nombre reservado con ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL ANFP

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.

Vistos, teniendo presente y considerando:

Primero: Que, en foja 37 comparece Roberto Coloma del Valle Beltrán, abogado y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en favor la sociedad denominada “nombre reservado” del giro de su denominación, en contra de la Asociación Nacional de Futbol Profesional “(ANFP)”, Corporación de Derecho Privada, representada por el Presidente de su Directorio, nombre reservado, con el objeto de dejar sin efecto el acto arbitrario e ilegal, consistente en la desafiliación del Club nombre reservado a fin de restablecer todos y cada uno de los derechos que como tal le corresponden.

Expone, que el 26 de abril de 2016 se llevó a efecto un Consejo Extraordinario de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional o ANFP, para resolver, por propuesta del Directorio de dicha Corporación la desafiliación del Club nombre reservado, dueña de los derechos federativos del Club y afiliada de la Asociación Nacional de Futbol Profesional, que previamente había entregado la explotación de sus derechos federativos a la concesionaria denominada “Fuerza, Garra y Corazón SADP”, mediante un contrato de concesión. A dicho Consejo, nombre reservado no fue citado, ni informado de los cargos que se le formulaban, sino que se citó a quién para la recurrida erradamente tenía la representación legal de la empresa concesionaria; el ciudadano argentino nombre reservado Eduardo nombre reservado, impidiéndole al compareciente y al Presidente de la Sociedad nombre reservado nombre reservado, ejercer su legítimo derecho de defensa, negándosele evitar su desafiliación ante el Consejo de Presidentes.

El Consejo extraordinario aprobó la desafiliación del Club nombre reservado, al obtener 38 votos a favor de un total de 48, leyendo el Secretario General de la ANFP una declaración pública que cita textual y que hace alusión a lo siguiente: nombre reservado no tenía viabilidad financiera, por lo que su desafiliación resguarda el patrimonio de la ANFP y evita el riesgo de que sus sistemáticos incumplimientos de compromisos terminen dañando a otros Clubes; deudas que actualmente llegan a 1800 millones con costos mensuales de 180 millones, lo que contrasta con los ingresos que cubren la mitad de sus gastos; unido a que los actuales controladores no han inyectado recursos al Club y no han estado disponibles para presentar soluciones, a diferencia de otros Clubes con deudas pendientes con la ANFP en los que se ha logrado acordar una reorganización de sus deudas, tales como Santiago Morning, La Serena, Iberia y Puerto Montt; estado financiero actual producto de controladores negligentes e irresponsables, dado que en los pre-informes de auditoría aparecieron antecedentes que revisten características de delitos, que explican la deuda que hoy tiene nombre reservado.

En cuanto a los fundamentos del recurso, argumenta que las ilegalidades y arbitrariedades que lo motivan son las siguientes:

a) El Tribunal de Asuntos Patrimoniales, órgano disciplinario, regulado en el artículo 32 de los Estatutos de la Corporación recurrida, es el órgano con competencia para conocer y juzgar los conflictos de carácter patrimonial que se suscitan entre los clubes o entre éstos y la Asociación, derivados de la interpretación, aplicación, cumplimiento, incumplimiento, resolución, resciliación o nulidad de un contrato, convención o situaciones emanadas de responsabilidad extracontractual de los clubes y la Asociación que causen perjuicios y, según se desprende de la declaración pública aludida, las razones que motivaron la decisión del Directorio para proponer al Consejo la desafiliación del Club nombre reservado obedecen a un conflicto de carácter patrimonial entre el Club desafiliado y la recurrida, por lo que el órgano competente debió haber sido el “Tribunal de Asuntos Patrimoniales” y no el “Consejo de Presidentes”. Adicionalmente, al expresar en la declaración pública que: “En los pre-informes de la auditoría forense aparecen antecedentes que revisten el carácter de delitos”, están aludiendo a una situación de responsabilidad extracontractual, en los términos del ya citado artículo 32, lo que corrobora lo señalado.

A su vez, con fecha 5 de abril de 2015, mediante oficio la recurrida intima a Club nombre reservado a pagarle la suma de $ 797.844.049, correspondiente al 45% del monto total de la deuda por préstamos otorgados por la ANFP (1800 millones de pesos), fijando plazo hasta el 23 de abril de 2016, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que en su concepto correspondan, lo que confirmó que se estuvo frente a un claro conflicto patrimonial por incumplimiento de un contrato de mutuo o préstamo de dinero, deuda que según la recurrida se explica en razón de hechos que revisten el carácter de delitos y, que son por lo tanto generadores de responsabilidad extracontractual, de tal manera que este conflicto entre nombre reservado y la recurrida nunca pudo servir de base para que el Directorio de la recurrida propusiera al “Consejo de Presidentes” la desafiliación y nunca debió ser resuelto por éste, por ser una materia de competencia exclusiva y excluyente del “Tribunal de Asuntos Patrimoniales” de la ANFP, por mandato del artículo 32 de los Estatutos.

En estrecha relación, el artículo 553 del Código Civil expresa que los estatutos de una Corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella y, que la potestad disciplinaria que le corresponde sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza que tendrá facultades disciplinarias, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo con respeto a los derechos de la Constitución, Leyes y Estatutos, por lo que el cargo de “órgano de administración” (Consejo de Presidentes) es incompatible con el cargo del órgano disciplinario, obrando la recurrida también con infracción al artículo 553 del Código Civil.

b) El procedimiento aplicado por la recurrida para desafiliar a Club nombre reservado es ilegal y arbitrario, atendido a que el artículo 5 numeral 3 letra D) de los Estatutos, alude a las obligaciones de los Clubes y, dentro de estas, el mantener un adecuado comportamiento económico que permita cumplir en forma íntegra y oportuna con sus compromisos, infracción a dichas obligaciones que “podrá” ser sancionada por el “Tribunal de disciplina a petición del Directorio”, mediante aplicación de multas y entre otras, servir de fundamento para que “éste solicite al Consejo la exclusión de la Asociación del Club infractor”, por lo que se requiere indefectiblemente un requerimiento previo del “Tribunal de disciplina”; órgano jurisdiccional. A su vez, el artículo 10 número 7 de los Estatutos señala que una de las facultades del Consejo es “Pronunciarse de oficio o a proposición del Directorio respecto de la desafiliación de la Asociación de un Club”, acuerdo que requiere de los 4/5 de los votos de los Consejeros en ejercicio, de tal manera, que aunque exista una discordancia, necesariamente una interpretación armónica conduce a la conclusión de que es obligatorio para la desafiliación un requerimiento previo del Tribunal de disciplina, lo que nunca existió.

c) El artículo 2 de los Estatutos de la Asociación Nacional de Futbol Profesional ANFP señala que la asociación se rige por los presentes estatutos y por sus reglamentos y, en lo que no esté expresamente normado, quedará sometido a las disposiciones del título XXXIII del libro I del Código Civil y demás complementarias y, atendido la estructura orgánica de la recurrida, son el “Consejo” y el “Directorio” órganos de carácter administradores, lo que en concordancia con el artículo 553 del Código Civil ya citado, resultan incompatibles con el de órgano disciplinario, atribuyéndose con su actuar el “Consejo de Presidentes”, facultades disciplinarias que le están vedadas por mandato legal, infringiendo con esto gravemente el artículo 553 del Código Civil, el que fue incorporado por la ley 20.500, que modificó el título en cuestión, que la recurrida parece desconocer, al no haber adaptado sus estatutos y procedimientos a esta norma obligatoria.

