Protección contra Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile

C.A. de Santiago CERTIFICO: que se anunciaron para alegar, escuchó relación y alegó, por el recurso, el abogado don Cristián Hidalgo, y el abogado don Ignacio Molina, contra el mismo. Santiago, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

nombre reservado

Relatora C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

Proveyendo los escritos folios 20 y 21, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 03 de mayo de 2019, recurre de protección don nombre reservado, funcionario universitario, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile (nombre reservado), representada legalmente por su Presidente nombre reservado,, ambos con domicilio en ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la expulsión de su persona de la Asociación de Funcionarios ya mencionada ejecutada el día 03 de abril de 2019.

Sostiene que es funcionario de la Universidad de Santiago de Chile y, en esa condición, ingresó hace más de 15 años, como socio de la Asociación de Funcionarios, asumiendo como Presidente de la misma el año 2017, en reemplazo de la Directiva anterior, la que era presidida por el sr. nombre reservado. Hace presente que durante el mandato anterior, jamás funcionó la comisión revisora de cuentas, a pesar de haber existido reclamos de pérdida de bienes y de útiles de la asociación.

Durante el periodo en que fue presidente, esta comisión tampoco pudo reunirse debido a que el Tesorero permaneció con licencia médica un largo tiempo, siendo ejercida dicha función por él y por la secretaria de dicha asociación. Sólo el día 26 de diciembre de 2018, pudo entregarse a dicha comisión la documentación de los años 2017 y 2018. Indica que dicha comisión en lugar de hacer su trabajo, se dedicó a realizar críticas públicas de su gestión, excediendo con ello sus atribuciones legales y estatutarias, llegando incluso a emitir una "declaración pública". Esto se verificó en el contexto de renovación de la directiva, lo que se constituyó en una verdadera intervención electoral que buscaba abiertamente favorecer a la lista contraria, encabezada por el actual presidente nombre reservado, quien fue elegido presidente en las elecciones del 15 de enero de 2019 y cesando en su cargo el actor.

Expone que el 02 de abril de 2019, mediante correo electrónico, la recién asumida nueva Directiva de nombre reservado, encabezada por nombre reservado, cita a Asamblea General de socios, a llevarse a cabo el día 3 de abril en dependencias de la Universidad. La tabla consta de varios puntos, siendo el último de ellos el "Informe comisión revisora de cuentas periodo [cuenta reservada]". En dicha asamblea, 17.

En dicha ocasión, según consta en el acta correspondiente, tras la revisión de dicho informe, se solicitó, dadas las reiteradas faltas al estatuto y las ofensas a la Comisión Revisora de Cuentas, que se expulse de la Asociación al ex presidente Sr. nombre reservado...", tras lo cual se consigna el presunto "acuerdo de la asamblea", cual habría sido que "..Se aprueba expulsar de la Asociación al Sr. nombre reservado...";

Sostiene que el dejar de pertenecer a la asociación gremial, le priva de la protección que ésta brinda a sus asociados, y que es su razón de ser. Asimismo, se le priva del ejercicio de los derechos y del goce de los beneficios que emanan de la membresía en la Asociación, lo que se ve agravado por el hecho de haber estado al día en el pago de las respectivas cuotas sociales, las que - a su vez - dan derecho a acceder a diversos beneficios de carácter material.

Señala que la asamblea en la que se decidió su expulsión no fue convocada en forma legal, debido a que de acuerdo al art 5 de los Estatutos, "Las citaciones a asamblea ordinarias y extraordinarias se harán por medio de carteles colocados con tres días hábiles de anticipación”. Además, dentro de los puntos de la tabla no se encontraba la discusión sobre su expulsión, lo que buscaba dejarlo en la indefensión, no teniendo la oportunidad defenderse, lo que contraviene el artículo 39 y 40 de los Estatutos. Asimismo, manifiesta que el acta es vaga en cuanto a las circunstancias que motivaron la expulsión, ya que no señala ni siquiera someramente, en que consistirían las supuestas "faltas al estatuto" ni las presuntas "ofensas a la Comisión" en que el recurrente habría incurrido.

De esta forma, la asamblea que decidió la expulsión no sólo carece de validez, sino también en el fondo. Hace presente, que no existe otra vía de carácter administrativa y/o jurisdiccional, a la que pueda ocurrir.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a sindicalización, artículo 19° N°19° de la Constitución, ya que de acuerdo al artículo 231 del Código del Trabajo y de los dispuesto en el Convenio 87 de la OIT, la expulsión de un socio de una organización sindical y/o gremial, solo se puede ejecutar con estricta sujeción a las normas estatutarias vigentes.

Asimismo, se vulnera su derecho a la propiedad porque se le priva de su derecho a recibir beneficios de salud y educación; de previsión social; bienestar; y del derecho de hacer uso del derecho sindical y de libertad sindical.

