nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, agente de ventas, representada por su abogado don Cristian Diaz Moreno, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., denunciando la vulneración de las garantías fundamentales de los N°3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haberla sancionado con la suspensión del Código SAFP y su inclusión en el Archivo de Agentes Irregulares, sin haber fundamentado ni sustanciado el proceso sancionatorio de la forma establecida por la Superintendencia de Pensiones, y por rechazar una solicitud de reconsideración de los mismos hechos, lo que le ha impedido desempeñarse en el sector previsional como ha hecho en los últimos 24 años.

Se acumuló al presente recurso, la misma acción constitucional interpuesta por el agente de ventas don nombre reservado (Ingreso Corte N°35.548.2019) en contra de esta misma recurrida, acusando la misma acción arbitraria e ilegal, con la diferencia que reprocha, además, la arbitrariedad de no contestar en tiempo y forma, estando obligado a hacerlo, su solicitud de reconsideración, reclamando la protección de idénticas garantías constitucionales afectadas.

La recurrente Sra. nombre reservado, expone que la recurrida es su ex empleadora y la despidió por supuestamente haber incurrido en irregularidades al efectuar traspasos de afiliado vía web, situación que se comunicó mediante carta de despido de 3 de agosto de 2018. Reclamado el despido en sede laboral, se llegó a un acuerdo en lo relativo a la relación laboral, y al no tenerse por acreditados los hechos que configuraron el despido se puso término a la misma por la causal del artículo 161 N°1 del Código del ramo, “Necesidades de la empresa”. Respecto a la inclusión en el Archivo de Agentes Irregulares, se optó por no incluirlo en el acuerdo quedando franca las vías administrativas y constitucionales para hacer valer los derechos de las partes, pues el asunto de la suspensión del Código SAFP, escapaba a la competencia del juez laboral, pues no se encontraba dentro de la potestades sancionatorias del empleador, sino dentro de la potestad conferida a las AFP como administradoras, no como empleadoras, cuyo origen se encuentra en la Normativa de Pensiones.

Explica que el 20 de marzo de 2019, ya extinguida la relación laboral, y en conformidad a lo establecido en el numeral 27 del Libro V, Titulo IX, Capítulo I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, solicitó a AFP Provida su exclusión del Archivo de Agentes Irregulares, atendido el hecho de que no se tuvieron por probados en juicio los supuestos reclamos que existían en su contra, por lo que la sanción carecía de fundamento, informándole la recurrida mediante Resolución N°F-105-2019, de 10 de abril de 2019, que rechazó su solicitud de exclusión señalando: “Que la Sra. nombre reservado en su presentación no ha aportado ningún antecedente que permita desvirtuar las conclusiones a las que la Administradora arribó con ocasión de la auditoría realizada”.

El recurrente nombre reservado, expresó que la recurrida también era su ex empleadora y lo despidió por supuestamente haber incurrido en irregularidades al efectuar traspasos de afiliados, situación que se comunicó mediante carta de despido de 23 de noviembre de 2017. Reclamado el despido en sede laboral, juicio por Tutela laboral y Despido Injustificado, causa RIT T-207-2018 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, también llegó a un acuerdo en lo relativo a la relación laboral, y al no tenerse por acreditados los hechos que configuraron el despido se puso término a la misma por la causal del artículo 161 N°1 del Código del ramo, “Necesidades de la empresa”. Respecto a la inclusión en el Archivo de Agentes Irregulares, se optó por no incluirlo en el acuerdo quedando franca las vías administrativas y constitucionales para hacer valer los derechos de las partes, pues el asunto de la suspensión del Código SAFP, escapaba a la competencia del juez laboral, pues no se encontraba dentro de la potestades sancionatorias del empleador, sino dentro de la potestad conferida a las AFP como administradoras, no como empleadoras, cuyo origen se encuentra en la Normativa de Pensiones.

Explica que el 4 de Abril de 2019, ya extinguida la relación laboral, y en conformidad a lo establecido en el numeral 27 del Libro V, Titulo IX, Capítulo I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, solicitó a AFP Provida su exclusión del Archivo de Agentes Irregulares, sin embargo la recurrida no se ha pronunciado respecto de esta solicitud de reconsideración, estando obligada, según el numeral 30 del Libro V, Titulo IX, Capítulo I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones a pronunciarse por escrito dentro de 20 días contados desde la presentación de la solicitud de reconsideración.

Previa exposición de la forma cómo se vulneraron las garantías constitucionales cuya protección pretenden, ambos recurrentes terminaron solicitando que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la sanción de inclusión en el Archivo de Agentes Irregulares, y la suspensión del Código SAFP, con costas.

Comparece Eric Rees Prat, abogado, en representación de la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacuando el informe requerido y solicitando se niegue lugar al recurso, con costas.

