Protección contra Subsecretaría del Interior por la omisión arbitraria e ilegal de respuesta a sus

C.A. de Santiago Santiago, quince de noviembre de dos mil veintidós.

Al folio 41; a lo principal, téngase presente. Al primer otrosí, por cumplido lo ordenado. Al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Al folio 42; téngase presente.

Al folio 43; Atendida la hora de presentación del libelo en que se anuncia alegato y de conformidad a lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 2 de septiembre de 1994, modificado el 29 de septiembre de 2006 y lo expresado en el artículo 8 del Auto Acordado pronunciado por el máximo tribunal el 13 de diciembre de 2021, no ha lugar, por extemporáneo.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Lina Callejas Ramírez, abogada de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, domiciliada en domicilio reservado e interpone recurso de protección en favor de LORENA y PEDRO ambos de apellidos SOLIS y de nacionalidad venezolana, pasaporte y en contra de la Subsecretaría del Interior por la omisión arbitraria e ilegal de respuesta a sus solicitudes de regularización de situación migratoria vulnerando la garantía constitucional del 19 Nº1y 2 de la Constitución Política de la República, Explica que, el 15 de junio 2019 los recurrentes, ambos menores de edad en esa fecha, ingresaron a Chile por un paso no habilitado junto a su madre y su padrastro. El motivo del ingreso por paso no habilitado, en primer lugar, se debe a que no se permitió a los recurrentes el ingreso a Chile por el paso Chacalluta con visa de turista, dado que LORENA no contaba con autorización de su padre para salir de Venezuela. Este hecho se debió a que no mantiene una relación éste y además el padre emigró con paradero desconocido, haciendo imposible poder conseguir dicha autorización.

En los primeros meses de residencia en Chile, LORENA ingresó a estudiar en el Colegio nombre reservado, ubicado en DIRECCION000. En dicho establecimiento, cursó el primer semestre de tercero medio, lamentablemente, se vio en la necesidad de abandonar sus estudios, pues fue víctima de hostigamiento de parte de sus compañeros.

Además, por la precaria situación que atravesaba la familia, nació la necesidad de buscar trabajo, para así apoyar a su familia.

PEDRO, por su parte, sigue estudiando en el mismo establecimiento de manera remota, aunque también ha reportado actitudes de hostigamiento por parte de sus compañeros.

Agrega que, ambos hermanos mandaron por separado una carta dirigida al Ministro del Interior y Seguridad Pública solicitando la regularización de su situación migratoria. Dichas cartas fueron recibidas en la oficina de partes el 17 de diciembre de 2019 y si bien no obtuvieron una respuesta a su petición, el 18 de abril de 2021, después de haber consultado a través del Sistema de Atención Ciudadana del Ministerio, este informó que su solicitud de regularización se encuentra en tramitación y que una vez concluido será notificada.

Pese a ello, a la fecha no han obtenido ninguna respuesta sobre la regularización migratoria solicitada.

Reclama que, el recurrido ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal al no emitir pronunciamiento sobre la solicitud, vulnerando con ello los principios de celeridad y conclusivo establecidos en la Ley Nº19.880, además de afectar los derechos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y se ordene a la Subsecretaria del Interior pronunciarse sobre las solicitudes de regularización presentadas por los recurrentes y disponer cualquier otra medida necesaria para restaurar el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, comparece doña nombre reservado, abogado del Departamento de Extranjería y Migración e informando al tenor del recurso.

Explica que, el 17 de diciembre de 2019 se solicitó la regularización de la situación migratoria de los recurrentes. Mediante oficio del 15 de febrero de 2021, se solicitó el envío de los siguientes documentos: certificado de nacimiento y copia de pasaporte o documento de identidad.

Señala que a la fecha no han recibido los antecedentes solicitados, cuestión que ha impedido el avance del trámite.

Destaca que, en la misma presentación del recurso se señala que los recurrentes ingresaron sin contar con el permiso de su padre. Esta situación resulta relevante para la autoridad puesto que tratándose de menores de edad es necesario tener certeza sobre las circunstancias de ingreso al país.

A continuación cita, la normativa aplicable al proceso de regularización migratoria, en particular lo dispuesto por el 91 N°8 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, en relación con las facultades del Ministerio del Interior.

En tanto, tratándose de menores de edad, las decisiones que la autoridad tome deben considerar el principio del interés superior del niño, niña o adolescente. En ese sentido, señala que hasta el momento no se ha resuelto la solicitud presentada puesto que, la autoridad migratoria no tiene certeza de los vínculos alegados y de la existencia de una eventual vulneración de derechos.

Por resolución de 19 de junio de 2022 se ordenó al recurrido ampliar su informe en relación con el artículo 41 de la Ley Nº21.325 y se solicitó informe al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

TERCERO: Que, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia informa que ha realizado las gestiones para ingresar a la Oficina de Protección de Derechos de Padre Hurtado, sin embargo, hace presente que su acción solo se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nº19.968.

En cuanto a la ampliación del informe del recurrido, sin perjuicio de haberse ordenado prescindir de este, por presentación del 14 de noviembre de 2022 el Servicio Nacional de Migraciones informó que por resoluciones del 29 de septiembre de 2022 le fue concedido a los actores el permiso de residencia temporal válido por 2 años.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del presente arbitrio, esto es, “que se ordene a la Subsecretaria del Interior pronunciarse sobre las solicitudes de regularización presentadas por los recurrentes” y lo informado por la recurrida en orden a que con fecha 29 de septiembre de 2022, mediante las resoluciones exentas Nº(s) NUM000 y NUM001 se concedió a LORENA y PEDRO, respectivamente, permiso de residencia temporal válido por el término de dos años, es que estos magistrados no vislumbran vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de la recurrente.

SEXTO: Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por la abogada Lina Callejas Ramírez en favor de LORENA y PEDRO ambos de apellidos SOLIS y en contra de la Subsecretaría del Interior, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-34391-2021.