nombre reservado con SEREMI DE SALUD DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

A los folios 16 y 17: A todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, por el actuar que estima ilegal y arbitrario y que se materializó con fecha 29 de marzo de 2021, con la dictación del Decreto Exento Nº23, que dispone vacunación obligatoria contra la influenza para el año 2021 para ciertos grupos de la población, entre los que se encuentra la recurrente, al tener más de 65 años de edad, vulnerando con ello su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el respeto y protección a su vida privada y a la honra de su persona y su familia y su libertad de conciencia, entre otros derechos fundamentales consagrados como garantías constitucionales -por ende derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana- en el artículo 19, numerales 1, 5 y 6 de la Constitución Política de la República, así como en numerosos Tratados Internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes.

Explica que el decreto que se impugna por esta vía pretende vacunar forzosamente a grupos escogidos de forma arbitraria dentro de la población chilena, indicando que ella tiene 67 años de edad, y que siempre ha seguido un estricto método de autocuidado para evitar el uso de medicamentos experimentales, los que señala contaminan su organismo.

Por ello, indica que se ha negado a vacunarse contra el virus del Covid19 y también se opone a vacunarse en contra de la influenza, por cuanto, respecto de esta última, la vacuna tiene una que contiene agentes contaminantes, por lo que la decisión de la autoridad vulnera su derecho a decidir sobre los componentes exógenos que pudieren entrar en su cuerpo, razón por la que sostiene sentir temor de ser obligada a tener que colocarse dicha vacuna, lo que insiste en contrario a sus convicciones.

Hace presente que ha sido discriminada en locales comerciales, quienes no le permiten ingresar de forma arbitraria, ya que no posee su carnet verde o equivalente que acredite haberse inoculado las dosis ordenadas por decreto, además de ser cotidianamente acosada en el transporte público por funcionarios que fiscalizan si posee tal acreditación que permita trasladarse a su lugar de trabajo en la ciudad de Limache, vulnerando así también su libertad de desplazamiento, dejándola desamparada y sin poder asistir a su trabajo, y por ende, sin poder conseguir dinero para su sustento.

Refiere que el decreto impugnado dispone la obligatoriedad de la inoculación de la vacuna para determinados grupos de personas, entre los que se encuentran los mayores de 65 años, donde se encuentra la recurrente, pero que por convicciones personales y en uso de su libertad de conciencia sostiene que se opone a recibir un tratamiento invasivo y severamente cuestionado a nivel mundial como es el caso de las vacunas tradicionales, y en su lugar no tiene inconveniente de someterse a otros exámenes médicos -alternativos- que no tengan tal nivel de riesgo y toxicidad.

A continuación, relata que existen diversos estudios que dan cuenta de los efectos negativos de la vacunación, y que incluso en el caso en concreto sostiene que hay antecedentes de que la vacuna para la influenza genera una mayor susceptibilidad de desarrollar otras enfermedades, entre ellas el mateneumovirus e incluso el coronavirus, además de una serie de otros efectos perniciosos en la salud, tales como graves problemas al sistema inmunológico, y no sólo de adultos mayores, sino que incluso en gente joven, y en otros grupos de riesgo de la población, tales como las mujeres embarazadas, indicando que luego de la vacunación contra la gripe en mujeres embarazas aumentó un 4.250% las muertes fetales.

Indica que esta decisión de la autoridad vulnera gravemente su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por cuanto de los antecedentes que expone, sostiene que queda de manifiesto que la inoculación de la vacuna contra la influencia puede causar daño y/o efectos colaterales o trastornos tras su utilización en personas, por lo que el decreto impugnado sostiene amenaza directamente su vida y su integridad física y psíquica.

Reclama además que el actuar de la recurrida vulnera gravemente su derecho a la libertad de conciencia, por cuanto insiste en que es parte de su creencia personal y de conciencia que su bienestar y su salud integral penden del equilibrio natural y cósmico de la naturaleza humana en su conjunto, y que a través de la implementación de las terapias alternativas se ha mantenido sana, siendo coherente con su filosofía religiosa y personal que la representa, derecho que por lo demás indica se encuentra consagrado en diversos tratados internacionales.

En tercer lugar, sostiene que el decreto recurrido infringe gravemente el principio de razonabilidad y de proporcionalidad consagrado en nuestra Constitución, pues las medidas que impone a los recurrentes son innecesarias y desmedidas para la finalidad de prevención, cuidado y trazabilidad que ha tenido en vista realizar.

Así, insiste en que el decreto en cuestión vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, ya que ordena la aplicación de esta vacuna de forma discriminatoria y arbitraria respecto de la recurrente, ya que obliga a vacunarse a ciertos grupos de personas sin justificación legal o sanitario científica alguna.

Sostiene que también se ve vulnerada la garantía de no ser juzgada por comisiones especiales, consagrado en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la carta fundamental, ya que insiste en que el Ministerio de Salud se excede en sus facultades para imponer arbitrariamente la vacunación a determinadas personas a través de un simple Decreto Exento, que carece completamente de fundamento razonable y que, a su juicio, sería lo más parecido a una sentencia penal, por cuanto obliga a una persona a vacunarse, sin derecho a objeción ni la posibilidad de hacer uso del consentimiento informado, y peor aún, sin que la autoridad sanitaria se haga mínimamente responsable de los resultados que pudieran acaecer.

