nombre reservado con nombre reservado

Santiago, catorce de enero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece en estos autos Felipe Holmes Salvo, abogado y en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservadoöter Galvez, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, interpone acción de protección en contra de la Directora de Obras de la Municipalidad de Las Condes doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana. Asimismo, en su oportunidad, a la presente acción se acumuló la deducida por los vecinos nombre reservado y nombre reservado, dirigida en contra de la misma recurrida.

Como fundamento, los comparecientes refieren que sus representados son vecinos, algunos propietarios y otros arrendatarios, de un barrio residencial ubicado en la comuna de Las Condes y que el 5 de noviembre de 2020, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes emitió el Certificado de Informaciones Previas N° 3387/2020, respecto del inmueble ubicado en esa comuna, domicilio reservado, respecto del cual sus representados se encuentran próximos o contiguos, consignándose que éste se encontraba afecto, en el Plan Regulador Comunal, a la clasificación zona U-V1 “uso de vivienda 1” y área de edificación E-Ab3 “edificación aislada baja N° 3”, que tienen el carácter de residenciales, admitiendo, únicamente otros usos complementarios al uso residencial.

Añade que el 12 de noviembre de 2020, la recurrida emitió el “Informe de Uso de Suelo para Factibilidad de Patente Municipal”, N° 6149/2021, respecto del referido inmueble, indicando que su destino actual corresponde a “vivienda”; que la patente solicitada, a “Servicio Artesanal: taller elaboración y expendio de alimentos” y que “la propiedad tiene uso de suelo compatible para la actividad solicitada”.

Agrega que el 17 de diciembre de 2020 y en atención a que el titular del proyecto solicitó una autorización de cambio de destino, Expediente N° CD/24/2020, la recurrida emitió el Acta de Observaciones respectiva, señalando que se debía “Presentar una Solicitud de Obra Menor, ya que contemplaba la habilitación de seis locales independientes, y el emplazamiento de ocho estacionamientos. Esta Solicitud de Obra Menor, se abre en otra carpeta: OM, con otro número debe dar cumplimiento a todo lo observado en esta Acta (CD-24)”.

Con fecha 14 de abril de 2021, por Resolución Sección 1ª N° 3, la Dirección de Obras Municipales resolvió “autorizar el cambio de destino de la propiedad, ubicada en domicilio reservado/La Piedad según expediente CD-24/2020 a equipamiento clase comercio - servicios artesanales con actividad de locales para cocinerías solo con entrega a domicilio, domicilio reservado”, emitiendo el 30 de abril de 2021 el Permiso de Obra Menor N° 136/2021, autorizando edificación para la ampliación y habilitación del inmueble para su nuevo destino “servicios artesanales: Locales para cocinerías sólo con despacho a domicilio”, actos respecto de los cuales sólo tomaron conocimiento al concurrir a dependencias municipales el 25 de mayo de 2021 a requerir información sobre las obras en desarrollo en el inmueble ya citado.

Enfatiza que la construcción autorizada por la recurrida corresponde a una actividad productiva en un barrio residencial, contraviniendo la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismos y Construcciones y el Plan Regulador Comunal de Las Condes, instrumento de planificación que prohíbe la actividad industrial en la zona en cuestión y el uso de suelo de actividades productivas, lo que configura una ilegalidad flagrante, por infracción a los artículos 57 y 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y el artículo 5.1.4. N° 4 de la Ordenanza General de la ley de Urbanismo y Construcciones, sin perjuicio de infraccionar el artículo 4.3.21.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que impone que los establecimientos industriales deben construirse alejados de los deslindes laterales de los otros predios, regla que en este caso en específico no se cumple, pues la cocinería se encuentra colindante o adosada en algunas partes a los deslindes.

En cuanto a la infracción al Plan Regulador Comunal de Las Condes, en virtud de lo previsto en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, el Director de Obras Municipales puede autorizar únicamente proyectos que cumplan con las normas urbanísticas previstas en el Plan Regulador pertinente y, en el presente caso, el inmueble emplazado en Las Clarisas N° 40 se encuentra regulado por la zona U-V1, Uso de Vivienda 1 y por las normas de urbanización E-Ab3, Edificación Aislada Baja N° 3.

