nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinte.

VISTO:

En estos autos ingreso Corte 342-2020, compareció nombre reservado y dedujo acción de protección en contra de la Universidad de Chile, por el acto que califica de arbitrario e ilegal y que se encuentra contenido en el Decreto Exento RA N°309/6792/2019 fechado el 3 de diciembre de 2019, notificado por carta recibida el día 7 del mismo mes y año, mediante la cual se le comunica el cese por supresión de empleo de sus funciones académicas en la Facultad de Ciencias Agronómicas de esa casa de estudios, solicitando que se deje sin efecto la referida determinación por ser vulneratoria de sus derechos constitucionales garantizados en los numerales 24, 2, 16 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, disponiendo en consecuencia, su inmediata reincorporación, con el pago de todas las remuneraciones, feriados y bonos adeudados en el tiempo intermedio, con costas.

Explica que es académico de la Universidad de Chile en la referida facultad desde diciembre del año 1990 y en la actualidad ostenta la calidad de profesor asociado en la carrera docente, desempeñándose en jornada completa, grado 6°, en condición de planta, conforme a los decretos que indica, haciendo una relación de los grados académicos y experiencia en las áreas de su especialidad.

A continuación sostiene que la Resolución impugnada es arbitraria, pues carece de la debida fundamentación, toda vez que solo contiene una enumeración de actos administrativos dictados durante el proceso de restructuración como antecedentes, pero en tu texto no desarrolla las razones que sustentan su cese en el cargo por supresión del empleo, lo que transgrede lo dispuesto en los artículos 8, 11, 16 y 41 de la Ley 19.880, sin atender a su experiencia docente de pre y post grado y en general a su nivel de perfeccionamiento.

Enseguida, sobre la conculcación de las garantías constituciones del artículo 19, indica lo que sigue: a) En relación al numeral 24, asevera que la decisión recurrida afecta su derecho de propiedad en el empleo y además sobre los intereses anexos al mismo, y en general, violenta sus derechos adquiridos y aquellos que ostenta sobre la intangibilidad de las condiciones del contrato; b) En lo tocante al numeral 2°, explica que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y a la prohibición de establecer diferencias o discriminaciones arbitrarias, toda vez que existió un trato inequitativo y desigual en el proceso de encasillamiento llevado a cabo por la Comisión de Restructuración para la postulación a 13 cargos disponibles entre los académicos, la que, a su juicio, fue zanjada simplemente por juicios personales de sus miembros, no adscribiendo el proceder de esta Comisión a ninguna pauta objetiva, desconociendo los atributos de los postulantes, reevaluando la trayectoria académica de cada uno, no obstante que habían superado con éxito los anteriores procesos de calificación. En su caso, es fácil advertir que cumplía todos los requisitos necesarios para postular al cargo de su interés, sin embargo a través de un proceso degradante y sesgado, se le desconoció su derecho; c) En cuanto al numeral 16°, consistente en el derecho a la libertad de trabajo y su protección, tal conculcación se produce al desestabilizarlo laboralmente a la edad de 57 años, cuestión que también afecta a su núcleo familiar; d) Sobre el numeral 4°, indica que se quebrantó el respeto y protección a la vida privada y a la honra de su persona y familia, por cuanto es público y notorio en el claustro académico de la Facultad de la recurrida que la decisión de exonerarlo trae aparejada la pérdida de autoridad ante la comunidad universitaria, con el subsecuente descrédito, a pesar de su extensa trayectoria.

Termina solicitando se acoja este recurso conforme se adelantó.

La recurrida a través de su nombre reservado, contestó el recurso solicitando que sea desestimado con costas. Para ello, explica el proceso que culminó con la resolución impugnada:

i.- El procedimiento de reestructuración y encasillamiento que dio origen a la presente acción ha sido cuestionado en sus diversas etapas por el recurrente a través de reclamaciones administrativas y judiciales, sin resultados positivos. En efecto, la contraria interpuso una demanda en sede laboral (RIT T-1318-2018), rechazada por el 2° Juzgado del Trabajo de esta ciudad por sentencia de 8 de marzo de 2019 y “confirmada” (sic) por esta Corte mediante el rechazo del recurso de nulidad (Rol 846-2019). Además, el señor nombre reservado entabló acción de protección (Rol 72.996-2019), declarada inadmisible por resolución de 26 de agosto de 2019; decisión confirmada por la Corte Suprema.

