IMER CHILE S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO ACUM. ING. CORTE 62680-2019.-

5 Santiago, siete de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece el abogado Bernardo Piracés Brownell, en representación de “Importadora y Arrendadora de Maquinarias S.A.”, quien deduce acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, por estimar que ha incurrido en el acto ilegal y arbitrario de imponerle una multa administrativa por no pagar la semana corrida a dos trabajadores, al considerar el ente fiscalizador que les correspondía tal beneficio por percibir comisiones.

Dicho proceder, asegura, vulnera las garantías constitucionales que contempla el artículo 19 de la Constitución Política en su N° 3 inciso quinto (derecho a no ser juzgado por comisiones especiales) y N° 24 (derecho de propiedad).

Refiere que fue notificada de la Resolución N° 4514/19/19, de fecha 7 de marzo último, mediante la cual se le condena al pago de una multa de 40 unidades tributarias mensuales, por “no pagar la semana corrida a los trabajadores nombre reservado y nombre reservado, habiéndose constatado que se remunera por comisión…”. Señala que la fiscalizadora esgrimió que por el solo hecho de existir comisiones, debía pagarse por concepto de semana corrida. Indica que se le hizo ver a dicha funcionaria que no toda comisión lleva la obligación de pagar semana corrida, particularmente porque ésta, en la especie, no se devenga día a día por los mencionados trabajadores, sino que se trata de comisiones ligadas a procesos complejos de venta, de duración superior a dos o tres meses por cada operación.

Denuncia que con dicha actuación la fiscalizadora ha excedido sus atribuciones legales, invadiendo el ámbito de conocimiento de los tribunales de justicia a los que corresponde el conocimiento de estas materias. De esta manera, acusa que la recurrida ha interpretado la legislación laboral, ha dado una aplicación determinada a los contratos y anexos de trabajos y resuelto la procedencia de la semana corrida. Pone de manifiesto que se trata de una materia controvertida y que ha sido resuelta reiteradamente a través de recursos de unificación de jurisprudencia en cuanto a sus requisitos y demás elementos para su aplicación.

Pide se deje sin efecto la resolución en cuestión.

Al evacuar su informe, la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, alega en primer término la improcedencia de la acción atendida la naturaleza del acto recurrido, al existir un procedimiento específico previsto en la ley para la reclamación administrativa y judicial de multas; luego, sostiene la improcedencia de la acción en razón de la evidente contradicción de la recurrente, pues con fecha 9 de mayo de 2019 presentó una solicitud de reconsideración de multa ante la Inspección Comunal del Trabajo, “facultando” precisamente al Inspector del Trabajo para reconsiderar multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia; y finalmente, expone la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que si el procedimiento de fiscalización que describe el artículo 505 del Código del Trabajo concluye con una multa, nacen para el administrado una serie de derechos que le ha proporcionado el legislador laboral para repudiarla.

Se dispuso la acumulación de un segundo recurso de protección deducido por la actora en contra de la misma repartición pública por haber rechazado tramitar, mediante Ordinario N° 790 de 14 de junio de 2019, su solicitud de reconsideración administrativa respecto de la aludida multa, aduciendo que existe un recurso judicial -el anterior recurso de protección- sobre la misma multa que se encuentra pendiente. Con ello se vulnera, a su juicio, las garantías de los numerales 2 (igualdad ante la ley) y 24 (derecho de propiedad) del artículo 19 de la Carta Fundamental. Expresa que la recurrida confunde una acción cautelar de protección con una acción de reclamación de multa.

Al informar, la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco vuelve a remarcar la contradicción en que incurre la actora al reprochar que la fiscalizadora se habría arrogado prerrogativas jurisdiccionales y, al mismo tiempo, otorgarle potestad al Inspector del Trabajo para que resuelva su petición de reconsideración administrativa.

A continuación, precisa que estando sometida al conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago una acción de protección, carece la Dirección del Trabajo de competencia para pronunciarse sobre dicha materia, conforme lo han resuelto diversos dictámenes de ese organismo público.

Por resoluciones de 24 de junio y 9 de septiembre de 2019, se ordenó traer ambos recursos en relación.

Considerando:

Primero: Que como repetidamente se ha expresado por los tribunales superiores de justicia, el artículo 2º del Código Laboral, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, además, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al actual recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.

Por otro lado, el artículo 476 del Código precitado prescribe que "La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo...".

Segundo: Que, asimismo, se ha establecido que tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, esto es, cuando con su actividad de fiscalización se constaten ilegalidades claras, precisas y determinadas que le competa sancionar.

Tercero: Que de los antecedentes del recurso aparece claramente que, en lo que dice relación con la multa por no pagar la semana corrida, la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, a través de su fiscalizadora Elysser Soto Gallardo, procedió a interpretar por sí el alcance de las cláusulas de los contratos que regulan la relación laboral entre la empresa reclamante y los trabajadores que se mencionan en la resolución impugnada, determinando en este caso la obligación del empleador de pagar la semana corrida, arrogándose así facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia, esto es, de los Juzgados del Trabajo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos de trabajo.

Cuarto: Que, en efecto, la actuación de la fiscalizadora no se limitó a constatar una situación objetiva, sino que a dotar de un determinado significado y efectos -los que estima ajustados a la legislación laboral- a una serie de circunstancias fácticas, cuestión que es sin duda una elucidación de los contratos de trabajo que ligan a las partes y escapa a la tarea propia de la Inspección del Trabajo, que es fiscalizar el cumplimiento de la ley. Lo anterior se torna aún más patente atendida la materia laboral cuya vulneración acusa la recurrida, pues el instituto de la semana corrida, particularmente su procedencia o aplicación, ha suscitado un amplio debate en los tribunales de justicia, tanto en los juzgados del ramo como en las Cortes de Apelaciones, pronunciándose fallos contrapuestos.

Quinto: Que de lo reflexionado precedentemente aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha sido el caso, en que la Inspección del Trabajo asumió en la práctica la función de juzgar al decidir en los términos ya indicados, lo que, sin lugar a dudas, corresponde constitucional y legalmente a los tribunales de justicia en el curso de un proceso jurisdiccional. Efectivamente, según lo que dispone el artículo 420 del Código del Trabajo, corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos del trabajo, por lo que en consecuencia la presente acción constitucional deberá ser acogida.

Sexto: Que esta Corte en ningún caso controvierte la facultades que la ley ha otorgado a la Dirección del Trabajo en lo que dice relación con la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación; pero, como se indicó, ello sólo puede ocurrir cuando se constaten por el funcionario competente ilegalidades claras, precisas y determinadas de infracción a la legislación laboral.

Séptimo: Que en mérito de los razonamientos expresados, se torna innecesario emitir pronunciamiento acerca de la decisión que se reprocha en el segundo recurso de protección impetrado, pues deriva de la imposición de una multa que debe ser considerada como un acto ilegal y vulneratorio de la garantía citada.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en favor de “Importadora y Arrendadora de Maquinarias S.A.” en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución de multa administrativa N° 4514/19/19 emanada de la mencionada entidad.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Protección Nº 34.447-2019 (acumulado Rol N° 62.680-2019).