nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintiuno de enero de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que ha comparecido en autos don Carlos Solís Vásquez, abogado, en representación de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, fundado en la negativa de ésta a liberar los fondos retenidos por su parte debido al no pago de cotizaciones previsionales en el mes de septiembre del año 2015, acto que califica de arbitrario e ilegal y que, a su juicio, vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto los hechos que fundamentan su recurso, señala que con fecha 15 de enero del año 2021 solicitó a la Unidad Regional de Subvenciones la liberación de los fondos retenidos por no pago de cotizaciones previsionales correspondientes al mes de septiembre del año 2015, adjuntando para ello el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales emitido por la dirección del trabajo.

Indica que, sin embargo, la recurrida mediante oficio ordinario N°001448 de fecha 4 de junio de 2021, rechazó la solicitud fundada en que el derecho a exigir el pago de los montos retenidos por incumplimiento de obligaciones previsionales prescribiría en el plazo de 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible, Es decir, desde que la retención de los recursos se reconoció contablemente en la cuenta del ministerio.

Los argumentos de la recurrida dicen relación únicamente con dictámenes de la Contraloría General de la República, en particular con el dictamen N° 77.369 del año 2006, el cual en lo pertinente señala que no existe normativa respecto a la prescripción para el cobro por parte de los sostenedores de las subvenciones que han sido retenidas por el Mineduc, por lo que, en concordancia con otros dictámenes, tales créditos se deben sujetar a las reglas comunes de prescripción extintiva establecida en el Código Civil, esto es, los artículos 2497 y 2515 de dicho cuerpo legal, conforme a los cuales el derecho a exigir al ministerio los aludidos montos se extingue en el plazo de 5 años desde que la obligación se hizo exigible.

Expone que, conforme al artículo 7 de la ley N° 19.609, sí bien se reconoce la posibilidad de la retención por parte del Ministerio en caso que se produzca un atraso en el pago de las cotizaciones previsionales, la norma establece que dicho monto será devuelto al sostenedor cuando éste demuestre haberlas pagado, de manera que, cuando el sostenedor comprueba haber efectuado el pago de algunas cotizaciones previsionales adeudadas, tal como ocurre en la especie, es procedente que la Secretaría Regional adopte las medidas para liberar aquella parte de la subvención retenida en el mismo monto en que las imposiciones sean solucionadas, toda vez que la retención debe ser acorde a la cuantía de las cotizaciones impagas.

Agrega el actuar de la Seremi de Educación es arbitrario e ilegal puesto que se encuentra fundado en qué se darían los supuestos de la prescripción según los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, sin embargo, conforme a las reglas comunes de todo tipo de prescripción uno de los requisitos fundamentales para que ésta operé es que debe ser alegada y declarada judicialmente.

Aduce qué la prescripción no puede ser declarada de oficio por el deudor o por el acreedor y por ende el actuar de la recurrida constituye una misión ilegal que perturba el derecho del recurrente a la igualdad ante la ley puesto que se aprovechó de la prescripción sin existir sentencia firme y ejecutoriada que así lo haya declarado, constituyéndose en una especie de comisión especial vulnerando también la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 número 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

En mérito de lo expuesto, solicita se ordene a la Secretaría Regional Ministerial De Educación de la Región Metropolitana que deje sin efecto el oficio ordinario N° 001448, procediendo al pago de los fondos adeudados.

Segundo: Que, informando don nombre reservado en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, señala que es efectivo que el 15 de enero y el 2 de junio del año 2021 la recurrente solicitó la liberación de los fondos de subvención retenidos en el mes de noviembre del año 2015.

Expone que se realizó la validación del documento y, verificado el tiempo transcurrido entre la ejecución de la retención de la subvención y la fecha en que se solicitó la liberación de estos fondos, se emite el Oficio Ordinario N° 1448 de 4 de junio de 2021, mediante la cual se comunica a la Corporación que, en virtud de los dictámenes N° 77369 de 2016 y N° 2734 de 2020, de la Contraloría General de la República, no corresponde que los organismos de la administración paguen una deuda en los casos que se den los supuestos de la prescripción. En síntesis, formula la recurrida que debía abstenerse de realizar el pago requerido por cuanto lo contrario implicaría renunciar al ejercicio de la prescripción, contraviniendo el principio de legalidad que debe imperar en las actuaciones de la administración.

