nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

Al escrito folio 17: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, por sí, en favor y en representación de doña nombre reservado, vendedora de seguros, quien interpone acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de La Región Metropolitana y en contra de la Superintendencia De Seguridad Social, por el acto ilegal y arbitrario consistente en privar de la autorización de algunas de las licencias médicas extendidas por un médico legalmente habilitado para ello, aun siendo licencias médicas continuas y habiendo licencias médicas autorizadas entre las rechazadas, impidiendo de esta manera su correspondiente pago por la Caja de Compensación los Andes, atentando de esta forma en contra de su derecho de propiedad en el pago del subsidio.

Agrega que se busca impugnar la decisión pronunciada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana y la Superintendencia de Seguridad Social, en orden a rechazar las Licencias Médicas N°3739395, 34197765, 34789908, 35224725, 36382572, 37113426, 38475192, 39142398, 40182711, 41385150, 41874846, 42278922, 43196751, 43508415, 50806551 y 52188681, en respuesta a los diversos Recursos de Reposición y Apelación interpuestos ante las recurridas, respectivamente, de lo cual esta parte tuvo conocimiento con fecha 24 de mayo de 2021 mediante correo electrónico, por Resolución Exenta n° R-01-UNRA-64461-2021.

Sostiene que la recurrida Suseso no tuvo a la vista los nuevos antecedentes médicos proporcionados por su representada; es más, insiste con que no se considerarán antecedentes acompañados en procesos anteriores; por lo que concluye que esta institución ni siquiera revisó y leyó la documentación aportada por la señora nombre reservado. Por su parte, COMPIN R.M, con fecha 26 de mayo de 2021, de conformidad con su dictamen, es que rechazó Licencia Médica número 50806551, por considerar que no hay antecedentes médicos que respalden el diagnóstico.

Señala que su representada trabajó para la empresa Callsouth S.A. hasta el día 07 de junio del presente año 2021, cuando por motivos médicos, presentó carta de renuncia.

Indica que la señora nombre reservado sufrió un accidente común (no profesional) de tránsito con resultado de muerte de uno de sus acompañantes, motivo por el que ésta inició un tratamiento psiquiátrico, en el cual se le prescribió licencia médica.

Luego, su representada intentó volver a su trabajo en el mes de octubre del año 2019, sufriendo una recaída de su enfermedad, en consecuencia, los psiquiatras Aralber Gregoriadis Oviedo y nombre reservado, tras constatar tal recaída, volvieron a diagnosticarla con Depresión Mayor, otorgándole una nueva Licencia Médica, la número 33379530, que fue autorizada por COMPIN. Sin embargo, la Licencia Médica N°33739395, y continua de la anterior, otorgada en noviembre de 2019, fue rechazada por la misma entidad, solicitando documentos que a acompañar junto al correspondiente Recurso de Reposición en contra de tal resolución.

Añade que cada vez que las recurridas solicitaban un nuevo antecedente, su representada lo acompañaba a la brevedad.

Refiere que avanzaba el tiempo y ante la irrecuperabilidad pronta de la Sra. nombre reservado, es que continuó consultando con su médico de cabecera, el doctor nombre reservado, quien fue realizando los correspondientes ajustes de medicamentos ante el nulo avance de la paciente. Luego, conforme la recurrida COMPIN iba resolviendo tales recursos en su sede administrativa, es que fue solicitando mayores antecedentes, los cuales decían relación con al formulario de Constancia de Información al Paciente Ges, Informes médicos protocolizados, amplios y fundados, derivación a psicoterapia, nuevos exámenes médicos, etc., acompañando toda la documentación requerida.

Expone que después de largo tiempo sin recibir psicoterapia, logró se atendida vía telefónica y por video llamada, quedando en una lista de espera, por lo que ordenaron a CESFAM Violeta Parra que activaran los mismos medicamentos, momentáneamente, por un plazo de seis meses.

Añade que no ha tenido oportunidad de recuperarse con motivo de la lista de espera en su tratamiento psicoterapéutico, conforme lo ha expresado su médico de cabecera el doctor Carrasco ante las instituciones recurridas; es por esta razón, que en octubre de 2020 el mismo profesional ordenó iniciar el trámite de Invalidez. Fecha que es coincidente con que COMPIN comenzó a autorizar las Licencias Médicas de nombre reservado.

