Protección contra Fiscalía Nacional del Ministerio Público

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece César Flores Arratia, abogado, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Fiscalía Especializada en nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en su favor, y en contra de Fiscalía Nacional del Ministerio Público, representada por el Fiscal Nacional don Jorge Abbott Charme, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación de dos resoluciones: 1) resolución FN/MP Nº 495/2021, de 26 de mayo de 2021, que resuelve el recurso de apelación en contra de la resolución IA Nº 01-07/2021 de 20 de abril del 2021 del Fiscal Regional Metropolitano Sur, notificada a su parte mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2021, que resolvió Investigación Administrativa ordenada instruir por Resolución IA Nº 01/2021, de fecha 01 de febrero de 2021; y, 2) resolución FN/MP Nº 545/2021, de 8 de junio de 2021, que resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución FN/MP Nº 495/2021 de fecha 26 de mayo de 2021.

Estima que la actuación de la recurrida constituye una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, aseguradas en los numerales 2º y 3º inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se acoja su acción y restablezca el imperio del Derecho, dejando sin efecto las resoluciones impugnadas, ordenando a la autoridad recurrida que dicte un nuevo acto administrativo, asegurando el derecho de igualdad ante la ley, o bien, lo que esta Corte estime conveniente para cautelar los derechos fundamentales afectados.

Señala que el 01 de febrero de 2021, mediante la Resolución IA Nº 01/2021, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, don nombre reservado, ordenó instruir una investigación para determinar su responsabilidad administrativa, respecto a los hechos denunciados por la Fiscal Jefa doña nombre reservado.

Precisa que conforme a la resolución citada, en cuanto a los hechos que requerían ser acreditados en la investigación corresponden a los siguientes: a) La efectividad de que el Fiscal Adjunto César Flores Arratia haya formulado acusación en la causa RUC 1901010789-2; b) Si en dicha acusación se señalaron los medios de prueba con los cuales el Ministerio Público pretendía valerse en el juicio y esclarecer los hechos descritos en el considerando primero; c) La forma en que éstos ocurrieron; d) Los demás hechos que se vinculen con ello; e) Si estos hechos o conductas constituyen infracciones administrativas; y f) El o los responsables de las mismas, y aplicar las sanciones administrativas que correspondieren, si resultaren procedentes.

En el mismo acto, se designó como Investigadora Administrativa, a la Fiscal Jefa de la Fiscalía Local de Puente Alto, doña nombre reservado, quien el 24 de marzo de 2021 declaró el cierre de la investigación y procedió a formular cargos en su contra, en razón de los siguientes hechos: “En causa RUC 1901010789-2, asignada el 04 de octubre de 2019 al Fiscal Cesar Flores Arratia, éste formuló acusación con fecha 30 de mayo de 2020, incorporando como medios de prueba tanto al perito nombre reservado, químico farmacéutico, quien depondría sobre el informe toxicológico N° SES 269-2020 del Servicio Médico Legal; como la prueba documental consistente en el informe toxicológico o narcotest N° SES 269-2020 de la sección Laboratorio del Servicio Médico Legal. Dicha incorporación la hizo el Fiscal nombre reservado, aun a sabiendas que dichas pruebas no habían sido ni realizadas ni recepcionadas al momento de presentar la acusación. En efecto, dicho informe toxicológico, fue emitido el 16 de junio del año 2020, por la perito Aleida Kulikoff Bravo, bajo el número SES 69/20.”.

Agrega que estos hechos, de acuerdo a lo expresado en la formulación de cargos, infringían lo dispuesto en los artículos 6º, inciso primero, y 44, ambos de la Ley Nº 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, asimismo, en la formulación de cargos se estimó que se había infringido lo preceptuado en los artículos 180, 259 y 260 del Código Procesal Penal; además, lo previsto en el artículo 37 Nº 1, 2, 3 y 8 del Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público; y, finalmente, lo señalado en el Oficio FN Nº 060/2014 sobre Instrucción General que imparte Criterios de Actuación aplicables a la Etapa de Investigación en el Proceso Penal, letra A, número I, 2.1. y letra A, número I, 2.6.

