nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 22 de marzo de 2021 comparece nombre reservado, psicólogo, quien interpone recurso de protección en contra del Dirección General de Crédito Prendario, representada por nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta Ra 99/139/2020 del 30 de noviembre de 2020 que decidió la no renovación de su contrata para 2021, y que asegura vulnera las garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se deje sin efecto o nula la señalada Resolución, y se ordene reintegrar al recurrente a sus funciones de manera inmediata, renovando su contrata para el año 2021 en iguales condiciones, que se paguen todos los meses no trabajados, en el evento que no se conceda la orden de no innovar, con costas.

Señala que ingresó a trabajar, en modalidad de contrata, el 05 de mayo del 2014 a la institución, como Encargado de la Oficina de Capacitación y nombre reservado, cargo en el cual permaneció hasta abril de 2017. Posteriormente, fue trasladado al Departamento Administrativo para cumplir funciones de asesor, desarrollando diferentes funciones definidas por la jefatura de dicho departamento, entre las cuales menciona la coordinación de mesas de trabajo para la modernización del Reglamento Especial de Calificaciones, Manual de Procedimientos para el REC, Procedimiento de Movilidad Interna, Proceso de inducción, Protocolo de Conciliación, Programa de Calidad de Vida, entre otras tareas.

A mediados del 2018, se le asignaron funciones de encargado de la reportabilidad de la gestión del Departamento para los diferentes requirentes, tanto internos como externos, en cuyo ámbito cabe la responsabilidad de coordinación con los Encargados de los compromisos de desempeño colectivo, de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), y de la matriz de Riesgo, indicadores que están asociados a metas de cumplimiento para la obtención de bonos. De ahí la importancia del buen cumplimiento de estas funciones para el Departamento. Menciona asimismo la reportabilidad para el CAIGG a través de la entrega de información mensual al Departamento de Auditoría, así como supervisar el envío de información tanto a la DIPRES como a la Dirección Nacional Servicio Civil (DNSC) referente a la instalación de las normas. Paralelo a esto, señala que ha desempeñado funciones como apoyo a la Encargada de la Oficina de Capacitación y nombre reservado y de responder a los requerimientos de la DNSC respecto al proceso de evaluación de oferentes de servicios de capacitación.

Por último, informa que durante 2019 y 2020 participó en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, en representación de la Administración del Servicio, desempeñando el cargo de secretario de dicho organismo.

Para el año 2020 fue renovado para todo el año calendario, en atención que era necesario para la institución y haber prestado un buen servicio durante todos estos años.

Manifiesta que nunca ha tenido problema con sus compañeros ni jefes de la institución, en la anterior institución su calificación fue en lista 1. Tiene una hoja de vida intachable como funcionario público, por lo mismo, jamás se ha visto envuelto dentro de un proceso de investigación sumaria o sumario administrativo.

Señala tener 72 años y once meses de edad, siendo este punto de gran relevancia, debido a que, la Contraloría General de la República emanó el dictamen 3.610/2020 que establece el trabajo remoto para el sector público en consideración a la crisis sanitaria a causa del COVID-19 , en el cual, de manera sintetizada, ordena a los Jefes de Servicios tomar las medidas de resguardo para la protección de la salud de los funcionarios y ciudadanía con la finalidad de evitar crear nuevos focos de contagios. La importancia de esto, es que desde el 18 de marzo 2020 se encuentra eximido de ir a sus funciones por su ya señalada edad, por ende, al ser considerado una persona de alto riesgo, sus funciones se dieron en la modalidad de teletrabajo, las cuales eran las que se indican en el perfil del cargo que adjunta y que se reportó semanalmente durante las 37 semanas de esta modalidad laboral.

Señala que el acto impugnado fue notificado el 30 de noviembre del 2020, el cual fue impugnado en primera instancia por el recurso de reposición al superior jerárquico y posterior reclamación ante la Contraloría General de la República, quedando pendiente su resultado hasta su notificación concreta de la toma de la decisión, el 23 de febrero del 2021; por consiguiente, se encuentra dentro del plazo para interponer el presente recurso.

