nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Enrique Tapia Rivera, abogado, en representación de ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (en adelante también nombre reservado), quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante SUSESO). Dirige su acción contra el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta N° R-01-UME-69599-2021, R-49249-2021, de fecha 31 de mayo de 2021, por la cual el citado estamento recurrido ordenó a la Mutual de Seguridad - Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) recalificar el origen de la enfermedad padecida por la Sra. nombre reservado, ex trabajadora de nombre reservado.

Expone que con fecha 4 septiembre de 2017 la Sra. nombre reservado asumió el cargo de Jefe Sección Contratos, del Departamento de Subcontratos de nombre reservado (T), como Coordinadora de Subcontratos, cargo que desarrolló sin personal a su cargo durante 18 años.

En lo que respecta a las obligaciones y responsabilidades de la Sra. nombre reservado, señala que éstas consisten en “Administrar los procesos de licitación y contratación de obras y servicios con terceros, con el propósito de contribuir a establecer contratos que aseguren las mejores condiciones económicas y técnicas para la Empresa y sus clientes”. Indica que tales funciones fueron deficientemente cumplidas durante el período que se desempeñó como tal, situación que no fue advertida oportunamente por su anterior Jefe directo y que, por ello, éste fue desvinculado de la empresa en el mes de abril del año 2020, al observarse graves problemas de control administrativo y gestión en el Departamento.

Tras mencionar diversos incumplimientos a sus obligaciones, por parte de la Sra. nombre reservado, refiere que desde marzo de 2020 ésta se acogió a un beneficio otorgado por la Empresa a trabajadores con enfermedades crónicas, para protegerlos de la Pandemia, estando finalmente un total de 6 meses fuera de la Planta con pago de remuneraciones íntegro. Luego, la Sra. nombre reservado efectuó trabajo presencial durante los meses de septiembre y octubre, fecha en que todos los trabajadores de nombre reservado volvieron a trabajo presencial, acogiéndose posteriormente a licencia médica desde el 21 de noviembre del 2020 hasta el 24 de abril de 2021. Es decir, la Sra. nombre reservado estuvo ausente de la planta aproximadamente 8 meses, desde marzo a diciembre de 2020.

Explica que durante la prolongada ausencia de la Sra. nombre reservado en la planta, el Jefe de Departamento Suplente debió asumir gran parte de sus funciones, ya que el cargo de Jefe de Sección Contratos (T) está en directa relación con la misión legal de esta empresa del estado. En este contexto, se develaron las inconsistencias administrativas y contractuales producto del desorden administrativo que existía, la falta de control, diligencia y cuidado que se espera de un cargo de jefatura como el que ostentaba la Sra. nombre reservado, y que impulsaron a efectuar posteriormente una reestructuración del departamento. Por ello -agrega-, con fecha 20 de agosto del 2020 la Sra. nombre reservado fue amonestada por escrito, por no cumplir con sus obligaciones al tener 5 adendum pendientes de firma desde el año 2019, lo que implicó el retraso de los pagos correspondientes a varias empresas contratistas de nombre reservado, contratos sin firma, irregularidades con boletas de garantía, falta de control entre otros; a lo que se sumó luego otra sanción similar, de fecha 4 de enero del 2021, por incumplir otras obligaciones propias de su cargo como Jefe Sección Contratos.

Señala que, con fecha 11 de marzo de 2021, se emitió RECA (Resolución de calificación de origen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) N° 20210100001537, por parte de la Mutualidad IST, señalando: “De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia de Seguridad Social, con la finalidad de cesar el (los) agente (s) de riesgo sicosocial ‘Liderazgo Disfuncional’ causante (s) de la enfermedad, el empleador debe evaluar y velar por la implementación de las medidas para que el trabajador no esté expuesto al agente causante, o debe readecuar el puesto de trabajo o cambiar al trabajador de dicho puesto. Conforme a lo establecido en el DS N° 101, el centro de trabajo deberá ingresar al programa de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. Un asesor en prevención IST se pondrá en contacto con la empresa para más indicaciones al respecto”. Destaca que la señalada comunicación -dice- no indica los antecedentes que se tuvieron a la vista, ni los hechos en que se funda.