Afirma que todas las normas citadas están relacionadas con las atribuciones de dirección de la etapa investigativa dentro del proceso penal, como son los requisitos legales para formular la acusación y, además, el deber de los fiscales de cumplir con toda la normativa aplicable y ejercer las funciones legales que correspondan.

Señala que la Fiscal Instructora estimó que se había infringido lo dispuesto en cada una de las normas individualizadas en la Formulación de Cargos, siendo desestimados sus descargos, en particular las circunstancias extraordinarias provocadas por la pandemia de COVID-19 resultaron un obstáculo imposible de superar para su parte, en relación a obtener el peritaje toxicológico con anterioridad.

A su vez, la funcionaria consideró concurrente la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior; pero descartó la concurrencia de colaboración sustancial a la investigación, y finalmente propone al Fiscal Regional Metropolitano aplicar la sanción administrativa única de “amonestación privadal” prevista en el artículo 39 N°1 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios.

Refiere que el 20 de abril de 2021, el señor Fiscal Regional Metropolitano Sur, don nombre reservado, dictó la Resolución IA Nº 01-07/2021, mediante la cual aprobó la Investigación Administrativa desarrollada por la Fiscal Investigadora y que aplicó como sanción a su parte la medida disciplinaria de multa equivalente hasta media remuneración por el lapso de un mes, prevista en el artículo 39 N°1 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios.

Luego, en contra de la Resolución IA Nº 01-07/2021, dictada por el Fiscal Regional Metropolitano Sur, señala que interpuso recurso de apelación para que los antecedentes fueran elevados al conocimiento y resolución del señor Fiscal Nacional, en su calidad de máxima autoridad del Ministerio Público, con la finalidad que se determinara la absolución de los cargos formulados, o bien, que fuera aplicada la medida disciplinaria de amonestación privada, en los términos propuestos por la Fiscal Investigadora en el Informe de Cierre de la investigación administrativa.

Al respecto, con fecha 26 de mayo de 2021, el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme, dicta la Resolución FN/MP Nº 495, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución IA Nº 01-07/2021 de 20 de abril de 2021 del Fiscal Regional Metropolitano Sur, que resuelve Investigación Administrativa ordenada instruir por Resolución IA Nº 01/2021, de fecha 01 de febrero de 2021.

En contra de la Resolución FN/MP Nº 495, mediante escrito presentado con fecha 03 de junio de 2021, interpuso recurso de reposición ante la Fiscalía Nacional, solicitando que la sanción resuelta fuera dejada sin efecto y, en su lugar, fueran absueltos los cargos formulados, o bien, se aplicara la medida disciplinaria de amonestación privada, en los términos propuestos por la Fiscal Investigadora en el Informe de Cierre de la investigación administrativa.

Al respecto, mediante la Resolución FN/MP Nº 545, de 08 de junio de 2021, el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público determinó rechazar el recurso de reposición interpuesto por su parte, confirmando la medida disciplinaria de multa equivalente hasta media remuneración mensual por el lapso de un mes que impuso el señor Fiscal Regional Para fundamentar que se configura la ilegalidad y arbitrariedad de los actos reprochados, en primer lugar alega que mediante las resoluciones recurridas se configura una vulneración a los principios de motivación y congruencia, consagrados en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, al imponer una sanción que innova en los cargos individualizados por la Fiscal Instructora en la formulación de cargos, así como aquellos señalados en su conclusión de la investigación administrativa y propuesta de sanción, y en definitiva, se le imputó una supuesta infracción a la probidad administrativa, sin que dicho reproche haya sido incorporado previamente al sumario disciplinario de autos. En efecto, sostiene que se atribuye al Plan Estratégico de la Fiscalía Nacional un valor normativo que, jurídicamente, es improcedente; pero además alega que en ninguna actuación previa fue invocado como un estándar de comportamiento aplicable o eventualmente infringido por los hechos investigados.

En segundo lugar, refiere que contravienen el principio de proporcionalidad de la sanción, por cuanto confirman lo resuelto por la Resolución IA Nº 01-07/2021, de 20 de abril del 2021, dictada por el Fiscal Regional Metropolitano Sur que determinó aumentar la sanción propuesta por la Fiscal Instructora, configurando una afectación excesiva de los derechos y garantías de su parte, en relación a la gravedad de los hechos investigados.

