Protección contra Corporación Administrativa del Poder Judicial

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que don nombre reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, representada por su director don nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos al poner término a su cargo de administrativo informático por salud no compatible para desempeñarlo, con vulneración de sus derechos constitucionales que se señalan en el presente recurso.

Sostiene el recurrente, que se desempeñó desde el 1 de enero de 2015 como administrativo informático a contrata, grado 18 de la Escala de Sueldos de Empleados del Poder Judicial, en el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación, hasta que el 7 de mayo de 2021 se le notificó mediante Oficio NUM000, de la misma fecha, la resolución del señor Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que le puso término al cargo de Administrativo Informático a Contrata de la Unidad de Apoyo Técnico Administrativo Central, en razón de tener salud incompatible para su desempeño.

Refiere en su libelo, que en el tiempo inicial que trabajó lo hizo absolutamente sin ningún inconveniente. Sin embargo, y debido a su situación actual de salud, consistente en una patología psiquiátrica que le ha provocado una fuerte sintomatología, asociada a estrés emocional familiar y social, la que se inició en el mes de marzo de 2020, ha gozado ininterrumpidamente de licencias médicas, las cuales han sido todas ingresadas, registradas y tramitadas conforme a los procedimientos establecidos para estos casos.

Afirma en el recurso, que su condición de salud -recuperable según certificado del COMPIN de fecha 14 de abril de 2021- es del todo compatible con el trabajo que ejerció hasta la fecha de su desvinculación.

Impugna de arbitraria e ilegal las resoluciones tramitadas mediante el Ord.NUM000, de 7 de mayo de 2021, y el Oficio NUM001, de 20 de mayo 2021, este último, que resolvió su reposición, y mantuvo la decisión de declararlo con salud incompatible, sin hacerse cargo de ninguna de las alegaciones que efectuó, limitándose sólo a señalar que no había aportado nuevos antecedentes.

Alega que se encuentra vulnerada la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad previsto en el Art. 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

En definitiva, solicita se ordene a la recurrida a dejar sin efecto la Resolución tramitada mediante ORD. Nº NUM000 de fecha 7 de mayo de 2021, cuyo antecedente es la minuta NUM002 de fecha 6 de mayo de 2021, y el oficio Ord. Nº NUM001, notificado por correo electrónico de fecha 20 de mayo de 2021, ambas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y reestablezca el imperio del derecho, ordenando la reincorporación al cargo que ostentaba en forma previa a su desvinculación.

SEGUNDO: Que, informando don César Miguel Deramond Rubio, abogado, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señala que don nombre reservado, fue notificado el 7 de mayo de 2021 mediante Oficio NUM000, de la misma fecha, de la Resolución incluida en dicha comunicación, que le informa "Con relación a los Antecedentes expuestos en Minuta N° NUM002 de 6 de mayo de 2021, me permito informar a usted la siguiente resolución del señor Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: Se pone término al cargo de Administrativo Informático Contrata de la Unidad de Apoyo Técnico Administrativo Central, en razón de tener la persona que lo sirve en la actualidad, don nombre reservado, salud incompatible para desempeñarlo".

Refiere en su informe, que el recurrente presentó efectivamente una solicitud de reposición que fue rechazada, siendo notificada mediante mensaje de correo electrónico del día 20 de dicho mes y año, remitiéndosele el Oficio NUM001, que señala mantener la decisión de declararlo con salud incompatible, sin hacerse cargo -dice- de ninguna de las alegaciones que efectuó, y limitándose sólo a señalar que no había aportado nuevos antecedentes.

Sostiene la informante, que sus actuaciones se ajustan a la normativa vigente, en particular, cita las normas de los artículos 152, 158 y 159 del Reglamento de Personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Conforme con las referidas disposiciones, para la declaración de salud incompatible con el Servicio, es menester, precisamente, que la salud del funcionario se haya declarado recuperable según el servicio de salud competente, como acaeció en este caso, con la Resolución N° NUM003, de 22 de abril de 2021, del COMPIN de Ñuble, que en lo pertinente señaló que don "nombre reservado, adolece de un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes".

En consecuencia, afirma que, respecto del Sr. nombre reservado, el COMPIN Ñuble no informo salud irrecuperable sino recuperable y, en consecuencia, el Director de la Corporación Administrativa podía ejercer su facultad legal privativa de declarar que el Sr, nombre reservado tenía salud incompatible, conforme previene el artículo 159 del Reglamento de Personal de la Corporación Administrativa, que dispone: "Artículo 159°: Declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo: El Director o el Consejo Superior, según corresponda, podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en el marco de Ley Nº 16.744, sobre accidentes y enfermedades profesionales y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

Deberá pagarse la remuneración hasta la fecha de vacancia que señale la respectiva resolución que dispone la vacancia del cargo".

