Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

C.A. de Santiago Santiago, veinte de mayo de dos mil veintidós.

Al folio 13: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, de nacionalidad chilena, quien viene en interponer Acción de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, representada legalmente por don nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en los artículos articulo 19 Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en descontar parte de sus remuneraciones, por concepto de una deuda que se encuentra prescrita.

Sostiene el recurrente que, con fecha 19 de octubre de 2009, adquirió un crédito social con la recurrida, por un monto total de $4.423.882.-, (suscribiéndose un pagaré para tal efecto. Indica que dicho monto total se pagaría en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $120.581.-, más el interés pactado correspondiente a 1.76% mensual. Respecto a la fecha de vencimiento de cada cuota, señala que estas vencerían los días treinta de cada mes, exceptuándose la de febrero, que vencería el día 28.

Señala que pagó dicha deuda sólo hasta la cuota N°5, cuyo vencimiento acaeció el día 31 de marzo del año 2010, motivo por el cual el día 19 de junio del año 2018, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en su contra, la que fue tramitada ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-18588-2018, caratulados “Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes/nombre reservado”.

Indica que la demanda interpuesta en dicho procedimiento no fue notificada en los plazos que contempla la Ley N° 18.092, por lo que con fecha 24 de mayo de 2019, el recurrente interpuso la excepción de prescripción del artículo 464 Nº 17 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, con fecha 03 de julio de 2019, el 29º Juzgado Civil pronuncia sentencia, rechazando la demanda ejecutiva y acogiendo la excepción de prescripción impetrada por el recurrente, y en consecuencia, rechazando la demanda interpuesta por la recurrida. En este punto cita algunos considerandos de dicha sentencia y hace presente que, con fecha 14 de agosto del 2019, adquirió el carácter de firme y ejecutoriada.

Posteriormente, con fecha 21 de diciembre de 2021, tras recibir la liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2021, el recurrente señala que en dicha liquidación, específicamente en la sección titulada “Descuentos”, aparecía reflejado un descuento por un monto de $89.709.-, que lleva como título “Crédito Caja Los Héroes (34 de 53)”.

Hace presente el recurrente que se desempeña como Especialista NDT, en la Empresa Nacional Aeronáutica de Chile (ENAER), y que su remuneración constituye el sustento de su familia, por lo que estos descuentos han generado un gran perjuicio para todos ellos. Añade que dicho perjuicio se ve incrementado, considerando que él también ha sufrido los efectos de la crisis económica que se ha generado a raíz de la emergencia sanitaria por COVID 19, por la que actualmente atraviesa el país y el mundo en general.

Manifiesta que, mediante su actuar, la recurrida está efectuando una especie de auto tutela, al no cumplir con la sentencia dictada por el 29° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol N° 18588-2018.

En cuanto al plazo para interponer la acción constitucional de marras, indica que la privación se produjo con fecha 21 de diciembre del año 2021, fecha en la cual se le entregó la liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre de ese mismo año, y en la cual se reflejaba el descuento ya referido, por lo cual afirma que la presente acción ha sido interpuesta dentro de plazo. Indica además que el recurso de autos cumple con todos los requisitos de admisibilidad, citando jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema al respecto.

En cuanto al derecho, indica que el actuar de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, genera una vulneración a su Derecho de Propiedad sobre las remuneraciones que percibe, garantía que se encuentra contemplada en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.

Por otro lado, el recurrente hace mención al artículo 58 del Código del Trabajo, referido a los descuentos que se pueden realizar sobre las remuneraciones de los trabajadores, señalando en su inciso tercero que “Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.” En apoyo de este punto, cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y Dictámenes de la Dirección del Trabajo.

En cuanto al requisito de ilegalidad o arbitrariedad del acto que realiza la recurrida, el recurrente señala que la recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria. Indica que la ilegalidad del acto queda en evidencia a partir de los descuentos realizados a sus remuneraciones mensuales, por cuanto estos fueron realizados sin fundamento o sustento jurídico y no mediando comunicación por parte de la recurrida, vulnerando su derecho de propiedad. Asimismo, el acto es arbitrario, por cuanto se encuentra desprovisto de toda razonabilidad y se ha realizado sin justificación alguna. En este punto, cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre esta materia.

Por su parte, en relación con el requisito de que el acto efectuado por la recurrida, se manifieste en una privación, perturbación, o amenaza al legítimo ejercicio de uno de los Derechos que permiten accionar de protección, señala el recurrente que el acto realizado por la recurrida supone una privación de su Derecho de Propiedad, ya que con su actuar imposibilita de manera total el ejercicio de este derecho. En este punto, cita doctrina emanada de diversos autores que se refieren específicamente a los grados de afectación de los derechos.