d) El mismo artículo 553 del Código Civil exige que las facultades disciplinarias deban ejercerse, mediante un procedimiento racional y justo con respecto a los derechos que las leyes y los estatutos confieran a sus asociados y no, en base a un procedimiento ilegal y arbitrario como el que la recurrida aplicó, permitiendo que participaran en el “Consejo de Presidentes” clubes asociados con intereses en la desafiliación de nombre reservado, alterando el quórum requerido. En el caso de Club Iberia de los Ángeles, su interés era evidente, dado que con ocasión de la desafiliación ha accedido a disputar la Liguilla por el ascenso de categoría a la “Primera División A” del Futbol profesional, con el consiguiente beneficio económico que ello le reportará y, en el caso de Clubes Coquimbo Unido y Barnechea su interés es también claro, dado que ambos denunciaron ante el Tribunal de disciplina de la ANFP al Club recurrente, prácticamente por los mismos hechos que sirvieron de fundamento al Directorio para proponer al Consejo de Presidentes su desafiliación, denuncias que se encontraban en tramitación al momento de la desafiliación, transformándose ambos Clubes en jueces y partes en esta materia.

Agrega, que nombre reservado en su calidad de socia de la ANFP y dueña de los derechos federativos del Club, solicitó por medio del compareciente y su presidente don nombre reservado, se le permitiera ejercer su legítimo derecho de defensa, el que fue impedido por la recurrida, transgrediendo el artículo 553 del Código Civil y la Constitución Política de 1980 que garantiza a los asociados a una Corporación ser juzgado y sancionado en el marco de un procedimiento racional y justo. Además, la recurrida citó al Consejo de Presidentes a una persona que no detenta representación legal alguna de la sociedad concesionaria “Fuerza Garra y Corazón”, atribuyéndole la calidad de Vice-Presidente de la concesionaria, calidad que no tiene y nunca ha tenido.

e) El trato discriminatorio que recibió la Sociedad nombre reservado del Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Futbol Profesional o ANFP, único Club que fue objeto de una solicitud de desafiliación por parte del Directorio, lo que se evidencia por la declaración pública leída por el Secretario General de la ANFP, en la que manifiesta que nombre reservado presenta diferencias con otros Clubes con deudas pendientes, con los cuales en los últimos cuatro meses se logró acordar una reorganización de sus deudas, entiéndanse por tales, Santiago Morning, La Serena, Iberia y Puerto Montt, además de que es un hecho público y notorio que muchos otros clubes asociados presentan una situación financiera crítica por decir lo menos. Añade, que respecto de los otros Clubes no se aplicó el mismo procedimiento porque acordaron una reprogramación de la deuda con la ANFP, no teniendo nombre reservado la oportunidad de reprogramar sus deudas, por cuanto la ANFP en los últimos 6 meses, se relacionó exclusivamente con nombre reservado Eduardo Poldoroff que no detenta la representación legal ni la calidad de Presidente o Vice-Presidente del Directorio de la empresa concesionaria. Además, enfatiza en que lo más relevante radica en que la recurrente, con el preciso objeto de presentar una propuesta financiera que permitiera la continuidad del Club y la reprogramación de la deuda no logró su objetivo, por cuanto la recurrida se negó en forma arbitraria a escuchar su propuesta y le impidió ingresar al Consejo de Presidentes para exponer su defensa, a pesar de que varios consejeros instaron para que se les permitiera el acceso, no existiendo opción real de reprogramar la deuda, como sí la tuvieron los otros Club mencionados, configurándose una discriminación arbitraria que causó grave perjuicio.

Respecto de las garantías constitucionales vulneradas expone las siguientes:

a) La igualdad ante la Ley, en conformidad al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, por incurrir la recurrida en una discriminación arbitraria respecto de la Sociedad nombre reservado, en su calidad de socia de la ANFP y dueña de los derechos federativos del Club nombre reservado por las siguientes consideraciones: 1.- La sometió a un procedimiento distinto al establecido en los Estatutos, sin derivar el conflicto patrimonial al “Tribunal de Asuntos Patrimoniales”, desafiliándola por medio de un órgano incompetente, como es el “Consejo de Presidentes”; 2.- Aún bajo el supuesto de estimar competente al Consejo de Presidentes, no se verificó la intervención previa del “Tribunal de Disciplina”, aplicando un procedimiento distinto al reglamentario; 3.- Porque el “Consejo de Presidentes” no tenía facultades disciplinarias, sino exclusivamente de administración por mandato expreso del artículo 553 del Código Civil, que establece la incompatibilidad entre funciones de administración y disciplinarias; 4.- Porque la Sociedad nombre reservado fue impedida de ejercer oportunamente su legítimo derecho de defensa al negársele por la recurrida acceder al Consejo de Presidentes, sin ser citada en forma legal, ni informándosele de los cargos que se le formulaban; 5.- Porque la recurrida aceptó que asistieran y votaran en el Consejo de Presidentes tres Clubes asociados con interés directo en el resultado de la votación, transformándose estos en jueces y partes al mismo tiempo; 6.- Porque la recurrida solo desafilió a Club nombre reservado, en circunstancias que a los otros Clubes con problemas similares se les permitió reprogramar sus deudas, posibilidad que se le negó a nombre reservado.

b) No ser juzgado por comisiones especiales, atendido el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política, referido a la igual protección de la Ley en el ejercicio de los derechos, dado que propuso la desafiliación a un órgano de administración como es el “Consejo de Presidentes”, transgrediendo el artículo 553 del Código Civil que establece su incompatibilidad, órgano incompetente que al actuar y decidir la desafiliación se constituyó en una comisión especial, sin que además mediara intervención previa del “Tribunal de Disciplina” y, permitiendo participar del Consejo de Presidentes y votar a tres Clubes asociados con interés directo en el resultado, transformándolos en jueces y partes.

c) El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales en virtud del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, al encontrarse afectados los derechos que como socio le corresponde a la Sociedad nombre reservado y como dueña de los Derechos federativos del Club, además del derecho a percibir ingresos por el canal de Futbol o generados por la selección adulta de Futbol conocidos como “Excedentes”, todos los cuales se han visto evidentemente vulnerados con la desafiliación ilegal.

Segundo: Que, en foja 21, el abogado Ángel Valencia Vasquez, representando a la Asociación Nacional de Futbol (A.N.F.P.) evacua informe solicitando rechazar el recurso de protección con costas, a base de lo siguiente:

a) El apego de la ANFP a los Estatutos y Reglamentos, por cuanto, el “Consejo de Presidentes de Clubes”, en ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo 10 del Estatuto Social aprobó la desafiliación de Club nombre reservado, por su notoria insolvencia, inviabilidad económica y reiterados y graves incumplimientos.

