Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

C.A. de Santiago Santiago, tres de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, representada por nombre reservado, por haber descontado de su remuneración, a través de su empleador, cuotas de una deuda que mantiene con esta institución, sin su conocimiento ni consentimiento, estimando con ello vulnerada la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 11 de noviembre de 2019 suscribió el pagaré N° 104746270, por un monto de $1.968.004, más intereses conforme a la Ley N° 18.010, pagadero en 48 cuotas mensuales desde el 31 de diciembre de 2019, por $75.608 las primeras cuotas y una final de $75.648, pactándose cláusula de aceleración y autorización para descuento por planilla.

Señala que por razones personales y económicas incurrió en mora desde el 31 de diciembre de 2020, y que la propia Caja inició cobro judicial mediante demanda ejecutiva en la causa C-7815-2021, tramitada ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, actualmente en etapa de sentencia de prescripción parcial.

Indica que, pese a ello, al revisar su liquidación de sueldo de enero de 2025, el día 25 de enero de 2025, constató un descuento por $70.259 ordenado por la recurrida, sin haber recibido notificación previa de ninguna clase, ni judicial ni extrajudicial, lo cual califica de acto arbitrario e intempestivo, contrario a su legítimo derecho a percibir su remuneración íntegra. Precisa que dicho monto fue descontado directamente por su empleador, sin explicación del cálculo aritmético, y sin que existiese comunicación previa alguna con la trabajadora o el empleador.

Sostiene que la recurrida actuó de manera ilegal y arbitraria, pues habiendo optado por la vía judicial, ejerció además un mecanismo paralelo de autotutela, desconociendo el curso del juicio y el carácter excepcional del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que regula las Cajas de Compensación. Enfatiza que la norma exige un uso restrictivo y oportuno del descuento por planilla, lo que no se verificó en el caso concreto.

Recalca que la falta de notificación previa del descuento es también constitutiva de arbitrariedad, pues desconoce los estándares jurisprudenciales y el principio de confianza legítima en el orden jurídico.

Señala que las Cajas de Compensación no pueden actuar sin previo aviso, sobre todo si judicializaron el cobro. Añade que esta conducta ha sido reiteradamente calificada de abusiva y violatoria del derecho de propiedad.

Solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida y se ordene el cese inmediato de los descuentos, así como la devolución de lo indebidamente descontado, con costas.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso, comparece doña Rosario Infante Medina, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, solicitando desde ya el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos suficientes.

Comienza destacando que la misma materia fue conocida anteriormente por la Ilustrísima Corte en la causa Rol 18954-2024, en que la misma recurrente impugnó descuentos asociados al crédito social N° 104746270, contrato suscrito el 11 de noviembre de 2019.

Alega que el nuevo recurso es idéntico en su texto al anterior, variando únicamente la fecha de la cuota descontada, tratándose en este caso de la correspondiente a enero de 2025 por un monto de $70.259.

Indica que el primer recurso fue rechazado mediante sentencia firme de fecha 22 de enero de 2025, citando los considerandos 7° a 9°, donde se avala la legalidad del descuento y la existencia de una facultad legal para perseguir el cobro de la deuda, incluso habiendo existido previamente una demanda ejecutiva.

Sostiene que, si bien en sede cautelar no cabe formalmente invocar la cosa juzgada, esta Corte ya se ha pronunciado sobre la legalidad de los descuentos respecto del mismo crédito, la misma relación laboral y bajo circunstancias análogas, por lo que insiste en que no corresponde reabrir el debate constitucional.

Respecto al fondo, señala que la recurrente suscribió voluntariamente el pagaré por $1.968.004, pactando su pago en 48 cuotas mensuales, pero sólo abonó hasta la cuota número 12, incurriendo en mora a partir del 31 de diciembre de 2020, lo que dio lugar a la demanda ejecutiva civil Rol C-7815-2021 ante el 9° Juzgado Civil de Santiago. Reconoce que en ese proceso se dictó sentencia declarando la prescripción parcial, sólo respecto de las cuotas devengadas entre diciembre de 2020 y abril de 2021, manteniéndose vigente el saldo restante.