Señala que entre las Licencias Médicas autorizadas por COMPIN, en el mes de enero de 2021 se rechazó una Licencia (que posteriormente COMPIN autorizó en razón de su propia inconsistencia), entre otras autorizadas durante los meses de octubre de 2020 y marzo de 2021, pues da cuenta de que el rechazo no se sustenta en ningún criterio médico.

Indica que el día 22 de mayo del año 2020 falleció su abuela materna y el día 16 de junio de 2020, fue asaltada al interior de su domicilio, siendo abordada y violentada junto con su pareja, por dos individuos premunidos de armas de fuego en horario nocturno, provocando una nueva conmoción en la afectada. Por lo expuesto sufre jaquecas con Aura Visual. Agrega que tiene problemas lumbares, cervicales, que en el mes de febrero sufrió una parálisis facial que la tuvo en una posterior rehabilitación kinesiológica y terapéutica con profesionales de CESFAM Violeta Parra de la comuna de Pudahuel y se le recetó múltiples medicamentos.

Sostiene que las resoluciones emitidas carecen de un contenido justificativo real, fundamentado únicamente en el carácter de Reposo Injustificado o no haberse incorporado nuevos antecedentes fundantes vulnerando el derecho de la Igualdad ante la ley.

Asevera que todas las licencias médicas son continuas de un mismo tratamiento, el cual tiene su respaldo en el sistema de salud pública, el que efectivamente ha contribuido a que su representada no pueda acceder a recuperarse al no brindarle la psicoterapia en tiempo y forma.

Indica que el artículo 19 número 9 consagra el Derecho a la protección de la salud, señalando que “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”, lo cual en la especie, desde luego que no está ocurriendo, en tanto no se discute que la recurrente pertenezca al sistema público, sino que el hecho de que es éste sistema y las instituciones atacadas, quienes le impiden ejercer su normal rehabilitación, terminando con la extensión de licencias en su favor, en el entendido de que logre recuperarse, y es esta oportunidad y chance la que las recurridas impiden con los arbitrarios rechazos de que han sido objeto las licencias médicas señaladas.

Refiere que su representada cuenta con un 45% de capacidad para trabajar, por ello comenzó los trámites de Invalidez ante la AFP Plan Vital, trámite que a la fecha todavía no cuenta con una respuesta. Sin embargo, bajo este respecto tenemos que la Circular N°2 C/134 de 24 de junio de 1985 dispone que mientras dure la calificación de la Invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se encuentre ejecutoriado, COMPIN debe continuar autorizando las licencias médicas y ordenar el pago de los subsidios que emanen de éstas.

Sostiene que el acto recurrido es ilegal, puesto que es contrario a los artículos 3, 11 y 41 de la ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, al tratarse de un acto administrativo infundado desde el punto de vista técnico, esto por no expresarse las razones médicas que sustentan el rechazo en orden a señalar los hechos en que se basa la decisión denegatoria. Asimismo, el acto en cuestión es arbitrario, porque no ha sido adoptado con criterios que puedan estimarse como racionales sobre todo por la respuesta infundada que se le brinda al peticionario, y que no es acorde al historial médico que mantiene ni a los documentos que aportó para acreditar su condición.

Señala que el hecho fundante de esta acción de protección que constituye un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2°, 9°, 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En virtud de lo precedentemente expuesto, pide que se acoja la acción de protección y se ordene dejar sin efecto resolución R-01-UNRA-64461-2021 de fecha 24 de mayo de 2021 de la SUSESO y Resolución de COMPIN R.M que se pronuncia sobre Licencia Médica número 50806551; ordenando el restablecimiento del imperio del derecho al disponer que se emita una resolución que autorice las Licencias Médicas o bien ordenar que así se haga, con el objeto que su representada pueda acceder al pago del subsidio al que tiene derecho y del que ha sido privada ilegal y arbitrariamente por las recurridas, con costas.

Segundo: Que, la Superintendencia De Seguridad Social, evacúa informe, señalando que el derecho al subsidio por incapacidad laboral jamás nació, por cuanto las licencias médicas fueron rechazadas por el respectivo organismo administrador, en este caso, la COMPIN de la Región Metropolitana, lo que fue ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social.