En síntesis, señala, primero, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, lo que sustenta en fallos de Cortes que se señalan en su libelo, y en subsidio, por no existir actuación arbitraria e ilegal respecto de los recurrentes, sino que, por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Expresa que la recurrente de autos doña nombre reservado, se desempeñaba como agente de ventas de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. El 7 de junio de 2018, se emitió el informe N°19 de 2018, por parte del departamento de Auditoria Interna, que dictaminó, entre otras cosas, poner término al contrato de trabajo de la agente de ventas ya individualizada. Además, se dictaminó de incluirla en Archivo de Agentes Irregulares, todo, de conformidad a lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Señala que lo anterior se hizo por cuanto se recibió denuncia del afiliado don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, quien reclamó en AFP Provida que él no había autorizado su traspaso de AFP Modelo a AFP Provida realizado el 19 de abril de 2018, por parte de la referida agente de ventas. Al reclamo anterior, se suman 3 reclamos adicionales, que detalla, que desconocían haber autorizado el traspaso a AFP Provida, todo ellos realizados por parte de la recurrente de autos en su calidad de agente de ventas.

Cada uno de los referidos afiliados señalados desconoce la autorización de traspaso realizado a la AFP Provida, los cuales fueron gestionados en su totalidad por parte de la recurrente, verificándose ciertos patrones que constituían, a su entender, acciones que la propia Superintendencia de Pensiones ha calificado como prácticas irregulares e ilícitas.

Refiere que, por lo anterior, el 3 de agosto de 2018, se puso término al contrato de trabajo de la recurrente y, además, fue puesta en conocimiento del ingreso al Archivo de Agentes Irregulares y Otros. En virtud de lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a la normativa de la Superintendencia de Pensiones en la materia, se procedió a la suspensión de su código de agente de ventas producto de formar parte del referido archivo de agentes irregulares.

Añade que, posteriormente, la actora demandó a la AFP recurrida en juicio laboral el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, causa RIT T-26-2018, en donde se llegó a un acuerdo respecto de la causal que puso término a la relación laboral para el solo efecto de pagar las prestaciones de índole laboral y poner término al referido juicio. Agrega que, no obstante haber llegado a un acuerdo respecto a las prestaciones laborales, la irregularidad en la que incurrió la recurrente no desaparece o extingue por lo que es obligación de esta Administradora mantenerla en el Archivo de Agentes Irregulares, conforme lo prescribe la normativa de la Superintendencia de Pensiones, normativa que es vinculante y obligatoria para las AFP, lo que queda demostrado en que el Juez laboral evitó pronunciarse respecto de la norma administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que dice relación con la inclusión en el Archivo de Agentes Irregulares y refrendado, además, de acuerdo con las propias definiciones del regulador, esto es, la Superintendencia de Pensiones, establecidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, libro V, Titulo IX, N°7, 23 y siguientes y a lo declarado por el propio regulador, mediante resolución N°68 de 24 de diciembre de 2018.

Señala que el 20 de marzo de 2019, la recurrente solicitó a la AFP recurrida reconsiderar la decisión de incorporarla en archivo de agentes irregulares. El 10 de abril de 2019, se rechazó dicha solicitud, por cuanto la recurrente no aportó ningún nuevo o mejor antecedente que desvirtuara los hechos objeto de su sanción administrativa, todo lo anterior dando estricto cumplimiento a la normativa emanada por la Superintendencia de Pensiones. El 11 de abril de 2019, fueron oficiados por parte de la Superintendencia de Pensiones para efectos de realizar investigación por prácticas comerciales indebidas producto precisamente del caso de la recurrente de autos y en el mismo Oficio el regulador les instruyó realizar denuncia penal ante la Fiscalía del Ministerio Público respecto de doña nombre reservado.

Así, actuando en consecuencia con lo instruido por parte del regulador, el 17 de abril de 2019, interpuso querella criminal en contra de doña nombre reservado ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, causa Rit O- 2820- 2019, RUC 1910018065-3. El 18 de abril de 2019, el Juzgado de Garantía acogió a tramitación la querella criminal. El 30 de abril del presente llegan antecedentes al Fiscal a cargo de esta causa quien despacha orden de investigar a la Policía de Investigaciones la existencia del tipo penal especial para sancionar a quienes incurran en conductas que eventualmente constituyan delito, contenida en el artículo 13 del Decreto Ley N°3.500 de 1980.

Con relación al recurrente nombre reservado, reconoce que se desempeñaba como agente de ventas. Añade que el 20 de junio de 2016, recibió reclamo formal de conformidad a lo establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones mediante el cual el afiliado don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, denunció no haber autorizado su traspaso de AFP Plan Vital a AFP Provida, gestionado por el recurrente, resultando del análisis del reclamo efectuado que la firma puesta en la orden de traspaso irrevocable era falsa, determinada por perito calígrafo, constatándose ciertos patrones que constituían acciones que la propia Superintendencia de Pensiones ha calificado como prácticas irregulares e ilícitas. El 23 de noviembre de 2017, se le puso término al contrato de trabajo de este recurrente y fue puesto en conocimiento del ingreso al Archivo de Agentes Irregulares y Otros, procediéndose, en cumplimiento de la normativa de la Superintendencia de Pensiones en la materia, a la suspensión de su código de agente de ventas, razón por la que se encuentra impedido de realizar funciones que impliquen la promoción o venta de productos de la AFP. Añade que posteriormente el recurrente nombre reservado demandó a la recurrida en juicio laboral en donde se llegó a un acuerdo en los mismos términos que con la primera recurrente.

