nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de julio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Con fecha cinco de mayo de 2019, se dedujo acción de protección en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 252/652/2019, de 4 de abril de 2019, que dispuso el término anticipado de su contrata por no ser necesarios sus servicios, lo que estima lesiona las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución. Solicita en definitiva se acoja el presente recurso, debiendo en consecuencia invalidar el término anticipado de la referida contrata, con expresa condenación en costas.

Expone que ingresó al Servicio, el 01 de julio de 2011, en calidad de profesional asimilado a grado 7 de la escala única de sueldos, con desempeño en la Subdirección de Estudios y Desarrollo del Servicio. Desde al año 2011 se han prorrogado sus contratas de manera sucesiva y continua, ejerciendo diversos cargos.

Precisa que sus evaluaciones de desempeño le permitieron estar clasificado en lista 1, lo cual demuestra su excelente desempeño funcionario, además, no registra anotaciones de demérito ni sanciones disciplinarias.

En cuanto al acto recurrido, expone que se fundó en una supuesta reestructuración de la Subdirección de Estudios y Desarrollo, que implica la supresión del departamento que encabeza el recurrente. Asimismo, la reestructuración citada es transversal a la SED, involucrando la supresión del Departamento de Estudios, del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la unidad de Computación, y finalmente también la supresión de la Unidad de Desarrollo Informático, siendo, en consecuencia, dos departamentos y dos unidades las que se suprimen en el marco de este proceso de reestructuración. Indica que en esta nueva estructura sólo podría desarrollar labores profesionales que no corresponden a una jefatura, lo que se considera del todo inconveniente para los intereses institucionales y contraproducente a un adecuado clima laboral y a la equidad en el esquema de retribución a los funcionarios del Servicio, atendido a que su grado remuneratorio, el más alto del estamento profesional, corresponde al de una jefatura.

Cuestiona que la resolución argumente que el recurrente en esta nueva estructura sólo podría desarrollar labores profesionales que no corresponden a una jefatura, por cierto que puede desarrollar labores profesionales puesto que su contratación como funcionario público está vinculada a la planta profesional y no directiva. Así las cosas, la resolución carece de fundamentos concretos sobre la no renovación de su contrata, lo que se traduce en falta de motivación del acto administrativo, transgresión de la confianza legítima que poseía sobre la mantención de su empleo, y la vulneración de la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, por lo que solicita se acoja su recurso.

2°.- Que con fecha 28 de mayo de 2019, informa la recurrida, solicitando el rechazo del recurso. Expuso, en lo pertinente, que al interior de la Subdirección de Estudios y Desarrollo se produjo una reestructuración que trajo como efecto la desaparición del Departamento en que el señor nombre reservado se desempeñaba, haciendo necesario el término de su contrata en razón de los argumentos de hecho y derecho que se señalaron en la resolución de término. En este caso, con la nueva organización, las funciones del recurrente se vuelven innecesarias, por lo que se dictó finalmente el acto recurrido.

Argumenta que el nombramiento a contrata es esencialmente transitorio y señala que el principio de la doctrina de la denominada confianza legítima no ha derogado las facultades de los jefes de servicio en cuanto a la administración propia del órgano. Por lo demás, el Director del Servicio ha hecho ejercicio de sus facultades conforme a la ley al disponer el término anticipado de la contrata, pues la medida adoptada se fundamenta plenamente en el mérito de la reestructuración que se produjo en dicha Subdirección. En cualquier caso, dicha decisión, y el espíritu mismo de la medida adoptada es coherente con el principio de eficiencia en la utilización de los recursos públicos que vincula a la Administración del Estado.

Estima que el acto impugnado se encuentra suficientemente motivado, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su dictación, lo que necesariamente conlleva el rechazo del recurso, al no existir vulneración de garantías.

3°.- Que el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°.- Que a la observación de los antecedentes aparejados a estos autos, puede observarse que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, se aprecia que el acto impugnado contiene todos los razonamientos que llevaron a la recurrida a la no renovación de la contrata del señor nombre reservado, “por no ser necesario sus servicios”, cumpliéndose así con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880. Por otra parte cabe tener presente que el departamento donde realizaba sus funciones el recurrente desapareció por la reestructuración del Servicio, por lo que las labores encomendadas al señor nombre reservado, dejaron de ser necesarias.

En la especie se trataba de un cargo a contrata, renovable mientras fueran necesarios los servicios del recurrente y no dándose esta circunstancia, es atendible ponerle término como ha ocurrido en el caso de marras. Así, el acto impugnado ha sido motivado, no correspondiendo renovar la contrata, atendida la situación antes descrita.

5°.- Que por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de 1a administración de que da cuenta la Resolución Exenta N° 252/652/2019 de 4 de abril de 2019 del señor Director del Servicio de Registro Civil e Identificación de poner término anticipado a la contrata de don nombre reservado, la que no es ni ilegal ni arbitraria y de ello se da cuenta en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2º letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880.

6°.- Que en todo caso, ninguna de las garantías que se señalan por el recurrente como vulneradas, merecen tal calificación. Así, respecto de aquella establecida en el N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, debía haberse demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. En cuanto a aquella garantía establecida en el N° 16° del mencionado artículo 19, ésta sólo está protegida en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección, lo que, en el caso sub judice, no se observa. Y en lo que dice relación con aquella basada en el N° 24° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, ésta no dice relación con la propiedad en e empleo, sino que se refiere al derecho real de dominio, establecido en el Código Civil.

Por estas consideraciones y de conformidad, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado en contra del Servicio del Registro Civil e Identificación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Solís.

Protección Nº 34.490-2019.

Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Gloria Solís Romero, conformada por el Ministro (S) señor Pedro Advis Moncada y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

En Santiago, veintiséis de julio de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.