Destaca, las disposiciones del artículo 4 letra d) del Estatuto, que exige para la permanencia de un Club solvencia económica para cumplir oportunamente con todas las obligaciones económicas; artículo 5 número 3 letra d) que señala como obligaciones de los Clubes el mantener un adecuado comportamiento económico, que permita cumplir en forma íntegra y oportuna con los compromisos, infracción que podrá ser sancionada por el Tribunal de Disciplina a petición del Directorio e incluso, servir de fundamento para que éste solicite la exclusión de la asociación y; artículo 10 número 7) que menciona atribuciones y facultades exclusivas del Consejo, dentro de las cuales está el pronunciarse de oficio o a proposición del Directorio respecto de la desafiliación de la asociación de un Club, acuerdo que será aprobado con los 4/5 de los votos de los Consejeros en ejercicio.

En cuanto al Reglamento, es relevante el artículo 29 que dispone facultades y deberes del Directorio “3)” el proponer al Consejo la expulsión o desafiliación de un Club de la Corporación; siendo causales de desafiliación, en conformidad al artículo 84 letra e) el no contar con la solvencia económica que le permita participar con normalidad en los Torneos y Competencias y, el no cumplir oportunamente con todas las obligaciones económicas contraídas por sus trabajadores.

Explica, que tal como consta en los documentos que se acompañan, se celebró entre Deportes Concepción S.A.D.P y “Fuerza Garra y Corazón S.A” y posteriormente “S.A.D.P” (La concesionaria) un contrato de concesión, usufructo y comodato el 14 de enero de 2010, por el cual nombre reservado concedió, cedió y entregó el uso, goce y explotación pleno y exclusivo de todos sus derechos, bienes y activos, con el objeto de administrarlos y explotarlos, ejerciendo sobre ellos las más amplias facultades, entre ellas, las de uso y goce de los derechos federativos, la calidad de miembro y afiliado y socio pleno de la Asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile (clausula primera numeral 1 del contrato).

Con el transcurso del tiempo y frente a los signos evidentes de su inviabilidad económica, el día 4 de abril de 2016, el Presidente del Sindicato Interempresas de Futbolistas Profesionales; “SIFUP”, señor nombre reservado, remitió carta (acompañada en un otrosí) solicitando el pago por subrogación de la deuda de remuneraciones correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2016, que mantenía el Club a través de la concesionaria con los jugadores de su plantel profesional y cuerpo técnico, aludiendo a una paralización de actividades de los planteles de futbol profesional en caso de no solucionar esta situación, amenaza que de materializarse causaría graves perjuicios deportivos. Lo anterior, implicó que el 14 de abril de 2016 sesionara en forma extraordinaria el Directorio de la ANFP para tratar la morosidad de algunos Clubes, acordando, tras el análisis financiero del Tesorero nombre reservado, que el próximo Consejo de Presidentes se informaría sobre la situación de morosidad e insolvencia de nombre reservado y acuerdos de pagos de deudas de otros Clubes, destacándose nombre reservado por no realizar gestión alguna. El 18 de abril de 2016, frente a la ausencia de pago oportuno de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de su plantel, el señor Presidente del SIFUP convocó a huelga de las tres divisiones profesionales del futbol chileno, (se acompañan notas de prensa), por lo que la unidad de control financiero de la ANFP emitió con fecha 20 de abril de 2016 dos informes financieros que se acompañan en un otrosí, uno de ellos dirigido al Sr nombre reservado, Gerente General de la ANFP, en los que se concluye que el déficit promedio mensual de Club nombre reservado alcanza los 100 millones de pesos, no existiendo de parte de sus responsables un compromiso serio de enfrentar sus obligaciones, pese a los requerimientos en tal sentido de la Gerencia General y del Directorio de la ANFP, incurriendo nombre reservado en faltas graves y recurrentes de los estatutos, recomendando por esto su desafiliación. Consecuentemente, el día 21 de abril de 2016, se celebró una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes de Clubes de ANFP, autoridad máxima de la Corporación, a la cual asistió un representante registrado del Club nombre reservado y, en el que se acordó, a propuesta del Directorio, debatir y votar la propuesta de desafiliación en una sesión siguiente. Así, el Directorio de la ANFP, mandatado por los 32 clubes de futbol profesional celebró un acuerdo con SIFUP (acuerdo que se acompaña en un otrosí), estableciendo que la ANFP mediante el financiamiento generado de flujos futuros que le corresponderían al Club nombre reservado, pagaría las remuneraciones adeudadas a su plantel profesional y a su cuerpo técnico, correspondientes al 50 % del mes de febrero y la totalidad correspondiente al mes de marzo de 2016, comprometiéndose el SIFUP a permitir el normal desarrollo y finalización de todos los torneos correspondientes a la temporada 2015 – 2016 organizados por la ANFP. Finalmente, el día martes 26 de abril de 2016 se celebró la sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes asistiendo también a ella un representante registrado del Club nombre reservado, Sr. nombre reservado, sesión en la que se hizo una acabada exposición de la situación financiera, cuyo formato “Power Point” se acompaña en un otrosí y cuyos principales fundamentos de la propuesta de desafiliación del Club nombre reservado fueron, entre otros: El déficit promedio mensual de 100 millones de pesos; la ausencia de compromiso serio de enfrentar las obligaciones ante los requerimientos de la unidad y ningún plan de pago realista, ni aumento de capital; las denuncias por incumplimientos de sus obligaciones laborales e; incumplimientos con la SVS al no entregar a tiempo las memorias. Después de un debate y votación y, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 10 N° 7 del estatuto social, el Consejo de Presidentes acordó por 4/5 de los Consejeros en ejercicio la desafiliación de nombre reservado, no incurriendo por lo tanto en ilegalidades ni arbitrariedades de ningún tipo.

Respecto de la supuesta competencia del Tribunal de Asuntos Patrimoniales alegada por la recurrente, expone que el artículo 7 del estatuto social señala que la autoridad máxima de la ANFP es el “Consejo de Presidentes”, por lo que mal podría corresponder al “Tribunal de Asuntos Patrimoniales”, dicha competencia, considerando que hay norma expresa en el estatuto, artículo 10 N° 7, que asigna dicha función al Consejo de Presidentes.

A su turno, la supuesta necesidad estatutaria de un requerimiento previo del Tribunal de Disciplina de ANFP aducido por nombre reservado carece de fundamento, argumentando que la facultad para pronunciarse de la desafiliación la tiene el “Consejo de Presidentes”, de oficio o a proposición del Directorio, atendido lo dispuesto en el artículo 10 N° 7 ya citado, función que se ve reafirmada por el artículo 29 número 3 del Reglamento de ANFP y lo dispuesto en el artículo 19 letra z) de su estatuto, no existiendo norma alguna ni en el estatuto ni en el reglamento, que señale que dicha proposición deba estar precedida de un Informe del “Tribunal de Disciplina”, sumado además, que es al Directorio a quién corresponde interpretar y resolver todas las materias que no se asignen a otras personas u órganos según el artículo 19 letra d) del estatuto de la ANFP.

