nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LA REINA

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veintiuno.

A los folios 56 a 60: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, recurre de protección constitucional nombre reservado y nombre reservado, en nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa Veolia S.U Chile S.A, en contra de 1) Veolia S.U. Chile S.A -empresa de recolección de basura-, 2) la Ilustre Municipalidad de Maipú, 3) la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, 4) la Ilustre Municipalidad de Vitacura y, 5) la Ilustre Municipalidad de La Reina, por la omisión arbitraria e ilegal que ha tenido la recurrida Veolia Chile en cuanto a la no entrega de medidas de seguridad en el contexto de la pandemia sanitaria provocado por el virus Sars-cov 2; y respecto de las municipalidades recurridas, por la omisión en su calidad de empresas principales, de asegurar el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad para sus empresas contratistas, lo que conculca las garantías constitucionales de su representado, en cuanto al derecho a la integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Previas citas legales y constitucionales, y referencias jurisprudenciales, finalizó pidiendo que sean adoptadas todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y, en especial, que se ordene al empleador adoptar las providencias para la entrega de guantes, alcohol gel y mascarillas al personal de la empresa, junto a la habilitación de teletrabajo, permiso con goce de sueldo para personas con factores de riesgo y toma de temperatura al ingresar a dependencias de la misma, ordenándose además la suspensión de toda actividad en las dependencias de la empresa, sin afectar la remuneración de sus trabajadores y trabajadoras, con expresa condena en costas.

Fundando el recurso explica que Veolia es una empresa que se dedica a la recolección de basura, y que las municipalidades recurridas contratan a Veolia para la recolección de residuos en sus comunas. Por tanto, Veolia es contratista de las municipalidades recurridas.

Comienza con un preludio explicando el avance y estado de la pandemia sanitaria provocado por la enfermedad del coronavirus 19. Luego explica que la comunidad médica ha consensuado que existen cuidados mínimos que deben adoptarse para prevenir la dicha enfermedad, como lo sería: Lavado de manos: Mínimo 20 segundos con agua y jabón; estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable; mantener una distancia mínima de 1 metro entre personas; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; no compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas; evitar saludar con la mano o dar besos y la obligación de portar mascarillas en el transporte público.

A lo dicho, en el mundo laboral se ha adoptado el teletrabajo como medida de régimen ordinario de trabajo y la reducción al máximo de los aforos, además de entregar a los trabajadores guantes, mascarilla alcohol gel entre otras.

En el contexto descrito, señala que la recurrida Veolia no ha tomado ninguna medida sería con el propósito de propender al resguardo de la salud de los trabajadores de su dependencia.

Enumera que Veolia no ha entregado guantes, ha entregado mascarillas que son una “polera cortada con elástico”, no ha disminuido la dotación de personal, obligado a asistir a personal adulto mayor. Agrega que los baños no tienen jabón ni ha sanitizado los camiones recolectores de basura.

Respecto de las municipalidades recurridas, sostuvo que estas no aseguran el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad para sus empresas contratistas.

Identifica la ilegalidad por infringir la obligación del deber de seguridad que recae en los empleadores, al tenor de os artículos 184 y siguientes del Código del Trabajo. Los artículos 68 inciso 3° y 66 bis de la ley Nº16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 183-E del Código del Trabajo y 3 del decreto Nº594 sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Indica que si bien la recolección de basura es de primera necesidad, ello no puede llegar al punto de poner en riesgo la vida del trabajador. Además, por no respetar el dictamen Nº1239-2020, de 31 de marzo de 2020, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, que instruyó a los órganos administradores del seguro establecido en la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se entreguen a los trabajadores materiales para combatir la pandemia.

Finalmente alude cómo el acto recurrido afecta las garantías constitucionales de su representado, las que enumera y explica.

SEGUNDO: Que informando -folio 11 de 27 de abril del 2020- Andrés Aylwin Chiorrini, abogado, por la recurrida Veolia Su Chile S.A., pidió el rechazo del recurso de protección por estimar que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representado.

En cuanto a los hechos, comienza explicando las funciones de la recurrida en cuanto a su labor de recolección de residuos domiciliarios, destacando la importancia de su labor. Refiere que en la empresa hay 17 organizaciones sindicales, y ninguna de ellas, a excepción del recurrente, había expresado malestares en la gestión de la pandemia.

Manifiesta que una paralización, total o parcial, de los servicios que presta Veolia -como lo pretende el Sindicato- implica un serio daño para el medio ambiente como también para la salud de las personas.

En esta misma línea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante Oficio Ordinario Nº 8992 de 2020, decretó que se exceptúan de las medidas de aislamiento o cuarentena los trabajadores de empresas recolectoras de basura. Lo propio estableció el Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Exenta Nº 88, de fecha 6 de abril de 2020, al establecer entre las empresas de utilidad pública, exceptuadas de la paralización de actividades, a las empresas recolectoras de basura.

Enseguida, indica que Veolia siempre ha cumplido con todas sus obligaciones en materia de seguridad, más aún en estos días, y que en todo caso no son efectivos los hechos descritos en el recurso.

Hace hincapié en que Veolia sí ha entregado constantemente Alcohol Gel a sus trabajadores, guantes y mascarillas para que realicen sus labores, sí ha disminuido el número de trabajadores que prestan servicios y que deben concurrir a las dependencias de la Empresa, ha sanitizado los camiones y que no es efectivo que los adultos mayores siguen prestando servicios en terreno. Agrega que las entradas de oficinas y establecimientos de túneles están higienizadas y tienen toma de temperatura y refiere además que el 99% de los trabajadores de oficina se encuentran en teletrabajo.