Frente a esta situación, nombre reservado interpuso recurso de reconsideración ante la Mutual de Seguridad, haciendo presente que la RECA N° 20210100001537 de fecha 11 de marzo de 2021, no señala en parte alguna en cuál de las subclasificaciones de Liderazgo Disfuncional contemplados dentro de la normativa habría incurrido la Gerencia de Logística, a qué jefatura se atribuye la disfuncionalidad, cuales son los hechos concretos que darían lugar a esta calificación ni la fecha en que habrían ocurrido, lo cual dificulta el análisis de ésta y la legítima, justa y racional posibilidad que tiene el empleador de poder controvertir e impugnar la misma.

En el mismo sentido -dice-, las medidas que se ordena implementar consisten en que “el empleador debe evaluar y velar por la implementación de medidas para que el trabajador no esté expuesto al agente causante, o debe readecuar el puesto de trabajo o cambiar al trabajador de dicho puesto”, sin señalar cuál es el agente causante, ni mención de las condiciones que se deben modificar, lo que por su imprecisión dificultaría su adecuada implementación. Se argumentó en dicha oportunidad, además, que esta falta de racionalidad y fundamento transforma en arbitraria e ilegal la resolución emitida por la Mutualidad, y se precisó que la gestión laboral de la Sra. nombre reservado adolece de deficiencias palpables, las cuáles han sido constatadas por diversos medios, y que dicen relación con situaciones que nacen en años anteriores a su actual jefatura, por lo que es posible advertir que enfrentarse a regularizar errores consumados, ponerse al día con trabajos pendientes de efectuar, reorganizar sus sistema de trabajo a fin de dar correcto y oportuno cumplimiento a sus funciones, pueden significar un mayor esfuerzo al que venía empleando a la fecha, por lo que el hecho de existir una dificultad personal por parte de la Sra. nombre reservado para enfrentar esta situación, no puede ser imputado a nombre reservado. Por ello, no era ni es posible determinar que exista una relación de causalidad directa entre la presunta patología de la Sra. nombre reservado y el liderazgo de la jefatura a la cual se encuentra vinculada.

Refiere que los argumentos presentados por nombre reservado fueron reconocidos por la Mutual de Seguridad IST, la que reconsideró el origen de la enfermedad y la calificó como enfermedad común mediante RECA N° 20210100001537, de fecha 06 de Abril de 2021. Posteriormente, sin embargo, nombre reservado es notificado de la RECA N° 20210100001537, de fecha 04 de Junio de 2021, emanada de la Mutual de Seguridad IST, que reconsidera el origen de la enfermedad y la califica de enfermedad profesional, en la cual se limita a señalar: “dictamen SUSESO R-49249-2021, 31/05/2021 recalifica caso a laboral”. Aclara quer no se adjuntó la citada Resolución ni se señaló argumento alguno que fundamente la recalificación; de hecho -dice-, posteriormente nombre reservado obtuvo fotocopia de dicha Resolución, de manera informal a través de un tercero, no obstante tratarse de un acto administrativo terminal que afecta los intereses de nombre reservado, del que jamás tuvo conocimiento. A su juicio, este aspecto es de relevancia ya que la Mutualidad IST, ente que tomó conocimiento de los hechos directamente, había calificado la enfermedad de la señora nombre reservado de origen común, y no es posible pensar que la Superintendencia de Seguridad Social, sin oír a ARMAR, haya podido resolver la calificación de forma fundada.

Reitera que la precitada Resolución no hace referencia a los antecedentes que se funda, y se limita a señalar que se basa en los “antecedentes disponibles” que fueron revisados por profesionales médicos de la SUSESO Frente esta situación se pregunta: ¿Qué podría rebatir ARMAR?; y si se está calificando de enfermedad de origen profesional por Liderazgo Disfuncional, ¿a cuál de las categorías de Liderazgo Funcional corresponde?; ¿Cuál es la Jefatura que estaría ejerciendo dicho liderazgo disfuncional?; ¿En qué fecha habrían ocurrido (relevante considerando que la actual jefatura directa es suplente)?