Ahora bien, respecto de la supuesta condición de órgano administrador del Consejo de Presidentes aducido por la contraria, argumenta que el Consejo ejerce múltiples atribuciones al ser la autoridad máxima de la asociación, citando ejemplos al respecto y, agregando que la calidad de órgano de administración la tiene el Directorio.

Acerca de la ausencia de un procedimiento racional y justo para pronunciarse respecto de la desafiliación razonado por la contraria, refuta remitiéndose a lo señalado, destacando que lo sostenido carece de toda sustancia legal, estatutaria y reglamentaria.

Por último, reitera que nombre reservado, concedió, cedió y entregó la concesión exclusiva a “Fuerza Garra y Corazón”; el uso y goce de los derechos federativos y la calidad de miembro afiliado y socio pleno de la Asociación Nacional de Futbol profesional de Chile, representante de la concesionaria que compareció a la audiencia.

En cuanto a los reparos constitucionales sostiene que:

1.- No se ha transgredido la igualdad ante la Ley (19 N° 2 de la Constitución), por cuanto el Consejo de Presidentes era el órgano competente para conocer de la desafiliación, autoridad máxima que ha aplicado un procedimiento y una reglamentación establecida en los estatutos, común a todos los asociados a un club que ha presentado graves incumplimientos de sus obligaciones e insolvencia económica que no se aprecia de momento en ninguno de los demás clubes y, que no acusó recibo ni realizó gestión alguna para resolver su situación de deuda con ANFP, respetándose en el Consejo el derecho a ser oído y votando los representantes debidamente registrados del Club;

2.- El club nombre reservado no fue juzgado por comisiones especiales (19 N° 3 de la Constitución), dado que fue la autoridad de la asociación actuando dentro de los límites de sus facultades estatutarias y reglamentarias quién adopto tal decisión;

3.- No se ha amagado de forma alguna la garantía constitucional del derecho de propiedad (19 N° 24 de la Constitución), sino que por el contrario se han hecho los esfuerzos necesarios para proteger la actividad del futbol profesional, satisfacer el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias debidas a los trabajadores del Club y proteger al patrimonio de la Asociación.

Tercero: Que, en foja 144, se acumula la causa Rol N° 7.103-2016 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción y dicha acción de protección fue deducida por nombre reservado, nombre reservado y Víctor Marcelo Toledo Machuca en representación de Deportes Concepción S.A, y en contra de la Asociación de Futbol profesional, representada por el Presidente Arturo Sala Cassani, a fin de que se deje sin efecto el acuerdo que aprobó la sanción de desafiliación del Club, exigiendo al recurrente reincorporarlo a la misma, restableciendo las cosas al estado anterior o cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho, todo con costas.

En cuanto a los hechos, su presentación desarrolla los mismos tópicos que la acción precedentemente sintetizada en el considerando primero, los que no serán transcritos por economía procesal, aunque cabe destacar:

a) Para aplicar la medida de desafiliación según los estatutos de la ANFP, se debió considerar el artículo 5 numeral 3 letra d) relativo a las obligaciones de los clubes, el que hace alusión a que la infracción en las obligaciones de cumplimiento económico por parte de éstos “podrá” ser sancionada por el “Tribunal de Disciplina” a petición del “Directorio”, e incluso servir de fundamento, para que éste solicite al “Consejo” la exclusión de la Asociación del Club infractor; disposición que recurre indefectiblemente al “Tribunal de Disciplina”; órgano jurisdiccional, necesariamente para infracciones que tengan resorte en lo financiero. Agrega, que la aparente discordancia de la disposición citada y la del artículo 10 N° 7 del estatuto, referida a una actuación de oficio del “Consejo”, sólo puede ser entendida en el contexto de que una garantía mínima para todo afiliado, requiere necesariamente de un pronunciamiento del “Tribunal de disciplina”, quien luego, pedirá al Directorio que proponga al Consejo de Presidentes la expulsión o desafiliación del Club, dado que nunca en materia financiera el Directorio o Consejo de Presidentes puede actuar oficiosamente sin que el Tribunal de disciplina se pronuncie.

b) La decisión de desafiliación de Club nombre reservado afecta sus derechos de personalidad en cuanto a Asociación, patrimoniales, actividades y obligaciones futuras, estimándola contraria a derecho y arbitraria en la votación del Consejo, actuación que traspasó todas las ilegalidades y arbitrariedades al confundir las funciones del “Tribunal” con las del “Consejo de Presidentes”, existiendo una completa inobservancia a la carta fundamental, a los principios rectores del debido proceso, a los principios de objetividad e imparcialidad y reglas esenciales de racionalidad consustanciales a toda relación dada entre órganos de cuerpos intermedios.

Enfatiza, en que el principio de interdicción de la arbitrariedad, no puede traspasar los límites de razonabilidad, debiendo respetarse los estatutos y, que una interpretación para la aplicación de sanciones debe necesariamente ser restrictiva al analizar las causales de exclusión de un asociado, obligando a los órganos disciplinarios y de administración a efectuar una aplicación literal y estricta de ellas. En tal sentido, el artículo 22 del reglamento de la ANFP refiriéndose a las sesiones del Consejo sostiene que los clubes votarán con las ponderaciones establecidas en el artículo 9 y, que para efectos de determinar los quórum las infracciones inferiores a 0,5 se despreciarán y las iguales o superiores a 0,5 se elevarán al entero más próximo. En base a esto, el Consejo de Presidentes debió exigir como mínimo 39 votos para la desafiliación y no 38 votos que corresponden al 79,16%, no cumpliendo con los 4/5 que los estatutos exigen para aplicar la medida, Consejo de Presidentes que bajo una interpretación extensiva decide aproximar el porcentaje dándolo por cumplido.

Añade, que existen en el ordenamiento jurídico un conjunto de obligaciones extra estatutarias para la asociación derivadas de la sujeción de las personas jurídicas a la Constitución y a las leyes, tales como, el Principio de interdicción de la arbitrariedad que obliga a toda persona, institución o grupo; el carácter restrictivo en cuanto los alcances y efectos en la aplicación de sanciones; artículos 553 y 557 del Código Civil que exigen un racional y justo procedimiento para la aplicación de sanciones y, la incompatibilidad entre funciones disciplinarias y sancionatorias con las de ejercicio de administración.

La decisión adoptada no solo afecta el derecho de propiedad sobre su calidad de afiliado y sobre los derechos que se siguen de la actividad profesional del Futbol, sino que también, afecta en grado de perturbación el desarrollo de la actividad económica, ejercicio del giro de sociedad anónima deportiva desempeñado en el futbol profesional.

c) Las garantías constitucionales amagadas en grado de perturbación son: 1.- El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución) al haber sido juzgado nombre reservado por el Consejo de Presidentes infringiendo flagrantemente el artículo 553 del Código Civil, al ser un órgano administrativo y contabilizando la votación de forma equívoca; 2.- La vulneración a la igualdad ante la Ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución) al tramitarse y votarse actuaciones ilegales y arbitrarias no considerando la normativa interna, legal y las obligaciones propias de la ANFP; 3.- El derecho de propiedad sobre la fuente laboral (artículo 19 N° 24 de la Constitución), puesta que vulnera en grado de perturbación el derecho de propiedad sobre la fuente laboral de los recurrentes trabajadores, toda vez que se pierde el derecho sobre las demás prerrogativas laborales y; 4.- El derecho a la libertad de trabajo y su protección (artículo 19 N° 16 de la Constitución) puesto que al desafiliar a la institución en la que se presta servicios, se vulnera el derecho al trabajo y a su protección, toda vez que se pierde toda posibilidad de cobrar las prestaciones laborales que corresponden legalmente.

