Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece doña Maricett Jiménez Cabezas, abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución de Desistimiento NUM000, de fecha 22 de enero de 2026, que puso término anticipado al procedimiento de solicitud de refugio del recurrente, actuación que la recurrente considera ilegal y arbitraria, ya que fue emitida antes del vencimiento del plazo de quince días hábiles que la propia autoridad había otorgado el 15 de enero de 2026 para subsanar observaciones y sin considerar las particularidades de su caso, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la vida e integridad física, la igualdad ante la ley, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad, consagrados en los numerales 1°, 2°, inciso quinto del N° 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el recurso y se restablezca el imperio del derecho.

Expone que su representado, ex militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador, se negó a colaborar con la organización criminal "Los nombre reservado" a instancias de su superior, lo que motivó un atentado en su contra en febrero de 2025 y un intento de secuestro en noviembre del mismo año, hechos denunciados ante la Fiscalía ecuatoriana. Añade que, huyendo de dicha persecución, ingresó a Chile el 25 de diciembre de 2025, formalizando solicitud de refugio y obteniendo arraigo laboral desde el 6 de enero de 2026. Refiere que, notificada la observación el 15 de enero de 2026 con un plazo de 15 días hábiles para subsanar, el SERMIG dictó el desistimiento el 22 de enero de 2026, esto es, al quinto día hábil, privándolo de diez días vigentes de su plazo legal.

Que, en lo relativo al derecho, invoca el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que dispone que los plazos de días son hábiles, sosteniendo que el acto impugnado constituye una vía de hecho contraria al principio de legalidad, citando al efecto el fallo de la Excma. Corte Suprema Rol N° 14.234-2023. Invoca asimismo el principio de confianza legítima y la doctrina de los actos propios, conforme al Rol N° 98.765-2022, y el principio de no devolución consagrado en el artículo 4° de la Ley N° 20.430, respaldado por el Rol N° 2.456-2024 de esta Ilustrísima Corte.

Refiere que dichos hechos vulneran las garantías constitucionales invocadas, por cuanto el acto amenaza su vida e integridad física al dejarlo sin protección migratoria frente a sus perseguidores; genera una discriminación arbitraria al desconocer las reglas de cómputo de plazos aplicables a todo administrado; importa que el Servicio Nacional de Migraciones actúe como comisión especial al decidir su suerte fuera del procedimiento legal; y vulnera su derecho de propiedad sobre las facultades procesales emanadas del plazo administrativo originalmente otorgado.

Que, por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la nulidad de la Resolución de Desistimiento de 22 de enero de 2026 y se ordene retrotraer el procedimiento administrativo a la etapa que corresponda.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece doña nombre reservado, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección deducida, por cuanto no ha existido acto u omisión ilegal ni arbitraria que afecte las garantías constitucionales invocadas, habiendo la autoridad administrativa ceñido su actuar a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido conferidas.

Expone que el extranjero nombre reservado ingresó a territorio nacional por paso fronterizo habilitado y, con fecha 29 de diciembre de 2025, manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándosele cita para el 15 de enero de 2026. Señala que, advertida la incompletitud de la solicitud, mediante Resolución Exenta NUM001 de 15 de enero de 2026 se le requirieron antecedentes bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud, otorgándole el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 28 ter de la Ley N° 20.430, notificación que fue debidamente practicada por correo electrónico, indicándose como observaciones el no haber justificado la mantención de residencia o tránsito en un país distinto a aquel donde su vida estaría amenazada, ni haber informado la existencia de una solicitud de protección internacional presentada ante otro Estado, conforme a los numerales 3 y 2 del artículo 26 de la Ley N°20.430.

Que agrega que el propio recurrente, con fecha 19 de enero de 2026, dio respuesta a dicho requerimiento acompañando una carta explicativa y documentación, incluyendo una fotografía de su carné de solicitante de refugio otorgado por Panamá con vigencia desde el 20 de agosto hasta el 20 de noviembre de 2025, antecedente que, a juicio de la recurrida, acreditó precisamente la causal de improcedencia contemplada en el numeral 2 del artículo 26 de la Ley N° 20.430, esto es, mantener o haber presentado una solicitud de protección internacional ante otro Estado, motivo por el cual mediante Resolución Exenta NUM000, de 22 de enero de 2026, se tuvo por desistida la solicitud de refugio, haciendo presente que además también solicitó la condición de refugio en España.