Por lo expuesto, el proceso de restructuración y encasillamiento que dan origen al decreto cuestionado no pueden calificarse de arbitrario e ilegal.

Finalmente, la Contraloría General de la República emitió el Oficio N° 30.801, de 28 de noviembre de 2019, descartando las irregularidades denunciadas y declaró conforme a la normativa las acciones desplegadas por la Facultad;

ii.- Seguidamente explica que en sesión extraordinaria N°2 de 28 de junio de 2016, el Consejo de la Facultad aprobó la propuesta de restructuración del Departamento de Economía Agraria, considerando la baja productividad académica que desde hace varios años arrastraba dicha sede, sin que se visualizaran cambios al respecto, a lo que se añadió el número reducido de académicos con escasa productividad científica, sin horizontes claros y con una disminuida proyección en el medio nacional e internacional;

iii.- Esta decisión fue comunicada al Rector de la Universidad mediante oficio N° 083 de 20 de julio de 2016. Esta autoridad solicitó la opinión técnica de la vicerrectoría académica, que informó favorablemente;

iv.- Mediante el Decreto Exento Nº 0028423 del 16 de agosto de 2016 se declaró en restructuración al Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agronómicas, conteniendo tal decreto su objetivo. Además, en el mismo se nombró a la Comisión que dirigió el proceso de restructuración (Comisión de encasillamiento). Esta entidad además de estar integrada por académicos de probada trayectoria de distintas facultades de la universidad, contó con la asesoría de expertos externos vinculados a la temática;

v.- De acuerdo al objeto de la restructuración, correspondía a la Comisión presentar una propuesta en áreas relativas al proyecto de desarrollo académico, estructura e inserción institucional del departamento, diseño de estructura académica, perfiles y cronograma de actividades;

vi.- El informe final de la Comisión fue aprobado por la Rectoría mediante Decreto N° 0029167 de 11 de agosto de 2017, designándose en ese acto a la Comisión de Encasillamiento encargada de conducir dicho proceso. Esta evaluó los antecedentes curriculares de los docentes adscritos al departamento de Economía Agraria con nombramiento vigente en propiedad, con el objeto de proponer su encasillamiento en los cargos de la nueva planta académica o, en su defecto, la supresión de tales plazas. Lo mismo respecto de los docentes a contrata;

vii.- El 31 de enero de 2018 el decano de la facultad remitió a la Rectoría el informe de recomendaciones de la Comisión de Encasillamiento. Esta decisión fue comunicada a los postulantes con el objeto de permitirles formular descargos u observaciones. La comisión rechazó la postulación del recurrente, quien dedujo reclamación en contra de este pronunciamiento. Esta reclamación junto a las restantes se remitió a la Rectoría para su resolución, la que solicitó a su vez convocar a la referida comisión, con la finalidad de que emitiera su opinión sobre las reclamaciones. Este informe complementario fue evacuado el 28 de diciembre de 2018;

viii.- Luego, por Decreto Universitario Exento N° 006017 de 30 de enero de 2019, la Rectoría estimó pertinentes y debidamente fundadas las recomendaciones de la Comisión de Encasillamiento, incluyendo el rechazo de la postulación del recurrente, aprobando el informe final de la Comisión de Encasillamiento del Departamento de Gestión e Innovación Rural de la Facultad de Ciencias Agronómicas, de fecha 10 de enero de 2018, junto con el informe complementario de 28 de diciembre del mismo año.

ix.- El 8 de abril de 2019, el recurrente interpuso recurso de reposición en contra del Decreto Universitario Exento N° 006017 antes referido. Este fue desestimado por Resolución Exenta N° 0931, de 17 de junio de 2019, la que a su vez fue objeto del recurso de protección anteriormente deducido y rechazado;

x.- Una vez concluidos todos los trámites administrativos ante la Contraloría Interna y la Contraloría General de la República, por Decreto Exento RA N° 309/6792/2019, de 22 de noviembre, registrado el 3 de diciembre de 2019 en el sistema SIAPER, se declaró el cese de funciones por supresión del empleo de don nombre reservado, acto administrativo notificado el 6 de diciembre.