Hace ver que la resolución impugnada parte atacando de un informe paralelo que realiza su superior sobre supuestas faltas al cumplimiento de jornada laboral dentro de la modalidad de teletrabajo, lo que asegura es falso por cuanto siempre ha estado disponible para realizar sus labores encomendadas, en el tiempo y forma que permita este sistema improvisado a raíz de la pandemia causada por el Covid-19. Indica que durante todo el tiempo que ha realizado sus funciones de manera presencial, siempre ha cumplido sus funciones de manera eficaz, pero se cuestiona su trabajo en una nueva modalidad, en la cual, no existe capacitación ni mucho menos implementos por parte de su empleador para realizar de igual manera que cuando estaba en su oficina de manera presencial.

Sostiene que no es efectivo que otros funcionarios hayan tenido que asumir sus funciones para dar cumplimiento a las metas u objetivos institucionales, debido que existe informes enviados en tiempo y forma, que respaldan sus gestiones durante el tiempo que ha trabajado en la institución que demuestran lo contrario de un informe paralelo que dentro de nuestra normativa no está regulado. Manifiesta que los pre informes están relacionados de manera directa con el proceso de calificación, cuya finalidad tiene de producir una retroalimentación cuando un funcionario está realizando su labor de buena o mala manera, situación que durante todo el año 2020 no existe ningún email u otro medio que permita saber que el recurrente no haya estado dando cumplimiento a sus funciones encomendadas ni como tampoco existe, según la misma gravedad que señala en los hechos descrito en la resolución, medida disciplinaria en su contra, demostrando así, que los argumentos esgrimidos son falsos y carentes de toda racionalidad.

Agrega que en todo el tiempo en que su jefatura se ha desempeñado como tal, nunca realizó una reunión con todo el equipo del departamento para dar a conocer lo que cada cual estaba realizando, para definir lo que se debería hacer o para realizar cambios en el organigrama del departamento. Por otro lado, nunca tuvo una reunión con el recurrente para saber de sus funciones ni menos para conocerlo en lo personal, situación que se acredita al no existir ningún documento o medio de prueba por parte de la institución que demuestre una retroalimentación al respecto, por lo que le llama la atención lo puesto en el informe para solicitar la no prórroga de su contrata, sin que se le haya exigido presentar, en alguna instancia, los medios de verificación de lo que afirma en su informe.

Señala que la Contraloría General ha establecido en los dictámenes 85.700/2016 y 6.400/2018 que al momento de desvincular un funcionario se debe dictar un acto administrativo fundado, el cual manifieste su fundamentación. Dicho argumento, se debe plasmar por los principios formales del derecho administrativo, vale decir, con la discrecionalidad de su actuar. En este sentido, cada uno de los argumentos carecen de dicho principio al señalar hechos que no son acreditables y de apreciación subjetiva, en comparación al contraste de su hoja de vida como funcionario público, del cual se ve reflejado un excelente desempeño en cada institución en que ha trabajado.

Hace presente que durante el tiempo en que pudo realizar sus funciones de manera presencial, jamás tuvo quejas por parte de sus superiores; por consiguiente, su desvinculación no tiene relación alguna con su trabajo sino más bien, por una discriminación a su salud y edad por estar haciendo uso al derecho establecido por la Contraloría en el dictamen 3.610/2020, el cual, lo faculta a eximirse de sus funciones y aun así recibir su remuneración en virtud del artículo 44 del Código Civil, considerándola más como una carga económica para la institución que ser un mal funcionario.

Agrega que los argumentos económicos dados por la institución no son vinculantes con su desvinculación, por cuanto este órgano del Estado no depende de cuantos remates se realicen para mantenerse en sus funciones, siendo solo eso una de las tantas funciones que tiene dicho órgano, pero no el único y tomando en consideración que el dinero recaudado no va a un fondo institucional, sino que fiscal, deja sin base jurídica la subsistencia de este argumento por “necesidades de la empresa”, tratando así, ocultar un despido discriminatorio por su edad y salud.

Por consiguiente, su no renovación se basa en hechos carentes de razonabilidad y legalidad al no existir elementos objetivos por lo cual acreditar de forma efectiva que no es un buen funcionario para la continuidad de sus servicios en la institución, siendo que estos no han sido eliminados dentro de la institución, sino que asumidos por un nuevo funcionario.