En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 1, 2, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República Piden que se dejen sin efecto la resolución sección 1ª N° 3/2021 y el Permiso de Obra Menor N° 136/2021 y se adopten las medidas que se estimen conducentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informando la recurrida, señala que el artículo 2.1.24. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC”), indica que corresponde a los Instrumentos de Planificación Territorial, en el ámbito de acción que les es propio, definir los usos de suelo de cada zona, los que se agrupan en seis tipos, susceptibles de emplazarse simultáneamente, lo cual debe ser reglamentado por el Instrumento de Planificación Territorial correspondiente, en orden a compatibilizar los efectos de unos y otros. Los tipos de uso de suelo son: residencial, equipamiento, actividades productivas, infraestructura, espacio público y área verde.

Señala que el artículo 40 del Plan Regulador Comunal de Las Condes (“PRCLC”) establece 14 zonas, con distintos usos de suelo. Para cada una de ellas, se detallan sus usos o actividades permitidas, con las condiciones que en cada caso se indican y que los usos de suelo, clases o actividades no mencionadas se entienden como prohibidos.

Agrega que en la especie, el inmueble ubicado en domicilio reservado / La Piedad, se encuentra emplazado en la zona de uso de suelo U-V 1 (vivienda 1) del Plan Regulador Comunal. La actual zona U-V 1 (uso vivienda N°1), proviene de la zona UpV 1 (Uso preferente de vivienda 1), en el Plan Regulador Comunal aprobado en 1995, tratándose de un sector preferentemente de viviendas, con equipamiento de baja intensidad, referido por tanto sólo a equipamiento de carácter vecinal complementario a la vivienda. De hecho, en la clase de uso de equipamiento sólo se autorizan algunos de ellos: educación (parvularios, jardines infantiles), culto (capillas), social (centros de madres, centros sociales y juntas de vecinos), comercio (locales comerciales) y servicio artesanal (todos ellos menores, de carácter complementario a la vivienda). Además, se estableció una condición para estos dos últimos (comercio y servicios artesanales), como es la de formar parte de un conjunto mayor, lo que obedece a la compatibilidad con los conjuntos de viviendas económicas en las áreas en que se posibilita la edificación en altura.

Explica que los usos de suelo, clases y actividades permitidos en la zona U-V1 son los siguientes: residencial: vivienda, hogares de acogida; área verde: parques, plazas y áreas libres; espacio público: vialidad, plazas y áreas verdes; equipamiento: educación (parvularios y jardines infantiles), culto o cultura (capillas), social (centros de madres, centros sociales y juntas de vecinos), comercio (locales comerciales), servicios artesanales (lavanderías, peluquerías, costurerías, modas, talleres pequeños, excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías y todos aquellos relacionados con servicios automotrices), servicios (oficinas sin afluencia de público), y que, de acuerdo con el artículo 2.1.27. de la OGUC, el tipo de uso Equipamiento se refiere a las construcciones destinadas a la prestación de servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, como son las residenciales y las productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades anexas que se generan a partir de ellas. En relación con esta disposición, el artículo 2.1.32. de la OGUC, señala que, para los efectos de armonizar los diversos equipamientos con otros usos de suelo, o de aquellos entre sí, los Instrumentos de Planificación Territorial podrán distinguir clases de equipamiento y limitar o fomentar actividades específicas dentro de cada una de ellas. Por su parte, el artículo 2.1.33. de la OGUC establece las distintas clases de Equipamiento y el “servicio artesanal” está comprendido dentro de la clase “Servicios” del uso de suelo Equipamiento, estableciéndose en la citada norma que “Los servicios artesanales y los profesionales se entenderán siempre incluidos en cualquier uso de suelo destinado a equipamiento” y que “... los demás servicios se entenderán también incluidos en cualquier tipo de equipamiento, salvo prohibición expresa del Instrumento de Planificación Territorial respectivo. ”

Aclara que ni la LGUC, ni la OGUC definen qué debe entenderse por “servicios artesanales”, por lo que recurriendo al diccionario, el primer término corresponde “a la acción o efecto de servir” y “artesanal”, que proviene de artesano, para referirse a “... quién hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal a diferencia del obrero fabril”.

