Protección contra Recsa S

C.A. de Santiago Santiago, doce de julio de dos mil diecisiete.

Proveyendo al folio 27554, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que en estos autos se han acumulado dos recursos de protección interpuestos en favor de nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, deducidos en contra de Recsa S.A. y Socofin S.A., por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en diversas gestiones de cobro extrajudicial realizadas por los recurridos respecto de deudas que mantiene la recurrente con Banco Scotiabank y con Banco de Chile.

Funda su recurso en que es deudora de las instituciones bancarias señaladas precedentemente, por la suma de $6.944.274 y $1.543.526 respectivamente, las cuales ya han iniciado gestiones judiciales para la obtención de sus acreencias.

Pese a que el cobro de estas deudas se encuentra judicializado, las recurridas han continuado realizando labores de cobranza extrajudicial, consistentes principalmente en llamadas telefónicas, con una frecuencia de 6 a 7 llamados al día, con intervalos de inactividad de uno o dos días, tanto a su domicilio particular como laboral, entorpeciendo su vida cotidiana. Los llamados se realizarían en términos reclamantes y ofensivos y contendrían amenazas de embargos. Además se ha contactado telefónicamente a parientes de la recurrente.

A raíz de estos hechos, tanto el grupo familiar como el entorno laboral de la recurrente se encuentran al tanto de la existencia de esta deuda, pese a que el artículo 37 de la ley N°19.496 expresamente dispone que las gestiones de cobranza deben proteger los datos de carácter personal.

Indica que los llamados telefónicos se efectúan desde noviembre de 2015 en el caso de la empresa Recsa y desde enero de 2016 en el caso de Socofin.

A su juicio, estos actos vulneran las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°1 y N°4 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a la protección de la vida privada y honra, respectivamente.

Solicita en definitiva que se declare que el actuar de las recurridas es arbitrario e ilegal, que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para la efectiva tutela de las garantías constitucionales vulneradas, especialmente disponer que la recurrida debe abstenerse de efectuar llamados telefónicos a la recurrente, a su grupo familiar y a su lugar de trabajo, o en subsidio, abstenerse de llamar a su lugar de trabajo.

SEGUNDO: Que evacuando su informe, Recsa S.A., indica que efectivamente realiza gestiones de cobranza respecto de clientes del Banco Scotiabank. Para este efecto, el banco le entrega mensualmente una nómina de clientes para las gestiones de cobranza extrajudicial, la cual se enmarca dentro de las políticas indicadas por su mandante y dentro de las disposiciones de la ley 19.496 y 19628.

Dentro de los créditos morosos informados respecto del mes de mayo de 2017 se encuentra el crédito correspondiente a la recurrente, por un capital de $6.944.275, respecto del cual se realizaron llamados telefónicos a los números indicados por el banco correspondiente al celular y al domicilio particular de la recurrente.

Las gestiones consistieron en llamados realizados entre el 4 y el 27 de mayo de 2017. Se realizaron 6 contactos directos con la deudora, dos llamados en los cuales no se le encontró y un llamado equivocado. Transcribe el contenido de estas conversaciones.

Estima que las llamadas no contienen contenido ofensivo ni agresivo ni tampoco se utilizan técnicas ilegales.

Indica que -a su juicio- su parte no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, sin embargo con motivo de la interposición del presente recurso, su mandante le instruyó el cese de las gestiones extrajudiciales de cobranza.

TERCERO: Que en su informe, Socofin expone que efectivamente inició una causa ante el 9° Juzgado Civil de Santiago en causa rol N°935-2016 para el cobro de un pagaré por la suma de $1.892.580. Sin embargo esta demanda fue retirada, razón por la cual la causa no se encuentra actualmente en tramitación.

Agrega que es efectivo que se han efectuado algunas llamadas telefónicas a la deudora, pero que ellas no transgreden ni el artículo 37 de la Ley N°19496 ni la ley N°19659. Niega la multiplicidad de los llamados denunciados de contrario.

Indica que le llama la atención que el recurso de protección deducido en su contra sea de idéntico tenor al deducido contra RECSA S.A. y además alega que la abogado que comparece en representación de la recurrente ha deducido otros recursos respecto de otros deudores y distintos recurridos de idéntico tenor, lo que a su juicio constituiría una instrumentalización de la acción de protección.

Por último, niega la vulneración de las garantías denunciadas por el recurrente.

CUARTO: Que, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, de lo transcrito, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Recién en caso de darse alguna de las dos primeras exigencias, que no son copulativas, según surge de su redacción, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar afectadas o amagadas.

SEXTO: Que de lo expuesto por la parte recurrente en su libelo, no es posible apreciar a juicio de esta Corte que, el hecho descrito –llamados telefónicos en fechas próximas realizando una cobranza por créditos impagos por parte de la recurrente – tengan la entidad suficiente, para impetrar acudir a esta sede y requerir este amparo de garantías constitucionales, máxime cuando no existe constancia de antecedente alguno allegado al recurso que los llamados telefónicos en cuestión se hayan realizado por la recurrida de manera sostenida, permanente en el tiempo y en forma deshonrosa y hostil, no resguardando la debida protección de los datos personales de la actora, y que éstas entorpezcan el normal desarrollo de su vida cotidiana, como alega la recurrente.

En este sentido, resulta esclarecedor acudir a la norma contenida en el artículo 37 inciso 6° de la Ley N°19.496, en materia de cobranza extrajudicial, cuyo texto establece lo siguiente: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor.”

Ninguna de las circunstancias fácticas descritas en la aludida disposición legal y que permitirían dar crédito a lo manifestado en el recurso de protección, han sido ni siquiera someramente justificadas mediante algún medio que permitiera a esta Corte entrar a determinar la concurrencia de una afectación de las garantías constitucionales invocadas como lesionadas por la propia recurrente.

SÉPTIMO: Que, por lo mismo, dado que el recurrente no ha podido justificar la existencia de un acto que pueda ser efectivamente calificado de ilegal o arbitrario proveniente de las empresas de cobranzas recurridas, el presente arbitrio constitucional debe ser rechazado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZAN, sin costas, los recursos de protección deducidos en favor de nombre reservado, en contra de Recsa S.A. y Socofin S.A.

Regístrese y archívese.

N°Protección-34487-2017 (acum 34.489-2017).

Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Luis Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro Fernando Ignacio Carreño Ortega y por el Ministro (S) señor Juan Opazo Lagos.