En cuanto al origen de los fondos, señala que en el año 2016 a raíz de una auditoría aleatoria realizada por la Seremi de Educación en la Región del Maule, el Ministerio de Educación pidió a la Contraloría General de la República informar el procedimiento para regularizar los fondos que se encontraban en las cuentas corrientes de esta entidad por concepto de subvención educacional y que habían sido retenidos a los sostenedores de establecimientos educacionales que no cumplieron con su obligación de pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 19.609, y en este contexto la contraloría señala la inexistencia de disposiciones legales que versen sobre la prescripción, exponiendo que el criterio contenido en diversos dictámenes sujetaba este tipo de decisiones en las reglas comunes de prescripción extintiva contenidas en los artículos 2497 y 2515 del Código Civil, agregando su pronunciamiento qué los organismos del Estado no pueden renunciar a la prescripción ni tampoco cumplir obligaciones naturales por cuanto carecen de facultades de disposición, y debido a la obligación de resguardar los intereses del Estado.

Por lo tanto, en mérito de lo anterior, cuando llega la solicitud efectuada por los recurrentes en enero y junio del año 2021 se advirtió inmediatamente que la ejecución de la retención previsional se había practicado en el mes de noviembre del año 2015 por la suma de $142.634.373, habiendo transcurrido ya más de 5 años desde la ejecución. Además, verificándose que no existieron solicitudes en el mismo sentido en fechas anteriores, se aplicó lo ordenado en los dictámenes ya señalados.

En cuanto a la alegación de la recurrente en torno a que su parte habría declarado la prescripción, señala que aquello no es efectivo y que bajo ningún supuesto se trató de una decisión declarativa de voluntad, por cuanto únicamente le fue comunicado a la recurrida lo instruido en la materia por parte de la Contraloría General de la República sin que haya existido ninguna declaración de prescripción, razón por la cual la liberación de los fondos retenidos deberá practicarse por la vía judicial y, en aquella instancia, el Ministerio deberá oponer la excepción de prescripción.

Por último, niega que hubiere vulnerado garantías constitucionales y señala haber actuado conforme lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción de naturaleza cautelar que, como tal, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos esenciales que dicha disposición enumera, mediante la adopción de medidas tutelares por parte de la Corte de Apelaciones competente ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que ésta sea ilegal o arbitraria; c) que produzca un atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales susceptibles de proteger por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que se ha deducido la presente acción cautelar por haber emitido la autoridad recurrida el Oficio Ordinario N° 1448, de 4 de junio de 2021, mediante el cual, dando respuesta a la solicitud de la actora de liberación de los fondos de subvenciones retenidos por incumplimiento de sus deberes previsionales del mes de septiembre de 2015, le comunicó que, habiendo efectuado la respectiva validación del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales F30-1, en consideración al tiempo transcurrido entre la ejecución de la retención previsional y su presentación, realizó un análisis de la situación, del cual concluyó que su solicitud no podía prosperar, por cuanto, desde que se ejecutó la retención previsional del artículo 7 de la Ley N° 19.609 en el mes de noviembre de 2015, hasta la presentación de su solicitud de liberación de la subvención retenida, habían transcurrido más de 5 años. Agrega dicho oficio que, en estas circunstancias, la Contraloría General de la República en sus dictámenes N° 77.369 de 2016 y 2.734 de 2020 dispuso la aplicación de las reglas comunes de prescripción contenidas en el Código Civil, por no existir normas especiales de prescripción para la subvención educacional, prescribiendo por ende el derecho a exigir el pago de los montos retenidos por dicho concepto a los sostenedores, en el lapso de 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible, es decir, desde que se reconoció contablemente la retención de los recursos en la cuenta del Ministerio. Añade que, sin perjuicio de que el Ministerio de Educación solicitó una reconsideración del mencionado pronunciamiento al ente contralor, mediante dictamen N° 2.734, de fecha 3 de febrero de 2020, éste rechazó dicha solicitud, circunstancias en las cuales la autoridad ministerial no puede desconocer los supuestos de la prescripción, debiendo abstenerse de acceder al pago de las sumas solicitadas por cuanto, además, lo contrario significaría renunciar el ejercicio de tal prerrogativa, lo que contravendría el principio de legalidad que gobierna su actuación, e importaría renunciar a la prescripción extintiva.