Explica que, posteriormente, la Caja, al constatar que la deudora había retornado a su trabajo, procedió a reactivar los descuentos por planilla, notificándole previamente mediante carta de aviso en mayo de 2022, cumpliendo con lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en el Compendio de Crédito Social, específicamente el numeral 1.17.3 “Reinicio de Descuentos”, acompañando copia de dicha carta, afirmando que la recurrente no ejerció ninguna de las alternativas ofrecidas y, por ende, se procedió a comunicar a su empleador el reinicio del cobro conforme a lo pactado.

Sostiene que la Caja no ha actuado de manera caprichosa ni injustificada, ya que se limitó a ejercer su derecho de cobro legal respaldado tanto por el artículo 22 de la Ley N° 18.833 como por el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil y la Ley N° 17.322, normas que autorizan el descuento de cuotas impagas desde la remuneración del afiliado.

Añade que la SUSESO, mediante dictamen de 3 de septiembre de 2021, instruye expresamente a las Cajas a realizar todas las acciones necesarias para resguardar el Fondo Social, incluida la cobranza directa.

Argumenta que la supuesta afectación del derecho de propiedad invocada por la recurrente carece de sustento, ya que esta aceptó expresamente el mecanismo de cobro al momento de contratar el crédito, y que el Fondo Social pertenece también a los demás trabajadores afiliados, a quienes se perjudicaría si se deja impaga esta deuda. Plantea que lo reprochable sería, en cambio, la inactividad de la Caja, por cuanto implicaría incumplimiento de sus deberes legales y generaría un perjuicio colectivo.

Recalca que no hay aquí acto ilegal ni arbitrario, ni afectación a garantía constitucional alguna, pues el crédito es vigente, la acción ordinaria no se encuentra prescrita y no existe resolución judicial que impida el cobro. Cita al efecto dictámenes de la Contraloría General de la República y de la Dirección del Trabajo (N° 3646-2017, N° 14.951-2019, N° 2907/036 de 2014), así como diversos fallos judiciales que avalan el descuento como forma legal de cobro, incluso en casos en que se haya declarado prescrita la acción cambiaria derivada del pagaré.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Agrega el inciso segundo del mismo precepto que practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

De la transcripción de la norma resulta claro que las Cajas de Compensación tienen el derecho, conferido por la ley, de obtener el pago de lo que adeuden afiliados a quienes hubiere concedido un crédito, mediante la deducción de las remuneraciones que efectúe la entidad empleadora también afiliada.

Si el pago del crédito se hubiere pactado en cuotas mensuales, evidentemente este derecho se ejerce descontando mensualmente de la remuneración del trabajador la cuota respectiva.

QUINTO: Que, ahora bien, del examen de lo obrado en el proceso C-7815-2021 ante el 9° Juzgado Civil de Santiago sobre juicio ejecutivo de cobro de pagaré, consta que la Caja de Compensación recurrida demandó al ahora recurrente el cobro ejecutivo de un pagaré cuyo pago se había dividido en cuotas y ejerciendo el derecho que le confiere la cláusula de aceleración contenida en el título, hizo exigible el total del crédito como si fuera de plazo vencido.

En este escenario, sólo cabe concluir que la obligación originalmente pactada en cuotas pagaderas a plazo, devino en pura y simple y actualmente exigible con motivo de manifestar el acreedor su intención de hacer efectiva la cláusula de aceleración, lo que aconteció con la presentación de la demanda, de modo tal que los descuentos de las cuotas del crédito con fecha posterior, que es el hecho que motiva el recurso, no encuentra sustento en la ley y resultan además arbitrarios, desde que la acreedora opta por una parte por el cobro ejecutivo del saldo total insoluto de crédito por la vía judicial y paralelamente obtiene el descuento directo de sumas de dinero de la remuneración del deudor a través del empleador correspondientes a cuotas ya inexistentes.

SEXTO: Que lo anterior constituye una vulneración no permitida por el ordenamiento al derecho que la Constitución Política de la República le reconoce al recurrente en el N° 24 del artículo 19, de tal suerte que la acción de protección debe ser acogida.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, sólo en cuanto se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales otorgados al actor vía descuentos de sus remuneraciones.

Se previene que el Ministro (S) señor Valderrama Martínez, fue del parecer de disponer que la recurrida haga la devolución al actor de la totalidad de los montos indebidamente descontados a partir del reinicio de las deducciones anotadas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

N°Protección-3529-2025.