La Resolución, admás, se limita a señalar que “Las situaciones de liderazgo disfuncional se materializan en sostenidas expresiones hostiles en su contra…”, pero, sin embargo, no indica el trabajador de nombre reservado que estaría involucrado ni la época en que habría ocurrido, todo lo cual constituye una vulneración contra el debido proceso, dejando en la completa incertidumbre e indefensión a la recurrente.

Sostiene que las garantías constitucionales que han sido vulneradas por la Superintendencia de Seguridad Social, son las siguientes: Infracción al debido proceso; infringe el deber de motivación y fundamentación de la resolución; infracción al derecho de propiedad en todas sus clases:

a) En cuanto infracción al debido proceso, señala que el procedimiento administrativo debe tener un carácter contradictorio, lo que supone garantizar la posibilidad de que los titulares de los diversos intereses involucrados puedan ser adecuadamente confrontados antes de adoptarse una decisión por parte de la Administración. Sin embargo, la Superintendencia de Seguridad Social jamás notificó o emplazó a nombre reservado en el procedimiento que da lugar a la recalificación de enfermedad profesional citada, no obstante que, en su calidad de ex empleadora de la peticionaria, tenía un interés en aquel, pues, al declararse que la enfermedad de una trabajadora / ex trabajadora es de carácter profesional, se ve afectada la cotización que deberá pagar nombre reservado, ya que la tasa que pagan las entidades empleadoras puede ser recargada en función de su siniestralidad efectiva, la que se mide de acuerdo con las disposiciones del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en relación a la Ley 16.744, y con ello ajustarse al alza. Además -dice-, producto de esta recalificación la recurrente puede ser objeto de fiscalizaciones, sanciones e impelida a tomar acciones en la sección en que se desempeñaba la trabajadora, sin siquiera conocer los antecedentes en que se funda dicha decisión.

Plantea que aún cuando la Superintendencia de Seguridad Social se rige en esta materia por el procedimiento establecido en el artículo 77 bis de la Ley 16.744, ello en ningún caso puede excusarla de respetar las garantías constitucionales del debido proceso y las normas de la ley 19.880, que establece los principios rectores de dicho debido proceso. Cita en particular lo dispuesto por los artículos 17 y 21 de la referida Ley.

Afirma, también que, por lo anterior, se ha infringido el principio de contradictoriedad, como manifestación del derecho a defensa; el derecho de acceso al expediente administrativo; el de audiencia del interesado; y el derecho de formular alegaciones y pruebas.

b) En cuanto a la infracción del deber de motivación y fundamentación de la Resolución, invoca el artículo 19 N°2, inciso 2º, de la Constitución Política de la República (CP) y sostiene que la Resolución de la SUSESO se limita a señalar, en lo pertinente: “Que, el caso fue sometido al estudio de los profesionales médicos de esta Superintendencia, quienes concluyeron que existen elementos que demuestran que la sintomatología presentada por la trabajadora tiene efectivamente una relación con factores propios de la organización en la que desempeña. En efecto, del análisis de los antecedentes se desprende que la trabajadora ha estado sometida a situaciones de liderazgo disfuncional que se materializan en sostenidas expresiones hostiles en su contra…”.

La citada Resolución no señala, entonces, la época en que habrían ocurridos los hechos, ni quienes o quien habría emitido expresiones hostiles, ni los antecedentes tenidos a la vista, dejando en la completa indefensión a nombre reservado sin fundamento, ya que lo único que hace es una referencia excesivamente genérica de “los antecedentes” que habrían sido analizados por médicos de la institución; y por su parte, la Resolución emitida por la Mutualidad, RECA N° 20210100001537, de fecha 04-06-2021, se limita a señalar que a requerimiento de la SUSESO se recalifica el origen de la enfermedad señalando que es profesional, sin entregar la fundamentación de la Superintendencia.

c) Por último, y en lo que concierne a la infracción al derecho de propiedad en todas sus clases (artículo 19 N° 24 CP), reitera que la calificación de enfermedad profesional tiene como consecuencia un alza del gasto mensual en la cotización que nombre reservado paga a la entidad administradora de los seguros previstos en la Ley 16.744, dado el aumento de la tasa de siniestralidad de las situaciones cubiertas por dicho cuerpo legal.