Añade que, el 7 de junio de 2019, rechazó la solicitud del recurrente nombre reservado de reconsiderar su exclusión del Archivo de Agentes Irregulares, por las mismas razones que se esgrimieron para doña nombre reservado. Agrega la reconsideración de este recurrente fue presentada en la oficina de partes de la recurrida y no en nuestra Gerencia Legal, motivo por el cual lamentablemente se había extraviado.

Concluye que respecto de ambos recurrentes su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, razón por la que los recursos de protección, previas citas legales, doctrinales y de jurisprudencia, deben ser rechazados, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando.

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, el acto que se le reprocha a la recurrida consiste en haberla sancionado con la suspensión del Código SAFP y su inclusión en el Archivo de Agentes Irregulares, sin haber fundamentado ni sustanciado el proceso sancionatorio de la forma establecida por la Superintendencia de Pensiones, rechazando su solicitud de reconsideración de los mismos hechos.

Tercero: Que, del examen de los antecedentes aportados por los recursos y el informe respectivo, aparece que la decisión de la recurrida, que los actores estiman ilegal y arbitraria, se ha fundado en una investigación o auditoria que llevó a cabo la A.F.P. Provida al momento de tomar conocimiento de las denuncias respectivas de afiliados que no habían consentido el traspaso de AFP lo que la llevo a tomar la decisión de poner término a la relación laboral de ambos recurrentes.

Además, en el caso de la recurrente Sra. nombre reservado, además, fue ratificada por la Superintendencia de Pensiones, luego de rechazarse su recurso de reconsideración, el 11 de abril de 2019, mediante el Oficio N°8667, y que, instruyo a la recurrida a denunciar al Ministerio Público los hechos informados.

Cuarto: Que, así, las cosas, aparece que la recurrida se limitó a obrar de conformidad con normativa general y obligatoria emanada de la autoridad estatal encargada de su supervigilancia y control, poniendo en ejecución las perentorias órdenes que esta la Superintendencia de Pensiones le impartió.

En ese escenario es que no cabía sino tomar, respecto de ambos recurrentes, las decisiones que del mérito de las investigaciones realizadas se derivaban, es decir, incluir a doña nombre reservado y a don nombre reservado en el registro o Archivo de Agentes Irregulares, suspendiéndoles el Código SAFP, y, luego de conocer las reconsideraciones de ambos y negarse a eliminarlos de ese registro o archivo, la recurrida sólo dio estricta y cabal aplicación a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, cuerpo normativo que es de obligatoria aplicación para su parte, el que por lo demás, no ha sido objeto de reproche en estos recursos.

En efecto, esta fuerza vinculante emana del Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, su Organización y Atribuciones, que precisamente establece que la Superintendencia de Pensiones es el organismo encargado de la supervigilancia y control de las A.F.P., de lo que se sigue que las normas dictadas por ella en esa calidad obligan a la recurrida. Entre estas normas de contenido vinculante se encuentra el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Quinto: Que, entonces, habiendo observado estrictamente la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. las disposiciones del Compendio de Normas antes aludido, como las normas particulares (Oficio N°8667) dictadas por el órgano fiscalizador de sus actuaciones, no puede concluirse que haya cometido acto ilegal ni arbitrario alguno al incluir a los recurrentes en el Archivo de Agentes Irregulares y Otros, suspendiéndoles el Código SAFP que les permite actuar como agentes de ventas. Menos todavía podría calificarse de ese modo la decisión de rechazar las solicitudes de reconsideración que presentaron ante ella, negándose a eliminarlos del registro o archivo señalado.

Sexto: Que, así las cosas, al no poder calificarse como arbitrario o ilegal el actuar de la recurrida, resulta inconducente entrar al análisis de las garantías fundamentales que se dicen afectada por los recurrentes, pues el estudio de si se ha seguido directo e inmediato atentado contra las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, supone necesariamente la existencia previa de un acto calificable como arbitrario e ilegal, que en la especie no ha podido comprobarse, lo que llevará inevitablemente al rechazo de la presente acción de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y a don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante Sr. Ruz L.

Protección N°34.385-2019 (Acumulada a Rol 35.548-2019).

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministra señora nombre reservado.Rosa nombre reservado Gentile, la Ministra (S) señora Andrea Acevedo Muñoz y el Abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lártiga. No firma la Minsitra señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

En Santiago, cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.