En general, señala cumplir con toda la normativa, por lo que entiende que no hay ningún acto arbitrario ni ilegal que se impute a su parte, básicamente porque si ha velado por la seguridad y salud de sus trabajadores.

Finalmente, señala que en escrito de 14 de abril del 2021 que los mismos hechos que la recurrente denuncia en esta acción cautelar, están siendo conocidos en un juicio de tutela laboral ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causal RIT T-1399-2020 y cuya audiencia de juicio se encontraba agendada para el lunes 19 de abril de 2021.

TERCERO: Que informando -folio 19 de 13 de mayo del 2020- Alejandro Silva González, abogado, por la recurrida Municipalidad de Vitacura, pidió el rechazo del recurso de protección por estimar que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representado.

Como aspecto formal pide el rechazo del recurso por no ser éste la vía idónea, como medida cautelar y de procedimiento de urgencia, para resolver el conflicto sometido a decisión de la Corte. Corresponde a un juicio de lato conocimiento además hay ausencia de derechos indubitado por parte de quien recurre.

Que su parte no ha cometido ninguna ilegalidad, además que las normas labores que se señalan infringidas en el recurso tiene una extensión que no se comprende como aplicarían en concreto en el caso que se expone en el recurso. Luego, en detalle niega cada una de las imputaciones de hecho realizada en el recurso, explicando cada una de las gestiones que sí ha realizado.

CUARTO: Que informando -folio 20, de 15 de mayo del 2020- Javiera Ahumada Villar, abogada, por la recurrida Municipalidad de Peñalolén, pidió el rechazo del recurso de protección por estimar que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representado.

En cuanto a la forma, alegó la falta de legitimación pasiva del municipio atendido que ningún trabajador de la empresa Veolia S.U. Chile S.A. que presta servicios en la comuna de Peñalolén, se encuentra afiliado al Sindicato recurrente.

Con todo, señaló que es efectivo que la municipalidad mantiene un contrato vigente con la empresa Veolia para la recolección de residuos, pero niega que en su comuna no se respeten las medidas sanitarias o de seguridad respecto de los trabajadores.

QUINTO: Que, informando -folio 33, de 31 de julio del 2020- Andrea Díaz Troncoso, abogada, por la recurrida Municipalidad de la Reina, pidió el rechazo del recurso de protección por estimar que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representado.

Manifestó que es efectivo que la municipalidad mantiene un contrato vigente con la empresa Veolia para la recolección de residuos, pero niega que en su comuna no se respeten las medidas sanitarias o de seguridad respecto de los trabajadores.

SEXTO: Que, informando -folio 35, de 13 de agosto del 2020- Jan Aeschlimann Meuli, abogado, por la recurrida Municipalidad de Maipú, pidió el rechazo del recurso de protección por estimar que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representado.

Manifestó que es efectivo que la municipalidad mantiene un contrato vigente con la empresa Veolia para la recolección de residuos, pero niega que en su comuna no se respeten las medidas sanitarias o de seguridad respecto de los trabajadores.

En cuanto al derecho, argumentó que las normas de subcontratación del Código del Trabajo no aplican para el tipo de relación contractual que tiene la municipalidad con la empresa Veolia, ya que el concepto de empresa es solo para privados lo que no se puede asimilar al contrato administrativo que tiene la municipalidad, cuyo fin es satisfacer una necesidad pública de la recolección de la basura domiciliaria.

SÉPTIMO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

OCTAVO: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte ha sido la omisión que habrían incurridos las recurridas en la no entrega de medidas de seguridad en el contexto de la pandemia sanitaria provocado por el virus Sars-cov 2, lo que afecta la garantía del artículo 19 N° 1 de la carta política.

NOVENO: Que, de lo expuesto precedentemente se desprende que la cuestión promovida no es de aquellas que deba ser dilucidada por la vía de la presente acción constitucional de cautela urgente, misma que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se vean afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados en esta sede, presupuesto que en la especie no concurre. En consecuencia, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

DÉCIMO: Que, en efecto, la naturaleza cautelar de la acción ejercida no tiene por finalidad resolver un conflicto de relevancia jurídica o declarar la existencia de un derecho, en la especie, resolver acerca si un empleador cumple o no con las medidas de seguridad a la que encuentra obligado según el Código del Trabajo.

Para ello, es importante decir que existen procedimientos específicos e idóneos de lato conocimiento establecido en la ley, a través de los cuales el recurrente podía hacer valer sus derechos para resolver el asunto planteado, como lo ha hecho en la causa de tutela laboral por vulneración de garantías en el contexto de relación laboral vigente, en el rol T-1399-2020, conocidos por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, pero en ningún caso, puede esta acción constitucional ser útil para exigir y corroborar si se han cumplido o no las medidas de seguridad, ya que los supuestos fácticos del recurso fueron cuestionados.

UNDÉCIMO: Que, como se ha venido razonando, el estudio y fallo del conflicto planteado en el recurso es un asunto de lato conocimiento, toda vez que los hechos en que se fundamenta el recurso requieren ser conocidos con todas las garantías del debido proceso, esto es, donde tenga concreción el principio de la bilateralidad de la audiencia, la rendición de pruebas, la procedencia de recursos, etc.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, así las cosas, procede rechazar el recurso intentado, como se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, con costas, el recurso deducido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa Veolia S.U Chile S.A en contra de: 1) Veolia S.U. Chile S.A -empresa de recolección de basura-, 2) la Ilustre Municipalidad de Maipú, 3) la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, 4) la Ilustre Municipalidad de Vitacura y, 5) la Ilustre Municipalidad de La Reina.

Se previene que el ministro señor Hernán Crisosto fue del parecer de eximir del pago de las costas a los recurrentes, por estimar que tuvieron motivos plausibles para accionar.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-34798-2020.