Sostiene, además, que el artículo 159 del Reglamento de Personal, que se ha transcrito, repite lo establecido por el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que previene que la declaración de salud recuperable que emita el servicio de salud competente -que en la especie lo fue el COMPIN Ñuble- es condición precisa para que el jefe superior del servicio pueda ejercer válidamente su facultad privativa de declarar al funcionario con salud incompatible con el servicio. A contrario sensu, si no se solicita previamente el dictamen del servicio de salud o si dicho dictamen determina que el funcionario tiene salud irrecuperable, entonces el jefe superior del servicio no aparece habilitado para declarar al funcionario con salud incompatible, aunque haya usado más de seis meses de licencia médica, continua o discontinua, en los últimos dos años.

Agrega el informe, que en caso de haberse declarado por el Servicio de Salud que el funcionario tenía salud irrecuperable, la declaración de salud incompatible es claramente improcedente porque el funcionario quedará acogido a lo previsto en el artículo 158 del Reglamento de Personal de la Corporación Administrativa, similar a lo establecido en el artículo 152 del Estatuto Administrativo, esto es, a seis meses de licencia por salud irrecuperable con goce de remuneración íntegra, al término de los cuales se declarará la vacancia de su empleo si antes no se hubiere retirado.

Que en el caso del señor nombre reservado, a quien el COMPIN Ñuble lo declaró con salud recuperable, el Director de la Corporación Administrativa al declarar que tenía salud incompatible con el Servicio, solamente ejerció válidamente la facultad que le reconoce el artículo 159 del Reglamento de Personal ya citado, toda vez que se constató, previamente, que el recurrente hizo uso de 202 días de licencia médica en los últimos dos años, comprendidos entre el 8 de septiembre de 2018 y el 8 de septiembre de 2020, según se comunicó al señor nombre reservado mediante Oficio NUM004, de 9 de septiembre de 2020. Precisa, además, que en el sistema de recursos humanos registra licencias continuas o consecutivas desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 18 de mayo de 2021, fecha de término de su contrata.

Conforme lo dispuesto en el tercer inciso del Art. 151 del Estatuto Administrativo (Ley 18.834), mediante Oficio NUM005 de 14 de septiembre de 2020, reiterado por Oficio NUM006 de 7 de abril de 2021, se solicitó a COMPIN Ñuble la evaluación acerca de la condición de irrecuperabilidad de la salud que presentaba el recurrente, dada la cantidad de licencias médicas de que había hecho uso.

El 4 de mayo de 2021 se recibió la respuesta del COMPIN Ñuble, que adjuntó la Resolución Exenta N° NUM003 de 22 de abril de 2021, que declaraba la salud recuperable del citado funcionario.

En definitiva, conforme con lo que expone, sostiene que no ha existido por su parte acto u omisión ilegal o arbitraria que se le pueda reprochar, negando lugar al recurso interpuesto, ya que, además, no se ha vulnerado garantía constitucional alguna.

TERCERO: Que la acción de protección que contempla la Carta Fundamental, es un procedimiento cautelar que tiene por objeto subsanar de modo urgente y excepcional un hecho en que una persona hubiere sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías de alguno o algunos de aquellos que contempla la Constitución Política.

CUARTO: Que, por el carácter del recurso, debe dársele un sentido restringido y de oportunidad para resolver aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronto pronunciamiento judicial, que dé rápido remedio a los actos u omisiones arbitrarias e ilegales, siendo estos elementos los que deben ser examinados por esta Corte para definir su resolución.

QUINTO: Que el objetivo focal de la pretensión recursiva apunta a dejar sin efecto actos administrativos que, por la vía de declarar la salud incompatible de un funcionario público, le afectaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución, para seguir en esa condición, teniendo en cuenta que el Organismo evaluador de su salud funcionaria, el COMPIN, declaró que tenía salud compatible para seguir desempeñando sus funciones laborales.

SEXTO: Que, se debe examinar, primeramente, si la actuación desplegada por la autoridad al dictar los actos que se discuten se ajustó a la ley. En tal sentido, se debe tener presente, el artículo 158°del Reglamento del Personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que dispone; "La declaración de irrecuperabilidad de la salud del personal, titular o contrata, será resuelta por el Servicio de Salud competente, de acuerdo a las normas generales que rigen la materia.

Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un empleado, éste deberá retirarse de la Corporación dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo o el término de la contrata.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el empleado no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la Corporación.

Deberá pagarse la remuneración hasta el último día del cumplimiento de los seis meses del beneficio de licencia médica por salud irrecuperable, de acuerdo a la fecha señalada en la correspondiente resolución que concede el beneficio. En todo caso, por separado existirá siempre una resolución de vacancia del cargo o el término del contrato." A su turno, el artículo 159 del mismo Reglamento, dispone que; "El director o Consejo Superior, según corresponda, podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable". La disposición transcrita, reproduce en sus mismos términos, lo que señala el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

SÉPTIMO: Que, conforme con el citado el marco jurídico, si al funcionario se le declara irrecuperable su salud, éste debe necesariamente retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha que se le notifique la resolución de irrecuperabilidad y si no lo hace dentro de ese período, la autoridad le debe declarar vacante el cargo. Ahora bien, la misma normativa contempla que, la jefatura superior del Servicio, podrá sin mediar declaración de salud irrecuperable, considerar la salud incompatible con el desempeño del cargo por el hecho que un funcionario hizo uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años.

