CONSEIL COBRO S.A con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO REGION METROPOLITANA PONIENTE

Santiago, veintitrés de julio de dos mil catorce.

Vistos:

1° Que, a fojas 39, comparece nombre reservado, asistente social, en representación de la empresa Conseil Cobro S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Expresa que el 26 de febrero de 2014 a su representada se le cursó por la Inspección del Trabajo de Santiago una multa de 10 UTM, bajo la Resolución N° 7740-004-1, la que fue notificada el 1 de abril de 2014. Agrega que amparados en lo dispuesto por el artículo 511 del Código del Trabajo, se solicitó reconsideración administrativa de la multa, a través de la presentación ingresada el 15 de mayo de 2014. Con fecha 20 de mayo de 2014 y mediante el ORD N° 28, de esa fecha, suscrito por la recurrida, se le informó que se rechaza tramitar la reconsideración presentada por estimarla extemporánea, por no haber sido presentada dentro de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Sostiene en síntesis que el proceder de la recurrida es arbitrario e ilegal a la luz de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley n° 19.880, que lleva a entender que el plazo de reclamación contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo debe computarse sólo respecto de días hábiles contados desde la notificación de la resolución que impone la multa, y, en consecuencia, la reconsideración interpuesta el 15 de mayo pasado fue presentada dentro de plazo.

Así, estima que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta las garantías de igualdad ante la ley, del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, del 22 y de propiedad, consagrada en el numeral 24 del mismo artículo, al imponérsele una multa de 10 UTM.

Por último, pide tener por interpuesto recurso de protección en contra del ordinario N° 28 de 20 de mayo de 2014.

2° Que, a fojas 68, evacua el informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso de protección por improcedente, con costas.

Expresa que corresponde rechazar el recurso toda vez que, en la especie, se está utilizando como sustituto procesal de un procedimiento específico ya que la vía natural para reclamar del acto impugnado es el arbitrio que contempla el artículo 512 del Código del Trabajo.

Además, expone que no se dan los requisitos constitucionales para la interposición del recurso en cuestión ya que no hay un actuar arbitrario y menos ilegal, por cuanto se obró amparado en las facultades conferidas expresamente al inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, y se trata de un acto razonado, argumentado y fundado conforme a derecho, o sea, la acción cautelar carece de objeto y causa, por lo que debe ser rechazada por improcedente.

En cuanto a los hechos relata que el 1 de abril de 2014 se le notificó la aplicación de una multa administrativa por no otorgar el trabajo convenido al cajero don nombre reservado y respecto de las que la recurrente solicitó reconsideración mediante presentación de 15 de mayo de 2014, la que no fue presentada dentro del plazo de 30 días corridos que señala el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que mediante el Ordinario n° 28, de 20 de mayo de 2014, se comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración por extemporánea, ya que el plazo para su interposición es de días corridos. Así lo han determinado diversos fallos de Cortes de Apelaciones del país, que reproduce y, como también, lo ha señalado la Contraloría General de la República en Dictamen N° 64.985 , por lo que no se vulneran con este actuar las garantías invocadas por la recurrente.

3° Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala y permite a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se sientan amagados- privados, amenazados o perturbados- por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se denuncian conculcadas.

Que, siguiendo lo antes expuesto, es supuesto forzoso de acogimiento de la acción cautelar de protección, la comprobación de la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

4º Que, en cuanto a la alegación de improcedencia planteada por la recurrida de la vía de la acción de protección usada por la recurrente, cabe decir que al haber sido declarado admisible el presente recurso, en concordancia con lo dispuesto expresamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República respecto que el recurso de protección procede “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, esta Corte no puede excusarse de resolver el asunto sometido a su conocimiento.

5° Que, en definitiva, la controversia planteada estriba en determinar si el plazo de treinta días para presentar reconsideración administrativa ante el Director del Trabajo, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos o hábiles.

6° Que, la solicitud de reconsideración en cuestión se ha presentado en la etapa administrativa del procedimiento de reclamación por lo que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N°19.880 respecto a los procedimientos administrativos, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la misma ley, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. Este, por lo demás, es el criterio que ha establecido nuestro Máximo Tribunal en causa rol 12637-2011.

7° Que, a partir de lo anterior, cabe entender que la reconsideración planteada por la recurrente con fecha 15 de mayo de 2014 fue presentada dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación de la multa en cuestión, lo que ocurrió el 1 de abril de 2014, lo que se desprende del documento que rola a fojas 3, siendo un punto no controvertido por las partes.

8 ° Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro del plazo legal, amenazando así el patrimonio de la recurrente ya que esta puede ser compelida a pagar la multa cursada de 10 UTM, afectando la garantía del derecho de propiedad contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

9° Que, por último, no se vislumbra violación, perturbación o amenaza a la garantía de igualdad ante la ley toda vez que no se acreditó que la recurrida haya hecho diferencias arbitrarias entre sujetos sometidos a la misma situación, por el contrario, el letrado que asistió a estrado en representación de la recurrida expresó que a la recurrente se le dio el mismo trato que a todos quienes se encuentran en esa situación ya que la interpretación cuestionada se hace en cumplimiento de dictámenes de Contraloría General de la República que son obligatorios para dicho servicio.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 15, y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución Ordinaria N° 28 de 20 de mayo de 2014 dictada por la inspectora Provincial del Trabajo, Santiago, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente el 15 de mayo de 2014, respecto de la Resolución N° 7740/14/4, de 26 de febrero de 2014.

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) señor Gómez, quien estuvo por desestimar el recurso intentado:

1° Por tratarse de un tema que está entregado a los Tribunales del Trabajo según lo prescrito en los artículos 512 y 420 e) del código del ramo, para conocer de las reclamaciones emanadas del entre administrativo, como es la recurrida, Dirección Provincial del Trabajo de Santiago.

2° Porque el recurso de protección no puede –ni debe- constituirse en un sustituto jurisdiccional de un procedimiento judicial existente precisamente para dirimir una controversia de hermenéutica legal como es si en el cómputo del plazo de 30 días corridos en el artículo 512 del Código del Trabajo para deducir la reclamación en contra de una resolución que impone multa por no otorgar el trabajo convenido a un trabajador, se han de excluir los días feriados e inclusive los días sábados conforme lo dispone el artículo 25 de la Ley N° 19.880 de días corridos por aplicación de la norma del artículo 50 del Código Civil.

3° Porque no se advierte la urgencia en poner pronto remedio a una decisión administrativa, que, según se informa a fojas 68 por la recurrida, ha procedido conforme al Dictamen N° 64.985 de 20 de noviembre de 2009 de la Contraloría General de la República que resulta, como es sabido, vinculante para los órganos de la administración, máxime si se trata de interpretación jurídica que se ha pretendido zanjar en los Tribunales Superiores de Justicia.

4° Porque de acuerdo al contexto antes reseñado no se advierte actual ilegal o arbitrario de la recurrida susceptible de disponer alguna medida urgente a fin de restablecer el imperio del derecho, que el disidente no advierte.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del Ministro Suplente señor Christian Le-Cerf Raby y del voto en contra su autor.

ROL IC N° 35029-2014 Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro (S) señor Mario Gómez Montoya e integrada por el Ministro (S) señor Christian Le-Cerf Raby y por la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.

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