Pide, en suma, que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-69599-2021, R-49249-2021, de fecha 31 de mayo de 2021, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social; que se ordene a la Superintendencia recurrida retrotraer el procedimiento a su inicio a fin de que nombre reservado proceda a efectuar sus descargos, presentar su defensa, y pruebas que aseguren la debida bilateralidad del procedimiento; o, en subsidio, que se emita una resolución debidamente fundada y que dicha resolución sea notificada a nombre reservado, conforme lo obliga el artículo 21 y 46 de la Ley 19.880.

SEGUNDO: Que informa el recurso el abogado don Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, quien alega en primer término la improcedencia del mismo, toda vez que se recurre en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-69599-2021, de 31 de mayo del año 2021, la que fue notificada al Instituto de Seguridad del Trabajo (I.S.T.) de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento de reclamos de la Ley Nº 16.744, en la misma fecha, es decir 31 de mayo del año 2021, remitiendo copia del dictamen a los correos electrónicos correo reservado” y “correo reservado. Indica que este organismo administrador no interpuso recurso de reposición contra la calificación efectuada respecto de la enfermedad de la trabajadora Sra. nombre reservado, como tampoco lo hizo la entidad empleadora dentro del plazo que establece la Ley Nº 19.880, que se aplica a este procedimiento en forma supletoria. Explica que, en efecto, la resolución de calificación (RECA), que da cumplimiento a lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social respecto de la calificación de patología de la trabajadora, le fue notificada a la entidad empleadora nombre reservado con fecha 4 de junio del año 2021, sin que interpusiera recurso de reconsideración dentro del plazo de 5 días que contempla el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, y tampoco lo hizo la mutualidad de empleadores Instituto de Seguridad del Trabajo. En consecuencia, sostiene que la resolución administrativa quedó firme y que la acción de protección, atendida su naturaleza y finalidad, no resulta aplicable en estos casos, pues no puede suplir ni subsanar omisiones procesales como las que se indican en el recurso.

Cita lo dispuesto por el el artículo 77 bis, agregado a la Ley N° 16.744 por la Ley N° 19.394, de 1995, y señala al respecto que, como consta de los antecedentes acompañados al expediente administrativo, el Instituto de Seguridad del Trabajo ya había calificado la afección de salud mental de la trabajadora como de origen laboral, mediante Resolución N° 20210100001537, de 11 de marzo de 2021, la que posteriormente modificó a enfermedad común, pues, como consta en la ficha clínica (Evoluciones del Paciente Periodo 12/04/2021 al 12/04/2021) acompañada por el I.S.T. de fecha 7 de abril del año 2021, en aquella oportunidad la paciente fue “(…) CITADA PARA RECALIFICACION COMO NO LABORAL DEBIDO A NUEVOS ANTECEDENTES APORTADOS POR EMPRESA. SE ENTREGAN DOCUMENTOS (…).” De esta manera -agrega-, la entidad empleadora, tal como aconteció en aquella ocasión, pudo ejercer también, después de ser notificada por el I.S.T., los recursos respecto de esta otra resolución de calificación, cosa que no hizo, por lo que utiliza ahora la acción de protección de manera improcedente para suplir o salvar su propia inacción; máxime cuando existe una norma como la del artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, que establece expresamente que en estos casos, en que se deriva a una trabajadora a su sistema de salud común (en este caso la ISAPRE MAS VIDA, según consta en el documento denominado Anexo 2 del I.S.T.), la Superintendencia resuelve con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sin perjuicio del recurso de reconsideración administrativa.

Señala a continuación que la Superintendencia recurrida no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria alguna, pues al emitir la resolución recurrida, se ha limitado a cumplir con una de sus principales funciones, cual es la señalada en la letra c) del artículo 2° de la Ley N° 16.395, esto es, “(...) resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.” Afirma, por tanto, que el dictamen, está dotado de fundamentos suficientes y en armonía con los antecedentes médicos y laborales del caso, que se tuvieron a la vista por parte de los profesionales médicos de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como para poder ser calificada de sin fundamento o arbitraria, es decir, que esté basada en el mero capricho del autor del acto.

