nombre reservado con MINISTERIO SALUD

C.A. de Santiago Santiago, treinta de abril de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 151123: a lo principal y segundo otrosí, téngase presente; al primer otrosí, a sus antecedentes.

Al escrito folio 151394: téngase presente.

Vistos y teniendo presente PRIMERO: Que con fecha 3 de enero pasado, se dedujo acción de protección en favor de don nombre reservado y en contra de la Subsecretaria de Salud Publica doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la no renovación de su contrata, lo que se dispuso mediante la Resolución Exenta N° 1788, de 29 de noviembre del 2018, lo que estima vulneratorio de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone, en síntesis, que ingresó a prestar servicios a la Subsecretaria de Salud Pública, en el año 2005, cumplía funciones de profesional de apoyo, dando respuesta a las consultas ciudadanas. Su jefatura directa era doña nombre reservado, Jefa del Departamento de la Coordinadora Nacional de la Compin. Hace presente que siempre ha estado calificado en lista 1.

Estima que la resolución recurrida N° 1788, del 29 de noviembre del 2018 adolece de importantes falencias, tales como vaguedad en antecedentes aportados, falta de veracidad en circunstancias esgrimidas, ausencia de argumentos normativos, entre otros, situación que en conjunto lleva a concluir la absoluta falta de fundamentación suficiente para solventar la gravosa decisión señalada en lo resolutivo, así como además la flagrante vulneración a la consolidada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, Ilustrísima Corte de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia.

En definitiva, la autoridad, sin respetar la estabilidad en el empleo, ha decidido no renovar su contrata aun cuando el funcionario tenía la razonable expectativa de mantenerse en sus funciones, por cuanto había sido renovado anualmente en sus funciones desde el año 2007, en calidad de funcionario a contrata, fue confirmado en sus funciones para todo el periodo 2018, había sido calificado de manera positiva y destacada durante toda su carrera funcionaria, no tiene deméritos, ni se le han aplicado sanciones administrativas. Reconoce que hoy se encuentra un sumario en curso por unas inasistencias, pero aclara que dicho procedimiento no ha terminado.

Concluye entonces que su expectativa se relaciona con el principio de estabilidad en el empleo y con la doctrina de la confianza legítima creada por la Contraloría General de la República que ha sido reforzada y profundizada por la Excelentísima Corte Suprema y que la resolución impugnada pretende desconocer.

Finaliza solicitando se acoja el presente recurso y, restableciendo el imperio del derecho, se ordene invalidar el término anticipado de la contrata de don nombre reservado, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, la recurrida solicitó el rechazo del mismo, señalando en primer lugar, que el recurso de protección es improcedente por no ser ésta la vía idónea para los fines perseguidos por el actor. Así, el recurso de protección es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria cuyo ámbito de aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, impidiéndose que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía.

Por otra parte, señala que el Recurso de Protección no es la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo: Lo anterior, según lo dispuesto en el Dictamen N° 6.400/2018, de la Contraloría General de la República, debidamente señalado en el acto administrativo objeto del recurso, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700/2016, sobre confianza legítima en las contratas.

En cuanto al fondo, refiere que en agosto del año 2017, el recurrente comenzó a prestar servicios en el Departamento de Coordinación Nacional de las Compin, con el fin de apoyar en los reclamos relativos a licencias médicas que ingresan en la plataforma OIRS y funciones de tramitación de licencias médicas SANNA a partir de enero de 2018.

Añade que en septiembre de 2017, el recurrente presentó licencia médica, fecha a partir de la cual se ausentó hasta diciembre de 2018. Durante el periodo en que estuvo ausente de sus funciones, el recurrente no concurrió a sus labores los días 30 de abril, 5 de junio, 25 de julio, 13, 14,16 y 17 de agosto todos del año 2018, además presentó atrasos y salidas sin justificar. En definitiva, hay días que no se encuentran en el periodo que el recurrente se encontraba con licencia médica y que tampoco asistió a desarrollar sus funciones.

Por este motivo, con fecha 17 de octubre de 2018, por medio de Resolución Exenta Nº1492 de la Subsecretaría de Salud Pública, se instruyó un sumario administrativo, ya que dichas ausencias infringen gravemente las obligaciones funcionarias. Este sumario, por medio de Resolución Exenta Nº512, de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría de Salud Pública, dispuso aplicar a don nombre reservado de la medida disciplinaria de destitución.

Además, el hecho de que el recurrente se ausentara por un periodo tan extenso, provocó que sus funciones fueran suplidas por otros funcionarios, y que en enero de 2018 se contratara a otro funcionario para la tramitación de licencias médicas SANNA en el departamento.

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que la Resolución Exenta Nº98, de 2010, de la Subsecretaría de Salud Pública, la cual crea el Departamento de Coordinación Nacional COMPIN, fue modificada mediante la Resolución Exenta Nº33 de 2019, mediante la cual se reestructura el mencionado departamento, en razón de que existe la necesidad de fortalecerlo con el objeto de modernizar la gestión de las COMPIN regionales, centrándose en la atención de los usuarios y sus necesidades, mejorando el control de los procesos internos, incorporando las nuevas tecnologías y generar coberturas de atención a través de la digitalización de trámites.

La tramitación de las Licencias Médicas SANNA no fue incorporada a esta reestructuración, por lo que los servicios del recurrente no son necesarios.

Concluye entonces que no concurre en la especie una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria por parte de la Subsecretaría de Salud Pública en relación al recurrente, por lo que ninguna de sus garantías fundamentales ha sido afectada.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que la Subsecretaría del Interior no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

QUINTO: Que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley N° 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones profesionales en el Servicio recurrido “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del año respectivo, dictándose luego su renovación sucesiva. El Decreto impugnado decidió no renovar dicha contrata para el año 2019 pero, de acuerdo al tenor del artículo 10 de la ley N° 18.834, “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año…”. Luego, no es el decreto impugnado el que causa perjuicio al recurrente, sino la norma legal aludida, la que, por fuerza no puede ser objeto de una acción de protección. Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, con mucha mayor razón puede decidir no renovar la contrata para el año 2019, y no será esta decisión la que ponga término a su contrata, sino la llegada del plazo respectivo, que está contemplado en la ley. A mayor abundamiento, y tal como ya se consignó, en la especie el acto que decidió no renovar la contrata está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

SEXTO: Que, entonces, la contrata de la recurrente no se terminó por decisión de la autoridad, esto es, no es la Resolución Exenta N° 1788 la que decidió poner fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido la autoridad dictar la antedicha resolución, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del año 2018. Y lo que haya dicho la Contraloría General de la República sobre este particular no obliga a la judicatura.

SÉPTIMO: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la administración de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la ley N° 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

OCTAVO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. El derecho de propiedad, garantizado en el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca la recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata. Y la garantía del N° 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental sólo está protegida por el artículo 20 del mismo texto en lo que hace a la libertad de trabajo, la que ciertamente no se ha conculcado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-349-2019.