En cuanto a los antecedentes que permitieron autorizar el cambio de destino y el otorgar el permiso de obra menor de que se trata, manifiesta que en el análisis efectuado consideró para la calificación de servicio artesanal, el hecho de que se trataba de un único propietario que iba a desarrollar en su propiedad una actividad artesanal, con baja producción y con un requerimiento de varios espacios, con el objeto de una elaboración variada, pero simultánea. En su concepto, la actividad de cocinería o de preparación de alimentos solicitada clasificaba como un servicio artesanal y no como una actividad industrial, por cuanto en el caso del equipamiento aprobado, la actividad a desarrollar está referida a un local en el que se prepararán diversos alimentos de consumo inmediato, elaborados uno a uno, manualmente por un operario o cocinero, de manera artesanal, y en la medida que existe una demanda por dicha preparación.

En otras palabras, la actividad autorizada corresponde a una actividad asimilada al servicio artesanal en la condición de “taller” pequeño para la elaboración de alimentos o platos preparados, actividad permitida por la OGUC.

A mayor abundamiento, el permiso aprobado, consideró una superficie construida de 275,15 m2, de un piso de altura, con 13 espacios de cocina, cuyas superficies varían entre 13 m2 y 25 m2, una carga de ocupación de 22 personas, de las cuales 17 están en las cocinas, equipos de aire en la cubierta de la construcción y dos ductos de extracción; la superficie destinada a cocinas corresponde a 229 m2 de los 275,15 m2 totales, y estacionamiento distribuidos de la manera que describe.

Por ello, considerando lo prescrito en el artículo 1.4.2. de la OGUC, y en conformidad a la normativa vigente que cita, la Dirección de Obras Municipales, mediante Resolución Secc. 1º N° 3 de fecha 14 de abril de 2021 y Permiso de Obra Menor POM N° 136 de fecha 4 de Abril de 2021, autorizó el permiso y las actividades de comercio y servicio artesanal.

Ahora bien, hace presente que hubo un cambio de circunstancias desde el otorgamiento del permiso a la fecha del recurso, pues no obstante todo lo dicho precedentemente, se pudo constatar que el interesado modificó algunas de las condiciones del permiso aprobado, al instalar equipos de aire en la cubierta de la construcción, de mayor envergadura a los graficados en su presentación que sirvió de base para la aprobación del permiso de obra menor y cambio de destino autorizado; ejecutar 10 ductos de aire, y no los 2 informados originalmente; aumentar la cantidad de baños para personal (2) y con ello la superficie construida, sin perjuicio de las observaciones que formula respecto de la instalación de los estanques de gas.

Todo lo anterior es relevante, ya que el expediente presentado no consideraba una producción estandarizada de carácter industrial, con líneas de producción, para lo cual, de ser así ya no actuaría como un único recinto, sino que como una unidad de administración, que organiza varias líneas de elaboración estandarizada y productiva, por lo que las modificaciones ejecutadas por el interesado sin permiso de la Dirección de Obras, pueden hacer evolucionar a este recinto a uno en que se realice una elaboración y producción de bienes en serie, o con cierto nivel de industrialización, donde se procesen materias primas, de manera más masiva, a través de líneas de producción automatizadas, en donde la participación de personas, incluso pudiera darse en turnos, con formas de almacenamiento y entrega a una escala muy distinta y superior a la que tiene el proyecto autorizado, todo lo cual fue detectado por esta Dirección de Obras en ejercicio de sus facultades de fiscalización correspondientes.

Es así entonces que las modificaciones introducidas al proyecto aprobado alteran las condiciones con el que fue analizada la presentación original, que sirvió de base para su posterior aprobación, por parte de la DOM. Y tal como los recurrentes señalan, son estas alteraciones las que los alarmaron como grupo de vecinos.

Como consecuencia de lo anterior, y por otras modificaciones que se ejecutaron sin el permiso respectivo, se cursó al interesado la denuncia de infracción N° 64 de fecha 22 de junio de 2021, al Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes, por ejecutar obras en disconformidad al permiso aprobado, según lo establece el numeral 12 del artículo 1.3.2 de la OGUC.

Ampliando su informe expuso que, conforme a fiscalización realizada el día 4 de noviembre del 2021, se mantienen las diferencias entre el permiso aprobado y lo ejecutado en terreno, indicando, por último, que con fecha 25 de junio de 2021 el interesado ingresó la Solicitud de Modificación de Proyecto MP. N°112/ 2021 para domicilio reservado, mediante el cual se pretende el cambio del Permiso de Obra Menor N° 136/ 2021 otorgado, pero en virtud la orden de no innovar concedida se le señaló que no es posible pronunciarse respecto de la ella.