En relación a la confianza legítima, indica que los dictámenes números 6.400/2018 y 85.700/2016 establecen que si un funcionario tiene dos o más renovaciones podrá reclamar la confianza legítima para su permanencia, situación fáctica que en su caso se cumple con creces al llevar casi 7 años de servicios continuos en la misma institución, por lo que se ha vulnerado por parte de la institución al no dar argumentos objetivos y veraces como dice la Ley N° 19.880 en cuanto a su transparencia en el contenido de los actos administrativos. Los motivos que mencionan son contrarios a los expuestos por los dictámenes antes citados y tampoco son suficientes para poder dar término a la confianza legítima de un funcionario sobre la continuidad de sus funciones. En este mismo sentido, la Contraloría solo se pronuncia que la institución cumplió al dar una resolución con “argumentos” sin importar si estos son veraces o no, por no ser una instancia jurídica que analiza medios de prueba para contrastar versiones, sino más bien, es un proceso que sólo verifica procesos o etapas, dando por superado si se cumplen las condiciones de forma, omitiendo cualquier pronunciamiento sobre el fondo. Por motivos ajenos a su voluntad, no invocó confianza legítima ante la Contraloría General de la República, quedando de manera exclusiva el recurso de protección como la única acción que pueda revertir dicha acción arbitraria e ilegal por parte de la autoridad, por cuanto tanto la jurisprudencia administrativa como la judicial consagran dicho principio, validando aquellos funcionarios que realizan sus funciones por más de dos años dentro de la misma institución, concediendo de esta forma la confianza legítima. Añade que sus funciones no van a ser suprimidas ni tampoco se van a dejar de prestar, por ende, debe existir continuidad de sus servicios porque son realmente necesarios para la institución; sus funciones no se suprimieron bajo una reestructuración y, por ende, siguieron vigentes hasta la fecha de su desvinculación. Nunca existió una reestructuración y nunca se le informó que esto se llevaría a cabo. Asegura que de haberlo sabido con anticipación, habría solicitado nuevas funciones o, por último, habría solicitado traslado a otro departamento u Oficina.

Segundo: Que, con fecha 6 de abril de 2021, comparece nombre reservado, por la Contraloría General de la República, evacuando su informe.

Señala que, en lo que concierne a su representada, cabe indicar que mediante solicitud de 15 de diciembre de 2020, don nombre reservado, ex funcionario de la Dirección General del Crédito Prendario, dedujo reclamación ante este Organismo Fiscalizador en contra de dicho servicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, por cuanto esa entidad decidió no renovar su contrata para el año 2021 -mediante la precitada resolución N°99/139/2020, de 30 de noviembre de 2020-. Luego, mediante la resolución exenta N° 348, de 20 de enero de 2021, este Organismo Fiscalizador declaró admisible el reclamo y solicitó informe a la Dirección General del Crédito Prendario. En dicho contexto, y requerido al efecto, el aludido servicio informó, en síntesis, que el citado acto administrativo -resolución N°99/139/2020, de 30 de noviembre de 2020-, que dispuso la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2021, se encuentra debidamente fundado en una deficiente evaluación del desempeño del afectado por parte de su jefatura directa, por lo que su actuar no resulta idóneo a los requerimientos institucionales, dadas sus aptitudes y habilidades personales, adjuntando, al respecto, el informe pertinente del Jefe (S) del Departamento Administrativo de esa entidad, de 27 de noviembre de 2020.

Manifiesta que las reiteradas prórrogas anuales de las contrataciones -desde la segunda renovación anual al menos-, generan en los servidores que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, de modo que para adoptar una determinación diversa es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta. Asimismo, en lo que atañe a la duración que han de tener cada una de las designaciones previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la confianza legítima invocada, el dictamen N° 6.400, de 2018, establece que la práctica que la origina está determinada por una vinculación laboral cuya extensión haya alcanzado al menos dos renovaciones anuales. Al respecto, del Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado -SIAPER-, que mantiene esta Entidad Fiscalizadora, aparece que el señor nombre reservado fue designado a contrata -sin perjuicio de anteriores nombramientos con solución de continuidad- en la anotada dirección, mediante la resolución exenta N° 326, de 2014, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015, vínculo que fue sucesivamente prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020, generándose de esta forma una legítima expectativa de que su relación laboral sería renovada por el aludido servicio, en los mismos términos, para el año 2021.