Solicita en definitiva acoger la presente acción de protección, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho, y ordenando a la recurrida que se deje sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones del recurrente y que se le restituyan al recurrente los montos descontados, desde su última liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre del año 2021, los cuales ascienden a una suma total a la fecha de $89.709.- Todo ello con expresa condenación en costas.

Segundo: Que la recurrida evacuó informe suscrito por doña Rosario Infante Medina, abogada, en nombre y representación judicial de la Caja de Compensación de asignación familiar Los Héroes, quien, señala que el recurrente solicitó un crédito social a la recurrida por por un monto capital de $4.423.882.-, pagaderos en 60 cuotas de $120.581.- cada una, salvo la última que asciende a $120.608, de las cuales ha pagado 5 hasta esta fecha.

Explica que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar disponen de dos acciones, distintas e independientes, y de un mecanismo extrajudicial fundado en el artículo 22 de la Ley 18.833 para cobrar lo adeudado por un crédito social. Señala que una de las acciones corresponde a la que nace del pagaré y la otra es la que nace del contrato de mutuo y que la prescripción a la que alude el recurrente refiere a la acción cambiaria derivada del pagaré, cuya prescripción es de un año desde la fecha de vencimiento del documento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 18.092 Indica que, no obstante lo anterior, no hay sentencia que haya declarado la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo; la que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil, opera en el plazo de 5 años desde que se hiciera exigible la obligación y en la medida que sea alegada como acción o excepción, pues no opera de pleno derecho. En este sentido, y de conformidad al contrato de mutuo, existen cuotas vigentes del referido crédito hasta el día de hoy.

Señala que en relación al descuento por planilla de la deuda vigente que mantiene el recurrente, la recurrida está actuando de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.833, en el Código del Trabajo y en la Ley 17.322, por lo que no se trata de un acto ilegal o arbitrario. En apoyo de este punto, cita un Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social.

Señala que el contrato de mutuo por el cual se le otorgó el crédito al recurrente no se encuentra invalidado por alguna sentencia judicial, por tanto, surte sus efectos jurídicos, citando en este punto el artículo 1545 del Código Civil.

En cuanto al derecho, cita el artículo 1 y el artículo 22 de la Ley N° 18.833, esta última disposición prescribe que: "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas".

Por su parte, respecto al Código del Trabajo, la recurrente cita el artículo 58 del Código del Trabajo, el cual dispone que “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos…”

Señala que el envío de planillas de cobranza por parte de la recurrida, requiriendo el descuento de las cuotas de crédito social adeudas, no constituye un acto ilegal o arbitrario, por cuanto Las Cajas de Compensación tienen el imperativo legal de efectuar todas las gestiones de cobranza que le permite la ley y le ordena su ente fiscalizador, para obtener el recupero del crédito social, evitando de esa manera el desmedro del Fondo Social. En este acápite, la recurrida cita Dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por otro lado, afirma que la vía jurídica intentada por la recurrente no es la idónea, considerando la naturaleza cautelar del recurso de protección, lo que impide que pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos. A mayor abundamiento, señala que el asunto que la recurrente ha puesto en conocimiento de esta Ilustrísima Corte excede los objetivos del recurso de protección, y que debe ser resuelto en un procedimiento de lato conocimiento y contradictorio. Esto, por cuanto resulta evidente para la recurrida que en la especie existe controversia sobre hechos de cuya existencia depende la del derecho conforme al cual se afectarían las garantías constitucionales de la recurrente. En este punto además cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema en apoyo de este planteamiento.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto en contra de la recurrida, con expresa condenación en costas.- Tercero: Que el hecho que la parte recurrida descuente de las remuneraciones del actor parte de ellas para pagar la deuda que éste mantiene con aquella, no puede ser considerado ni ilegal ni arbitrario, desde que el artículo 22 de la Ley N°18.833 autoriza a las Cajas de Compensación a realizar tales descuentos y, en la especie, obedece al hecho cierto que el recurrente recibió una determinada cantidad de dinero de la recurrida a título de mutuo.

Cuarto: Que si bien aparece de los antecedentes que se declaró prescrita la acción cambiaria emanada del pagare suscrito por el recurrente, no hay declaración judicial de la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo, de modo que no se advierte ilicitud en la conducta de la recurrida.

Quinto: Que, en todo caso, la cuestión planteada ante esta Corte excede los márgenes de la acción contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de protección, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-352-2022.