Explica en este sentido que a raíz del reclamo presentado ante esa Superintendencia por doña nombre reservado, en contra del Instituto de Seguridad del Trabajo, que había calificado como de origen común una patología de nsalud mental con diagnóstico Trastorno adaptativo, solicitó informe y los antecedentes médicos/laborales del caso al señalado Instituto, el cual, mediante Carta N° 1.10.d./252/2021, de 13 de abril de 2021, le remitió el informe y los antecedentes médicos laborales del caso, señalando que: “(...) la Sra. nombre reservado consultó en nuestro centro asistencial el 11 de enero de 2021, manifestando sintomatología de salud mental que atribuyó a su trabajo, por lo que fue ingresada a estudio por probable enfermedad profesional. Luego de ser evaluada por especialistas y de conformidad con los resultados de los exámenes realizados y evaluación de puesto de trabajo, el Comité Calificador de Enfermedades Profesionales determinó que la Sra. nombre reservado presenta un trastorno de adaptación, de origen común, sin relación con su actividad laboral, por lo que fue derivada a su régimen común de salud, conforme al procedimiento del artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, lo que solicitamos confirmar. Para su mejor conocimiento, adjuntamos, DIEP, ficha clínica, evaluaciones clínica y psicológica, evaluación de puesto de trabajo, PGE3, RECA y resolución de rechazo y derivación al sistema común de salud con licencia médica...”

Señala, por último, que la Superintendencia estudió los antecedentes médicos del caso, a través de sus profesionales médicos del Dpto. Contencioso Administrativo, y, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01- UME-69599-2021, de 31 de mayo del año 2021, resolvió acoger el reclamo de calificación de origen de enfermedad, otorgando a la interesada la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen laboral. En concreto, y como fundamento de lo resuelto, en la Resolución precitada se señala:

“...profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó la trabajadora es de origen laboral, toda vez que es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología.

Que, el caso fue sometido al estudio de los profesionales médicos de esta Superintendencia, quienes concluyeron que existen elementos que demuestran que la sintomatología presentada por la trabajadora tiene efectivamente una relación con factores propios de la organización en la que se desempeña. En efecto, del análisis de los antecedentes se desprende que la trabajadora ha estado sometida a situaciones de liderazgo disfuncional que se materializan en sostenidas expresiones hostiles en su contra, las que se vinculan de manera causal con la afección de salud mental que presentó la trabajadora, sin que el estudio de puesto de trabajo realizado haya logrado descartar la presencia de estas conductas...”

En cuanto a la alegación que dice relación con el hecho de no haber sido notificada la entidad empleadora de la resolución que resolvió la reclamación de la Sra. nombre reservado, lo que redundaría en una supuesta vulneración de las normas del debido proceso administrativo, señala que en los casos en que un trabajador o trabajadora reclama por una calificación de enfermedad determinada por una Mutualidad de Empleadores, el procedimiento de reclamo de la Ley N°16.744 no contempla la notificación de esta Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social a la empresa o entidad empleadora, cuando esta no es quien realiza la reclamación.

En cuanto al derecho a ser oído, o no haber tenido acceso al expediente administrativo a que dio origen el reclamo de la trabajadora, indica que en esta materia ello es improcedente por cuanto los mismos, al contener informar médica, son reservados al constituir datos sensibles de acuerdo con la Ley N° 19.628, de protección de la vida privada de las personas.

Resapecto de la afectación del derecho a la propiedad privada, que reclama la recurrente, sostiene que el alza de la cotización adicional a aplicar, como consecuencia de los días perdidos por la incapacidad laboral de la trabajadora, no puede considerarse en caso alguno que atente contra el derecho de propiedad de la entidad empleadora, toda vez que el alza de la cotización adicional por siniestralidad efectiva es la consecuencia prevista en la Ley N° 16.744, como una de las formas de financiamiento del seguro social contra riesgos profesionales y cuya aplicación está regulada por el DS N° 67, de 1968, del Ministerio del y Previsión Social, que aprueba el Reglamento para la aplicación de los artículos 15 y 16 de la Ley Nº16.744 y establece las reglas para la aplicación de las exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional por siniestralidad efectiva.