Enseguida, y en relación con la motivación del acto que dispuso la no renovación de la contrata del recurrente, señala que, en armonía con lo concluido en los dictámenes de su representada números 85.700 de 2016 y 6.400 de 2018, que podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditada mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros, una deficiente evaluación del servidor, ya sea por la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación y, que expresen las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo, como ocurrió en la especie. Así, del análisis de la información proporcionada por la anotada Dirección General del Crédito Prendario, en su oportunidad, fue posible observar que ésta justificó la desvinculación en el informe de evaluación deficiente del desempeño del recurrente -consignado en el considerando 19 de la resolución exenta N° 99/139/2020, de 30 de noviembre de 2020-, emitido por el Jefe (S) del Departamento Administrativo de esa institución, donde se desempeñaba el señor nombre reservado, documento que, además, expresa las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo, de lo que se concluyó que el acto que dispuso la no renovación de sus servicios, se encontraba correctamente motivado.

En tales condiciones, y analizados los antecedentes y previo informe de la Dirección General del Crédito Prendario, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, mediante la resolución exenta N° 43, de 23 de febrero de 2021 -notificada al recurrente por correo electrónico el 23 de febrero de 2021, según consta del registro digital emitido por la Oficina General de Partes de la Contraloría General, que se adjunta-, desestimó la reclamación del recurrente, en atención a que el acto administrativo que dispuso dicha medida expresó los motivos que fundaron la decisión de no renovar su contrata para el año 2021, para lo cual se consideró lo establecido en los dictámenes N°s. 85.700, de 2016, y 6.400, de 2018, de este Órgano de Control, citados precedentemente.

Tercero: Que, con fecha 8 de abril de 2021, comparece nombre reservado, Director General de la Dirección General del Crédito Prendario, evacuando su informe, y pide que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas.

Señala que mediante Resolución Exenta RA N° 99/139/2020 de su representada, se sancionó administrativamente la decisión de no prorrogar la contratación del recurrente para el año 2021, fundado en las dificultades presupuestarias que han implicado las medidas tomadas en consideración el estado de catástrofe y las instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria, por cuanto su representada debe autofinanciarse, y sus ingresos provienen directamente del otorgamiento de créditos y de las comisiones obtenidas por la ejecución de remates de plazo vencido, fiscales y judiciales, que a la fecha de la dictación de la respectiva Resolución existía una baja de operaciones crediticias de DICREP, y que a esa época se evidenciaba una diferencia de -31,4% de operaciones, comparando la actividad a igual fecha del año 2019, agregando otros datos económicos que detalla.

Agrega que también existieron motivos personales y específicos respecto al recurrente, de las que da cuenta el informe del Jefe (s) del Departamento Administrativo que se trascribe en el considerando 19 del respectivo acto administrativo. Dicho informe, a modo general, y luego de describir las funciones que desempeñaba el recurrente, decretó que las labores que debería ejecutar no han tenido trascendencia para el funcionamiento del señalado Departamento, y que efectuado un análisis se detectó que existe una duplicidad de funciones respecto de los funcionarios de la Oficina de Planificación y Control de Gestión, y el recurrente no siempre se encontraba disponible cuando era requerido en horario laboral, por lo que se debió reestructurar la organización interna de dicha unidad, todo de acuerdo a lo preceptuado por el órgano contralor en su dictamen N° 6.400 de 2018.

Luego de señalar los recursos administrativos interpuestos en su oportunidad por el recurrente en contra del acto impugnado, indica que el presente recurso no intenta obtener el amparo frente al quebrantamiento de derechos fundamentales que el recurrente posea de manera indubitada y no disputada. Por el contrario, el recurrente busca impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones que le confiere a la autoridad el artículo 31 de la Ley N° 18.575, esto es, que el jefe del servicio pueda organizar, distribuir, reorientar, entre otras facultades, los recursos de que dispone la institución que encabeza, intentando de esta forma entorpecer ilegalmente la conducción de la Dirección General de Crédito Prendario. Sostiene, por tanto, que el presente recurso no se encuentra fundado en la existencia de un derecho indubitado del recurrente.

Asegura que su representada no ha incurrido en arbitrariedad o ilegalidad alguna, por lo que no puede pretenderse que se han vulnerado las garantías constitucionales que alega el recurrente.

Cuarto: Que en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente, consiste en la dictación de la Resolución Exenta Ra 99/139/2020 del 30 de noviembre de 2020, que dispone la no renovación de su contrata para el año 2021. El motivo esgrimido por la recurrida para no renovar la contrata de la actora hace referencia a dificultades presupuestarias como asimismo a la situación sanitaria del país, haciendo alusión a la reducción de operaciones de crédito.