En cuanto a la vulneración de las garantías fundamentales, argumenta que los actos recurridos perturban su legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley, estableciendo una diferencia arbitraria, toda vez que han sido adoptadas en contravención del deber de motivación y el principio de congruencia que rigen a todos los actos administrativos emanados de los órganos del Estado, infringiendo además el principio de proporcionalidad de la sanción impuesta, ya que han confirmado la innovación del reproche disciplinario objeto de la Investigación Administrativa y la correspondiente Formulación de Cargos.

Respecto a la falta a la probidad administrativa, al haberse manifestado con posterioridad al cierre de la investigación, provocó indefensión para su parte, al impedirle la posibilidad de presentar alegaciones y/o antecedentes que permitieran desvirtuar el reproche, todo lo cual redunda en las ilegalidades y arbitrariedades que se denuncian en esta sede jurisdiccional.

Informando, Jorge Abbott Charme, abogado, Fiscal Nacional del Ministerio Público, al tenor del recurso, solicita el rechazo del mismo por no existir actuación arbitraria o ilegal del Ministerio Público, con costas.

Tras recapitular los fundamentos del recurso incoado, precisa que los Fiscales Adjuntos y Regionales del Ministerio Público, son funcionarios públicos, sujetos a un estatuto jurídico propio y especial, distinto al régimen aplicable a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo e inclusive diverso al estatuto que rige a los restantes funcionarios de la Administración del Estado. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.640, el personal del Ministerio Público está sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere afectarle.

A su turno, el artículo 51 establece normas de procedimiento para las investigaciones administrativas y su inciso quinto permite a los Fiscales Adjuntos apelar ante el Fiscal Nacional de las sanciones que les puedan aplicar en estos procedimientos sus superiores directos, esto es, los Fiscales Regionales.

Señala, que en uso de la facultad que le confiere el artículo 91 de la Carta Fundamental, en armonía con el artículo 17 letra d) de la ley orgánica que los rige, en su calidad de Fiscal Nacional ha dictado el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, cuya última versión modificada fue aprobada por resolución FN Nº 700 de 19 de mayo de 2020, siendo el procedimiento allí establecido que fue el aplicado al caso del actor, y cumple cabalmente con las exigencias que ha definido la Excma. Corte Suprema para considerar que con ellas se respeta el derecho al debido proceso.

Luego, se refiere a los hechos que fueron investigados son acreditados, y por ellos fue finalmente sancionado: “La Investigación se inicia en virtud de la información remitida al Fiscal Regional Metropolitano Sur por la Fiscal Jefa de la Fiscalía, dando cuenta de que el fiscal nombre reservado al momento de deducir acusación, solicitó incorporar como prueba pericial un informe toxicológico (prueba que dividió entre el perito nombre reservado y el propio informe toxicológico n° SES 269-2020) con el que no contaba materialmente en la investigación al momento del cierre de la investigación. Este informe fue solicitado por el fiscal nombre reservado mientras estaba abierta la investigación, con fecha 12 de diciembre de 2019, del que pidió cuenta en 2 oportunidades, siendo la segunda el 6 de mayo de 2020. La investigación fue cerrada el 20 de mayo de 2020.

De acuerdo a los argumentos expresados por el fiscal nombre reservado, él habría indagado en el SML acerca del peritaje en cuestión, donde le habrían mencionado que el perito a cargo del peritaje seria el mencionado, y lo mismo habría ocurrido en relación con el número del peritaje. Por esa razón, lo habría mencionado en tal sentido en el escrito de acusación.

Sin embargo, se reitera que el peritaje no había sido recepcionado en la Fiscalía al momento del cierre, ni al momento de presentar la acusación ante el Tribunal. De acuerdo a los timbres de recepción del documento (que constan en las copias de la carpeta), esto habría ocurrido el 30 de junio de 2020.

Al momento de llevar a cabo la APJO correspondiente, el fiscal nombre reservado pretendió por la vía de la corrección de vicio formal, enmendar o corregir tanto el número del peritaje ofrecido como el nombre del perito que lo habría elaborado, ya que no eran los mismos señalados en la acusación. Esta circunstancia fue advertida tanto por el juez de garantía como por el defensor penal público, procediendo este último a solicitar la exclusión y el primero a acogerla, básicamente por vulneración de garantías constitucionales por no ser una prueba incorporada a la investigación dentro del plazo legal.