Alega que también se vulnera su derecho a la igual protección en el ejercicio de los derechos, prevista en artículo 19° N° 3° de la Constitución, debido a que su expulsión se dio con abierta infracción al procedimiento dispuesto en los Estatutos de la Asociación; sino que, particularmente, en franca violación al principio del Debido Proceso, que informa todo nuestro ordenamiento jurídico, y del que ningún órgano o colectivo puede sustraerse. Señala que se efectuó una reunión irregular para fomentar por parte de la directiva vigente su expulsión de la Asociación, violando groseramente los procedimientos estatutarios; la misma se constituye en una suerte de "comisión especial", ajena a la legalidad, que adopta medidas sancionatorias con absoluta prescindencia de la normativa vigente.

Por último pide que se acoja el recurso restableciendo el imperio del Derecho, resolviendo y ordenando que se deje sin efecto la expulsión ya señalada y todos y cada uno de los actos derivados de ésta, con condena en costas.- SEGUNDO: Que con fecha 25 de junio de 2019, informa el abogado don Ignacio Molina González, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Hace presente una serie de imprecisiones y de falsas afirmaciones que hace el recurrente en su recurso, teniendo presente que el actual presidente de la asociación fue reelegido, asimismo, es falso que no haya funcionado la comisión revisora de cuentas en el periodo anterior y otras tantas afirmaciones que se hacen en su recurso.

En cuanto a la asamblea del día 03 de abril, no es efectivo que se haya citado vía correo electrónico, sino que el 26 de marzo del 2019 la directiva de su representada debidamente citó y publicó la señalada Asamblea, la cual fue citada en primera y segunda citación para el día 03 de abril de 2019, asistiendo 120 socios y no 50 como se afirma en el recurso.

En dicha oportunidad por mayoría de la Asamblea después de escuchar el informe de la Comisión Revisora, se planteó la moción de votar la expulsión del Socio por notable abandono de deberes en su cargo de Presidente saliente de la Directiva de la Asociación que represento, toda vez que el recurrente entre otras, se dejó evidencia objetiva de los siguientes hechos:

- Presentó diversos ausentismos a su cargo, por más de 3 meses sin dar debido aviso a los miembros de la Directiva ni menos a los asociados.

- Fue negligente en propender a la constitución de la Comisión Revisora de Cuentas, no obstante la Directiva anterior a la de su cargo, entregó su mandato con la respectiva rendición de cuentas y con una Comisión Revisora de Cuentas debidamente funcionando.

- En el informe de la Comisión Revisora de Cuentas de abril de 2019, se evidenció que a fin del período 2018, quedó una existencia de cerca de $2.000.000.- en “gift cards” destinadas a regalos de navidad a los asociados sin haber sido utilizadas. Se evidenció también la instrucción en torno a que la cónyuge de quien ejercía como tesorero “hiciese compras” con dichas Gift Cards. Finalmente, el informe de esta Comisión Revisora de Cuentas, terminó por evidenciar que en existencias había cerca de $1.400.000.- en las señaladas “gift cards”, sin tener trazabilidad con respecto a lo sucedido con los $600.000.- restantes.

- No obstante el pago estable de un contador, el recurrente en su calidad de Presidente no emitió si quiera un balance de su gestión, ni menos aún se rindió cuenta de ésta durante su mandato.

-Es más, la actual directiva solo ha podido “rearmar” la contabilidad a contar de los antecedentes que constan en las cartolas bancarias, pero no hay trazabilidad en los gastos efectuados durante la administración del recurrente, ni menos aún, en la forma en que éstos se han de imputar.

Indica que durante el periodo en que el recurrente ejerció su cargo, renunciaron más de 120 socios y en octubre de 2017 fue citada a una reunión de destitución del cargo, la que no arribó a buen puerto porque no se alcanzaron los quórums legales.

En cuanto a la destitución, se indica que este tema fue tratado a propósito del punto “varios” y la Asamblea tal como señala el artículo 4° de sus estatutos, que a su vez refrenda lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 19.296 como máxima autoridad de la Asociación u órgano resolutivo, en votación, adoptó la determinación de sancionar al recurrente con su expulsión o destitución de su calidad de socio.

Alega que el recurso de protección no es la vía procesal para discutir los hechos del mismo, ya que esta vía cautelar sólo se puede ejercer cuando existe una ilegalidad o arbitrariedad que no existe en este caso, no se avizoran cuáles son los derechos indubitados que alega se le vulnera y en consecuencia, todo lo anterior, nos lleva a que la pretensión del actor necesariamente deberá ser conocida y resuelta en una sede ordinaria y de lato conocimiento donde las partes puedan plantear sus argumentos o alegaciones y aportar debidamente sus pruebas.

En segundo lugar, sostiene que el acto recurrido no es ilegal ni arbitrario, debido a que fue la Asamblea que por disposición expresa de la ley es el órgano resolutivo de las Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado (Art. 35 de la ley 19.296) y que además según sus propios estatutos es la máxima autoridad de la Asociación (Art. 4° de los Estatutos de nombre reservado), la que en votación libre y espontánea adoptó tal decisión, la que se encuentra contenida en el artículo 40 de los mencionados Estatutos. En consecuencia, una decisión soberana, adoptada por mayoría de los asistentes a la respectiva Asamblea no puede ser ilegal toda vez que está dentro de la esfera de atribuciones que la misma ley le ha otorgado a dicho órgano de la Asociación.