Por su parte, en el considerando 22 de la Resolución impugnada, se indica que se consideró un informe al que denomina “informe de desempeño deficiente, tanto general, como particular”, sin revelar mayor detalle acerca del mismo, que demostraría que el cometido funcionario del recurrente ha sido deficiente.

Sexto: Que, consta de los antecedentes no discutidos por las partes, que la recurrente ingresó a trabajar el 05 de mayo del 2014 a la institución, como Encargado de la Oficina de Capacitación y nombre reservado, permaneciendo en calidad de funcionario, en diversas labores, hasta la fecha de la terminación de su contrata, esto es, el 30 de noviembre de 2020, siendo su calificación siempre en Lista 1.

En consecuencia, enteró seis años de servicios continuos en calidad jurídica contrata, con seis renovaciones anuales sucesivas.

Finalmente, a través de Resolución Exenta Ra 99/139/2020 del 30 de noviembre de 2020, se dispone la no renovación de su contrata para el año 2021, por los motivos que se indicaron precedentemente, precisando además que las labores que debería ejecutar el recurrente no han tenido trascendencia para el funcionamiento del Departamento Administrativo en donde se desempeñaba, que existe una duplicidad de funciones respecto de los funcionarios de la Oficina de Planificación y Control de Gestión, que el recurrente no siempre se encontraba disponible cuando era requerido en horario laboral, y que su desempeño fue deficiente.

Séptimo: Que, como lo ha asentado la Excma. Corte Suprema, en la actualidad, constituye jurisprudencia administrativa que, si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en un vínculo indefinido, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, actualizado por el Dictamen N° 6.400, de 2 de marzo de 2018, principio que ha sido recogido por la jurisprudencia del máximo Tribunal de la República, y al cual estos sentenciadores, adhieren plenamente (SCS, de 30 de marzo de 2021, Recurso Rol N° 127.479-2020, entre otros fallos sobre la materia).

Octavo: Que, de esta forma, lo cierto es que el ordenamiento jurídico administrativo contempla otras herramientas para llevar a cabo las desvinculaciones en aquellos casos, como lo son el sumario administrativo y las calificaciones, las que de modo alguno se relacionan con la causal objetiva de que los servicios no sean necesarios.