Explica que de las 16 licencias médicas que la recurrente singulariza como rechazadas por la COMPIN de la Región Metropolitana, solo las 6 primeras (folios N°3739395, 34197765, 34789908, 35224725, 36382572 y Nº 37113426), fueron reclamadas en su oportunidad ante su defendida emitiéndose los respectivos pronunciamientos.

Aclara que los pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad se materializaron mediante resoluciones de fecha muy anteriores a los 30 días corridos que antecedieron al 18 de junio de 2021, fecha de interposición de la acción constitucional, alegando la extemporaneidad en el ejercicio de la acción.

En subsidio, evacúa informe sobre el fondo, señalando que el 24 de febrero de 2020, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando en contra de la COMPIN de la Región Metropolitana, por cuanto había confirmado el rechazo de las licencias N° RUT reservado, Nº RUT reservado, Nº RUT reservado y Nº RUT reservado, extendidas por un total de 75 días de reposo, a contar del 13 de noviembre de 2019, por considerar que, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso, el reposo prescrito por el médico tratante no resultaba justificado.

Indica que requerida al efecto la COMPIN de la Región Metropolitana remitió los antecedentes del caso (Histórico de Licencias Médicas y CARTOLA MÉDICA del Servicio de Salud respectivo). En el último de los documentos consta que respecto de estas licencias médicas no se acompañaron por la recurrente antecedentes con para avalar la extensión del reposo ya otorgado a la trabajadora. En efecto, se señala lo siguiente: “…No adjunta antecedentes que permitan establecer o justificar la prolongación del reposo otorgado por el diag. enunciado, sin escala de gravedad, sin FPA. Sin recuperabilidad, del cual no se pueden desprender argumentos que permitan justificar la necesidad de prolongación del reposo más allá del periodo que ya ha sido autorizado. Se rechaza…”

Explica que el referido reclamo fue resuelto, previo estudio de los antecedentes médicos por parte de los profesionales médicos de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-28791-2020, de 6 de abril del año 2020, confirmando lo obrado por la COMPIN en cuanto al rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se indica en el dictamen en comento: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados (no protocolizados, ni amplios ni fundados, sin plan de tratamiento, sin detalles de psicoterapia) no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 402 días continuos y por la misma patología…”

Agrega que el 5 de julio de 2020, la recurrente recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social solicitando se reconsidere el Dictamen N° R-01-UME-28791-2020, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN de la REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas. Asimismo, reclamó en contra de la COMPIN de la Región Metropolitana, por cuanto había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendida por un total de 60 días de reposo a contar del 27 de enero de 2020, por la causal de orden médico reposo no justificado.

El referido recurso de reconsideración, previa nueva revisión de los antecedentes médicos del caso, fue resuelto mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-78016-2020, de 14 de agosto del año 2020, confirmando el pronunciamiento precedente, en cuanto a la improcedencia de instruir la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Sostiene que los reclamos referidos a los rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendida por un total de 60 días de reposo a contar del 27 de enero de 2020, fueron resueltos mediante las Resoluciones Exentas N° R-01-UME-70743-2020 Y N° R-01-UME-70747-2020, ambas de fecha 29 de julio de 2020.

Expresa que en estas tres resoluciones de su defendida, se confirmó lo obrado por la COMPIN de la Región Metropolitana por cuanto como se indica en la que se pronuncia respecto el recurso de reconsideración: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados (informes no ampliamente fundados, sin descripción de la evolución del cuadro clínico, sin plan de tratamiento o derivación a GES y/o programa de salud mental, sin detalles sobre el proceso de psicoterapia) no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 402 días continuos y por la misma patología…”

Por su parte, la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-70747-2020, de 29 de julio del año 2020, al rechazar el reclamo de una de las dos últimas licencias médicas reclamadas se hizo presente a la recurrente que: “...el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya cursado de más de 16 meses por la misma patología. En efecto, los informes médicos aportados no indican una evolución del cuadro clínico y compromiso funcional que le ocasiona, sintomatología, respuesta a esquema terapéutico implementado y/o eventuales ajustes compatibles con la extensión del reposo reclamado, tampoco indica fecha probable de alta; ni documento que acredite derivación a GES e ingreso a programa de salud mental; ni copia de carnet de psicoterapias realizadas y/o informe emitido por psicólogo(a) tratante.

