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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 34791-202127 abr 2022

nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Fecha
27 de abril de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Segunda
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 34791-2021, sentencia de 27 de abril de 2022

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Caja de Compensación Los Andes: la recurrida devolvió los fondos descontados y cesó los descuentos, por lo que no hay vulneración actual y la acción perdió oportunidad.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, quien interpone Acción de Protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario ilegal consistente en el cobro de un crédito social, lo que vulnera su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 28 de mayo de 2021, se percató que en su liquidación de sueldo del mes de mayo de 2021 fue realizado un descuento en favor de C.C.A.F. Los Andes por un monto de $126.278, señalando que desconoce el origen de dicho descuento, toda vez que no ha pactado préstamo alguno con Caja Los Andes, además de no haber sido informado de manera previa de que su remuneración del mes de mayo de 2021 se vería considerablemente afectada.

Indica que, en caso de que existiera algún tipo de convenio entre las Cajas Los Andes y la 18 de Septiembre, hace presente que hace aproximadamente 7 años, alrededor del año 2014, solicitó un préstamo de dinero a la Caja de Compensación 18 de Septiembre, el que fue pagado hace más de 3 años atrás, no habiendo sufrido descuento alguno a favor de la Caja 18 de Septiembre ni menos a favor de Caja Los Andes.

Sostiene que el préstamo con la Caja 18 de Septiembre fue pagado mediante descuentos realizados hasta el año 2018, es decir, hace 3 años, por lo que el descuento realizado en favor de la Caja de Compensación Los Andes no tiene fundamento alguno, resultando su conducta del todo arbitraria afectando el derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica con motivo de su actividad laboral.

Señala que el descuento se siguió efectuando en los meses de junio de 2021; $130.475 en julio de 2021; $134.571 en agosto de 2021; $136.117 en septiembre de 2021, $136.117 en octubre de 2021; $26.832 en noviembre de 2021 y $26.832 en diciembre de 2021.

Agrega que, con el objeto de aportar mayores antecedentes para resolver la presente acción, realizó una búsqueda con su nombre en la página del Poder Judicial y encontró asociada la causa Rol C-26253-2019, donde, con fecha 28 de agosto de 2019, el 22ºJuzgado Civil de Santiago resolvió no dar curso a una demanda, por estar prescrita la acción, en juicio ejecutivo caratulado como CCAF 18 DE SEPTIEMBRE/ nombre reservado, resolución que se dictó de manera previa a la notificación de una demanda. Solicita se acoja la acción y se ordene la devolución íntegra de los dineros descontados y aquellos que se descuenten en el tiempo intermedio entre la presentación y la resolución del presente recurso.

Segundo: Que evacuando el informe solicitado Sergio Abarca Vargas abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

En primer lugar, señala que a la recurrente se le han efectuado descuentos en su remuneración para el cobro de créditos sociales otorgados por Caja de Compensación 18 de Septiembre, bajo la modalidad “Intercajas”, por lo que la Caja de Compensación 18 de Septiembre solicitó a la recurrida la gestión de descuentos en la remuneración del Sr. nombre reservado para el pago de las cuotas de los créditos otorgados por la referida institución.

En ese contexto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, la recurrida, a partir del mes de mayo de 2021, incluyó al recurrente en las planillas de descuento que son remitidas a su empleador. Las sumas recaudadas son luego remesadas a la entidad acreedora. Asimismo, se ha procedido al cobro de cuotas en calidad de mandataria de C.C.A.F. 18 de Septiembre y no posee mayor información de los créditos otorgados al recurrente, antecedentes que deberán ser aportados por dicha institución.

Informa que el “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar” es un contrato de mandato y prestación de servicios, celebrado entre las cajas de compensación con fecha 15 de abril de 2013, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833.

Informa además que, de conformidad a sus antecedentes, el día 31 de enero de 2014 el señor nombre reservado solicitó a su representada un crédito por $4.000.000 (cuatro millones de pesos), pagadero en 49 cuotas de $136.177 (más una prima mensual de $7.029 por un seguro de desgravamen que tiene el carácter de obligatorio de conformidad a la normativa que regula el crédito social), operación registrada bajo el folio1348002797. Tal crédito fue concedido al actor, en su condición de trabajador dependiente de la empresa afiliada a esta C.C.A.F., Sociedad de Transportes Quintana Ltda., RUT RUT reservadoDicho crédito se encontraba moroso desde el año 2015, oportunidad en que se recaudó la cuota número 12 de la operación, luego que la empleadora del señor nombre reservado descontase, retuviese y remesase a esta Caja, el valor de la cuota del crédito del actor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, en el inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo y en el artículo 22 de la Ley 17.322.

Luego, atendida la circunstancia que tal pago fue inmediatamente interrumpido, se activaron los mecanismos de cobro correspondientes, entre ellos, la incorporación del crédito en la base de datos del sistema Intercajas, por medio de tal plataforma pudo recaudarse las cuotas 13 a 26, entre enero de 2016 y diciembre de 2021.

Refiere que la recurrida ha actuado con estricto apego a derecho y solo ha dispuesto el cobro de una obligación vigente, mediante el mecanismo establecido en la normativa que regula la materia.

Finalmente y sin perjuicio de lo señalado precedentemente, y sin reconocer de forma alguna los fundamentos que esgrime el actor en su recurso, la recurrida ha dispuesto el cese del cobro del crédito y la restitución al señor nombre reservado, de la suma de dinero que ha sido descontada en sus remuneraciones desde junio de 2021.

Acompaña comprobante emitido por el Banco BCI, el día 21 de febrero de 2022, que da cuenta de haberse pagado al actor la suma de $843.534 (ochocientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos), correspondiente a la devolución de las cuotas cobradas al señor nombre reservado desde junio de 2021.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del presente arbitrio, esto es, “se ordene la devolución íntegra de los dineros descontados y aquellos que se descuenten en el tiempo intermedio” y lo informado por la recurrida en orden a que con fecha 21 de febrero de 2022 se devolvieron al recurrente todos los fondos que le fueron deducidos y que ya no se harán tampoco más descuentos a su remuneración por el concepto que justificó aquellos que fueron por esta vía impugnados, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente;

Sexto: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-34791-2021.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por la Ministra señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Enrique Faustino Duran Branchi y el Abogado Integrante señor Jorge Balmaceda Hoyos.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.