El Fiscal Flores Arratia apeló y la Corte, conociendo del recurso, confirmó la resolución recurrida, con condena en costas al fiscal.

El Fiscal Regional, al momento de resolver, tuvo por acreditados los hechos señalados en la formulación de cargos, y atendida la gravedad de la conducta, resolvió aplicar la sanción disciplinaria de Multa equivalente hasta media remuneración mensual por el lapso de un mes.

Esa decisión fue confirmada por el Fiscal Nacional, conociendo de la apelación (y posteriormente una reposición) interpuesta por el fiscal Flores Arratia.”

Sostiene que lo ocurrido es muy grave, no sólo por presentar en la práctica prueba que era inexistente (bajo ninguna circunstancia se puede estimar que se contaba con aquella, por haberse solicitado dentro de plazo); sino además, porque es evidente que lo ocurrido transgrede las normas que establecen las garantías del imputado en un proceso penal y afecta gravemente la imagen institucional, “de lo que se espera de un fiscal del Ministerio Público”.

Agrega, que el fiscal en la audiencia dijo que no contaba con el peritaje, pero que el presumía que el peritaje iba a tener un buen resultado, responsabilizando al SML de la inexistencia del aquel.

Sobre las supuestas infracciones al principio de congruencia, su improcedencia puede abordarse desde dos perspectivas. Una, realizando una revisión de la Resolución del Fiscal Regional Metropolitano Sur, IA N° 01-07/2021 de 20 de abril de 20 de abril de 2021, por la que aprueba la Investigación Administrativa y aplica la sanción disciplinaria al fiscal Flores Arratia, pues se concluye en ella el haber faltado a la verdad y haber afectado la pretensión procesal de la Fiscalía, los que no tampoco formaron parte de los cargos, pero el recurrente no lo impugna. Y también es una conclusión necesaria el que, la conducta del fiscal Flores Arratia es contraria a los valores institucionales, entre ellos, la probidad, que “exige honestidad y rectitud” en el actuar. La otra perspectiva, en el sentido que la potestad sancionatoria está radicada en la autoridad administrativa y no en el fiscal sumariante o investigador, quien en su vista o informe efectúa una proposición de sanción, no vinculante para aquélla, susceptible de ser modificada por la superioridad del respectivo servicio, en base a un criterio de racionalidad.

En definitiva, afirma que no hay en la resolución del Fiscal Regional, ni en consecuencia en las Resoluciones del Fiscal Nacional impugnadas, un nuevo reproche infraccional.

A mayor abundamiento, sostiene que confunde el recurrente el contenido de los cargos y los límites de la aplicación del principio de congruencia que alega.

Agrega que no se verifica una infracción al principio de proporcionalidad siendo facultad del Fiscal Regional determinar la sanción aplicable, atendida la gravedad de los hechos, y especialmente a la fundamentación de la resolución respecto de esa gravedad, que da cuenta del criterio de racionalidad exigido, la resolución que resolvió la Investigación, y las resoluciones del Fiscal Nacional que confirman la sanción, se ajustan precisamente a la gravedad de los hechos que se reprochan al recurrente.

Destaca que el recurrente no pone en duda la efectividad de los hechos, ni siquiera se refiere a la gravedad de los mismos, sino que, construye una argumentación para sostener que la sanción carece de motivación, y por ello, sería arbitraria e ilegal. En circunstancias que la misma motivación que reclama ausente, es la que pretende impugnar por la vía de atribuirle infracción al principio de congruencia.

Concluye, que la acción constitucional no es un procedimiento idóneo para demandar la revocación de un acto administrativo dictado en ejercicio de la potestad disciplinaria, pues mediante esta acción se pretende instrumentalizar el recurso de protección para convertirlo en una instancia de apelación de una resolución administrativa, pretendiendo que esta Corte se avoque a conocer y ponderar los antecedentes reunidos en un procedimiento administrativo disciplinario, y además, que asuma directamente la potestad disciplinaria del Ministerio Público determinando la sanción que debe aplicarse en este caso.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como actuaciones de la recurrida, la dictación de dos resoluciones.