Manifiesta que de acuerdo con lo consignado en la FICHA MÉDICA por la Dra. nombre reservado, psiquiatra revisora del caso, deja constancia de los siguientes antecedentes relevantes para la resolución del caso, transcribiendo su informe.

Por su parte, la Dra. nombre reservado, Psiquiatra, al revisar el caso dejó constancia de las siguientes consideraciones que fundantes de su decisión, transcribiendo igualmente el informe emitido por ésta, concluyendo que “Ante los antecedentes entregados que son vagos e inconsistentes, los cuales sólo permiten aclarar someramente la complejidad del cuadro inicial de la reclamante (estresores extemporáneos y síntomas que impresionan cronificados sin mayor descripción, temporalidad o escala de gravedad), pero no especifican el impacto funcional de los síntomas, su evolución o tan siquiera la necesidad de mayor ajuste de tratamiento farmacológico (sin estabilizadores del ánimo o aumento de dosis de antidepresivo en más de 600 días de LM) y/o psicoterapéutico, los reposos reclamados impresionan no justificados por ser reposos prolongados y sin claro fin terapéutico…”

Agrega que el certificado de la AFP PLANVITAL S.A. da cuenta del inicio del trámite para calificación de invalidez, no altera en nada lo decidido por la Superintendencia de Seguridad Social, por cuanto éste da cuenta del inicio del trámite a contar del 29 de octubre de 2020, en circunstancias que las licencias médicas reclamadas abarcan un periodo muy anterior (reposo reclamado ante la Superintendencia terminó en marzo de 2020). Conforme a ello, no resulta pertinente la aplicación de la Circular N°2 C/134 de 24 de junio de 1985, citada por la parte recurrente.

Sostiene que la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo.

Señala que la Superintendencia no ha intervenido o impedido, de manera alguna, el acceso del recurrente a la salud, teniendo la cobertura de su sistema previsional de salud común. La única intervención de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de los reclamos que interpuso en contra de la COMPIN, con ocasión de haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas.

Añade que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Tercero: Que, doña nombre reservado, Presidenta De La Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez Región Metropolitana (Compin R.M), evacúa informe, señalando que resolvió rechazar las licencias médicas N°(s) RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un plazo total de 135 días de reposo a contar del día 13 de noviembre de 2019. Dicha decisión se fundamenta en que en virtud de los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, el reposo no se encontraba justificado.

Esa conclusión se basó en la falta de antecedentes suficientes que permitieran justificar la necesidad terapéutica de prolongar el reposo laboral más allá del periodo previamente autorizado. La falta de antecedentes significó que no se vislumbrara con claridad el rol terapéutico que todo reposo laboral debe tener, los indicios que hicieron falta y que fue consignado por los médicos contralores que analizaron el caso de la Sra. nombre reservado son: una escala de gravedad de la patología, la indicación del médico tratante de la fecha probable de alta médica, el grado de recuperabilidad de la patología, descripción de la evaluación de psicoterapias realizadas y los cambios practicados, entre otros.

Cuarto: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Quinto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, el acto recurrido consiste en el rechazo de dieciséis licencias médicas tanto por la COMPIN como por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la Resolución Exenta R-01-UNRA-64461-2021.

Séptimo: Que, en primer lugar, cabe señalar que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Octavo: Que, cabe señalar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Noveno: Que consta en autos que en relación a las primeras licencias médicas cuyo rechazo se impugna, estas fueron desestimadas el 6 de abril de 2020 mediante la Resolución Exenta R-01-UME-28791-2020. Posteriormente la recurrente volvió a recurrir el 5 de julio del año pasado, pidiendo una nueva reconsideración de lo resuelto, oportunidad en que se volvieron a analizar los antecedentes, desestimando la pretensión de la actora por Resolución de 14 de agosto de 2020.

De igual forma, la recurrente solicitó a la SUSESO el 5 de julio de 2020 la revisión de lo resuelto por la COMPIN respecto de la licencia médica N° RUT reservado de 26 de febrero de 2020, y N° RUT reservado de 27 de enero de 2020 siendo desestimado por Resolución de 29 de julio de 2020.