TERCERO: Que, requerido al efecto, evacuó informe el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes, señalando que la causa seguida en contra de nombre reservado se encuentra en estado de dictar sentencia.

CUARTO: Que, asimismo, compareció haciéndose parte en estrados, la defensa del titular de los permisos y resolución impugnadas, postulando el rechazo del recurso por extemporaneidad y falta de legitimación activa de los comparecientes. En cuanto al fondo, sostiene que la actuación de la Municipalidad recurrida es ajustada a derecho, por tratarse la actividad a emprender de una que se enmarca en los llamados “servicios artesanales”, insertos dentro del uso de suelo “Equipamiento”, por lo que a falta de prohibición expresa de las cocinerías, su parte se encuentra correctamente habilitada para proceder a las actividades autorizadas por las decisiones que permitieron el cambio de destino de vivienda y las obras menores requeridas.

Asimismo, hace presente que la normativa que rige en la materia permite la modificación de las obra proyectada, encontrándose pendiente de resolución las solicitudes ingresadas por su parte para el mejoramiento del proyecto diseñado; y que cuenta también con las autorizaciones de la autoridad sanitaria, cuyo tenor ratifica el carácter de la actividad artesanal que se pretende desarrollar. En consecuencia, estimando que los recurrentes no han demostrado la ilegalidad o arbitrariedad alegadas, ni la afectación de las garantías invocadas, solicita el rechazo del recurso.

QUINTO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que no existe discusión en autos sobre los siguientes antecedentes:

1.- Que los actos recurridos corresponden, en primer término, al fechado el 14 de abril de 2021, Resolución Sección 1ª N° 3 por el cual la Dirección de Obras Municipales resolvió “autorizar el cambio de destino de la propiedad, ubicada en domicilio reservado/La Piedad según expediente CD-24/2020 a equipamiento clase comercio - servicios artesanales con actividad de locales para cocinerías solo con entrega a domicilio, domicilio reservado”; al que se adiciona el de 30 de abril de 2021, consistente en el Permiso de Obra Menor N° 136/2021, que autorizó la edificación para la ampliación y habilitación del inmueble para su nuevo destino: servicios artesanales: Locales para cocinerías sólo con despacho a domicilio.

2.- Que el inmueble ubicado en domicilio reservado (domicilio reservado) del Plan Regulador Comunal de Las Condes.

3.- Que en la especie, se solicitó y otorgó el cambio de destino del inmueble indicado y se otorgó el permiso de obra menor para una actividad que se calificó de artesanal, considerando al efecto, una superficie construida de 275.15 metros cuadrados, de un piso de altura, con 13 espacios de cocina, cuyas superficies varían entre 13 y 25 metros cuadrados, con una carga de ocupación de 22 personas, y dos ductos de extracción.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a lo expresado en el informe, el titular del permiso otorgado efectuó modificaciones a las condiciones de la autorización dada, al instalar equipos de aire en la cubierta de la construcción de mayor envergadura a los graficados en su presentación inicial, ejecutó 10 ductos de aire, aumentó la cantidad de baños para personal y, con ello, la superficie construida; y respecto de los estanques de gas, su forma de instalación supone el cumplimiento de normas de distanciamiento y rasantes a deslindes a determinar, modificaciones que el interesado reconoce, invocando su derecho a requerir las enmiendas a las autorizaciones dadas sobre la base de los antecedentes técnicos que ya fueron presentados a la autoridad correspondiente.

OCTAVO: Que, desde luego, esta Corte desestimará la alegación relativa a la extemporaneidad de los recursos intentados así como la pertinente a la falta de legitimidad activa de los recurrentes, por aparecer que, en la especie, los afectados, cuyo interés comprometido resulta indudable y ha sido acreditado sobradamente mediante los instrumentos que obran en el folio 30 de la carpeta electrónica de esta causa, se han apersonado en cuanto han tenido noticia de los actos recurridos, los cuales distan de ser hechos únicos sino que son el resultado de un procedimiento complejo que no fue puesto en su conocimiento a través de alguno de los mecanismos de consulta o emplazamiento a la comunidad de vecinos que ha podido disponer la recurrida o requerido el interesado, de manera que se estimará suficiente la afirmación de los actores sobre la data y forma en que se enteraron de ellos y, en consecuencia, por deducido en tiempo el recurso que se revisa.

Por lo demás, la Municipalidad recurrida ha indicado que habrían sido las obras destinadas a implementar las alteraciones efectuadas por el interesado al proyecto inicialmente presentado por éste, las que habrían alertado a los recurrentes, las que sólo han podido ser advertidas en la época indicada por éstos, data a partir de la cual el presente recurso ha sido deducido oportunamente.

NOVENO: Que la materia de estos autos se relaciona directamente con la aplicación de las normas que forman parte del derecho urbanístico, que es definido como el conjunto de disposiciones que buscan obtener un orden racional del espacio y la ciudad. Sobre esta rama del derecho, se ha señalado que “tiene una serie de características propias que permiten determinar una fisonomía particular”, toda vez que “su contenido no sólo es una proyección de los conceptos y categorías dogmáticas que emanan de dicha disciplina, sino que se integran en una trama que permite vislumbrar un sistema que se construye sobre la base de principios que son propios y que la dan una identidad singular: regulación administrativizada a través de instrumentos de planificación territorial que son vinculantes; la potestad de establecer distintos regímenes o estatutos del suelo mediante su clasificación en área urbana o rural; intensa intervención administrativa en la ejecución de las obras de urbanización y de edificación; fiscalización en el cumplimiento de la normativa urbanística; facultades para restablecer la legalidad y la existencia de infracciones y sanciones de naturaleza administrativa” (SCS 28.745-21, de 2 de julio de 2021).

DÉCIMO: Que la normativa aplicable en la especie se encuentra contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza correspondiente.

El artículo 1° del primer compendio citado establece: “Las disposiciones de la presente ley, relativas a planificación urbana, urbanización y construcción, y las de la Ordenanza que sobre la materia dicte el Presidente de la República, regirán en todo el territorio nacional”; prescribiendo su artículo 2° que: “Esta legislación de carácter general tendrá tres niveles de acción: La Ley General, que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de planificación urbana, urbanización y construcción. La Ordenanza General, que contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y que regula el procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, urbanización y construcción, y los standards técnicos de diseño y construcción exigibles en los dos últimos. Las Normas Técnicas, que contienen y definen las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, de acuerdo a los requisitos de obligatoriedad que establece la Ordenanza General. Las normas técnicas de aplicación obligatoria deberán publicarse en internet y mantenerse a disposición de cualquier interesado de forma gratuita”.

A su vez, el artículo 1.1.2 de la Ordenanza define las normas urbanísticas como todas aquellas disposiciones de carácter técnico derivadas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de esta Ordenanza y del Instrumento de Planificación Territorial respectivo aplicables a subdivisiones, loteos y urbanizaciones tales como, ochavos, superficie de subdivisión predial mínima, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo y de protección, o que afecten a una edificación tales como, usos de suelo, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, exigencias de estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo y de protección, o cualquier otra norma de este mismo carácter, contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones o en esta Ordenanza, aplicables a subdivisiones, loteos y urbanizaciones o a una edificación.

UNDÉCIMO: Que el artículo 57 de la LGUC establece “El uso del suelo urbano en las áreas urbanas se regirá por lo dispuesto en los Planes Reguladores, y las construcciones que se levanten en los terrenos serán concordantes con dicho propósito”, definiendo el artículo 1.1.2 de la Ordenanza el “uso de suelo” como “conjunto genérico de actividades que el Instrumento de Planificación Territorial admite o restringe en un área predial, para autorizar los destinos de las construcciones o instalaciones”.

Este último estatuto reconoce, en su artículo 2.1.24, distintos usos de suelo agrupados en las seis categorías aludidas por la recurrida.

En particular, la tipología “equipamiento” se encuentra referida a las construcciones destinadas a la prestación de servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, como son las residenciales y las productivas, incluyendo las interrelaciones y las actividades anexas que se generan a partir de ellas, según se lee del artículo 2.1.27 de la citada Ordenanza.