Cuarto: Que, a su turno, el abogado, Ángel Valencia Vásquez por la recurrida, Asociación Nacional de Futbolistas Profesionales (ANFP), evacua informe de foja 304 y siguientes, en el que reproduce casi en términos idénticos la mayoría de su presentación de foja 21, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas. A lo anterior, añade a objeto de refutar el quórum insatisfactorio por el que se aprobó la desafiliación argumentado por la contraria, que conforme al inciso final del artículo 22 del Reglamento social, para efectos de determinar los quórum en las votaciones del Consejo, las fracciones inferiores a 0,5 se despreciarán y las iguales o superiores a 0,5 se elevarán al entero más próximo, de tal manera que los 4/5 exigidos de 48 votos arrojan 38,4%, esto es, 38 votos. El resultado de la votación contempló 38 a favor de la desafiliación, 3 en contra y, 7 abstenciones, de tal manera que los votos a favor de la desafiliación alcanzaron los 4/5 del total conforme a la normativa social.

Del mismo modo y respecto de los reparos de constitucionalidad incorpora, que no existe vulneración al derecho de propiedad sobre la fuente laboral (artículo 19 Nº 24 de la Constitución) generada por el Club y la concesionaria, sino que por el contrario, el riesgo de ellas fue como consecuencia de la administración deficiente y negligente de nombre reservado y “Fuerza, Garra y Corazón S.A”, no existiendo vínculo causal alguno entre el acto recurrido (desafiliación) y la propiedad sobre la fuente laboral de los recurridos. A su vez, tampoco se transgrede el derecho a la libertad de trabajo y su protección (artículo 19 Nº 16 de la Constitución), por cuanto, no existe vínculo causal alguno entre la libertad invocada y el acuerdo de desafiliación de nombre reservado y, que si algún acto pudo haber provocado incertidumbre laboral y riesgo de no pago de remuneraciones, se debe a la administración deficiente y negligente de nombre reservado y “Fuerza, Garra y Corazón S.A”.

Quinto: Que, Carlos Campos Sánchez, abogado, en representación de “Club Social y de nombre reservado”, representada por nombre reservado, se hace parte como tercero coadyuvante de la recurrente en autos Rol 7103-2016, en su calidad de accionista de nombre reservado Sociedad Anónima Deportiva Profesional, la que entregó la concesión y explotación de los derechos federativos del Club nombre reservado a la concesionaria “Fuerza Garra y Corazón”, Sociedad Anónima Deportiva Profesional y, perjudicada directa con la medida de desafiliación del futbol profesional por parte de la recurrida.

Con el fin de dejar sin efecto la medida de desafiliación para que nombre reservado recupere el sitial correspondiente en primera B, hace presente las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

1.- La historia del Club nombre reservado, fundado en 1966 bajo una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, organización jurídica que duró hasta el año 1981, tiempo durante el cual pasó por una profunda crisis económica, la que obligó a una reestructuración económica y jurídica creando la Corporación de Football de Deportes Concepción, la que detentó los derechos federativos del Club con el objeto de participar en todas las competencias oficiales de la Federación de Futbol de Chile. En el año 2006 se reestructuró nuevamente la tipología jurídica del Club, creándose “nombre reservado Sociedad Anónima Deportiva Profesional, compuesta de tres accionistas: a) La Corporación de Football de Deportes Concepción con el 82% de las acciones (dueña de los derechos federativos, la marca, pases de jugadores, etc.); 2.- El Club social de nombre reservado, propietaria del 16% de las acciones en la sociedad (dueña de los campos deportivos Nonguén) y; c) nombre reservado Sociedad Anónima Cerrada, dueña del 2% de las acciones, entidad formada en general por socios e hinchas con el objeto de que participen de manera testimonial en la estructura societaria. Así, nombre reservado, con fecha 14 de enero de 2010 celebró un contrato de concesión, usufructo y comodato en favor de la concesionaria “Fuerza Garra y Corazón SADP”, compuesta por tres sociedades accionistas: a) Inversiones Nimoca S.A. (nombre reservado); b) Inversiones Florencia S.A. (Pablo Tallarico) y; c) Inversiones Upside (nombre reservado), entregando de esta forma la administración del Club a estas personas por 30 años.

2.- Respecto de los hechos, hace alusión a los ya sintetizados en considerandos anteriores, recalcando que tras el Consejo de Presidentes del 26 de abril en el que se desafilió a la recurrida, nombre reservado y nombre reservado, Secretario General y Tesorero respectivamente, leyeron una declaración pública, desafiliación que resulta grave, pues al desafiliar al Club sin los estándares mínimos que implica una resolución de tal naturaleza se vulneró reglas básicas de razonabilidad y de legalidad, configurando una privación de garantías constitucionales, puesto que el proceder ha sido ilegal y arbitrario, ilegalidades y arbitrariedades que se han traspasado al acuerdo final adoptado contra el que se recurre.

3.- Para aplicar la medida de desafiliación según los estatutos de la ANFP se debió aplicar el artículo 5 numeral 3 letra d), que postula que frente a cualquiera infracción con resorte en lo financiero de un asociado a la ANFP se requiere indefectiblemente la intervención del “Tribunal de Disciplina”, ya sea para imponer la sanción o para proponer la aplicación de una al Consejo de Presidentes; porque la acción radica únicamente en el órgano jurisdiccional citado, variando únicamente la forma de implementarla. También, el artículo 10 número 7 de los estatutos, que establece una aparente discordancia respecto de las atribuciones y facultades del Consejo, a pesar, de que necesariamente una interpretación armónica y de garantía mínima de todo afiliado debe entender que se requiere de un pronunciamiento del “Tribunal de Disciplina”, quién luego pedirá al Directorio que proponga al Consejo de Presidentes la expulsión o desafiliación del Club, recalcando en este punto, que nunca en materia financiera el Directorio o Consejo puede actuar oficiosamente sin que el Tribunal de disciplina se pronuncie.

4.- La determinación por parte del Consejo de Presidentes a petición del Directorio de desafiliar a nombre reservado es ilegal y arbitraria, por cuanto, en conformidad al artículo 2 de los estatutos y, en lo relativo a la estructura orgánica de la ANFP, el Consejo de Presidentes o simplemente Consejo es la autoridad máxima de la Asociación.

Existen tres tipos de órganos; los administradores; los jurisdiccionales y los contralores, siendo el Directorio y el Consejo de Presidentes administradores, distinción no ociosa, dado que la ANFP no dio estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 553 del Código Civil, que prescribe que el cargo de órgano de administración es incompatible con el cargo de órgano disciplinario. La desafiliación es la sanción más grave que los estatutos puedan imponer; sanción de última ratio que fue mal impuesta por la recurrida al no cumplir con las formalidades estatutarias y aplicada por un “Órgano Administrador” en los términos dispuestos en el artículo 553 del Código Civil por el Consejo de Presidentes. Así, que los estatutos sean defectuosos y carezcan de legalidad, no adecuándose a la legislación vigente, no es sino negligencia por parte de la recurrida para con sus afiliados, al no existir certeza jurídica de las eventuales sanciones que pudiesen padecer.