Por último, estima que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Solicita, por tanto, el rechazo de la acción de protección intentada, en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la CP, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal (esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil) o arbitrario (producto del mero capricho de quién incurre en él), que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar además que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, de manera tal que el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario sin perjuicio de que, eventualmente, pueda reunir ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

CUARTO: Que el artículo 77 bis de la Ley Nº16.744 le confiere a la Superintendencia de Seguridad Social la competencia exclusiva para resolver, sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a una licencia o reposo médico, lo que deberá realizar en el plazo de treinta días contado “desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores.”

Por su parte, el artículo 72 del D.S. Nº101, de 1968 (Ministerio del Trabajo y Previsión Social), que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 16.744, señala en lo pertinente:

“a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de los trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, sólo en cuanto existan o hayan existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a la entidad empleadora respectiva los datos a que pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, y en caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional se deberá indicar que sean trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, o en caso que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera.

b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora, podrán recurrir a la Superintendencia, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá remitir la correspondiente ‘Denuncia Individual de Enfermedad Profesional’ (DIEP), a más tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, para su atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo administrador, en donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean necesarios para establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador deberá guardar una copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la información que indique su formato.

d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia.

e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan.”

Por otro lado, aunque relacionado con lo anterior, el “Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo”, aprobado por Resolución Exenta N° 336, de 17 de julio de 2013, del Departamento de Salud Ocupacional, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, de la Subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud, establece -entre otras materias- un listado de factores psicosociales para detectar, prevenir y corregir las posibles situaciones problemáticas o de riesgo psicosocial laboral, entendidos -los citados factores- como aquellas “situaciones y condiciones inherentes al trabajo y relacionadas al tipo de organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que tienen la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus condiciones de trabajo” (apartado 9º).

En su apartado 8.2., el Protocolo establece que “será el empleador quién deberá realizar la identificación y evaluación de riesgo definida en el presente protocolo, que confirmará o no la exposición a factores de riesgo psicosocial en los ambientes de trabajo, y determinará si la organización ingresa al programa de vigilancia de la institución administradora del Seguro de la ley 16.744 a la que esté afiliado.” Para ello -continúa-, el empleador deberá utilizar y aplicar “la versión breve del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, siguiendo las normas y metodología que recomienda la Superintendencia de Seguridad Social. Los resultados de esta evaluación deberán ser puestos en conocimiento del organismo Administrador del Seguro de la Ley 16.744, quien deberá informar de forma anual a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) sobre el número de organizaciones con presencia del riesgo. La organización deberá conservar, como medio de verificación, los cuestionarios respondidos y los resultados de la evaluación. Estos resultados servirán como orientación para definir la necesidad de una intervención mayor, toda vez que una o más de las dimensiones contenidas en el cuestionario se encuentren en situación de riesgo.”

Adicionalmente, en su apartado 8.3 el Protocolo establece que “Es deber de la organización medir la exposición a riesgo psicosocial de sus ambientes laborales, y contar con las acciones necesarias para disminuir y/o eliminar sus efectos, mediante la planificación de acciones específicas (…)”; mientras que el respectivo organismo administrador de la ley “tiene la misión de asesorar a sus empresas adheridas en lo que al riesgo específico se refiere. Toda vez que una organización transgreda o vulnere los factores de riesgos psicosociales señalados por este protocolo de vigilancia, el organismo administrador de la ley deberá notificar a la autoridad sanitaria para que realice la fiscalización.”