Sostiene que dicho pronunciamiento no se dictó anticipadamente ni privó al recurrente de efectuar sus descargos, toda vez que fue el propio interesado quien remitió su respuesta y dio por terminada la etapa de subsanación con fecha 19 de enero de 2026, según consta en el sistema de tramitación, precisando finalmente que no se ha dictado en su contra sanción migratoria alguna, ni de abandono ni de expulsión, y que le fueron reservados los recursos judiciales y administrativos del artículo 139 de la Ley N° 21.325, los cuales no fueron interpuestos.

Que, en lo relativo al derecho, expone el marco normativo del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, contenido en la Ley N° 20.430, su Reglamento y las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.655, detallando los requisitos de admisibilidad, formalización y fundabilidad de la solicitud, así como el plazo de 15 días hábiles para subsanar observaciones conforme al artículo 146 de la Ley N° 21.325.

Concluye que no existen fundamentos objetivos que configuren un actuar negligente u omisivo que infrinja la Ley N° 20.430, por lo que no se advierte acto arbitrario o ilegal que amenace, perturbe o prive el ejercicio de garantía constitucional alguna.

TERCERO: Que, la parte recurrente solicitó se tuviera presente que la documentación obtenida en la República de Panamá no acredita la existencia de una protección internacional efectiva, por cuanto se trató de una autorización de estancia meramente provisoria y transitoria, con una vigencia limitada a tres meses, que no importó un reconocimiento de la condición de refugiado, sino una tramitación que finalmente fue denegada, sin que exista, en consecuencia, un estatus de residencia ni una protección estatal que garantice su seguridad en dicho país.

Que, enseguida, controvierte la alegación relativa a una supuesta protección en España, señalando que dicha afirmación es contradicha por los propios documentos oficiales emanados de ese Estado, toda vez que, con fecha 13 de noviembre de 2025, el Ministerio del Interior de España dictó una Resolución Denegatoria de Entrada y de protección internacional, bajo el expediente NUM002, mediante la cual se denegó expresamente la solicitud de protección internacional formulada por el recurrente, ordenándose su retorno obligatorio al lugar de procedencia, el que se hizo efectivo el 14 de noviembre de 2025.

Alega que la postura de la recurrida vulnera el principio de no devolución y lo dispuesto en la Ley N° 20.430, fundándose en presunciones administrativas que no se condicen con la realidad documental, pues tanto Panamá como España han rechazado formalmente acoger al recurrente, no existiendo protección estatal efectiva en terceros países, por lo que, en virtud del artículo 2° de dicho cuerpo legal, correspondería al Estado de Chile tramitar su solicitud de asilo y resguardar su integridad.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas;

QUINTO: Que, en la especie, el acto que se reprocha como ilegal por la recurrente consistiría en el hecho de desestimar su solicitud de refugio por haber pedido de manera previa refugio en países distintos de manera previa a la presente solicitud.

SEXTO: Que, al efecto, cabe tener presente que el artículo 26 N°2 de la Ley 20.430 dispone: “Artículo 26.- Presentación de la Solicitud. Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su residencia fuere regular o irregular. De tal modo, deberá quedar a disposición del Servicio Nacional de Migraciones hasta que se dicte la resolución que le reconozca tal condición; sin embargo, en caso de rechazo, el solicitante deberá hacer abandono voluntario del territorio nacional, si es que no le ampara alguna causal legal para su permanencia. Para conceder el reconocimiento a que se refiere el inciso anterior, se deberán considerar, a lo menos, los siguientes antecedentes: (…) 2. Que no mantenga una solicitud similar ante otro Estado ni haya sido reconocido como refugiado en otro Estado. (..)”

SÉPTIMO: Que, conforme con lo anterior, no es posible avizorar ilegalidad o arbitrariedad alguna a la autoridad migratoria, por cuanto tal como se ha señalado y no se encuentra debatido en autos, el recurrente, con anterioridad a ingresar al territorio nacional, presentó sendas solicitudes de refugio en los países de Panamá y España, las cuales por lo demás habrían sido ya desestimadas, incurriéndose precisamente entonces en la causal de rechazo consagrada en el artículo 26 N°2 de la Ley N°26.430.

OCTAVO: Que, por otro lado, respecto del hecho de haber resuelto desestimar la solicitud de refugio del recurrente antes de haber vencido el plazo para subsanar la misma, lo cierto es que el propio recurrente presentó sus descargos respecto de las observaciones planteadas, las cuales luego fueron analizados por la autoridad, habiéndose por tanto agotado dicha instancia, sin que tampoco pueda entenderse que dicho actuar fue ilegal o arbitrario.

NOVENO: Que, en definitiva, y ante la falta de un actuar ilegal o arbitrario, el presente arbitrio no podrá prosperar, tal como se dirá en definitiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en la norma legal citada, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese N°Protección-3417-2026.