Por otra parte, el cómputo del quórum para proceder a la desafiliación tomó ribetes ridículos por cuanto el cómputo de la votación y, su consecuencia posterior fue absolutamente viciada, dado que no se cumplió con lo prescrito en el artículo 4 inciso final y 9 de los Estatutos de la ANFP, que exige 4/5 de los votos de los Consejeros en ejercicio; es decir, al ser 32 equipos con derecho a voto (Primera A y Primera B), el universo total de votos es de 48, de manera que para que se cumpla el quórum de 4/5 o el 80% de los mismos se necesitaban 39 votos para aplicar la medida de desafiliación y no 38 votos como argumentó la recurrida fundándose en el artículo 22 del mismo cuerpo normativo, que establece que las fracciones iguales o superiores a 0,5 se elevaran al entero más próximo, lo que no es más que la expresión de la arbitrariedad sin considerar el Principio “Indubio Pro reo” al optar por 38 votos que corresponden sólo al 79,16%.

Agrega que con la desafiliación, Club nombre reservado fue afectado en sus derechos de personalidad, en cuanto Asociación, además de sus derechos patrimoniales, actividades y obligaciones futuras, desafiliación que fue dictada como acto colectivo, invocándose potestades de un Consejo, sin intervención y pronunciamiento del órgano competente y sin el quórum mínimo necesario, decisión que resulta contraria a derecho y arbitraria. Confundieron las funciones del Tribunal, órgano de control respectivo con las propias del Consejo de Presidentes, no respetando la carta fundamental, los principios rectores del debido proceso y los principios de objetividad e imparcialidad que inspiran las modificaciones de la Ley 20.500 sobre administración de la persona jurídica consagrada en los artículos 550 y siguientes del Código Civil.

Insiste, en que el Principio de interdicción de la arbitrariedad obligatorio para toda persona institución o grupo, no puede traspasar los límites de razonabilidad con que se deben practicar por los órganos de la asociación los actos acuerdos y decisiones.

Sostiene, que el Consejo de Presidentes se limitó a convocar a sesión para votar por la desafiliación del Club fundado en antecedentes económicos que no han sido debidamente afinados, siendo la declaración pública un pobre intento por explicar la decisión arbitraria ante la opinión pública. Es el Tribunal de Disciplina el encargado de resolver sobre la efectividad de la situación, la sanción respectiva y su presentación formal al Consejo. Además la auditoria, como su propio texto señala trata de resultados preliminares no finalizados por sus ejecutores, que impiden pronunciarse sobre ella con un grado de seriedad y justicia.

Se ha vulnerado el resguardo mínimo al debido proceso, puesto que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, debiendo haber existido un pronunciamiento previo del “Tribunal de Disciplina”, para que se solicite al “Consejo de Presidentes” su pronunciamiento, lo que no ocurrió. Desde otro ángulo, hace presente el artículo 19 N° 15 de la Constitución; esto es el “Derecho de Asociación”, lo que implica que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación y, que por ende, nadie puede ser obligado a salir de una asociación sino es por los mecanismos y causales legalmente establecidas.

Reitera la Ley 20.500 sobre participación ciudadana que reforma el Código Civil en sus artículos 553 y 557, los que expresan la exclusión de ejercer conjuntamente funciones disciplinarias y sancionatorias respecto de los órganos de administración, lo que comprende a la ANFP y sus estatutos por aplicación del artículo 3 transitorio de la misma Ley citada.

La decisión adoptada tiene necesarias consecuencias patrimoniales en el Club, cual es, mantenerse en el Torneo Campeonato de Futbol Chileno que le permite generar ingresos y sustentar su planilla de pagos, decisión que perturba el derecho de propiedad de: La posición en el Torneo y los derechos patrimoniales por entradas; Derechos de transmisión televisiva; Por publicidad y; Derechos de formación por jugadores canteranos. Lo anterior, afecta el derecho de propiedad tanto sobre la calidad de afiliado, como de los derechos que se siguen de la actividad profesional del Futbol, por disposición del artículo 583 del Código Civil que consagra la propiedad sobre cosas incorporales.

5.- Las garantías constitucionales amagadas en grado de privación, la presentación de la parte coadyuvante reproduce de una manera similar, aquella ya sintetizada en el considerando cuarto, refiriéndose a: 1.- El derecho a no ser Juzgado por comisiones especiales, por exceso de las atribuciones del Consejo de Presidentes de la ANFP, calificación realizada con información incompleta, sin intervención del órgano oficial competente, sin criterios mínimos de razonabilidad y, sin reconocer el quórum mínimo necesario para resolver lo decidido; 2.- La vulneración a la igualdad ante la Ley, por violar y no considerar la normativa interna y las obligaciones propias de la ANFP, estableciendo diferencias arbitrarias; 3.- La libertad de Asociación, tanto en su dimensión constitucional (entendiéndose que nadie puede ser obligado a salir de una asociación sino es por los mecanismos y causales legalmente establecidas por los estatutos y las leyes), dimensión legal (la que destaca la normativa vigente del Libro I del Código Civil modificada por la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación la que establece la incompatibilidad entre los órganos disciplinarios y los ejecutivos, además de hacer aplicable las normas sobre debido proceso) y, auto normativa (que se manifiesta en su propia normativa interna la que fijada en su procedimiento y estatutos, obliga a que las declaraciones y decisiones deban hacerse con la seriedad y respeto a esa propia normativa básica y fundamental); 4.- El derecho a desarrollar cualquier actividad económica, específicamente la del giro de la Sociedad Anónima Deportiva dedicada al Futbol profesional, toda vez que por causa de su desafiliación, prácticamente todas las actividades que la institución mantiene quedan detenidas, caducadas o terminadas;

6.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, por cuanto el acto de desafiliación vulneró en grado de perturbación el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales y derechos emanados de los contratos y obligaciones derivadas de su calidad de asociada a la ANFP, dado que la “SADP” incorporó al patrimonio suyo el derecho incorporal de “jugar profesionalmente en el Torneo de la ANFP”.

7.- Si la decisión hubiese estado en manos de los organismos competentes para los efectos del juzgamiento, la decisión probablemente hubiese sido otra, al igual que si se hubieran aplicado correctamente los quórum exigidos.

8.- La auditoría forense anunciada por la Asociación de Futbol Profesional realizada para determinar el desfalco financiero de la Directiva anterior de la ANFP, los acusó de ser un Club inviable financieramente, puesto que a la concesionaria se le habrían prestado, actualizado a la fecha más de 1000 millones de pesos, lo que carece de todo sustento, porque es la misma auditoría la que reconoce ignorar si dichos montos efectivamente ingresaron a las Arcas de nombre reservado; es más, alrededor de 1400 millones de pesos fueron cobrados mediante cheques al portador y cobrados por terceros distintos al Club. A mayor abundamiento, dichos préstamos no podían sobrepasar los $30 millones de pesos anuales y debían ser autorizados por los 2/3 del Consejo de Presidentes, lo que nunca ocurrió, generándose una violación flagrante de las obligaciones por parte de la ANFP en su labor de fiscalizadora.