La primera, es la FN/MP Nº495/2021, de 26 de mayo de 2021, que resolvió su recurso de apelación en contra de la Resolución IA Nº 01-07/2021 de 20 de abril del mismo año, emanada del Fiscal Regional Metropolitano Sur que resolvió la Investigación Administrativa ordenada instruir por decisión IA Nº01/2021 de 1 de febrero de 2021 y, también contra la Resolución FN/MP Nº 545/2021, de 8 de junio de 2021,que resolvió el recurso de reposición interpuesta, ello por generar una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales, aseguradas en los numerales 2º y 3º inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, vulnerando los principios de motivación, congruencia y proporcionalidad.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada únicamente por la recurrente, aparece de manera evidente que el presente asunto excede -con creces- los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar.

En efecto, en esencia se cuestiona aquí una suerte de apelación de la decisión de su superior jerárquico en el ejercicio de sus funciones, facultad que no es posible de reclamar por la presente acción cautelar.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parece entenderlo la recurrente de autos, reclamando por esta vía aspectos más bien propios de discusiones de otro orden.

Sexto: Que, por otro lado, en la especie la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente no ha sido demostrada fehacientemente, por lo que una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe señalar que en la situación planteada se trató de un sumario administrativo tramitado de acuerdo a lo que disponen los artículos 11, y en particular desde el 45 en adelante, todos de la Ley 19.640, en consonancia con el artículo 91 de la propia Carta Fundamental, que entrega la superintendencia directiva, correccional y económica al Fiscal Nacional, quien en su ejercicio determina el funcionamiento de las Fiscalías, las restantes unidades de dicho Ministerio y el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente, para cuyos fines rige el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Nº700 de 19 de mayo de 2020, El motivo, fue que el investigado intentó incorporar prueba inexistente, incluyendo como prueba pericial un informe toxicológico con el que no contaba materialmente en la investigación al momento del cierre de la investigación, lo que intento corregir enmendando el número de la pericia como el nombre del profesional, lo que motivó a la parte contraria a pedir su exclusión lo que fue acogido en sede de garantía y, pese a ser reclamado, se ratificó esa decisión por la propia Corte de Apelaciones de Santiago.

Octavo: Que, dada la gravedad de la infracción, es que el Fiscal Regional impuso la sanción disciplinaria de multa, equivalente a media remuneración mensual por el lapso de un mes. Esta decisión fue confirmada por el Fiscal Nacional en sede de apelación, y posteriormente en una reposición.

Es así, que de la revisión de la Resolución del Fiscal Regional Metropolitano Sur, IA N° 01-07/2021 de 20 de abril de 20 de abril de 2021, por la que se aprueba la Investigación Administrativa y aplica la sanción disciplinaria al fiscal Flores Arratia, siendo que el hecho investigado y acreditado consistió en que formuló acusación con fecha 30 de mayo de 2020, incorporando como medios de prueba tanto al perito nombre reservado como la prueba documental consistente en el Informe toxicológico o narcotest N° SES269-2020 de la sección Laboratorio del Servicio Médico Legal, aun a sabiendas que dichas pruebas no habían sido ni realizadas ni recepcionadas al momento de presentar la acusación.

En el Considerando 23 de la resolución se hacen suyos los razonamientos de la fiscal investigadora, como también los hechos por los cuales se formuló cargo. Y en el mismo considerando, cita otras disposiciones de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, enunciando la Visión definida para el Ministerio Público en su Plan Estratégico Institucional, y concluye que el fiscal Flores Arratia faltó a la verdad al incorporar un elemento probatorio que no era parte de la investigación substanciada, conducta que perjudicó el resultado de la investigación, o la pretensión punitiva de la fiscalía.

Esas conclusiones, aparecen enteramente lógicas y consecuencias necesarias de los hechos acreditados y de las infracciones normativas establecidas en la formulación de cargos y en el Informe de la fiscal Investigadora, afectando los valores institucionales, entre ellos, la probidad, que “exige honestidad y rectitud” en el actuar. En el considerando 24°, concluyó que “estima haberse incurrido en la conducta por la cual se formuló cargo al investigado y haberse infringido las obligaciones y las prohibiciones señaladas” por la fiscal Investigadora.

