nombre reservado con COMUNIDAD EDIFICIO LA CAÑADA

Santiago, veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Luis Olguín Popovic, abogado, e interpone recurso de protección a favor de nombre reservado, cirujano dentista y abogado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la COMUNIDAD EDIFICIO LA CAÑADA, representada por su presidente nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la carta de 25 de abril el presente año, remitida por la recurrida en la que se consigna que el recurrente es un deudor moroso de gastos comunes y se le informa que procederá a la suspensión del servicio de energía eléctrica, acto por el cual el recurrido pretende obligarlo al pago de ciertas y determinadas obligaciones, informando sobre la suspensión del servicio de energía eléctrica del inmueble donde se emplaza su consulta dental desde el 6 de mayo pasado.

Esgrime que es dueño del departamento ubicado en domicilio reservado°, depto. N° 121, en el cual se emplaza su consulta dental hace más de 20 años, en la que ejerce su actividad profesional de forma libre, responsable e independiente.

Expone que la Comunidad Edificio La Cañada, le ha informado por carta de 25 de abril pasado “el corte de luz por morosidad”, por una supuesta deuda de gastos comunes que no ha sido regularizada, la que no sólo contiene errores de forma, sino que también de fondo, toda vez que no es deudor moroso de los gastos comunes como se consigna en la misma, y por tal calidad se le comunica que el 6 de mayo del año en curso se le suspendería el servicio de energía eléctrica del inmueble donde se emplaza y funciona su consulta dental.

Sostiene que el acto reclamado es ilegal ya que no basta invocar la mera potestad formal legal para fundar el acto, sino que además, su ejercicio debe fundarlo en hechos y antecedentes objetivos, comprobables, fehacientes y acreditados, lo que no ocurre en este caso.

En la especie, al invocar la Ley N° 19.537 y dar por confirmada la existencia de una supuesta deuda y posteriormente sindicarlo como deudor moroso de gastos comunes, publicando tal situación en el salón principal del edificio, sin los antecedentes que respalden dicho actuar.

Asimismo, el acto es arbitrario, ya que constituye autotutela carente de justificación racional, el que se encuentra excluido por nuestro ordenamiento jurídico.

Afirma que, en cualquier caso, los gastos comunes los ha pagado, ofreciendo acompañar los respectivos comprobantes desde el año 2010 a la fecha, haciendo presente que el artículo 1.570 del Código Civil, establece una presunción legal en cuanto a tres períodos de pagos determinados y consecutivos, hará presumir el pago de los anteriores períodos, siempre y cuando se haya efectuado ante el mismo acreedor y por el mismo deudor.

En cuanto a los derechos constitucionales que estima vulnerados, expresa el derecho a la libertad del trabajo y protección, por cuanto la suspensión del servicio eléctrico le impide el uso de maquinarias y tecnologías que la requieren, lo que le impide el ejercicio de su profesión. En lo relativo a su derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad, afirma que en su calidad de dueño del inmueble donde actualmente tiene emplazada su consulta dental, hace más de 20 años, lo que le permite el ejercicio libre de su profesión de Cirujano Dentista, recibiendo los respetivos réditos económicos; sufriendo, con la suspensión de la energía eléctrica, de una privación y disminución real de su patrimonio, dado que dejará de atender una gran cantidad de pacientes que demandan de sus servicios periódicamente.

Por todo lo anterior, solicita que se ordene a la recurrida que se deje sin efecto la suspensión del servicio de energía eléctrica que debe mantenerse el servicio inalterable, con costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar el respectivo informe la recurrida manifiesta que los hechos expuestos por el recurrente carecen de veracidad, por cuanto efectivamente es deudor moroso en el pago delos gastos comunes de la Comunidad Edificio La Cañada, ya que mantiene una deuda desde el año 2008, la que por los intereses generados alcanza la suma $1.114.292, tal como se indica en el informe del contador de la comunidad.

Explica que en reiteradas ocasiones se ha solicitado al recurrente que regularice la señalada situación, siendo la última de ellas en el mes de diciembre de 2018, mediante una reunión sostenida en dependencias de la Comunidad entre el recurrente, el contador de la comunidad y el administrador de la misma, en la que se le comunicó la decisión tomada por la Comunidad en orden a requerir el pago de su deuda, indicándole que aportara los antecedentes que tiene en su poder, en el caso de estar en desacuerdo con lo allí conversado. Pese a lo anterior, el recurrente se mantuvo en una situación desafiante con el Comité de Administración y con el Administrador, y nunca aportó los antecedentes que decía tener para acreditar que se encontraba absolutamente al día en el pago de sus gastos comunes.

Por dicha situación y conforme al artículo 5° de la Ley N° 19.537, mediante carta de 25 de abril de este año, se le comunicó que a partir del 6 de mayo pasado, se procedería al corte de suministro eléctrico de su unidad, esto es, el departamento 121, aun cuando en la misiva se indicó erróneamente el departamento 123.

Por todo lo anterior, ningún acto arbitrario e ilegal ha cometido la Comunidad Edificio La Cañada, que vulnere alguna garantía constitucional del recurrente, dado que se ha actuado conforme a derecho, dado que el recurrente mantiene una deuda por gastos comunes des del año 2008, haciendo presente que el hecho que se encuentre pagado los gastos comunes actuales, no le exime de manera laguna al pago delo atrasado y menos aún de pensar si quiera que estos hayan sido condonados.

Luego de hacer presente que el corte del suministro eléctrico no se ha concretado hasta el día de hoy, insta por el rechazo de la acción deducida en su contra.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes se desprende que existe controversia respecto de los hechos, toda vez que la recurrente niega que mantenga gastos comunes impagos, mientras que la comunidad recurrida afirma la existencia de una deuda de arrastre desde el año 2008, sin que los antecedentes aportados por las partes, constituyan elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, compongan un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que impide, desde luego que el presente recurso pueda prosperar, más aún cuando el ámbito de aplicación de este remedio judicial se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad afectan o recaen sobre derechos indubitados evidentes u ostensibles, lo que impide que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, como la inexistencia de la pretendida deuda.

QUINTO: Que, por último, el recurso de protección, como acción de emergencia que es, no constituye la vía idónea para resolver un conflicto entre partes regidos por la Ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria y por las reglas generales del Código Civil.

Y de conformidad además con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en contra de la “Comunidad Edificio La Cañada”.

Regístrese, comuníquese y archívese, sino se apelare.

N°Protección-34340-2019.