Conforme a lo previamente relacionado efectúa las siguientes alegaciones:

Uno) Pérdida de oportunidad del recurso, atendido que el 2 de enero del año en curso, el recurrente aceptó y percibió la indemnización establecida en el artículo 154 del Estatuto Administrativo, ascendente a la suma de $17.358.030, por lo que debe entenderse que ha convalidado el acto que impugna en estos autos, siendo aplicable en consecuencia la teoría de los actos propios;

Dos) Excepción de incompetencia del tribunal en atención a que el recurrente dedujo recurso de protección en contra del proceso de encasillamiento, que constituye el antecedente del acto que ahora impugna. Aquel recurso (Rol 72.996-2019) dirigido en contra de la Resolución N° 0931 que rechazó reposición respecto del informe final de encasillamiento, consumió de manera absoluta su derecho a interponerlo por las mismas circunstancias ante cualquiera otra Corte de Apelaciones. Por ello, precluyó su derecho a discutir a través de una nueva acción;

Tres) En subsidio, sostiene la excepción de cosa juzgada, en atención a lo decidido en la anterior acción de protección y en relación al proceso laboral;

Cuatro) En subsidio, indica que el recurso es extemporáneo, considerando que el verdadero acto que podría constituir una afectación de las garantías fundamentales del recurrente es el Decreto Exento N° 006017, de 30 de enero de 2019, que aprueba el informe de la Comisión de Encasillamiento y rechaza la postulación del señor nombre reservado, del que tomó conocimiento el día 8 de abril de 2019, fecha en que dedujo recurso de reposición en su contra. A lo más, conforme expuso el recurrente en los autos Rol 72.996-2019, conoció de aquel acto el 22 de julio del año pasado, fecha en que relata haber tomado conocimiento de la Resolución N° 931, que rechazó la reposición al Decreto Exento N° 006017. En consecuencia, habiéndose deducido la presente acción el 3 de enero de 2020, es indudable que resulta extemporánea;

Cinco) En cuanto al fondo, arguye la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, pues la actuación de los funcionarios y autoridades de la Universidad de Chile respecto del decreto impugnado se encuentra amparada en el régimen jurídico que regula las atribuciones y autonomía de la casa de estudios, reconocida por los artículos 1, 7 y 12 de su Estatuto aprobado por D.F.L. N° 3 del Ministerio de Educación de 10 de marzo de 2006 y del artículo 2° de la Ley 21.094, sobre Universidades Estatales.

En este entendido, el acto cuestionado emana de un conjunto de procedimientos administrativos que fueron debidamente notificados a los interesados, quienes interpusieron los recursos administrativos y efectuaron los descargos en cada oportunidad, tomando conocimiento de todas las etapas y fundamentos esgrimidos en cada una de ellas, particularmente respecto de las recomendaciones de la Comisión de Encasillamiento y el rechazo de la postulación del recurrente.

Por todo lo anterior, concluye que ha obrado tanto conforme a las disposiciones de la Ley 19.880 como a la normativa universitaria, acorde a los informes y recomendaciones adoptados por las respectivas Comisiones, sin lesionar garantía alguna del recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional la adopción de inmediato de las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

2°.- Que para la resolución del asunto, es menester consignar los principales antecedentes que derivan tanto de los instrumentos incorporados por las partes como de las argumentaciones vertidas en sus escritos y alegatos ante esta Corte así como también de los datos que arrojan las causas tramitadas con anterioridad entre los mismos litigantes: Son los siguientes:

- Con fecha 2 de agosto de 2012 el actor fue nombrado en propiedad en el cargo de académico profesor asociado, con jornada completa en la Facultad de Ciencias Agronómicas grado 7 ESU y en el mes de marzo de 2016 ocupó el grado 6° en esa escala;

- El Consejo de la referida Facultad informó al Rector de la Universidad mediante oficio N° 083 de 20 de julio de 2016, la aprobación de la propuesta de restructuración del Departamento de Economía Agraria, en atención a los fundamentos que ahí se señalan;

- Por Decreto Exento Nº 0028423 del 16 de agosto de 2016 se declaró la restructuración del departamento en cuestión y se nombró a la Comisión que dirigió ese proceso, sus objetivos y directrices. Asimismo, se resolvió que en una segunda etapa se procedería al encasillamiento del personal, definición de los perfiles académicos y un cronograma para la puesta en marcha del nuevo proyecto;

- El 14 de marzo de 2017 se dictó el Decreto Universitario N° 006550 que modificó el Decreto de restructuración en lo referente al plazo de entrega del informe final;

- El 11 de agosto de 2017 mediante Decreto Exento N° 0029167 la Rectoría aprobó el informe final de la Comisión, estableciendo la nueva designación del departamento, determinó la Comisión de Encasillamiento y dio inicio al proceso de encasillamiento, con el objeto de evaluar los antecedentes curriculares de los docentes de ese departamento, estableciendo los principios que deben regir esta labor, modalidad de sesiones, duración y composición;

- El 30 de enero de 2019 se dictó el Decreto Exento N° 006017 de la Rectoría que aprobó las recomendaciones de la Comisión de Encasillamiento, que incluía el rechazo de la postulación del recurrente, aprobando el informe final presentado por aquella Comisión de 10 de enero de 2018, junto con el informe complementario de 28 de diciembre del mismo año;

- Con fecha 8 de marzo de 2019 se dictó sentencia en los autos Rit T-1318-18, del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, que desestimó la acción de tutela en la que el ahora recurrente peticionaba la suspensión del proceso de restructuración y encasillamiento llevado a cabo por la universidad, por entender que era vulneratorio de los derechos de los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y discriminatorio en los términos del artículo 2° del Código del Trabajo. En síntesis, el fallo sostuvo que en las decisiones de restructuración del departamento y la forma en que se procedió al encasillamiento de los académicos del mismo no existieron vicios, en atención a que dentro de todo el procedimiento de evidencian motivos razonables, aunque no necesariamente compartidos por todos los miembros de la comunidad académica; así, se siguieron los protocolos de actuación y funcionamiento que aseguraron la imparcialidad del proceso y la ausencia de discriminación en contra de los involucrados en el mismo. No existe defecto en el inicio de la restructuración, ni un motivo espurio para principiar tal proceso, de manera que quedó demostrada la razonabilidad de esa decisión, pues que se sustentó en antecedentes objetivos que la habilitaban. Asimismo, despejó el fallo la correcta conformación del consejo de restructuración, su funcionamiento, la suspensión de la elección del diRector del departamento y el resultado del encasillamiento, afincando que no se divisan actos discriminatorios, en tanto concluyó que el trabajo de la comisión examinó la realidad de la misma universidad y del departamento en cuestión, conforme a la experiencia comparada, escuchando académicos, alumnos, así como la visión de personas externas a la universidad (órganos públicos y empresa privada). En consecuencia, concluye el sentenciador, que el informe emanado de la comisión obedeció a criterios objetivos de definición de cargos.

Refiriéndose al rechazo de la postulación del señor nombre reservado por parte de la comisión, asevera la sentencia que las razones que esta entregó no son arbitrarias ni faltas de fundamento, ni tampoco denotan animosidad.

Este fallo fue recurrido de nulidad por la parte demandante, arbitrio que fue desestimado por esta Corte según determinación de 7 de agosto de 2019;

- Por Resolución Exenta N° 0931 de 17 de junio de 2019 se rechazó el recurso de reposición que el recurrente dedujo en contra de aquella N° 006017 que desestimó su postulación para ser encasillado en el perfil académico N° 7;

- El ahora recurrente dedujo acción de protección con fecha 21 de agosto de 2019, en contra de la resolución Exenta N° 0931 de 17 de junio de 2019, que según dice, no dio lugar arbitraria e injustificadamente a la reposición impetrada en contra del D.U N° 006017 de 30 de enero de 2019, que aprobó el informe final de la comisión de encasillamiento, que rechazó su postulación al cargo de académico en finanzas aplicadas rurales. Se acusó la vulneración de las garantías de los números 24, 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, argumentando, en resumen, que se rechazó su postulación y como consecuencia se lo marginó injustamente del claustro académico lo que implica en la práctica una amenaza de destitución.

Esta acción fue declarada inadmisible con fecha 26 de agosto de 2019, confirmada por la Corte Suprema el 17 de octubre del mismo año;

- Mediante oficio N° 630 de 9 de septiembre de 2019, la Universidad de Chile informó a la Contraloría Regional Metropolitana la presentación realizada por el señor nombre reservado reclamando sobre el irregular proceso de encasillamiento;

- Por Resolución N° 30.801 de 28 de noviembre de 2019, la Contraloría General de la República concluyó que no existieron irregularidades en la decisión de la universidad de suspender la elección del director de departamento;

- La recurrida dictó el Decreto Exento RA N° 309/6792/2019 de 22 de noviembre de 2019 disponiendo el cese de funciones del actor por supresión del empleo; siendo notificada esta determinación a este último el 6 de diciembre del mismo año;

- El recurrente con fecha 26 de diciembre pasado recibió la indemnización que contempla el artículo 154 de la Ley 18.834.

3°.- Que como se observa del tenor del recurso de protección, por su intermedio se pretende discutir el proceso de generación de la decisión última que se materializó en la Resolución de 22 de noviembre de 2019, acusando que esta es arbitraria porque carece de fundamentación. Sin embargo la extensa sucesión de actos emanados de la recurrida y la reacción del recurrente frente a cada una de las etapas de generación del acto, solo permite concluir que la presente acción debe ser desestimada en virtud de un cúmulo de razones que bien se resumen en el informe del recurrido y que se abordaran a continuación, con independencia del orden en que fueron formuladas.

4°.- Que en primer término, cada uno de los aspectos ahora cuestionados, fueron revisados por los órganos respectivos a través de la utilización de los mecanismos legales con los que contaba el recurrente. Esta consideración tiene vital importancia desde la óptica de la naturaleza de la acción de protección, pues esta constituye una herramienta eficaz y rápida para dar solución a atropellos flagrantes de las garantías constitucionales expresamente amparadas. Ergo, su propia estructura opera en situaciones excepcionales y evidentemente su eficacia cede cuando sobre el mismo asunto recayó sentencia emanada de un proceso de lato conocimiento.

Así, no puede desatenderse que el señor nombre reservado a través de un procedimiento de tutela laboral, debidamente tramitado, cuestionó la totalidad del procedimiento que dio origen a la resolución que ahora desconoce, valiéndose en dicha sede de todos los medios de prueba que le franquea la legislación con el objeto de demostrar el origen espurio del proceso de restructuración y posterior encasillamiento. En aquel juicio nada de esto pudo comprobar. Por el contrario, se asentó a través de una sentencia ejecutoriada que no existió a su respecto arbitrariedad de ninguna especie, pues se respetó la reglamentación interna de modo de garantizar un proceso de selección objetivo, informado y necesario, concluyendo que las medidas adoptadas por el recurrido en aquella restructuración y encasillamiento, resultaban proporcionales, adecuadas y justificadas.

Resulta evidente, en consecuencia, que en este aspecto la discusión se encuentra clausurada por los efectos propios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica que de ella deriva, sin que sea admisible rever actuaciones de la Universidad que ya fueron calificadas, con independencia de que en sede laboral se haya esgrimido únicamente la vulneración de las garantías de los numerales 1° y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y la discriminación del artículo 2° del Código del Trabajo, pues el contenido de sus alegaciones cruzan aquellas que vuelve a formular en esta protección.

De este modo, el pilar fundamental del presente recurso colisiona con una decisión derivada de un proceso judicial, en que el centro de la controversia estuvo constituido justamente por lo que ahora, a través de esta vía breve y cautelar, se pretende cuestionar, lo que permite concluir desde luego la improcedencia de revisión de un asunto agotado desde el punto de vista del derecho.

5°.- Que como se adelantó, el recurrente ha podido exponer lo conveniente a sus intereses en cada etapa del proceso a que quedó sometido el departamento al que pertenecía. Optó a un cargo académico; examinados sus antecedentes y oídos a todos los incumbentes, la comisión de encasillamiento arribó a la conclusión de desestimar su postulación. Esta decisión fue reclamada por el afectado, y el Rector, previa convocatoria de la referida comisión -todo ello según se lee en extenso en la documental acompañada- desestimó esa oposición por Resolución N° 006017 de 30 de enero de 2019, que determinó como consecuencia la aprobación de los informes de la comisión. Volvió el señor nombre reservado a reponer de esta resolución, lo que provocó un nuevo pronunciamiento de la autoridad universitaria materializado en la Resolución 931 de 17 de julio de 2019.

Como se ve, administrativamente, el recurrente pudo controvertir todas las etapas y decisiones adoptadas por las comisiones encargadas de estudiar y proponer la refundación del departamento de la facultad aludida. Pero esta actividad como se ha visto no solo se limitó a activar los procedimientos internos de la universidad, sino que en forma paralela, aparte de recurrir a la judicatura laboral, encaminó la defensa de sus derechos mediante la interposición en el mes de agosto de 2019 de un recurso de protección (Rol 72996-19) ante esta misma Corte, cuestionando nuevamente –por segunda vez ante la judicatura- el proceso que esta vez ya había determinado el rechazo de su postulación, pues no debe olvidarse que esta primera acción reprochó de ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° 0931 de 17 de junio de 2019, que no dio lugar a la reposición impetrada en contra del D.U N° 006017 de 30 de enero de 2019, que a aprobó el informe final de la comisión de encasillamiento y que rechazó su postulación.

Esta conducta procesal y su resultado -inadmisibilidad de la pretensión- no puede escindirse de lo que se ha venido razonando, en tanto se cuestionó la resolución que rechazó la postulación, cuya única consecuencia jurídica era y fue el cese de las funciones del actor. Si este cuestionamiento fue desestimado por sentencia ejecutoriada, no cabe duda que no puede levantar la misma discusión pero ahora radicándola en el acto que vino a materializar lo decidido con mucha antelación. Así lo entendió el recurrente, pues por ello interpuso aquella acción de protección. Luego, también se encuentra concluida la controversia sobre la supuesta arbitrariedad en la dictación de aquella resolución que rechazó la reposición por segunda vez en contra de la determinación que desestimó la postulación.

6°.- Que los dos argumentos anteriores, como se ve, con raigambre en común, impiden rever todo el proceso de generación del acto impugnado, lo que desplaza la arbitrariedad que se atribuye, en tanto fue producto de un proceso llevado adelante por años, con etapas diferenciadas, preestablecidas, comunicadas y conocidas, que permitió el debido ejercicio de los derechos de los interesados, no solo vía tribunales ordinarios de justicia sino que al interior del mismo proyecto y en que cada una de las etapas relevantes (restructuración, encasillamiento, resultado del encasillamiento y decisión de aprobación por parte de la autoridad respecto del producto del proceso) fueron revisadas por dos tribunales que desestimaron las pretensiones invalidatorias del recurrente.

7°.- Que con la misma fuerza no se pueden desatender las alegaciones de preclusión y de aplicación de la teoría de los actos propios que propugna la Universidad, pues cabe preguntarse si el recurrente puede reclamar por vía de protección la legitimidad de una decisión y antes y a consecuencia de los efectos de la misma, recibir el pago que contempla el artículo 154 de la Ley 18.834 para el caso de supresión del empleo por procesos de restructuración o fusión, y que corresponde a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis.

Parece contrario a la buena fe pretender desconocer la validez de un acto respecto del cual se manifestó previamente conformidad, pues el actor se valió del mismo para obtener el pago de la referida indemnización. Entonces su derecho para accionar por esta vía precluyó, entendiendo que debe existir un comportamiento leal y transparente con la parte contraria, que se traduce en la imposibilidad de dividir los efectos del acto administrativo, es decir, no puede pretender beneficiarse con parte de ellos (reconociendo su validez) y después instar por su nulidad.