Concluye la parte coadyuvante, sosteniendo que: 1.- nombre reservado no es una Institución inviable, sino más bien una víctima de irregularidades generadas por la propia recurrida, que no veló por los intereses de sus asociados, siendo imposible para la ANFP sostener que no conocía el accionar de la Directiva anterior, puesto que sus miembros pedían préstamos a dicha administración; 2.- La desafiliación de Deporte Concepción no fue ejecutada de forma legal, pues fue realizada por un órgano incompetente para ello, medida que mermó aún más la alicaída situación financiera de la misma; 3.- En la votación existieron Clubes con serios conflictos de intereses, dado que el votar por la desafiliación los benefició en la parte deportiva, como es el caso de “Club Deportes Iberia de los Ángeles” que ocupó producto de la desafiliación su lugar en la liguilla; 4.- No pudieron aprobar una medida de desafiliación, si aún no tenían a la vista la auditoría que la misma recurrida encargó.

Sexto: Que, Ángel Valencia Vázquez, abogado por la Asociación Nacional de Futbol profesional (ANFP), complementa su informe de fecha 01 de junio de 2016 sosteniendo en su defensa, que la facultad para pronunciarse respecto de la desafiliación de un Club la tiene el “Consejo de Presidentes”, que puede ejercerla de oficio o a proposición del Directorio como lo dispone el artículo 10 número 7 del estatuto social de la ANFP y, que la atribución del Directorio para proponer la desafiliación de un Club, se ve reafirmada por la norma expresa del artículo 29 número 3 del reglamento de ANFP y lo dispuesto en el artículo 19 letra z) de su estatuto. No hay norma alguna en la Ley, estatuto social o reglamento de ANFP que señale que esa proposición del Directorio, deba estar precedida de un Informe del “Tribunal de Disciplina” y, que a mayor abundamiento, debe considerarse el artículo 19 letra d) del estatuto de ANFP que faculta al Directorio para interpretar y resolver todas las materias que los estatutos o el reglamento no asignen a otras personas u organismos, todo lo que permite concluir que la alegación de la recurrente carece de sentido.

Séptimo: Que, el denominado Recurso de Protección de Garantías Constitucionales que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma norma enumera. Amparo, que se adopta mediante las medidas de resguardo que resulten pertinente, ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, de lo que se sigue, que es un requisito esencial que se configure un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil; o arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, provocando alguno de los efectos que se han indicado y que afecta a una o más de las garantías expresamente protegidas.

Lo que se revisa por esta vía cautelar aquellas situaciones de hecho, que atentan contra la legalidad vigente o contra el uso de la razón, que ameritan una solución rápida, ágil y expedita, cuando se han conculcado o amenazado derechos protegidos por dicho mecanismo de impugnación.

Octavo: Que, en la especie, han comparecido la sociedad “nombre reservado”, nombre reservado SA como recurrentes de protección y el Club Social y de nombre reservado, como tercero coadyuvante y todos ejercen la acción constitucional de protección en contra de la Asociación Nacional de Futbol Profesional para que se deje sin efecto la medida de desafiliación en contra del Club de nombre reservado acordad el 26 de abril de 2016, en un Consejo Extraordinario de Presidentes de la indicada Asociación, por 38 votos a favor de un total de 48.

Los tres recurrentes plantean arbitrariedades e ilegalidades en términos muy similares en que se habría incurrido respecto de la señalada medida de desafiliación, las que serán abordadas en los motivos siguientes.

Noveno: Que, una primera arbitrariedad que denuncia la recurrente, es que el órgano competente para conocer y juzgar los conflictos de carácter patrimonial que se presenten entre los clubes o entre éstos y la Asociación Nacional de Fútbol es el Tribunal de Asuntos Patrimoniales, regulado en el artículo 32 de los estatutos de la ANFP y no el Consejo de Presidentes. Al respecto, la recurrida sostiene que ello no es efectivo, atento que el Consejo de Presidentes es la máxima autoridad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y tiene facultades legales para adoptar la decisión impugnada.

Sobre este aspecto es preciso consignar que conforme al artículo 7 de los Estatutos, la ANFP, está compuesta por las autoridades y organismos que menciona la indicada disposición entre las letra a) a la h), precisándose que la autoridad máxima de la Asociación es el Consejo de Presidentes, lo que se reafirma en el artículo 8, cuyos acuerdos obligan tanto a los miembros presentes como a los ausentes, con la limitantes que dichos acuerdos deben ser adoptados en la forma prescrita en los estatutos y reglamentos, con los quorum y voto desfavorables. Y, entre sus facultades y atribuciones se contempla en forma expresa, en su número 7) la de “Pronunciarse de oficio o a proposición del Directorio, respecto de la desafiliación de la asociación de un club. El acuerdo respectivo será aprobado si cuenta con los cuatro quintos de los votos de los Consejeros en ejercicio”.

De esta forma, no es posible afirmar como lo sostienen los recurrentes que el Consejo de Presidentes carezca de atribuciones para pronunciarse sobre la desafiliación basado en que para tomar tal acuerdo se planteó públicamente un conflicto patrimonial entre el club desafiliado y la ANFP, atento que la indicada facultad está concebida en términos amplios, sin limitación a determinadas materas o asuntos.

En efecto, la desafiliación está concebida como una atribución amplia, sin restricción de ninguna naturaleza.

A su turno, el Directorio de la ANFP conforme al artículo 19 letra z) tiene como facultad todas aquellas que se establecen en los Estatutos y en el Reglamento de la Asociación y, en et último cuerpo normativo se prevé en el artículo 29 como atribución “Proponer al Consejo la expulsión o desafiliación de un club de la Corporación…”.

Décimo: Que, a su turno, el Tribunal de Asuntos Patrimoniales está concebido como un Órgano Jurisdiccional que tiene competencia exclusiva “para conocer y juzgar os conflictos de carácter patrimonial que se susciten entre los clubes o entre estos y los jugadores o la Asociación, derivados de la interpretación, aplicación, cumplimiento, incumplimiento, resolución, resciliación o nulidad de un contrato o convención”.

De esta manera, la competencia de este tribunal está marcada exclusivamente en relación con las dificultades antes reseñadas de orden contractual o convencional, quedando excluidas el cumplimiento o incumplimiento de los estatutos que rigen a la Asociación Nacional de Futbol Profesional y a sus miembros, por consiguiente el indicado órgano jurisdiccional no es el competente para resolver un asunto de origen reglamentario, ya que su competencia dice relación con aspectos de carácter estrictamente contractuales y no de índole reglamentaria.

