SUPERMERCADOS MONSERRAT S.A.C. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

Proveyendo al folio 131857, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, doña Magdalena Strahovsky Villanueva, abogado, en representación de Supermercado Montserrat S.A.C., domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, con domicilio en domicilio reservado, por la actuación arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la Resolución de multa N°8047/17/85 de 17 de noviembre de 2017, que le fue notificada por carta certificada con fecha 12 de enero del año en curso.

Sostiene que el día 17 de noviembre de 2017, en el curso de una fiscalización efectuada por doña nombre reservado en el local ubicado en la comuna de Colina, sector de Chicureo, se resolvió aplicar a su representada 2 multas, mediante la resolución que cuestiona por la presente acción. La primera por no escriturar anexos al contrato de puesta a disposición de trabajadores de servicios transitorios con la empresa Adecco EST S.A. dentro de plazo por un monto total de 1500 UTM equivalente a $70.038.000. Y la segunda por no escriturar el contrato de trabajo respecto de los trabajadores que detalla quienes se entienden dependientes de la usuaria por contratar con supuestos diferentes a aquellos que se justifican por el artículo 183 Ñ del Código del Trabajo ya que son de carácter permanente por un monto de 360 UTM equivalente a $16.809.120.- Agrega que la ley 20.123 introdujo una modificación en el Código del Trabajo que permite a los empleadores que se encuentran en algunas de las causales del artículo 183 Ñ solicitar a una empresa de servicios transitorios, debidamente registrada, el suministro de trabajadores. En este contexto su representada elije a Adecco EST S.A. para esta modalidad, invocando en la mayoría de los casos la letra e) de la citada disposición, esto es, aumentos ocasionales, sean o no periódicos, o extraordinarios de actividad en una determinada sección, faena o establecimiento de la usuaria, y en otros la letra c) que se refiere a proyectos nuevos y específicos tales como la construcción de nuevas instalaciones, ampliación de las existentes o expansión a nuevos mercados.

Indica que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, privándola de su legítimo ejercicio de las garantías contempladas en el artículo 19 n°3 y 24 de la Constitución Política de la República, extralimitándose en sus facultades. La recurrida debió apegarse al principio de legalidad contenido en el artículo 7 de la Carta Fundamental y en el artículo 2 de la ley n°18575, vulnerado uno de los elementos esenciales del acto administrativo cual es la motivación según prescriben los artículos 8, 11, 16 y 41 de la Ley de Bases de procedimiento administrativo. La fiscalizadora, en el primer caso, cursa una multa sin indicar qué anexos al contrato que no escrituró fundan la sanción lo que es indispensable para deducir alguno de los recursos administrativos o especiales del Código del Trabajo, limitándose a señalar el hecho infraccional supuestamente constatada. En el segundo caso, interpreta antojadizamente los contratos de trabajo y excede sus facultades por cuanto la recurrente se encuentra justificada al alero del artículo 183 Ñ del Código del Trabajo y cita jurisprudencia en su favor.

Finaliza solicitando que se declare que las multas cursadas constituyen un acto ilegal y arbitrario que excede sus atribuciones e infringe las normas constitucionales ya invocadas y acoja el recurso ordenado a la recurrida dejarlas sin efecto, con costas.

SEGUNDO: Que, informando la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, pide que se rechace el recurso con costas, sosteniendo la improcedencia de la presente acción, atendida la naturaleza del acto recurrido, por cuanto en este caso se está utilizando el recurso de protección como un sustituto de los procedimientos específicos contemplados expresamente en la legislación.

En subsidio de lo anterior, alega que las multas fueron dictadas en atención a las facultades que le fueron expresamente conferidas por los artículos 1° inciso 2 letra a) DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, artículos 503, 505 del Código del Trabajo y artículo 19 n°16 de la Constitución Política de la República.

Destaca la gravedad de los hechos denunciados por el Sindicato respectivo pues la empresa estaría violando abiertamente la legislación laboral.

Además, dice, la resolución recurrida no puede ser tildada como arbitraria por falta de motivación, ya que, como se aprecia de su texto y redacción, fueron razonada, argumentada y fundada y la falta de arbitrariedad se desprende del texto de las multas cursadas. Así, añade, la acción cautelar incoada en autos carece de asidero.

Finalmente, aduce la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que en la especie no existe acto ilegal o arbitrario del cual se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, destacando que las peticiones de la recurrente no apuntan al restablecimiento de estas sin más bien a dejar sin efecto una multa administrativa por encontrarse disconforme con lo resuelto por respectiva funcionaria.

Por último, solicita el rechazo del recurso por improcedente, inadmisible y no haber vulnerado las garantías constitucionales aludidas, con costas.

TERCERO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que en la línea de lo que se viene reflexionando y conforme es posible colegir del mérito de los antecedentes allegados al proceso, lo cierto es que la recurrida ha justificado la legalidad de la actuación que por esta vía se objeta en la facultad sancionatoria que le reconocen a los fiscalizadores dependientes de la Inspección del Trabajo los artículos 1° inciso segundo letra a) del D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 2 inciso final, 503 inciso primero y 505 del Código del Trabajo; y 19 N° 16 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que, así las cosas, siendo efectiva la potestad legal que reclama la entidad recurrida, ciertamente la decisión que se reclama se encuentra encuadrada dentro del aludido marco normativo, lo que descarta la ilegalidad de la misma. Tampoco se advierte arbitrariedad por cuanto no ha sido el capricho el motivo que justificó la aplicación de las multas que se sancionan, sino los hechos constatados por un funcionario que a estos efectos constituye un ministro de fe, los cuales se explicitan cabalmente en la resolución que se impugna;

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de que la circunstancia precedentemente apuntada determina ineludiblemente concluir que la presente acción constitucional se ve impedida de prosperar, corresponde asimismo tener en cuenta que el presente recurso es un arbitrio constitucional destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, los que no pueden llegar a constituirse ni a declararse por esta vía, teniendo además en consideración en este caso que atendida la naturaleza del tipo de infracciones de carácter laboral que motivaron el acto recurrido, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales destinados a impugnarlos, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, dado que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña Magdalena Strahovsky Villanueva, en representación de Supermercado Montserrat S.A.C., sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-3526-2018.- Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare e integrada por la Ministro señora Maritza Villadangos Frankovich y por la Abogado Integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán.