ADT SECURITY SERVICES S.A con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO PROVIDENCIA Y nombre reservado

Santiago, primero de agosto de 2014.

VISTOS:

1.- A fs.11 doña Ivana Domitrovic Grubisic, abogado, actuando en representación de ADT Security Services S.A, del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduce recurso de Protección, contra la Inspección Comunal del Trabajo Providencia, representada legalmente por su Inspector Comunal don nombre reservado y en contra del fiscalizador de la misma entidad don nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal en que incurrieron con la dictación de la Resolución N° 7731/14/ 31 que le impuso a su representada una multa administrativa de 60 UTM indicando como norma infringida y sancionadora el artículo 45 inciso 1° y el artículo 506 del Código del Trabajo.

Señala que el fiscalizador recurrido, se constituyó en comisión especial al fijar el verdadero sentido y alcance de los contratos de trabajo de los trabajadores que se individualizaron en el Resolución impugnada, resolviendo un tema de absoluta dificultad, que requiere rendición de prueba, ponderarla y calificar los hechos a partir de la posibilidad para que las partes en litigio tengan el debido proceso.

Los recurridos, a entender de la recurrente, han sobrepasado sus atribuciones al fijar el sentido y alcance de la cláusula contractual relativa a las remuneraciones variables y la posibilidad que éstas devenguen el beneficio de la semana corrida, lo que importa que por la vía administrativa se establezcan y constituyan derechos y obligaciones para las partes contratantes.

La referida Resolución, sancionó a su representada, por una supuesta infracción y al cursarse la multa administrativa incurrieron en ilegalidades que lesionan las Garantías Constitucionales de los numerales 3 inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, esto es, no ser juzgado por comisiones especiales conforme los artículos 6, 7 y 76 de la Constitución Política ; el derecho de propiedad; los artículos 420 y 505 del Código del Trabajo y Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Agrega que conforme con el artículo 1° de esta última normativa, a la Dirección del Trabajo le corresponde fiscalizar la aplicación de las leyes laborales pero esta facultad, no es extensiva a la interpretación de los contratos individuales y/o colectivos ni a la calificación jurídica del vínculo contractual, facultad privativa y excluyente de los Tribunales de Justicia al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo. Cita jurisprudencia sobre lo que sustenta.

Los recurridos, actuaron fuera del ámbito de sus facultades fiscalizadoras, ya que interpretaron los contratos de trabajo suscritos por los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, especialmente la cláusula relacionada al pago de las remuneraciones, estableciendo que aquella remuneración variable que perciben denominada incentivo de gestión de atención post venta, les otorga el derecho a ser incluida para el pago del beneficio de la semana corrida.

Agrega, que la interpretación de un contrato de trabajo es una materia de competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia y en consecuencia, la Inspección del Trabajo ha excedido sus facultades fiscalizadoras, por lo que queda en evidencia la incompetencia que afecta a la Inspección, lo que implicó infringir el principio de bilateralidad y constituirse en una comisión especial, privando a la recurrente de un debido proceso jurisdiccional.

Termina pidiendo que se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución de Multa Administrativa N°7731/14/31.

2.- A fojas 40 y siguientes rola informe de la abogado Esperanza Echeverría Ovalle, actuando en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, la que primero alega la improcedencia del presente recurso atendida la naturaleza del acto recurrido, señalando que la legislación contempla expresamente la reclamación judicial en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 503 del mismo cuerpo legal, como medio para impugnarlo y en tal sentido, estima que la presente vía se usa por la recurrente como sustituto procesal en circunstancias que existe un procedimiento en que se deben aportar pruebas de distinta naturaleza, un juicio de lato conocimiento que resguarda los derechos que se dicen conculcados, citando jurisprudencia que se ha pronunciado en tal sentido. Además, indica que lo recurrido no es un derecho fundamental que se pueda proteger por medio de un Recurso de Protección.

En segundo lugar, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, y estima que en este caso, no existe un acto ilegal o arbitrario ya que la Resolución recurrida, fue dictada en atención a las facultades expresamente conferidas a la Inspección recurrida por el Articulo 505 del Código del Trabajo y fue fundada, razonada y argumentada conforme a Derecho. Por lo tanto, la acción cautelar deducida en autos, carece de objeto y debe ser desechada por improcedente, sin que exista vulneración de las Garantías Constitucionales que se señalan por la recurrente. La Inspección recurrida, debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral y cuando detecta infracciones, como ocurre en este caso del artículo 45 del Código del Trabajo, está facultada para aplicar la sanción correspondiente.

