Protección contra Superintendente de Seguridad Social que mediante Resolución Exenta N° NUM000

Santiago, nueve de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente: 1°) Que, nombre reservado, empleada, deduce recurso de protección en contra del Superintendente de Seguridad Social que mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 16 de diciembre de 2019, resolviendo un recurso de reconsideración administrativo interpuesto por ella con fecha 7 de octubre de 2019, en contra de la Resolución Exenta NUM001 de 2 de octubre de 2019, que confirmó lo resuelto por la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN (MUSEG), en cuanto calificó de origen común el cuadro clínico que le afecta.

Refiere que producto del accidente que sufrió el día 12 de diciembre de 2018, recibió atenciones por el organismo administrador hasta que dicha entidad rechazó la cobertura de su patología, aduciendo que presentaba Artrósis y Discopatía Lumbar. Agrega que producto de la caída, con fecha 6 de agosto de 2019, fue sometida a una intervención quirúrgica de fijación de columna en la Clínica Indisa, la que según las conclusiones del profesional tratante fue medianamente exitosa y dentro de lo esperado, sin embargo, aún se encuentro en estado de incapacidad laboral absoluta. La operación se realizó bajo su sistema de salud privado, con alto copago, porque se encontraba en apelación la resolución de la Mutual de Seguridad.

Indica que el error en el rechazo es evidente pues refiere que no habría aportado antecedentes, en circunstancias que acompañó informe del médico tratante que concluye: "... si bien existe una condición degenerativa en su columna lumbar, desconocida y asintomática a la fecha del accidente, que se pesquisa solo frente al dolor agudo severo por su accidente de trayecto que hace necesario tomar los exámenes que la identifican, existe una condición de causalidad directa entre el accidente de trayecto y el inicio de los síntomas que motivan su incapacidad laboral." Estima que con el acto se afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley en cuanto se le ha discriminado arbitrariamente dejándolo fuera de la cobertura del sistema de la ley 16.744, sin expresión de causa alguna ni fundamento racional.

En segundo lugar, estima vulnerado el derecho de propiedad, pues la cobertura de la enfermedad de origen laboral constituye un bien resguardado por el derecho que pertenece al orden público económico, forma parte del patrimonio personal, social y pecuniario del sujeto.

Por último, indica que pareciera ser que la recurrida rechaza a cobertura considerando su alto costo vulnerando, con ello, el derecho a la vida establecido en el número 1 del artículo 19 de nuestra Carta Magna. Añade que las mutuales prestan un servicio de salud a la comunidad, por encargo del Estado, de manera que el vínculo jurídico contractual que une a la institución con el afiliado reviste un carácter especialísimo.

Concluye solicitando se ordene a la recurrida otorgar sin más trámite la cobertura de la patología referida en el cuerpo de este escrito, adoptando además, las medidas conducentes a evitar que la conducta contra la cual se recurre se repita en lo sucesivo, debiendo la Mutual de Seguridad reembolsar las prestaciones y garantizando el efectivo respeto por derechos señalados, ordenando a la recurrida cesar en forma inmediata en la omisión que ha incurrido, lo anterior con expresa condena en costas. 2°) Que la Superintendencia de Seguridad Social en su informe solicita la declaración de extemporaneidad del recurso de protección de autos. Alega que la acción fue interpuesta con fecha 14 de enero de 2020, vencido el plazo legal, por cuanto si bien recurre en contra de la última de las resoluciones singularizadas, ésta se pronuncia respecto del recurso de reconsideración administrativo interpuesto con fecha 7 de octubre de 2019, en contra de la Resolución Exenta NUM001 de 2 de octubre de 2019, de tal forma que, a lo menos, a esa fecha la recurrente estaba en conocimiento cierto de lo dictaminado.

Indica, que la calificación como común de la afección de la trabajadora fue realizada por la MUSEG y de considerar que aquella era ilegal o arbitraria, pudo haber interpuesto la acción desde que se le notificó la decisión del organismo administrador y al mismo tiempo ejercer el recurso jerárquico administrativo del artículo 77 de la Ley N° 16.744. Ello, por cuanto la acción de protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir.

Que, en subsidio, en cuanto al fondo, previas menciones al marco normativo que regula la materia, al ámbito de competencia de la recurrida y a la normativa sobre Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, indica que revisado el caso, la recurrente se dirigió ante sí, solicitando emitiera pronunciamiento respecto de la decisión de la Mutual de Seguridad sobre la calificación del cuadro clínico que le afecta (Artrosis de columna lumbar y discopatía lumbar) que en su opinión, deriva del accidente del trabajo en el trayecto con el objeto de que se acoja a la cobertura de la Ley N °16.744, la indicación de reposo de que da cuenta la licencia médica que detalla.

Aclara que para resolver solicitó informe y antecedentes médicos/laborales del caso, la Mutual acompañó documentación que da cuenta de la cobertura prestada frente al accidente de 12 de diciembre de 2018 y la relacionada a su determinación de no acoger como de origen laboral la afección que reclama.

Previo estudio de los antecedentes por profesionales médicos del Departamento Contencioso Administrativo determinó rechazar el reclamo de calificación de origen del cuadro clínico osteomuscular sin que resulte procedente otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común. Más adelante, la recurrente solicitó la reconsideración de aquella resolución, y sometido el caso a revisión, concluyen que no se habían acompañado antecedentes nuevos suficientes que permitieran modificar la determinación adoptada.

En cuanto a las supuestas vulneraciones a garantías constitucionales, indica que su misión es supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, determinando cuál sistema previsional, debe en definitiva cubrir un estado de necesidad. En el caso, la pretensión dice relación con el derecho de seguridad social, derivado del cambio de la calificación del origen de una afección, en el marco de la Ley N° 16.744, y no de amparar un derecho preexistente, y debe ser materia de un procedimiento ordinario declarativo ante tribunal competente.

Y que, por lo demás, la mencionada garantía no se encuentra amparada por la acción cautelar de autos y cita jurisprudencia al respecto.

Finaliza solicitando que el recurso sea desestimado en todas sus partes, con costas. 3°) Que la Mutual de Seguridad informó que producto del accidente de la recurrente, conforme la evaluación médica y exámenes imagenológicos practicados se le diagnosticó contusión leve de rodilla y cadera izquierda; contractura muscular de glúteo y lumbar izquierdo; y lumbago agudo severo izquierdo. Dicho cuadro clínico fue calificado como laboral, otorgándole todas las prestaciones correspondientes de la Ley 16.744, con reposo laboral por 7 días, desde el 13.12.2018 al 14.12.2018 y del 17.12.2018 al 21.12.2018. Después de una evaluación médica es dada de alta.

Que la actora reingresa el día 9 de enero de 2019, manifestando dolor leve en columna lumbar. Es evaluada, se le indica reposo, analgesia y TAC de columna lumbar en el que se observa artrosis de columna lumbar y discopatía lumbar.

Patologías que se calificaron como de origen común, por cuanto no es posible establecer una relación de causalidad y compatibilidad entre éstas con el evento traumático, sino más bien preexistentes al mismo y de carácter degenerativo. En consecuencia, se extiende licencia médica por el cuadro señalado y es derivada a su previsión de salud común.

Agrega que la institución se ha ajustado al marco legal aplicable, cumpliendo estrictamente con los conceptos y procedimientos aplicables en la especie, que corresponde al ejercicio de una facultad legal y reglamentaria como Organismo Administrador de conformidad con lo prescrito en el artículo 77 de la Ley N °16.744.

Así las cosas, sostiene que la derivación de la paciente obedece a una consideración médica fundada en los antecedentes que adjunta y que fue ratificada, en dos oportunidades, por SUSESO, por lo que dicha calificación no resulta antojadiza o carente de motivación. 4°) Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas. 5°) El acto que la recurrente califica de arbitrario e ilegal es la Resolución Exenta N° NUM000, de 16 de diciembre de 2019, que ratificó que el cuadro clínico que presenta la recurrente es de origen común. 6°) Corresponde pronunciarse, en primer término, sobre las alegaciones formales en cuanto se sostuvo la improcedencia de la acción por estar referida a un aspecto específico del derecho a la seguridad social que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Política. Sin embargo, tal alegación debe rechazarse por cuanto el acto recurrido puede afectar otras garantías constitucionales que sí se encuentran comprendidas en la enumeración que realiza el artículo 20, como es el derecho a la integridad física o psíquica de la actora sin perjuicio del análisis de procedencia que se hará en los razonamientos posteriores. 7°) En segundo término se alegó la extemporaneidad de la acción. Sabido es, que el plazo para recurrir es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sobre el particular, la recurrente funda su reclamo a partir de la Resolución de 16 de diciembre del año 2019 por el cual se rechazó un recurso de reposición en contra de la decisión del órgano recurrido que declaró que la afección de la actora es de origen común. En estas condiciones, cabe desechar la extemporaneidad alegada por cuanto, la resolución del recurso de reposición puso término a la vía administrativa, no siendo efectivo que la resolución resuelva una "reconsideración" sino una "reposición" siendo este último un recurso de naturaleza administrativa, por lo que el plazo para acudir de protección debe contabilizarse desde la resolución del mismo lo que se hizo el 16 de diciembre de 2019 por lo que al recurrir de protección el día 14 de enero de 2020, la acción resulta oportuna y en consecuencia, la alegación de extemporaneidad debe rechazarse. 8°) Que en cuanto al fondo, cabe señalar que no se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, porque para establecer que la patología que sufre la actora es producto de un cuadro degenerativo y no del accidente que ella sufrió en el año 2018, consideró que con los antecedentes médicos no era posible establecer una relación de causalidad entre el referido cuadro clínico y el mecanismo lesional descrito para el siniestro que sufrió el 12 de diciembre de 2018, encontrándose en los estudios clínicos realizados alteraciones degenerativas de columna lumbar, no atribuibles al evento antes señalado.

En cuanto al reproche que se formula a la decisión cuestionada, no se trata que no se hayan acompañado antecedentes por la actora sino que no permiten variar la decisión, por lo demás el informe médico a que alude la recurrente también reconoce la existencia de un problema degenerativo añadiendo que la aparición de los síntomas coincidió con el accidente, sin que esta situación permita a esta Corte variar la decisión técnica a la que arribó el órgano recurrido o estimarla infundada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 3433-2020