nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de enero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, representado por el abogado Patricio Elías Sarquis, y deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la compensación de la devolución de impuestos personales en el año tributario 2021 y la publicación o inclusión en el certificado de deudas fiscales, en circunstancias que las obligaciones no son exigibles.

Expone que el recurrente presta servicios como profesor dependiente e independiente y emite boletas de honorarios, reteniéndosele en cumplimiento de la ley una cuota que se entera en arcas fiscales, razón por la cual, anualmente, le corresponde una devolución de impuestos que realiza la Tesorería General de la República por existir un excedente de retenciones de honorarios pagados versus el Impuesto Global Complementario determinado y declarado al Servicio de Impuestos Internos. Agrega que el fue demandado por la recurrida en el procedimiento administrativo N° 1.115-2002, que fue en definitiva declarado abandonado por sentencia firme de 2012 del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

Indica a continuación el recurrente que el 22 de junio de 2021 tomó conocimiento de la compensación por parte de la Tesorería General de la República de su devolución de impuestos por un monto de $8.399 y, además, que figura con deuda fiscal con vencimiento el 30 de abril de 2000 por la suma neta de $6.967.068 y actualizada de $65.615.707, por obligaciones no exigibles que tienen como antecedente ese procedimiento administrativo iniciado en 2002 y judicialmente declarado abandonado hace más de diez años. Añade luego que una obligación no exigible no puede ser objeto de retención de una devolución de impuestos y tampoco debería publicarse como deuda vigente en su certificado de deudas fiscales y que se está ante una manifiesta arbitrariedad, desde el momento en que la Tesorería no puede compensar los recursos que le pertenecen sin una acción de cobro exigible, vigente y debidamente notificada.

Respecto de la ilegalidad, se argumenta en el recurso que se infringe lo dispuesto en los artículos 1656 del Código Civil, 13 inciso final de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 5°, 11 y 16 de la Ley N° 19.880 y 5° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, y se alega como garantía conculcada la del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que al evacuar el informe la Tesorería General de la República solicita el rechazo del recurso, alegando que no ha existido actuación u omisión arbitraria o ilegal alguna.

Se reconoce por la recurrida que el 14 de mayo de 2021 se efectuó una compensación por un monto ascendente a $8.399.- sobre la misma deuda morosa existente desde 2001 y que se pretendió cobrar en un procedimiento que se declaró abandonado por resolución ejecutoriada. Alega que el abandono no es un modo de extinguir las obligaciones, de modo tal que no obstante su declaración subsisten las acciones y excepciones de las partes y, por tanto, subsiste también la deuda morosa.

Respecto a la legalidad de la compensación indica que el legislador, en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, autorizó expresamente a la Tesorería General de la Republica para compensar deudas y que la disposición alusiva a esta institución, contenida en el artículo 177 inciso 4° y siguientes del Código Tributario, sólo está referida a aquellos casos en que el propio contribuyente solicita administrativamente la compensación de la deuda, por lo que concluye que en el ejercicio de dicha potestad al Tesorero General de la Republica le son plenamente aplicables las normas que regulan esta institución contenidas en el Código Civil, tanto por no existir norma que lo prohíba, como por lo previsto en el artículo 2° del Código Tributario.

Entiende que en el presente caso se cumplen todos y cada uno de los requisitos para efectuar la compensación, esto es, la deuda del recurrente es de dinero y líquida y, además, es actualmente exigible, no existiendo ninguna causal de suspensión que impida que opere la compensación. Termina indicando que mientras no se haya declarado la prescripción de la acción ejecutiva de cobro del Servicio de Tesorerías, mediante sentencia firme o ejecutoriada, el Fisco tiene la posibilidad de iniciar un nuevo juicio, no obstante el tiempo que hubiere transcurrido en el intertanto.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que no existe controversia entre los litigantes respecto de los hechos que motivan el recurso y, en este escenario, únicamente corresponde dilucidar si la compensación practicada por la recurrida Tesorería General de la República y la posterior publicación o inclusión del recurrente en el certificado de deudores fiscales resulta arbitraria o ilegal, como se denuncia en el recurso.

Pues bien, el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1994, del Ministerio de Hacienda autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. Asimismo, el inciso cuarto del artículo 177 del Código Tributario prescribe que sin perjuicio de las excepciones enumeradas en este artículo -que se refiere a aquéllas que puede oponer el contribuyente en el juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero-, el ejecutado que fuere a su vez acreedor del Fisco podrá solicitar administrativamente la compensación de las deudas respectivas extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Como resulta evidente, la segunda de estas disposiciones, aludida por la recurrida en el informe para procurar justificar su proceder, ninguna cabida tiene en una situación como la planteada, desde que se refiere a la compensación que es solicitada por el contribuyente y no a una que tiene su origen en la iniciativa del Servicio de Tesorerías.

Quinto: Que en relación a la primera de las normas citadas, es claro su tenor en orden a que faculta a la Tesorería General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco. Sin embargo, el precepto entrega esta potestad a la entidad recaudadora “cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados”.

Como se destaca de la transcripción de la regla, la compensación tiene cabida únicamente en tanto los documentos que dan cuenta de las deudas estén en condiciones de ser pagados y lo cierto es que una deuda que se hizo exigible hace más de veinte años, en 2001, no está en condiciones de ser pagada.

En efecto, no desconoce la Corte que la prescripción, en tanto modo de extinguir las obligaciones, conforme al artículo 2493 del Código Civil debe ser alegada por quien quiera aprovecharse de ella, impidiéndosele juez, salvo contadas excepciones, declararla de oficio. No obstante ello, en el caso de la especie y en razón de sus particularidades de hecho recién destacadas, resulta manifiesto que el proceder de la recurrida Tesorería General de la República no puede sino ser calificado de arbitrario, pues aprovechándose de una regulación que evidentemente ha sido concebida para situaciones diversas, se priva al recurrente de la posibilidad de enervar la acción de cobro mediante la alegación de prescripción y por una vía oblicua se obtiene el pago de una acreencia cuyo cobro se persiguió ineficazmente hace más de dos décadas.

Sexto: Que en razón de lo concluido anteriormente, es evidente también que se vulnera el derecho que la Constitución Política de la República reconoce al recurrente en el N° 24 del artículo 19 respecto de la devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2021 y, por ello, corresponde que el recurso sea acogido en esta parte.

Sin perjuicio de lo anterior, la pretensión de quien recurre en orden que “el recurrido elimine del certificado de deuda fiscal y de todo otro registro público, la deuda no exigible del recurrente cuyo vencimiento fue en el año 2000”, no puede ser atendida, pues independiente del tiempo transcurrido la deuda registrada no ha sido legalmente extinguida y habrá de ser el mismo recurrente quien inste por tal declaración en el procedimiento de naturaleza ordinaria que corresponda.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido por nombre reservado, representado por el abogado Patricio Elías Sarquis, sólo en cuanto a fin de restablecer el imperio del Derecho se ordena a la recurrida Tesorería General de la República proceder a la devolución de impuestos solicitada por el recurrente en su declaración anual de impuestos correspondiente al año tributario 2021, rechazándoselo en lo demás.

Comuníquese lo resuelto por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N°Protección-34513-2021.