Tampoco existe una supuesta arbitrariedad por cuanto la decisión fue adoptada por mayoría, en votación libre y espontánea y dentro del ámbito de sus atribuciones.

Por último, arguye que no existen garantías constitucionales protegidas por el Recurso de Protección que hayan sido vulneradas de manera clara y manifiesta. No ve cómo se puede afectar el derecho de sindicalización, cuando no nos encontramos frente a un Sindicato, sino una asociación de funcionarios que se rige por la ley 19.296. En cuanto al derecho de propiedad tampoco puede haber vulneración con el acto recurrido, toda vez que los beneficios que dice el recurrente ha perdido no son más que contraprestaciones al pago de su cuota mensual, que a diferencia de lo que sostiene el recurrente no es una cotización sindical, ni menos aún, tendría el carácter de obligatoria, sino que hay una contraprestación recíproca, justa y equivalente entre el pago de las cuotas de la Asociación con los beneficios. Y respecto a la garantía del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, la decisión no fue adoptada por una “comisión especial” desde que ella fue consecuencia de la aprobación en sala por la mayoría de los asistentes en segunda citación a la Asamblea ya referida y al detentar dicha Asamblea la máxima representatividad legal de la Asociación, por expreso mandato de la ley 19.296 así como de los Estatutos de la Asociación.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que la Ley Nº 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, reconoce el derecho de éstas de dotarse y aprobar sus propios estatutos y reglamentos, debiendo regirse por los que aprobaren.

SEXTO: Que, al efecto, el Estatuto de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago, aprobada por Asamblea General Extraordinaria de 30 de noviembre de 1995, en sus artículos 36 a 40 establece normas sobre las sanciones. En lo pertinente, el artículo 39 de estos Estatutos dispone que "La asamblea, en reunión convocada especialmente, podrá aplicar sanciones de suspensión de los beneficios sociales sin pérdida del derecho a voto, por un máximo de tres meses, dentro de un año, cuando la gravedad de la falta o de las reincidencias así lo aconsejaran..."; mientras que el artículo 40, establece que "Cuando la gravedad de la falta o de las reincidencia en ella lo hicieran necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse...".

SÉPTIMO: Que la norma reglamentaria antes citada de manera explícita contiene el principio de igualdad de las partes que todo procedimiento sancionatorio supone, a partir de la presencia de dos sujetos o partes, los que mantienen posiciones adversas en cuanto a la pretensión de condena y la de defensa y absolución, las cuales deben actuar en un debate que se efectúe con absoluto equilibrio e igualdad, prohibiendo constituir una respecto de la otra situaciones de ventaja o privilegio; y observa además la norma que las sanciones sólo podrán imponerse las sanciones de suspensión por la Asamblea en un reunión especialmente convocada al efecto, lo que no ocurre en este caso, puesto que es reconocido por la propia recurrida, que la expulsión del recurrente se acordó en el ítem “varios” y, por ello, no se citó especialmente a la asamblea para tales fines. Asimismo, tampoco se le otorgó al actor la oportunidad de defenderse como lo prescribe el artículo 40 de los Estatutos, ya que no existe una formulación de cargos, la posibilidad de descargos o de rendir prueba, pues la decisión de expulsión, sólo se basó en el informe emanado de la Comisión Revisora de Cuentas, órgano que, según los estatutos, no tienen facultad alguna para proponer la expulsión.

OCTAVO: Que, en consecuencia, resulta indudable que, del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y que se han relacionado en el motivo Primero de esta sentencia, al decidir la Asamblea de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile (nombre reservado), sancionar al recurrente nombre reservado con la medida disciplinaria de expulsión de esa Asociación Gremial, lo hizo sin atenerse a las normas reglamentarias antes citadas.

NOVENO: Que en la Constitución Política de la República el derecho al justo y racional procedimiento está reconocido en el artículo 19 Nº 3 y, en cuanto a las garantías mínimas para que proceso sea justo, el inciso sexto de ese artículo, dimensiona la prohibición de ser juzgado por una comisión especial, disponiendo que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

DÉCIMO: Que, la garantía constitucional anterior está resguardada por medio del recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el que jurídicamente constituye una acción cautelar de carácter constitucional, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las que, como lo ordena el inciso segundo del artículo 5º, es deber de los órganos del Estado respetar y promover.

UNDÉCIMO: Que, en efecto, como ha quedado comprobado la asamblea de la Asociación recurrida al sancionar disciplinariamente al recurrente ha infringido el procedimiento sancionatorio previsto en sus propios Estatutos, constituyéndose en el hecho en una comisión especial, vulnerando de esa forma la garantía constitucional antes indicada, e infringido, además, el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, de igualdad ante la ley, en la dimensión de la prohibición de establecer diferencias ilegales y arbitrarias, al no haber recibido el recurrente el trato al que tiene todo asociado por igual.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile, por lo que, en consecuencia, se deja sin efecto la medida de expulsión decretada en su contra, debiendo la entidad recurrida reincorporar al recurrente, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-34372-2019.