8°.- Que aún quedan dos razonas más que permiten, también, concluir el rechazo del arbitrio en cuestión. La primera, dice relación con la fundamentación del acto cuestionado, pues en palabras del recurrente, aquel mediante el cual se le comunicó el cese de funciones, es arbitrario, pues carece de sustento fáctico.

En este orden de consideraciones, debe apuntarse que la decisión de 22 de noviembre de 2019 indica la normativa que rige la institución universitaria, para luego mencionar las siguientes Resoluciones: Nº 0028423 de 16 de agosto de 2016, que declaró en restructuración al departamento de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agronómicas; Nº 0029167 de 11 de agosto de 2017, que aprobó el informe de restructuración del aludido departamento, sustituyendo su denominación por “Departamento de Gestión e Innovación Rural”, dando además, inicio al procedimiento de encasillamiento académico; Nº 006017 de 30 de enero de 2019, que aprobó el informe y recomendaciones de la comisión de encasillamiento, que rechazó la postulación del actor a encasillar en el perfil Nº 7, denominado “Finanzas Aplicadas Rurales”. Sigue la resolución recurrida señalando la “necesidad institucional de que su estructura académica debe facilitar el ejercicio de sus funciones universitarias, organizando el conjunto de actividades y sus niveles en concordancia con su misión y principios, debiendo contar sus unidades con un cuerpo académico que garantice una labor creativa y eficiente”.

9°.- Que no resulta cuestionable que es un requisito sustancial del acto, la expresión del motivo o fundamento de la decisión, condición vinculada a una exigencia que ha sido puesta como requisito de mínima racionalidad. Desde esta perspectiva, cabe analizar si en el caso concreto se ha cumplido por parte de la Administración con el deber de fundamentación a través de la exteriorización de las razones que han llevado a dictarlo, como también con la suficiencia de los motivos expuestos, entendidos ambos condicionamientos como un límite al ejercicio de las potestades discrecionales que tienen las autoridades.

10°.- Que en este entendido, no solo se observa que el acto recurrido se basta así mismo, pues refiere los hitos relevantes que permiten sustentar la decisión, sino que además constituye el acto cúlmine de un proceso iniciado en el año 2016, en el que el recurrente participó activamente, según se ha dejado anotado, y que vino a concentrar las razones entregadas y discutidas latamente a través de diversas acciones.

A lo dicho debe agregarse, que no pasa desapercibido que el acto que realmente pudo ocasionar el agravio que ahora se reclama, es aquel que primitivamente se recurrió de protección, esto es el que rechazó la reposición dirigida en contra de la resolución dictada por el Rector que previamente había desestimado la reclamación interpuesta respecto de la propuesta de la comisión de encasillamiento que determinó rechazar la postulación del actor. De este modo, es esa la que determina el cese pues no fue elegido entre los postulantes para ocupar el cargo que pretendía. Así por lo demás lo entendió el protegido, pues ello motivó la primera acción de protección. Por ello, la decisión que ahora se impugna viene a constituir únicamente la materialización y consecuencia, de la adoptada primitivamente.

11°.- Que lo dicho repercute en la alegación de extemporaneidad del recurso, pues si se entiende que el acto agraviante es aquel de fecha de 30 de enero de 2019, (aprueba el informe de la comisión de encasillamiento y rechaza la postulación del señor nombre reservado), resulta evidente que la acción de protección se interpuso fuera del plazo previsto al efecto.

12°.- Que como corolario de lo expuesto, solo resta desestimar el arbitrio en examen.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza con costas la acción constitucional deducida en autos por nombre reservado en contra de la Universidad de Chile.

Acordada la decisión de imponer el pago de las costas al recurrente, con el voto en contra del ministro señor Mera, quien fue de opinión de eximirlo de las mismas, por estimar que litigó con motivos plausibles.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Lilian Leyton Varela Rol 342-2020