Quinto: Que, según consta de los antecedentes, no se encuentra controvertido el hecho de que, en la especie, la retención previsional practicada por la recurrida conforme el artículo 7 de la Ley N° 19.609, tuvo lugar en el mes de noviembre de 2015 y que, tal como se desprende del acto recurrido, las solicitudes de liberación de dichos fondos retenidos se efectuaron mediante ordinarios N° 0019 y 0290, de 15 de enero de 2021 y se 2 de junio del mismo año; sin que la recurrente hubiese presentado otras en el mismo sentido en el tiempo intermedio.

En las circunstancias descritas, esto es, estimando la autoridad recurrida que transcurrió un plazo superior a 5 años entre la retención de los fondos, por una parte, y las solicitudes de liberación, por otra, la respuesta que dio al actor no puede ser catalogada como un acto arbitrario o ilegal.

En efecto, según se puede desprender de su tenor, ciertamente aquella respuesta constituye un acto que expresa debidamente sus fundamentos, los que son, por lo demás, razonables, circunstancia que permite desde luego descartar cualquier reproche de arbitrariedad a su respecto.

Pero, adicionalmente, no parece tampoco que pueda ser tildado de ilegal, por cuanto discurre sobre la base de que, advirtiendo la administración que, a su juicio, se dan en la especie elementos suficientes para estimar que se cumplen los requisitos de la prescripción extintiva de la acción de cobro de las sumas retenidas, acceder al pago de las mismas importaría -en su concepto- una renuncia a la prescripción y, por ende, un acto de disposición jurídica de fondos propios que, conforme el principio de legalidad de los actos de la administración, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, le está vedado sin que medie una sentencia judicial que disponga lo contrario, dictada en el marco de un juicio en el que la requirente haya accionado, precisamente, por dicho pago.

De esta manera, puede sostenerse que, a los efectos de la presente acción cautelar, no parece que el acto recurrido sea ilegal, pues no se advierte contravención a lo que disponen las normas constitucionales indicadas, como así tampoco las legales que gobiernan la prescripción extintiva de las obligaciones, en especial el artículo 2494 del Código Civil, sin perjuicio, evidentemente, de lo que pueda resolver la judicatura ordinaria correspondiente en el marco de una acción declarativa -y no meramente cautelar como la presente-, en la que se discuta latamente y se otorgue a las partes la oportunidad procesal para aportar de manera legal las probanzas que fueren del caso.

En este punto cabe relevar que, tal como lo ha informado la recurrida, su forma de proceder en la especie no configura una vía de hecho o acto de autotutela que la erija en comisión especial e infrinja, por ende, la proscripción de este tipo de conductas que contiene el artículo 19 N° 3, inciso 5º, de la Carta Fundamental, pues, lejos de ello, simplemente la administración ha ajustado su comportamiento a la ley, ciñéndose a las pautas o criterios sentados precisamente por el ente encargado de controlar la legalidad de su actuar, entendiendo que, en las circunstancias fácticas y jurídicas que aprecia en el caso, la pretensión de la actora debe precisamente ser resuelta por los tribunales de justicia en el marco del juicio declarativo correspondiente.

Sexto: Que sin perjuicio de lo anterior, de todo lo expuesto queda en evidencia que, además de la imposibilidad de reprochar ilegalidad o arbitrariedad al actuar de la recurrida, la pretensión de la corporación recurrente en el sentido de que esta Corte ordene a la recurrida que pague los fondos que aquella estima le adeuda, claramente excede de los márgenes de la presente acción cautelar, que el artículo 20 de la Constitución Política de la República contempla no como una instancia de declaración de derechos sino de cautela o protección de aquellos que siendo indubitados se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que, conforme a lo dicho, en la especie no concurre, desde que la recurrida ha controvertido la vigencia del derecho de la actora al estimar que la obligación perseguida por ella se encuentra prescrita.

Séptimo: Que atendido todo lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado don Carlos Solís Vásquez, en representación de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, en contra de don nombre reservado en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro interino don Matías de la Noi Merino.

Protección N° 34.990-2021.-