Por su parte, el Plan Regulador Comunal de Las Condes, como instrumento encargado de definir los usos de suelo de cada zona, reconoce dentro de las distintas zonificaciones de que se compone el espacio geográfico comunal, las áreas destinadas a equipamiento, que en el caso en análisis se categorizan - de acuerdo a lo indicado en el informe- como de baja intensidad, permitiendo la instalación de servicios artesanales, que se describen como “lavanderías, peluquerías, costurerías, modas, talleres pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotrices.), como aparece del Texto Resolutivo. Plan Regulador Comunal De Las Condes, publicado en el Diario Oficial de 3 de febrero de 2005, descripción que ratifica la envergadura de las instalaciones que se autorizan.

DUODÉCIMO: Que, atendidos los términos de la controversia de autos, resulta necesario tener en cuenta que “el Plan Regulador Comunal es el instrumento que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, mientras que, desde esa misma perspectiva, es claro que el uso de suelo delimita las actividades permitidas al interior de un predio, cuya asignación fluye a partir de características físicas pero al mismo tiempo también funcionales, en aras, desde luego, de ocupar el espacio geográfico de manera ordenada, racional y en consonancia con su capacidad física, razón por la que la creación de instrumentos básicos, valgan como ejemplos, la zonificación y la clasificación, ha tornado posible normar de manera adecuada el uso y destino de los espacios” (SCS 28.745-21).

DÉCIMO TERCERO: Que en consecuencia, corresponde analizar la decisión atacada, con el objeto de examinar si la misma resulta ser ilegal o arbitraria.

Para el citado examen resulta relevante tener en cuenta que es efectivo lo señalado por el recurrido al informar, en el sentido que ni la LGUC ni su Ordenanza definen lo que debe entenderse por “servicio artesanal”, cuya comprensión ha permitido la emisión de las autorizaciones que se impugnan, recurriendo la Municipalidad de Las Condes a las definiciones del Diccionario de la Real Academia española, que le permiten precisarla, atendiendo al concepto de servicio (acción o efecto de servir) y artesanal (que proviene de artesano, para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico, imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril). Asimismo, la recurrida acudió a la ordenanza en la materia, que define dos conceptos que pueden contribuir a la tarea que resultaba necesario abordar, como lo son los términos “taller” (edificio o parte de él, destinado a trabajos manufacturados o artesanales que puede contemplar artefactos o máquinas de apoyo a dichas labores); y “edificio industrial”, entendiendo por él “aquel en donde se fabrican o elaboran productos industriales”. También llamó en su apoyo los requisitos que, de acuerdo a la Ley de Impuesto a la Renta, deben cumplir las actividades productivas para ser comprendidas como taller artesanal (pequeña empresa, destinada a la fabricación de bienes o a la prestación de servicios, en que se ejecute una obra con intervención de trabajo manual y/o con empleo de maquinarias, herramientas e instalaciones para la fabricación de objetos, lo que supone la existencia de un capital de poca cuantía, y que debe ser explotado personalmente por el propietario, sólo o con el auxilio de no más de cinco operarios).

DÉCIMO CUARTO: Que el esfuerzo realizado por la administración se enmarca dentro de las reglas de interpretación de la ley que contiene el Código Civil, resultando atendible el recurso a la forma en que la ley – en otras áreas- comprende la actividad que se analiza. Sin embargo, del examen de los citados parámetros, aparece que la conclusión a la que se arribó excede el sentido de las disposiciones analizadas, por lo que la decisión de la autoridad se apartó del sentido natural de la norma que regula el uso de suelo, extendiéndola a casos a los que ella no resultaba aplicable, teniendo en cuenta, además, que la disposiciones que regulan la materia han de ser definidas en forma restrictiva, conclusión asentada por la jurisprudencia en la materia, y que determina la suerte del recurso.

DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto, el examen de las definiciones que llamó en su apoyo la recurrida permiten concluir que ha omitido considerar que todas ellas aluden al desarrollo de actividades económicas por parte del propietario (realizadas por su cuenta), con el apoyo de pocos operarios (no más de cinco, en concepto de la autoridad tributaria), a través de la explotación de un capital de baja cuantía, conclusiones que resultan, además, respaldadas por el recurso al elemento sistémico de interpretación de la ley, toda vez que del examen del Plan Regulador Comunal es posible advertir que lo que se ha querido es permitir el desarrollo urbano de manera ordenada y racional, estableciendo en pos de ese propósito restricciones o limitaciones de uso y destino de los espacios, admitiendo el destino de las zonas que describe a actividades comerciales de baja intensidad, mediante la instalación de negocios de envergadura menor (lavanderías, peluquerías, costurerías, modas, talleres pequeños), y que caracterizan en el instrumento de planificación a los llamados servicios artesanales, y cuya consideración en la categoría que se revisa ha debido guiar el análisis que ha hecho la autoridad informante.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, las autorizaciones impugnadas para permitir la actividad de preparación de alimentos de que se trata no pueden enmarcarse en la citada categoría de “servicio artesanal”, porque ellas pretenden amparar la explotación de un comercio en el que se desempeñaran al menos 22 personas, lo que excede – cuadruplicando – la cantidad de operarios que la autoridad tributaria admite para considerar un comercio en la citada categoría, resultando más propio de la actividad productiva, cuyo desarrollo se encuentra prohibido en la zona.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que lo expresado precedentemente se encuentra respaldado, además, por pronunciamientos que, en la materia, ha emitido la Contraloría General de la República, a cuyo tenor la recurrida ha debido sujetarse. En efecto, el citado ente, en su Dictamen 064423N14 de 21 de agosto de 2014, ha señalado que “los destinos ‘Talleres artesanales inofensivos de más 500 m2 edificados’, ‘Talleres artesanales inofensivos de 200 a 500 m2 edificados’ y ‘Talleres de reparación de vehículos y Garajes’ pertenecen al uso de suelo Actividades Productivas, acorde con el artículo 2.1.28. de la OGUC y no se comprenden dentro de los ‘Servicios Artesanales’ los cuales incumben al uso Equipamiento.”, lo que demuestra que las decisiones atacadas se han apartado de los parámetros que la recurrida ha señalado seguir.

DÉCIMO OCTAVO: Que no permite variar lo concluido precedentemente la circunstancia que la parte interesada haya obtenido las autorizaciones sanitarias para su desempeño, toda vez que ellas atienden a otros aspectos a cautelar en el ejercicio de las diversas actividades económicas.

Por el contrario, refuerza la convicción de esta Corte, las alteraciones efectuadas por la interesada al proyecto inicialmente presentado y que permite advertir que la actividad a desarrollar es una de aquellas que por su entidad e impacto se encuentran prohibidas por el instrumento territorial comunal, al ser propias de actividades de – en palabras de la Municipalidad recurrida- “elaboración y producción de bienes en serie, o con cierto nivel de industrialización, donde se procesen materias primas, de manera más masiva, a través de líneas de producción automatizadas, en donde la participación de personas, incluso pudiera darse en turnos, con formas de almacenamiento y entrega a una escala muy distinta y superior a la que tiene el proyecto autorizado”.

DÉCIMO NOVENO: Que, así, los actos censurados en autos vulneran, en consecuencia, el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que establecen un tratamiento distinto entre quienes en condiciones similares pueden desarrollar una actividad en una zona que la normativa sectorial restringe, sin que se hayan hecho valer elementos de juicio suficientes que expliquen semejante decisión; y considerando además que los actores han visto alterado dicho orden de cosas, lo que también pone en peligro su derecho de propiedad por la afectación que supone la instalación de una actividad económica de un volumen superior al permitido sobre los inmuebles en los que residen, lo que impactará en su calidad de vida en tanto vecinos del sector.

VIGÉSIMO: Que en virtud de lo razonado, atendido que las decisiones atacadas han sido dictadas al margen de las prescripciones legales – y reglamentarias – que rigen la materia, lo que da cuenta de su contrariedad a derecho; y en cuando decisiones administrativas, se apartan de sus propios fundamentos, lo que permite su calificación de arbitrarias, el recurso de protección será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por Felipe Holmes Salvo, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservadoöter Galvez, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; como también el deducido por nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Directora de Obras de la Municipalidad de Las Condes doña nombre reservado, que autorizó el cambio de destino de la vivienda ubicada en domicilio reservado, a equipamiento de la clase comercio - servicios artesanales con actividad de locales para cocinerías solo con entrega a domicilio domicilio reservado que autorizó la “ampliación y habilitación de inmueble para cambio de destino a comercio – servicios artesanales: locales para cocinerías solo con despacho a domicilio”, resoluciones que, en consecuencia, quedan sin efecto.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Graciela Gómez Quitral.

Protección N° 34396-2021 (Acumulado N° 34557-2021).-