Finalmente, indica que también se ve vulnerado su derecho al respeto y protección de su vida privada y honra de su persona y su familia y su protección de datos personales, por cuanto asume que es una persona riesgosa de contagio y la constriñe a vacunarse, sin derecho a objeción o excusa científica alguna.

Por todo lo anterior, solicita sea acogida la presente acción de protección, y se ordene de inmediato dejar sin efecto la obligación impuesta sobre su persona de vacunarse contra la influenza, por cuanto se corren más riesgos que supuestos beneficios y está en juego su salud y finalmente su vida, y además, que se pida a la recurrida explica el fundamento científico preciso por el cual se está obligando a vacunarse contra la influenza a determinados grupos de personas y a otros no.

SEGUNDO: Que, comparece Jorge Hubner Garretón, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, evacuando informe y solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En primer lugar, y como una alegación de inadmisibilidad, indica que el presente recurso es extemporáneo, toda vez que el decreto cuestionado por esta vía es una simple ejecución de un decreto anterior, que es el Decreto Exento N°6 del año 2010, que incluyó la influenza, entre otras enfermedades, como aquellas que podían ser objeto de campañas de vacunación obligatorias, habiéndose incorporado los grupos de personas que obligatoriamente deben vacunarse por Decreto Exento N°2 del año 2020, los cuales se mantienen para el presente año en el decreto que por esta vía se impugna, habiendo de todas formas transcurrido con creces el plazo de treinta días corridos para la interposición del recurso de protección, el que fue interpuesto el 14 de junio pasado.

Además, sostiene que el recurso resulta improcedente, porque lo que se pretende no es controlar la legalidad de la actividad de la autoridad sanitaria, sino la conveniencia de una política pública en el ámbito de la salud, cuestión que es competencia exclusiva del Presidente de la República y de la autoridad administrativa sanitaria, más todavía si se tiene presente que el recurso de protección no es una acción popular, de manera que debe fundarse en circunstancias propias de las personas que lo presentan y no aplicables a las personas en general, como ocurre en la especie.

Por otro lado, y en cuanto al fondo, sin perjuicio de hacer presente que el recurso no señala la razón por la que el decreto sería ilegal o arbitrario, expresa que dicho acto administrativo ha sido dictado por autoridad competente, se encuentra fundado y tiene respaldo científico, lo que permite descartar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, siendo una política pública que ha salvado miles de vidas y ha sido reconocida por expertos nacionales y extranjeros.

Señala que es de competencia del Ministerio de Salud elaborar y fijar políticas de salud, en virtud de los artículos 1 y 4 del DFL N 1 del año 2005, y además la medida tiene como fundamento el artículo 32 del Código Sanitario, que permite disponer campañas de vacunaciones obligatorias y ha sido dictado como forma de ejecutar un programa de inmunizaciones que data de 1978 y el Decreto N°6 del año 2010, que incluyó la influenza, entre otras enfermedades, como aquellas que podía ser objeto de campañas de vacunación obligatorias.

Por último, si bien el artículo 14 de la Ley N°20.584 otorga al paciente la posibilidad de rehusar un tratamiento o procedimiento médico, el artículo 16 de la misma ley se encarga de limitar dicho derecho, cuando pueda afectar la salud pública, como es en el caso de autos.

Por todo lo señalado, solicita el rechazo de la presente acción constitucional, con expresa condenación en costas, atendida la falta de fundamento de la misma.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que luego de lo dicho, en este caso es posible concluir que lo que en definitiva reclama la actora es la supuesta ilegalidad de la decisión que contiene el Decreto Exento N° 23, de 29 de marzo de 2021, del Ministerio de Salud, que dispone para este año la vacunación obligatoria contra la influenza de los grupos de población objetivos que detalla, según lo dispuesto en el N° 12 del Decreto Exento N° 6, del año 2010, que dispone la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país, con las finalidades de, por un lado, prevenir la mortalidad y morbilidad grave en grupos de la población definidos por las condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas por la infección del virus influenza y, por otro, preservar la integridad de los servicios asistenciales. En razón de lo anterior, solicita la recurrente que esta Corte a través de esta acción cautelar deje sin efecto la aludida normativa a su respecto y que, además, se ordene a la recurrida explicarle los motivos que habrían ameritado la decisión de disponer la vacunación obligatoria a determinados grupos objetivos de la población, peticiones que desde ya exceden el ámbito de competencia de esta Corte mediante un recurso de protección.

En efecto, el contenido del aludido Decreto Exento N° 23 responde exclusivamente a la evaluación, elaboración y corrección de una política pública que constitucionalmente está entregado de manera exclusiva a otro poder del Estado por tratarse de un acto de mero gobierno, el cual no puede ser modificado por esta vía;

SEXTO: Que sin perjuicio de lo anterior, aparece relevante reflexionar que las medidas que ordenan vacunaciones masivas se orientan no sólo a proteger la vida y salud de quien recibirá dicha inoculación, sino también la de las demás personas que integran la sociedad, quienes podrían enfermar e incluso morir tras el contagio de un virus portado por un ser humano no inmunizado y vector del mismo.

En este orden de ideas, resulta significativo considerar que conforme reconoce el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

“1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”;

SÉPTIMO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en la presentación de fecha diecinueve de junio de este año.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-34371-2021.