nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

A los folios 18, 20, 21 y 22: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la que califica de omisión ilegal y arbitraria en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, solicitada con fecha 27 de marzo de 2020, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 nº 2 de la Constitución Política de la República.

La recurrente es nacional de Venezuela, ingresó al país en calidad de turista con fecha 04 de diciembre de 2017, posterior fue titular de una visa temporaria, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile.

Con fecha 27 de marzo de 2020, y previo al vencimiento de su visa como residente temporal, solicitó el beneficio de permanencia definitiva. Actualmente, doña nombre reservado, desempeña su profesión como médico en CESFAM San Ramón.

Alega que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud de 27 de marzo de 2020, hasta la fecha de presentación del recurso, han transcurrido 1 año, 02 meses y 26 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por la recurrente.

Destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, haciendo especial énfasis en el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión, evitando trámites dilatorios.

Pide que se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Agrega durante la tramitación del presente recurso, que con fecha 1 de octubre del año en curso, acompañó en las dependencias de las oficinas del recurrido, los documentos exigidos por el Oficio Ordinario N° 36.928 de fecha 30 de septiembre de 2021, según señala la recurrida en su informe.

Segundo: Que el recurrido, Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informa, pidiendo el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que pueda afectar en forma alguna los derechos fundamentales de la recurrente, siendo inexistentes los perjuicios que en su libelo sostiene y, finalmente, arguye que la acción no tiene oportunidad, puesto que, el curso progresivo del procedimiento administrativo se encuentra actualmente dentro de la esfera de responsabilidad de la extranjera.

Señala que contra la presentación de la solicitud del 27 de marzo de 2020 de la recurrente, se emitió certificado de permiso de permanencia definitiva en trámite N° 13.566, el que conforme a los artículos 157 N° 5, en relación al artículo 135, ambos del Reglamento de Extranjería, acreditó la residencia regular de la recurrente durante todo el período de tramitación de su solicitud, siendo su obligación el obtener prórrogas de la vigencia de dicho documento a través del portal de trámites de esta autoridad.

Añade que mediante Oficio Ordinario N° 36.928 de fecha 30 de septiembre de 2021, remitida por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se comunica a la extranjera que, en relación a su solicitud de permanencia definitiva debe remitir mediante correo certificado los siguientes documentos: - Certificado de inicio de actividades emitido por el Servicio de Impuestos Internos (fotocopia), - Boletas de honorarios emitidas durante el período de su visa, comprendido entre el 13.04.2018 y el 13.04.2019 (fotocopia) e – Informe Anual de boletas de honorarios de los años 2018 y 2019 (electrónicas, y se le concedió un término de 30 días para que acompañe la documentación señalada. Por ende, arguye que, el procedimiento administrativo se encuentra en trámite, la extranjera mantiene situación migratoria regular y el curso del procedimiento se encuentra actualmente dentro de la esfera de su responsabilidad, debiendo dar cumplimiento a lo requerido por la autoridad, ya que en caso contrario se hará efectivo el apercibimiento decretado, de “En caso de no presentar esta documentación en un plazo máximo de 30 días a contar de esta fecha, su solicitud será rechazada, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 138 N°5 con relación al Art.135, ambos del Reglamento de Extranjería”.

Razona que la facultad de otorgar o no un permiso de residencia es una facultad discrecional de esa autoridad y al momento de solicitarla se accede a una “mera expectativa” y no a un derecho indubitado.

Pide en consecuencia, que se rechace el recurso.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, por esta vía se busca la protección de la garantía contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, la que según el recurrente ha sido afectada por la omisión de la autoridad competente a recibir y tramitar su solicitud de permanencia definitiva.

Quinto: Que, en la especie, la protegida efectuó la solicitud de marras, con fecha 27 de marzo de 2020, y una presentación el día 1 de octubre de 2021, esto es, una vez emitida la resolución informada por la recurrida en cuanto a documentación pedida, para ser titular del beneficio de permanencia definitiva solicitada.

Sexto: Que, en este orden de ideas, observa esta Corte una excesiva dilación en la tramitación de la solicitud administrativa que le correspondía resolver, lo que no se aviene con la celeridad que debiese actuar al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.980, y que si bien el citado artículo no establece un plazo fatal para la administración, no aparece razonable la demora que se denunció en esta oportunidad.

Séptimo: Que, la excesiva dilación, carente de motivación, lo tornan en arbitrario, y se observa en la especie, desde que no se ha justificado el mismo, lo que implica una amenaza evidente a su libertad ambulatoria, toda vez que, la negativa a pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva que se solicita, se traduce en la incertidumbre de permanencia en el territorio de la República, derecho que está garantizado en la Constitución, en la medida que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales, y que en la especie, se ve conculcado con la inactividad de la Administración.

Lo que igualmente se traduce en una afectación a la garantía contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Política, esto es la igualdad ante la ley.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, sólo en cuanto dicha repartición pública recurrida, debe pronunciarse dentro del plazo de 30 días acerca de la petición de permanencia definitiva, sin solicitar nuevos antecedentes.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-34526-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Miguel Eduardo Vazquez Plaza, el Ministro (S) señora Paula Rodriguez Fondon y el Abogado Integrante señor Patricio Ignacio Carvajal Ramirez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.