OCTAVO: Que, desde el punto de vista normativo, la actuación de la autoridad que se cuestiona se ajusta a la ley, puesto que hizo uso de una facultad prevista en la legislación, que le permite declarar la salud incompatible de un funcionario, teniendo como antecedente cierto y no discutido, que el recurrente contó con licencias médicas que excedieron los plazos que habilitan para tal declaración.

NOVENO: Que, sin perjuicio de la existencia de la facultad legal y su ejercicio discrecional por parte de la autoridad, basado en los supuestos de hecho que lo permiten, se debe examinar si al tomar tal decisión lo hizo de un modo que no resulta arbitrario, es decir con evidente falta de fundamento o estrellándose con la aplicación de principios de no discriminación e igualdad ante la ley que aplica a todo funcionario público.

DÉCIMO: Que, todas las decisiones que hoy debe adoptar la Autoridad Administrativa a través de los actos por medio de los cuales manifiesta su actuación, como decretos, resoluciones, oficios y que producen efectos en terceros, deben ser debidamente fundados y razonados, así lo exige la ley 19.880 que regula las Bases de los Procedimientos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

UNDÉCIMO: Que, resulta efectivo que los actos en examen exigen el supuesto fáctico que la hace procedente, es decir, para poder ejecutarlos es necesario contar con el hecho que el funcionario hizo uso de licencias médicas y que ellas excedieron los plazos dispuestos por la ley para que la autoridad hiciera uso de la facultad. Pues bien, en el caso que se examina, los plazos excedidos no son de una entidad tal que haga impresentable o sin motivo plausible la alegación formulada por la vía de esta acción, si se tiene en cuenta que la COMPIN con fecha 14 de abril de 2021, declaró la salud del recurrente como recuperable y se trata de un funcionario a contrata que ha permanecido en la misma institución desde el año 2015.

La concurrencia de los señalados aspectos - salud recuperable y calidad funcionaria - conllevan a que el ejercicio del atributo que permite a la autoridad resolver la desvinculación funcionaria por salud incompatible, sea pronunciado con una justificación de mayor intensidad, no bastándose, simplemente, con la mera referencia a las licencias médicas y sus plazos, particularmente, porque la salud del funcionario ha sido restablecida para el desempeño de sus funciones y además, por la confianza legítima adquirida, que le da la situación de haber sido renovado en su actual contratación por varios periodos, condición que forma parte de su haber funcionario, como un derecho susceptible de ser cautelado, frente a cualquier decisión que, sin ser fundada, lo amenace o lo afecte de un modo sólo subsanable por la vía constitucional deducida.

DUODÉCIMO: Que, en el escenario descrito, por las condiciones que presentaba el recurrente, esto es, que había obtenido la declaración de salud recuperable del organismo competente y que se trata de un funcionario que, en razón del principio de confianza legítima, goza de una mayor estabilidad en su empleo, impone a la autoridad en el ejercicio de la facultad de hacer cesar su contratación por la salud incompatible, un mayor estándar de fundamentación, acorde con la naturaleza de la decisión que pretende adoptar y los efectos que acarrea en la persona a quien se aplica.

DÉCIMO TERCERO: Que, por cuanto no se cumple el presupuesto de haber adoptado una decisión debidamente fundada acorde con la exigencia de la medida expulsiva que la ley permite, es posible entender que ella afecta o amenaza los derechos o garantías del tipo constitucional que invoca la recurrente.

DÉCIMO CUARTO: Que, del modo que se ha razonado, aparece que la acción cautelar impetrada resulta ser idónea para responder a lo pretendido por la parte que recurre, esto es, dejar sin efecto la medida de cese por salud incompatible del cargo, en tanto no se den los razonamientos suficientes que hagan sustentable tal declaración, a partir de los supuestos de hecho que la ley establece.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Autoacordado sobre tramitación del recurso de protección se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la que deberá dejar sin efecto las resoluciones que dispusieron el término de la contratación del aludido funcionario, basado en la salud incompatible para desempeñarlo, debiendo ser restituido a sus funciones en las mismas condiciones que detentaba antes de la emisión de los actos que se invalidan, por no encontrarse debidamente fundamentados para los fines de la decisión.

Regístrese, comuníquese y archívese Redactó el abogado integrante David Peralta A. No firma la ministra señora Gloría María Solís Romero, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por estar con licencia médica.

N°Protección-34360-2021.