La impugnada Resolución Exenta Ra 99/139/2020 del 30 de noviembre de 2020, al exponer sus fundamentos para resolver la no renovación de la contrata del recurrente, reza como sigue: “CONSIDERANDO: 1. Que la Dirección General del Crédito Prendario, en adelante DICREP, es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo objetivo institucional es el desarrollo del crédito en los sectores de más escasos recursos mediante el otorgamiento de préstamos en dinero con garantía de prenda civil o industrial. Asimismo, actúa en apoyo del Estado en remates fiscales y como órgano auxiliar de la Administración de Justicia en la implementación de las acciones que le son demandadas. 2. Que DICREP es una institución que debe autofinanciarse, en atención a que sus ingresos provienen directamente del otorgamiento de créditos y de las comisiones obtenidas por la ejecución de remates fiscales y judiciales. 3. Que entre los años 2014 al año 2019, la DICREP ha sufrido un déficit operacional acumulado de MM$8.281, afectando sus disponibilidades financieras para efectuar colocaciones de créditos pignoraticios. 4. El Decreto N° 104 de fecha 18 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que “Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile” 5. El Gab. Pres. N° 003 de fecha 16 de marzo de 2020 mediante el cual, S.E. el Presidente de la República “Imparte Instrucciones y medidas de prevención por los casos de COVID-19 a los ministerios y servicios públicos que dependen o se relacionen a través de ellos”. 6. Que, del contexto señalado precedentemente, con ocasión de las medidas sanitarias que la autoridad competente fue instruyendo progresivamente, en atención al estado de urgencia sanitaria provocado por la pandemia mundial, la declaración de personas consideradas como grupos de riesgo, las medidas de distanciamiento social, las restricciones de desplazamiento producto de cuarentenas decretadas en determinadas zonas del país, y atendido el hecho de que las operaciones de crédito y de remates implican el ejercicio de labores esencialmente presenciales, provocó la suspensión de las operaciones de crédito prendario en las distintas Unidades de Crédito a lo largo del país, suspendiendo a su vez, el devengo de intereses, respecto de los créditos garantizados con especies que se encontraban vigentes a la fecha de cierre de la Unidad respectiva. 7. Que lo anterior, de acuerdo a informe elaborado por el Departamento de Crédito, con fecha 27/11/2020, en cuanto a la baja de operaciones crediticias de DICREP, a la fecha, se evidencia una diferencia de -31.4% de operaciones, comparando la actividad, a igual fecha, con el año 2019. 8. Que, durante la presente anualidad, las colocaciones de crédito ascienden a los MM$22.000, cifra considerablemente inferior a los MM$34.000 históricamente colocados, lo que responde básicamente al cierre de las Unidades durante el estallido social, agravado por la pandemia mundial. Lo anterior, implica una caída sin precedentes en los ingresos de nuestra institución, alcanzando solo los MM$ 7.700, con gastos que se mantuvieron estables por cerca de MM$12.500. 9. Que, por consecuencia de la pandemia mundial, especialmente por el cierre de Unidades de Crédito y por las menores solicitudes de créditos, proyectándose como consecuencia de lo anterior, un déficit operacional para el año 2021 de MM$8.000. 10. Que, en razón de las restricciones sanitarias señaladas en considerandos anteriores, la DICREP se ha visto en la necesidad de suspender todos los remates de especies de plazo vencidos, así como los establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del D.F.L. N° 16 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y aquellos derivados de los convenios de colaboración institucional suscritos con las Municipalidades y otros órganos de la Administración. Sumado a lo anterior, surgió la necesidad de suspender las enajenaciones en pública subasta ordenadas conforme a lo dispuesto en los artículos 469 y 470 del Código Procesal Penal y los artículos 40 y 46 de la Ley 20.000 de 2005, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 11. Que, lo anterior se sancionó administrativamente mediante la dictación de las resoluciones exentas N° 112, de 25 de marzo de 2020; 154, de 27 de abril de 2020; N° 195, de 29 de mayo de 2020; N° 233, de 24 de junio de 2020; 277, del 24 de julio de 2020 ; N° 322 de 26 de agosto de 2020; N° 355 del 21 de septiembre de 2020; N°391 de 28 de octubre de 2020 y N° 415, de 24 de noviembre de 2020, todas de la Dirección General del Crédito Prendario, que suspendieron los remates por los meses de marzo a diciembre de 2020, ambos inclusive, en los términos señalados en el considerando anterior. 12. Que, según indica informe de fecha 27/11/2020, del Departamento de Crédito, desde enero a la fecha, DICREP ha percibido un total de $42.212.700, por concepto de comisión de remates fiscales y judiciales, lo que significa una variación de -84.44% con respecto a la misma fecha del año 2019, considerando que en dicha anualidad los ingresos por dicho concepto ascendieron a la suma de $271.241.636. 13. Que, la reducción de operaciones de crédito, como la suspensión de remates afecta directamente el funcionamiento operativo de las Unidades Ejecutivas y Departamentos de la Dirección General, sobre todo porque existe una dotación superior en la actualidad a la que efectivamente se requiere, en virtud de las nuevas condiciones que imperan, ya descritas, permitiendo asegurar la continuidad del servicio con menor dotación. 