En suma, de las normas legales y reglamentarias antes indicadas se desprende que la calificación de una enfermedad como de origen laboral o común constituye una prerrogativa de índole médica, técnica y científica que, como tal, queda reservada a los organismos administradores del sistema de Seguro de la ley 16.744, las que estarán obligadas a efectuar los exámenes que correspondan para estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, y en último término a la SUSESO conforme lo dispone el artículo 77 bis de la Ley Nº 16.744. En este esquema, en cambio, a la organización -en este caso nombre reservado- le corresponde medir -con la asesoría del ente administrador- la exposición a riesgo psicosocial de sus ambientes laborales, aplicando para ello el protocolo ya dicho y el Cuestionario SUSESO también reseñado, amén de “contar con las acciones necesarias para disminuir y/o eliminar sus efectos, mediante la planificación de acciones específicas”, sin que pueda -pues no cuenta con las competencias técnicas y legales para ello- participar en la calificación médica de la enfermedad de que se trata, como laboral o común.

QUINTO: Que por su parte, la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, fija en su artículo 2° las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales se cuentan: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia; “(…) c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Por su parte, el artículo 3° de la misma Ley dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia”.

Finalmente, el artículo 12 inciso 5º de la Ley Nº 16.744 establece que “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.”

SEXTO: Que de las normas legales y reglamentarias referidas en las motivaciones Cuarta y Quinta precedentes, aparece que la SUSESO está dotada legalmente de facultades para pronunciarse, por vía de reclamo y previa calificación técnica realizada mediante el personal médico especializado de su dependencia, acerca de la calificación de una enfermedad profesional como profesional o común, tomando como base para ello los antecedentes médicos aportados por el reclamante y/o los proporcionados por la respectiva entidad administradora, en este caso el I.S.T.

En este entendido, por tanto, debe observarse desde ya que esta Corte, al igual que al recurrente, no se halla en situación de calificar el mérito o pertinencia de las decisiones de dicha entidad desde el punto de vista médico, debiendo controlar únicamente que aquellas se hayan emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezcan como arbitrarias y caprichosas, carentes de justificación y racionalidad.

Aclarado lo anterior, y a diferencia de lo que sostiene el recurrente, de la revisión de los antecedentes aportados al proceso se desprende que el estándar de motivación de la decisión de recalificación de la enfermedad mental de la Sra. nombre reservado, cambiándola de común a profesional, exigido por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880, se encuentra debidamente cumplido y satisfecho por el acto terminal contra el cual se recurre, en el que se consignan los motivos médicos por los cuales se remueve la decisión inicial del I.S.T., que a su antes había calificado esa misma patología como laboral para luego modificar ese criterio con el mérito de antecedentes aportados por el empleador.

Como ha señalado y acreditado la SUSESO, además, mediante el expediente administrativo acompañado al proceso, el informe de los profesionales médicos de esa Superintendencia, que estudiaron los antecedentes clínicos del recurrente, fue completo y categórico en cuanto a recalioficar fundadamente la enfermedad tantas veces referida.

SÉPTIMO: Que, en suma, la valoración de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica según lo prevé el N°5 del Auto Acordado de la Exma. Corte Suprema, sobre la tramitación del Recurso de Protección, permiten descartar cualquier clase de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida. Por el contrario, la decisión de recalificación contenida en la Resolución Exenta que se tilda de ilegal fue adoptada por el órgano administrativo legalmente facultado para ello y cuenta, además, con los fundamentos que permiten conocer y comprender de manera cabal el contenido y la motivación del actos reclamado, que por lo mismo no es ni ilegal ni arbitrario.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, y como lo ha señalado esta Corte en reiteradas ocasiones, el conflicto que motiva el presente conflicto, referido a la recalificación de una enfermedad para efectos de la aplicación del régimen del seguro establecido en la Ley Nº16.744, constituye una materia que escapa del ámbito tutelar del recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la CP, toda vez que dicha materia incardina concretamente en la garantía fundamental regulada en el artículo 19 Nº18 de la Carta Fundamental, que como tal no se encuentra incluida en el precitado artículo 20º.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales analizadas y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Enrique Tapia Rivera, en representación de ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, respecto de la Resolución Exenta N° R-01-UME-69599-2021, de fecha 31 de mayo de 2021. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

No firma el Ministro señor Sergio Córdova Alarcón, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol Nº 35193-2021 (Protección)