Con lo expuesto, resulta evidente que la acción presentada ante esta Corte de Apelaciones el 18 de junio de 2021, es extemporánea, pues mediante la vía de la reconsideración se ha intentado revivir resoluciones antiguas que desecharon las pretensiones de la actora.

Décimo: Que, aun pasando por alto la extemporaneidad del recurso, debe advertirse, que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Undécimo: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación y contradicción de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

Duodécimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente de los antecedentes administrativos que se acompañan, es posible advertir que la recurrida SUSESO ratificó el parecer de la Compin, que rechazó las licencias médicas de que se tratan, por la causal de orden médico reposo injustificado e indicando que no existen antecedentes médicos que respalden el diagnóstico.

En efecto, consta de los antecedentes que obran en el expediente administrativo que en relación a las licencias médicas otorgadas a nombre reservado, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante la resolución exenta recurrida resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas reclamadas, tal como lo había hecho con antelación.

Lo anterior, por cuanto como se indica en el referido dictamen el reposo prescrito no se encontraba justificado.

En efecto, respecto de las primeras cuatro licencias médicas, por un total de 75 días a contar del 13 de noviembre de 2019, se consideró que el reposo no estaba justificado, pues no había indicación de recuperabilidad, ni escala de gravedad, de tal manera que no había justificación más allá del reposo que antes se había otorgado de 402 días continuos por la misma patología. Se indicó además, que los informes médicos acompañados no estaban protocolizados, no aparecían fundados, no se indicaba un plan de tratamiento, ni se detallaba la psicoterapia.

Similar situación ocurrió con las licencias quinta y sexta individualizadas en el recurso extendidas por 60 días a contar del 27 de enero de 2020 y con las que se emitieron con posterioridad.

Cabe señalar además, que la recurrida para resolver como lo hizo nuevamente tuvo en consideración que los informes médicos adjuntados por la recurrente no describían la evolución del cuadro clínico y tampoco había una derivación al GES y/o un programa de salud mental.

Se tuvo también a la vista el informe de dos doctoras revisoras del caso señalándose que el curso evolutivo del cuadro no concuerda con el esquema farmacológico de mayor agresividad, en un contexto en que no se describe un plan orientado al reintegro ni medidas de apoyo psicológico, por lo que impresiona un cuadro crónico que no justifica la mantención del reposo.

Décimo tercero: Que, como se advierte, el rechazo impugnado de las singularizadas licencias médicas se encuentra fundado en que no cumplen con los criterios normativos del Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativos a Licencias Médicas, Decreto N° 7/2013, de 18 de julio del mismo año, puesto que no se adjuntan antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo por el diagnostico enunciado, se acompaña informe médico insatisfactorio, el cual no hace referencia a la evolución del cuadro tratado, a la escala de gravedad, fecha probable de alta médica, recuperabilidad, ni a un plan terapéutico. Tampoco se objetiviza el rol clínico del reposo.

Décimo cuarto: Que, por otro lado, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Décimo quinto: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso de la recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo sexto: Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Décimo séptimo: Que, en consecuencia, la actividad realizada por parte de la COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Décimo octavo: Que, finalmente, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° s. 1 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva; tampoco se aprecia de qué manera se afectaría a su derecho a la igualdad ante la ley, ya que no aparece con toda la nitidez que requería la acción cautelar intentada, pues se vincula con una especie de derecho a todo evento a que le sean cursadas las licencias médicas que presente, siendo que como ya se dijo, el marco reglamentario y legal determina controles administrativos de procedencia, por lo que en realidad se estaba en presencia de una mera expectativa, siendo que el presente arbitrio está establecido para amparar situaciones fácticas o jurídicas indubitadas.

Décimo noveno: Que así y según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, el acto recurrido consistente en la negativa fundamentada a cursar dos licencias médicas por parte de la autoridad administrativa determinada legalmente para ello y con plena competencia, no es posible advertir arbitrariedad en su proceder.

Vigésimo: Que, a mayor abundamiento, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente y que conforme a lo razonado precedentemente no puede prosperar y deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la COMPIN.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

Protección Ingreso Corte N° 34.266-2021