Refiere, luego de insistir que no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario al dictar la Resolución impugnada, que con fecha 17 de marzo de 2014, y a propósito de una denuncia ingresada a las Oficinas de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, el fiscalizador, se constituyó en Visita Inspectiva en dependencias de la empresa oportunidad en que se reunió con trabajadores y representantes de ADT Security Services S.A., solicitando la exhibición de la documentación laboral pertinente y constató que la recurrente había incurrido en infracción a la legislación laboral que ameritaba la imposición de una multa. El Informe de Fiscalización del Inspector, que goza de presunción de veracidad conforme al artículo 23 del D.F.L. N°2 de 1967 da cuenta que de las indagaciones, observaciones y circunstancias que sustentan la multa impuesta. En otras palabras, constató que la empresa dejó de pagar el beneficio de la semana corrida con inclusión del bono de atención post venta los trabajadores indicados en la Resolución de Multa.

En cuanto a la multa impuesta, la Inspección recurrida expresa que no amenaza el derecho de propiedad de la recurrente toda vez que éste no puede hacerse valer actuando contra ley y la sanción se sustenta en antecedentes de hecho recabado con motivo de la fiscalización efectuada.

En definitiva solicita el rechazo del recurso con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero.- Que el acto que se estima ilegal o arbitrario por la recurrente, es la dictación de la Resolución Nº 7731/14/31 de 28 de marzo de 2014 de Inspección del Trabajo de la comuna de Providencia, que aplicó a la recurrente una multa ascendente a 60 UTM. por infracción del artículo 45 inciso primero y artículo 506 del Código del Trabajo, por no incluir el denominado bono de atención post venta en el beneficio de la semana corrida a los trabajadores que en ella se individualizaron, habiéndose constatado que ellos lo perciben como remuneración variable.

Segundo.- Que según consta del Oficio Ordinario N° 4504 de 20 de Noviembre de 2013 que rola a fojas 40, la Directora del Trabajo acogió parcialmente una reconsideración de ADT Security Services S.A. sobre los incentivos que debían incluirse en la base de cálculo de la semana corrida de determinados trabajadores y en él, se instruyó a la recurrente que procedía incluir el incentivo denominado bono atención post venta a quienes lo tenían pactado, sin que se haya acreditado que esta decisión de la autoridad, haya sido impugnada por ilegal o arbitraria.

Tercero.- Que, la dictación Resolución N° 7731/14/31 impugnada se inscribe dentro de una fiscalización efectuada a la empresa en la que estuvieron presente trabajadores y representantes de ADT Security Services S.A. y en la que se exhibieron al fiscalizador los antecedentes respectivos detectándose el incumplimiento de aquello que ya había sido resuelto por la Directora del Trabajo, según lo referido en el basamento anterior.

Cuarto.- Que de lo señalado precedentemente, no es posible atribuir ilegalidad a los recurridos con la dictación de la Resolución impugnada, toda vez que actuaron conforme a las atribuciones a que se refieren los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo y lo dispuesto en el artículo 1° del DFL N° 2 , de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en este sentido, la Inspección recurrida a través de uno de sus fiscalizadores, que en el ejercicio de sus funciones tiene la condición de un Ministro de Fé, constató que no se daba cumplimiento por ADT Security Services S.A. a aquello que ya había sido resuelto sobre la inclusión del bono de atención post venta en la base de cálculo de la semana corrida.

Quinto.- Que el acto impugnado, no ha sido arbitrario que es sinónimo de caprichoso, sin sustento real, porque la decisión se adoptó en base a antecedentes de hecho constatados de los que se dejó constancia en la misma Resolución.

Sexto.. Que sin perjuicio de lo referido en los motivos anteriores, el acto que se estima ilegal y arbitrario - la Resolución N° 7731/14/31-- pudo ser impugnada por la recurrente ante la Justicia Laboral conforme lo establecido en el artículo 504 del Código del Trabajo, lo que efectivamente habría ocurrido, según lo expuesto en estrados por la abogado de la recurrida, lo que corrobora que existe un procedimiento especial que permite a la recurrente enjuiciar el mérito y la justificación de la decisión, aspectos ajenos al ámbito de una acción de naturaleza eminentemente cautelar.

Séptimo.- Que, estimando esta Corte que no se encuentran acreditados los supuestos básicos del recurso interpuesto, esto es, la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, sólo cabe desestimar el recurso, sin que resulte necesario entrar a analizar la vulneración de garantías constitucionales que se denuncian, sin perjuicio de hacer constar su extemporaneidad ya que lo verdaderamente impugnado por la recurrente, no lo formal que fue la Resolución por la infracción detectada, había sido resuelto y oficialmente comunicado por la Directora del Trabajo a ADT Security Services S.A. a la recurrida en el mes de Noviembre del año 2013, según lo señalado precedentemente.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se rechaza, con costas, el deducido en lo principal de fojas 12, por doña Ivana Domitrovic Grubisic, en representación de ADT Security Services S.A.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

Redacción del Abogado Integrante Jaime Guerrero Pavez .

Rol Protección Nº 35.169-2014 Dictada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, la Ministra señora Pilar Aguayo Pino y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.