En consecuencia, no se advierte la agregación de ningún reproche nuevo distinto a los que fueron objeto de cargos.

Y, por último, en el considerando 25°, el Fiscal Regional se pronuncia motivadamente respecto de las atenuantes alegadas por el Sr. Flores Arratia, y agrega las reflexiones para determinar el quantum de la sanción, sobre el mismo hecho materia de cargo, y las infracciones normativas contenidas en el informe, y de conformidad con lo informado por la Investigadora.

Noveno: Que, por otro lado, no debe olvidarse que la potestad sancionatoria está radicada en la autoridad administrativa y no en el fiscal sumariante o investigador, quien en su vista o informe efectúa una proposición de sanción, no vinculante para aquélla, susceptible de ser modificada por la superioridad del respectivo servicio, en base a un criterio de racionalidad, esto es, que la sanción impuesta sea proporcionada a la gravedad de la falta que se imputa.

Décimo: Que, como se advierte de la revisión formal de los actos, no hay en la resolución del Fiscal Regional, ni en las Resoluciones del Fiscal Nacional impugnadas, un nuevo reproche infraccional, siendo que lo que ocurre en el presente caso es que el recurrente confunde el contenido de los cargos y los límites de la aplicación del principio de congruencia que alega, pues si bien no se puede condenar por hechos o circunstancias no contenidos en la formulación de cargos, de todas formas es posible dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la primera, principio que busca asegurar que la persona no se vea sancionada por hechos que no fueron parte de la acusación o formulación de cargos en su caso, de forma de evitar la indefensión ante imputaciones de las que no pudo defenderse oportunamente, para que tenga la oportunidad de hacer las alegaciones y allegar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar los hechos que se le imputan, lo que no aconteció en el presente. .

Undécimo: Que, en consecuencia, dada la evidente gravedad de los hechos sancionados y, siendo facultad del Fiscal Regional determinar la sanción aplicable, la existencia de la debida fundamentación de la resolución respecto de esa gravedad, se cumple con el criterio de racionalidad exigido.

Tanto la resolución que resolvió la Investigación, y las resoluciones del Fiscal Nacional que confirman la sanción, se ajustaron precisamente a la gravedad de los hechos que se reprocharon al recurrente.

Duodécimo: Que, ante esta realidad constatada, cabe insistir en señalar que la acción constitucional no es un procedimiento idóneo para demandar la revocación de un acto administrativo dictado en ejercicio de la potestad disciplinaria, de manera tal que, pretender por la vía de un recurso de protección, impugnar el mérito de las decisiones del Fiscal Regional y del Fiscal Nacional del Ministerio Público, sosteniendo en definitiva que la sanción no es proporcional a su falta, supone instrumentalizar esta acción cautelar para convertirlo en una instancia de apelación de una resolución administrativa.

Décimo tercero: Que, de lo expuesto, el presente recurso de protección no está en estado de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, toda vez que en el presente proceso y con mérito a los argumentos esgrimidos en los apartados precedentes, fluye que la recurrente carece de un derecho indubitado y preexistente.

Décimo cuarto: Que, a mayor abundamiento, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establezca un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien los argumentos presentados por las partes.

En efecto, en el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar la certeza y la exigibilidad del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no sería imposible suponer que, cuando se interpone el recurso de protección, estamos hablando de un derecho indiscutible que se ve amenazado o afectado su ejercicio por una arbitrariedad Décimo quinto: Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre las actoras de protección y estas entidades recurridas, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, determinan que no sea procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas al contenido y destino de investigaciones sumarias administrativas llevadas a cabo dentro de la normativa legal vigente, y entrar examinar el fondo de lo decidido; la situación de la especie se refiere a una materia propia de juicios de lato conocimiento, de modo que no es ésta la vía para decidir sobre temas que deben acreditarse sobre la base de escueta información rendida por la recurrente.

Décimo sexto: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por César Flores Arratia, en contra de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

Ingreso Corte Protección Nº 34.822-2021.