14. Que el contexto descrito en los considerandos anteriores, obliga a la institución, en cumplimiento de los principios de eficiencia e idónea administración de los medios públicos, a revisar la estructura organizacional, volumen de dotaciones, necesidad de determinadas nombre reservado,E=correo reservado,SERIALNUMBER=RUT reservado https://siaper.contraloria.cl 30/11/2020 Página 2 / 5 1606764079962749 nombre reservado https://siaper.contraloria.cl 30/11/2020 05:27:00 1606771725299 30 NOV 2020 funciones, idoneidad personal y desempeño, todas ajustadas a las circunstancias actuales, especialmente respecto a la baja en operaciones y suspensión de labores estratégicas por las restricciones señaladas precedentemente. 15. Que, no obstante las potestades entregadas por el legislador a la superioridad de la institución respecto del personal de su dependencia, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, específicamente el dictamen N°6400, de 2018, ha interpretado que la decisión de la autoridad en orden a terminar el vínculo que une a la Administración con un funcionario público, debe- necesariamente- materializarse a través de un acto administrativo fundado que contenga las motivaciones de hecho y derecho y, asimismo, el razonamiento en que se sustenta. 16. Que el artículo 3° letra c), de la Ley N°18.834, define el vínculo a contrata como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de la institución; mientras que su artículo 10 puntualiza que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada anualidad. 17. Que, con todo, ello no afecta la facultad de la propia ley ha radicado en la autoridad, en orden a decidir prescindir de los servicios de un funcionario público, sino que únicamente exige expresamente fundar esa decisión. 18. Que mediante Resolución Exenta RA N° 99/5/2020, de la Dirección General del Crédito Prendario, se prorrogó en calidad de contrata al funcionario nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, como Profesional, asimilado al grado 11° de la E.U.S. de la dotación de personal de DICREP, desde el 01 de enero y hasta que sus servicios sean necesarios, lo que en todo caso no podría exceder del 31 de diciembre del mismo año. 19. Que, sin perjuicio de lo anterior, se ha realizado un análisis del desempeño del funcionario, reuniendo todos sus antecedentes objetivos y acreditables, materializado en el informe técnico, emitido por el Jefe (S) del Departamento Administrativo, quien señala que Durante el año en curso, ha podido evidenciar que las funciones encomendadas y desarrolladas por el funcionario no han tenido mayor trascendencia para la continuidad y el funcionamiento de nuestro Departamento. Lo anterior, se debe a que el funcionario se mantuvo en teletrabajo desde marzo a la fecha, por la contingencia sanitaria, solicitándole mantenerse disponible en un horario de trabajo entre las 9.00 y 18.00 hrs. Sin embargo, este no siempre fue acatado, no existiendo la reportabilidad y disponibilidad exigida, de acuerdo a lo sancionado administrativamente por este servicio mediante resolución exenta N° 106 de 2020, por lo que parte de las funciones que debía completar durante este horario, debieron ser reasignadas y suplidas por funcionarios que se encontraban en trabajo presencial. Ante tal situación, el Departamento Administrativo debió reestructurarse, por lo que cada Encargado de Oficina, dependiente de este Departamento, debe hacer su propia reportabilidad de la información y entregarla directamente a quien la solicita. En lo referente al control y supervisión que el funcionario realiza en la elaboración de CDC y PMG de nuestras oficinas, detecté que existe una duplicidad en las funciones que le corresponden a los analistas de la Oficina de Planificación y Control de Gestión (dependientes de la Dirección General), por lo que no se justifica la labor que cumple en esa área, ya que dentro del Departamento Administrativo no se requiere un funcionario que ejerza el rol de controlar, puesto que cada Oficina tiene como obligación reportar su CDC a Oficina de Planificación y responsabilizarse en el cumplimiento de los indicadores de gestión. 20. Que, por las razones recién expuestas, surge la necesidad de no renovar la contrata de don nombre reservado, con motivo de consideraciones operativas y de dotación del servicio, habida consideración que el funcionario presenta un informe por su jefatura directa que describe que por la idoneidad y aptitudes personales, por la naturaleza de las funciones y responsabilidades encomendadas, es posible concluir que los servicios del referido funcionario resultan prescindibles para la institución, en atención a la reestructuración aplicada y vigente del Departamento Administrativo y la reasignación de funciones y responsabilidades asociadas. 21. Que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República admite que pueda servir de fundamento para la no renovación de una contrata, la cita de los antecedentes que respalden esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros: Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o períodos no comprendidos en la calificación. En armonía con lo anterior, el ente contralor resuelve que, en cuanto a la aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, dicha disposición “… puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario”, lo que para el caso en comento, se da cumplimiento estricto a lo instruido por el Órgano Contralor. 22. Que se concluye que, en razón del desempeño de don nombre reservado, por su idoneidad y aptitudes personales, no resultan ser necesarios sus servicios, con ocasión de informe de desempeño deficiente, tanto general, como particular, del cargo que desempeña, en base a las consideraciones recién señaladas.”

