nombre reservado con COMISIÓN MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Santiago Santiago, tres de febrero de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Claudia Saldivia Martinic, abogada, y otros quienes interponen acción constitucional de protección a favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en razón del rechazo del pago de sus licencias médicas, emitidas por médico psiquiatra, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 Constitución Política de la República.

Indica que su parte fue notificada de los rechazos señalados el 30 de mayo de 2021 y recurre contra Resolución Exenta N° R-01-UNRA-68591-2021, de fecha 30 de mayo de 2021, emitida por la SUSESO, que resolvió confirmar el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 15 días, a contar del 17 de agosto de 2020, que concluye que de los antecedentes tenidos a la vista, la parte no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de los resuelto por el Servicio.

Desarrolla una serie de consultas médicas realizadas por el recurrente con el doctor nombre reservado, donde se reflejaría que comenzó a tratarse con él, desde mayo de 2020, con motivo de un término de relación de 18 años.

Menciona que SUSESO da como fundamento del rechazo que no se encontraría justificado el reposo, acto que considera ilegal y arbitrario, ya que el recurrido hace referencia que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de una incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado.

Agrega que lo anterior se resolvió sin realizar, al menos, un peritaje previo, no existiendo ningún informe médico que indique que el recurrente está en buen estado de salud para reincorporarse en su trabajo.

Por lo que arguye, que las decisiones fueron tomadas prescindiendo de las conclusiones del médico tratante y sin indicar las razones o fundamentos de su decisión.

Posteriormente, cita las normas legales que considera pertinentes para sus argumentos y solicita se acoja el recurso y se ordene la aprobación y pago de la licencia médica ya individualizada o las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que el abogado Sebastián de la Puente Hervé, informó en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer lugar la extemporaneidad del recurso por haber transcurrido el plazo de 30 días, desde que la recurrente tuvo conocimiento del rechazo de las licencia por la COMPIN Región Metropolitana, a lo menos, desde la notificación de Resolución Exenta N° R-01-UME-121106-2020, de 24 de noviembre de 2020 y la fecha en que ejerció esta acción el 28 de junio de 2021.

Hace presente que las conclusiones a las cuales llegó se basaron en que el informe emitido con fecha 22 de octubre de 2020 por el tratante, no figura como médico especialista en psiquiatría en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieren la extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación del paciente.

Además, indica que para hacer una nueva revisión de la situación reclamada es indispensable acompañar a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Asimismo, menciona que dicha solicitud fue resuelta por su parte con fecha 15 de abril de 2021, en los términos ya señalados precedentemente.

Expone que los formularios rechazados por la COMPIN fueron 7 meses anteriores a la presentación realizada ante la Superintendencia, y que el recurrente tuvo conocimiento de ello. Por lo que razona, que si la segunda presentación ante la Superintendencia fue el 16 de diciembre de 2020, consta que solicitó reconsideración de la RESOLCUION EXENTA N° R-01-UME-121106-2020, de 24 de noviembre de 2020, lo que a su parecer evidencia que interpuso la acción más allá del plazo de 30 días señalado en el Auto Acordado.

Hace presente que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno y cita jurisprudencia que avala su postura. Solicita se rechace la acción de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de Constitución Política de la República, que no está amparado por ésta. Solicita se declare improcedente la acción, con costas.

En subsidio de ambas alegaciones, informa el fondo del recurso, precisando la normativa legal aplicable en la especie y las facultades de la Superintendencia, para luego sostener que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes.

Alega que, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitado; y, en la especie, el “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Expresa que no existe como pretende el recurrente, derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues para ello es necesario, como punto de partida, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que no media en la especie.

Solicita el rechazo de la acción, con costas.

Tercero: Que, igualmente, informó nombre reservado, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, indicando que la recurrente no presentó antecedentes médicos suficientes que justificaran la prolongación de su reposo.

Asimismo, menciona que se considera reposo muy extenso, en especial basado en las referencias de reposo médico y reintegración laboral en personas con problemas y/o enfermedades mentales MINSAL 2010, y DS 7/2013 que aprueba reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes, y antecedentes que deberían respaldar la emisión de licencias médicas.

Cuarto: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Quinto: Que, en lo concerniente a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Basta para desestimar la extemporaneidad reclamada, considerar que el acto denunciado corresponde a la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-68591-2021, de 30 de mayo de 2021, emitida por la SUSESO, y la acción constitucional fue interpuesta el 28 de junio de 2021, razón por la que el presente arbitrio aparece presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

En cuanto a la Improcedencia del Recurso:

Sexto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que se rechaza la alegación en este sentido.

En cuanto al Fondo:

Séptimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento de Contencioso, resolvió, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-68591-2021 de 28 de junio de 2021y, se dictaminó lo siguiente:

“Que, con fecha 18 de mayo de 2021, ha recurrido a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-45349-2021, de fecha 15/04/2021, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 15 días a contar del 17 de agosto de 2020, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio.

Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes.

Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador.

RESUELVO:

Rechácese la solicitud de reconsideración de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-45349-2021, de fecha 15/04/2021, mediante la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, respecto al rechazo la licencia médica N° RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto.”

Octavo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Al efecto, el DS N° 7 de 2013, del Minsal, respecto a las patologías mentales, en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “Siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal. Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquíatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias ocasionales que impiden un acceso a psiquíatra más frecuente). Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual). Teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud en su sitio.”

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Undécimo: Que la parte recurrida, ha manifestado que para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado, bajo el siguiente tenor: “(…)esta Superintendencia cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio.

Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes.

Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente en una nueva solicitud de reconsideración, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador”.

Duodécimo: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Decimotercero: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza las licencias ya indicadas, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, solo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

Decimocuarto: En efecto, este actuar vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, lo que obviamente afecta su patrimonio.

Decimoquinto: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que: “Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

Decimosexto: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-58591-2021, de fechas 30 de mayo de 2021 y se ordena a la autoridad recurrida que encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas, que resolvió confirmar el rechazo de las licencia médica razón del rechazo de su licencia médica N°RUT reservado; y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de la que ha sido objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N° 34.862-2021.-