortalecer y modernizar el proceso de gestión institucional, se dictó la Resolución Exenta N° 2.681 de 16 de agosto de 2024, que estableció una estructura funcional estandarizada para todas las Direcciones Regionales. En cumplimiento de dicho lineamiento institucional, la Dirección Regional de Arica y Parinacota del IND dictó la Resolución Exenta N° 1.140 de 1 de octubre de 2024, que designó a la recurrente como “Encargada del Área de Comunicaciones” dado que poseía el título de periodista y como “Encargada interina del Área de Planificación y Control de Gestión”. Posteriormente, el 15 de octubre de 2024, se publicó la convocatoria pública para proveer el cargo de “Encargado(a) de Planificación y Control de Gestión, Región Arica y Parinacota”.

En tal sentido, indican que no es efectivo que la actora haya ejercido las funciones que describe desde el año 2015, sino que recién fue designada como “Encargada interina del Área de Planificación y Control de Gestión” mediante la Resolución Exenta N° 1.140 de 1 de octubre de 2024.

Asimismo, explican que la recurrente, siendo periodista de profesión, no podía participar en el concurso público ya que las bases requerían profesionales de carreras afines como Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial o Administración Pública.

Especifican que aún se mantiene como “Encargada del Área de Comunicaciones” de la Dirección Regional de Arica y Parinacota, no ha sido desvinculada del Servicio recurrido, ni ha sido degradada en sus remuneraciones, ni mucho menos afectada en sus actividades gremiales.

Relacionado con el fuero gremial de los directores de las asociaciones de funcionarios, manifiestan que la protección establecida en el artículo 25 de la Ley N° 19.296 no puede afectar la potestad que posee la autoridad para disponer la adecuación o reestructuración del servicio, por lo que resulta posible modificar las labores de esos dirigentes como consecuencia de esas medidas, sin necesidad de autorización o consentimiento. En tal sentido, expresan que es el ejercicio de una facultad legal de un jefe de servicio respecto del personal de su dependencia, instrumento que cuenta con una fundamentación suficientemente racional y basada en antecedentes objetivos y verificables, ajustados plenamente a la normativa estatutaria de sujeción especial vigente, sin que pueda advertirse indicio de arbitrariedad o ilegalidad alguna en ella.

Manifiestan que no se reporta una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales denunciados como vulnerados. Respecto del derecho de igualdad ante la ley, argumenta que la recurrente no ha expresado la forma concreta en que se habría vulnerado, no existiendo un proceder diverso del servicio en desmedro de la recurrente con motivo del proceso de selección. En cuanto a la libertad y autonomía sindical, ni el director nacional ni el regional han afectado las actividades de la recurrente o de la asociación, señalando que ha utilizado sin inconvenientes sus horas sindicales mensuales desde octubre de 2024, detallando específicamente 71 horas en octubre de 2024, 101,5 en noviembre de 2024, 110 en diciembre de 2024, 82 en enero de 2025 y 82 en febrero de 2025.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber convocado a concurso público para el cargo de Encargado Nacional de Planificación y Control de la Región de Arica, lo que vulneraría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y libertad y autonomía sindical, consagrados en los numerales 2 y 19 de la Constitución Política.

Quinto: Que para los efectos de desestimar la alegación de cosa juzgada efectuada por el recurrido basta con señalar que en la causa que se cita como su fundamento no hubo pronunciamiento sobre el fondo, de manera que no se puede sostener que haya habido un dictamen de esta Corte sobre la controversia que se somete a su decisión.

Sexto: Que en relación con la extemporaneidad alegada por el recurrido conviene tener presente que el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Fallo y Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que “se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Cabe considerar que el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el Auto Acordado referido y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención a las partes, que podrían llegar a configurarse artificiosamente uno para recurrir. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el término para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

En el caso de autos la convocatoria que terminó en el nombramiento del cargo que desempeñaba en carácter de interina la recurrente, fue publicada en la página web de Empleos Públicos el 15 de octubre de 2024, siéndole informada el 14 del mismo mes y año mediante correo electrónico -como se reconoce en el recurso en análisis- de manera que, habiéndose deducido el 26 de febrero de 2025, transcurrió con creces el plazo de treinta días corridos previsto al efecto, por lo que deberá ser desestimado.

En cuanto a la afirmación de la recurrente de que el 3 de febrero de 2025 el director regional le notificó verbalmente que a partir de esa fecha dejaba de ocupar el cargo porque pasó a ser desempeñado por la persona que se adjudicó el concurso, sólo se basa en sus dichos y en un correo que ella mandó al director regional, antecedente que no es suficiente para tener por establecido que el recurso se interpuso dentro de plazo, teniendo especialmente presente que lo que se pretende por esta vía es que se deje sin efecto el concurso público.

Séptimo: Que sólo a mayor abundamiento, cabe tener en cuenta que, en la especie, los derechos que reclama la recurrente se encuentran precisamente en discusión, como aparece del examen del proceso, de las presentaciones de las partes, así como de la documentación acompañada. Por lo tanto, atendida la materia en la que recae el recurso, y estando en controversia derechos, elementos, requisitos, facultades, respecto de todo lo que existen posiciones antagónicas como ha quedado demostrado, hace que una discusión jurídica así planteada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, precisamente porque los que se han esgrimido como base de la pretensión no son indubitados, sino que, por el contrario, están controvertido por las partes.

Noveno: Que, como resulta sencillo de apreciar, son otros los procedimientos que debió haber utilizado la actora que le permitirían deducir su pretensión en uno que pueda otorgarle la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, todo lo que no resulta posible de efectuar en un procedimiento de naturaleza cautelar como aquel con el que se tramitan estos antecedentes.

Décimo: Que sin perjuicio que lo reflexionado hace innecesario referirse a las garantías constitucionales que se estiman vulneradas, cabe señalar en relación con la prevista en el Nº 19 del artículo 19 de la carta fundamental, aquella solo protege “El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley”, de manera que no aparece que una presunta vulneración al fuero sindical sea susceptible de ser discutido en esta sede.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, si costas, el deducido en favor de nombre reservado en contra del Instituto Nacional de Deportes.

Se previene que la abogada integrante señora Correa concurre al rechazo del recurso, pero no comparte el fundamento décimo del fallo.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

N°Protección-3531-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por la fiscal judicial señora nombre reservado y por la abogada integrante señora Magaly Correa Farías. No firma la fiscal judicial señora nombre reservado por encontrarse ausente.