Noveno: Que, resulta claro entonces que, en la especie, la administración invoca como fundamento de la decisión de no renovación de la contrata los siguientes: 1) un déficit operacional entre los años 2014 al año 2019; 2) la situación sanitaria del país; 3) que las funciones encomendadas y desarrolladas por el recurrente no han tenido mayor trascendencia para la continuidad y el funcionamiento del Departamento en el que se desempeñaba; 4) que la jefatura solicitó al recurrente mantenerse disponible en un horario de trabajo entre las 9.00 y 18.00 hrs., lo que no siempre fue acatado, por lo que parte de las funciones que debía completar durante este horario habrían sido reasignadas y suplidas por funcionarios que se encontraban en trabajo presencial; 5) que existiría una duplicidad en las funciones que le corresponden a los analistas de la Oficina de Planificación y Control de Gestión (dependientes de la Dirección General) no justificándose la labor que cumple el recurrente en esa área; y 6) que, atendido que el desempeño del recurrente, por su idoneidad y aptitudes personales, no resultan ser necesarios sus servicios, con ocasión de informe de desempeño deficiente, tanto general, como particular, del cargo que desempeña.

Décimo: Que, en las condiciones apuntadas, se advierte que la decisión de no renovar la contrata de la recurrente no está relacionada con el supuesto “déficit operacional” que esgrime la DICREP en su resolución, sino que lo que determina su desvinculación es la información emanada de su jefatura, en la que se le atribuye no encontrarse disponible en horario laboral como asimismo un desempeño deficiente, entre otros aspectos. No obstante, dichas circunstancias no están acreditadas por medios idóneos, tales como, anotaciones de demérito, bajas calificaciones anuales o sanciones impuestas previo sumario administrativo.

A mayor abundamiento, tampoco le recurrida demostró en esta sede constitucional que la jefatura ejerció su rol en forma ecuánime y a través de instrucciones claras y objetivas, como se lo impone el artículo 64, letra c) del Estatuto Administrativo, para de ese modo estar en condiciones de exigirle a la actora un trabajo más eficiente en comparación al que ha sido plasmado en la resolución impugnada.

Undécimo: Que, en las condiciones apuntadas, la fundamentación expresada en el acto administrativo no guarda ninguna relación con los motivos esgrimidos por la autoridad con afán conclusivo en la actuación administrativa rebatida, consistente en que los servicios de la recurrente no resultan ser necesarios, fórmula de despido que se relaciona con un hecho objetivo, prescindiendo de elementos subjetivos que guarden relación con la persona que sirve el cargo, configurándose así lo que la doctrina denomina desviación de fin o poder.

En efecto, la decisión impugnada se funda en hechos diversos a los que se desprenden del acto que no renovó la contrata de la recurrente, puesto que si bien aparentemente se fundamenta en un fin de interés general o particular del Servicio -desvincular a un funcionario cuyos servicios habían sido requeridos sólo de manera transitoria y, por tanto, ya no estaba justificado mantener su contratación-, lo cierto es que las circunstancias expuestas en el mismo acto administrativo develan que la finalidad que tuvo a la vista la autoridad es otra, a saber, por una parte, un desempeño deficiente del cargo que desempeña, en base a un informe del que no da detalle alguno, y por la otra, que el recurrente no siempre se mantuvo disponible en el horario que le fue informado y que por ende sus funciones habrían sido reasignadas a otros funcionarios como, asimismo, que existiría una duplicidad de las funciones que le corresponden.

Duodécimo: Que siendo cinco los elementos del acto administrativo, a saber, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, puede existir ilegalidad en relación con cualquiera de ellos.

En este caso, la ilegalidad se configura con respecto al elemento fin del acto, lo que constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, siendo, por cierto, también arbitrario por los motivos expuestos.

Décimo Tercero: Que, así las cosas, la Resolución que dispuso la no renovación de la contrata del recurrente no sólo constituye un acto ilegal y arbitrario, sino que además contraría el propósito que el legislador previó al establecer los empleos a contrata y definir sus características de transitoriedad, vulnerándose el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por último y atendido que se ha constatado la infracción a la garantía ya aludida, se omitirá pronunciamiento respecto al derecho de propiedad invocado, lo que en nada altera las conclusiones ya arribadas.

Décimo Cuarto: Que, en consecuencia, se acogerá la acción cautelar en los términos razonados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Dirección General de Crédito Prendario, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta Ra 99/139/2020 del 30 de noviembre de 2020, que dispuso la no renovación de su contrata para el año 2021. Por consiguiente, se dispone la reincorporación del recurrente a la Dirección General de Crédito Prendario, debiendo renovarse su contrata para el presente año 2021, en las mismas condiciones que la última renovación, permaneciendo en el cargo en tanto no concluya por calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado. La reincorporación se decreta con expresa continuidad de las remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación de la recurrente y hasta el efectivo reintegro, el que se ejecutará en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al momento de ser desvinculada de sus servicios.

Regístrese, comuníquese y archívese Redacción del abogado integrante Jorge Benítez Urrutia.

Rol N° 3498-2021