Undécimo: Que, como segundo grupo de arbitrariedades se cita el artículo 5 N° 3, letra d) de los Estatutos que faculta al Tribunal de Disciplina para castigar las infracciones a un adecuado comportamiento económico. Se plantea que es requisito previo un requerimiento del Tribunal de Disciplina antes, de cualquier medida de exclusión, ya que una interpretación armónica entre esta disposición y lo previsto en el artículo 10 N° 7 de los Estatutos, conduce a la conclusión de que es obligatorio para la desafiliación un requerimiento previo del Tribunal de Disciplina, el que nunca existió.

Esta alegación es errónea toda vez que el artículo 5 de los mencionados estatutos, establece diversas obligaciones para los clubes asociados entre otras algunas de aspecto económico, todas las cuales están referidas a la presentación de un presupuesto anual con detalle de ingresos y egresos, que esté debidamente financiado con desglose de las partidas e ítems correspondientes, con la finalidad de mantener una responsabilidad financiera de un club deportivo, que pueda ser fiscalizado por el Directorio de la ANFP, disponiéndose expresamente en la letra d) del N° 3 “Mantener un adecuado comportamiento económico que le permita cumplir en forma íntegra y oportuna con los compromisos…”

En el evento de incumplimiento de dicha obligación se contempla la facultad de castigo por el Tribunal de Disciplina a petición del Directorio para que se apliquen multas, suspensión de la participación en competencias o que le sirva de fundamento para que se solicite al Consejo la exclusión de la Asociación del Club infractor.

Desde luego, al emplear la forma verbal “podrá” claramente se está refiriendo a una facultad, que puede ser o no ejercida sin que en caso alguno esté concebida como un trámite previo para proponer la desafiliación, por lo que la ausencia de requerimiento al Tribunal de Disciplina no constituye ilegalidad alguna.

Duodécimo: Que, como tercer acto ilegal o arbitrario, se sostiene que el artículo 2° de los Estatutos precisan que la ANFP se rige por dichos estatutos, sus reglamentos y en lo no previsto está sometida a las disposiciones del Título XXXIII, del Libro I del Código Civil y atendida la estructura orgánica de la recurrida, el Consejo y el Directorio son órganos de carácter administradores, los que conforme al artículo 553 del Código Civil, resultan incompatibles con el de órgano disciplinario, atribuyéndose el consejo de presidentes facultades disciplinarias que le están vedadas por mandato legal.

Por otra parte, en relación con el citado artículo 553, el que exige que las facultades disciplinarias deben ser ejercidas por un procedimiento racional y justo, con respeto a los derechos que se confieren a sus asociados, lo que en este caso no lo ha sido, desde que se autorizó que participarán en el consejo de presidentes, clubes con intereses en la desafiliación de nombre reservado, alterando el quórum requerido, es así como los clubes Iberia de Los Angeles, Coquimbo Unido y Barnechea, tenían un beneficio económico que les reportaba la decisión. Por otra parte, el club desafiliado solicitó por medio del recurrente que se le permitiera ejercer su legítimo derecho a defensa lo que le fue impedido, transgrediendo el mencionado artículo.

Décimo tercero: Que, con relación a lo dispuesto en el artículo 553 del Código Civil cabe señalar que la indicada disposición estatuye en su inciso primero que: “Los estatutos de una Corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan”. Esta disposición refleja la obligatoriedad a respetar las normas que ellas mismas se entregan.

Por su lado el inciso segundo establece que “La potestad disciplinaria que le corresponde a una Asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una Comisión de ética, tribunal de honor. U otro organismo de similar naturaleza que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, la que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario.

Lo antes transcrito comprende respecto de la potestad disciplinaria de un asociación tres principios: el primero, relacionado con la existencia de órganos especiales con facultades disciplinarias; el segundo, que para ejercer dicha potestad se debe contemplar un procedimiento racional y justo que vele por el derecho de los asociados y el tercero, relacionado con la incompatibilidad entre órgano de administración y órgano disciplinario.

El estatuto de la recurrida cumple cabalmente con dichos principios, desde que establece en su artículo séptimo su organización interna contemplando como máxima autoridad al Consejo de Presidentes y además la existencia de un directorio y tribunales encargados de la disciplina de los asuntos patrimoniales y de honor a los que se entregan diversas facultades disciplinarias.

Dentro de las diversas autoridades y organismos que el estatuto señala está el Directorio el que tiene claramente funciones de administración, las que ejerce en forma exclusiva y excluyente de todos los otros organismos que componen la Asociación Nacional de Futbol, órgano que no ha ejercido en el caso de autos ninguna facultad disciplinaria sino que como se desprende de los antecedentes relacionados en los párrafos anteriores ha sido el Consejo de Presidentes, el que ha tomado la decisión impugnada y que por carecer de facultades de administración no se encuentra en la situación de incompatibilidad que contempla el inciso segundo del artículo 553 del Código Civil antes transcrito.

Décimo cuarto: Que, se denuncia también como trato discriminatorio el que el Consejo de Presidentes tuvo como único club que fue objeto de una petición de desafiliación por parte del Directorio, lo que se evidencia por la declaración pública que dio lectura el secretario general de la ANFP al manifestar que nombre reservado a diferencia de otros clubes con deudas pendientes, se logró una reorganización de sus deudas, no obstante que es un hecho público y notorio que esos clubes y muchos otros asociados presentan, por decirlo menos, una situación crítica, respecto de los cuales no se aplicó el mismo procedimiento, porque acordaron una reprogramación de la deuda con la ANFP, sin que nombre reservado tuviere la oportunidad de reprogramas sus deudas, ya que la ANFP se reunió exclusivamente en los últimos seis meses con nombre reservado Eduardo nombre reservado, que no detenta la representación legal ni la calidad de Presidente o Vicepresidente de la empresa concesionaria y, lo que es más relevante, no se le permitió presentar una propuesta financiera que permitiera la continuidad del club, ya que la recurrida se negó en forma arbitraria a escuchar la indicada propuesta impidiéndole ingresar al Consejo de Presidentes para exponer su defensa.

Décimo quinto: Que, ninguna de las afirmaciones antes reseñadas son efectivas, toda vez que de acuerdo a los antecedentes acompañados tanto por la recurrente como la recurrida permiten concluir que ha habido una discriminación arbitraria respecto del club de nombre reservado, ya que si bien se reconoce que otros clubes deportivos están en una situación económica complicada, todos ellos oyendo el requerimiento del Directorio reprogramaron sus deudas, acogiéndose a una fórmula para salir de la situación financiera en que se encontraban, siendo la única institución deportiva que no presentó plan alguno, el club de nombre reservado.

Sobre el particular es necesario consignar que quien compareció a la sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes en representación de nombre reservado, fue nombre reservado como representante de la concesionaria del indicado club deportivo. En efecto, que si bien la sociedad nombre reservado antes indicada es la dueña de los derechos federativos del club, lo cierto es que ella entregó la explotación de tales derechos a la concesionaria denominada FUERZA, GARRA Y CORAZÓN SADP, mediante un contrato de concesión que a la fecha se encuentra vigente, por el cual se le concedió, cedió y entregó en concesión exclusiva el uso, goce y explotación de todos sus derechos bines y activos entre los cuales se encuentran los derechos federativos y la calidad de miembro afiliado y socio pleno de la ANFP, lo que implica que dicha concesionaria representa en plenitud y conforme a derecho al club de nombre reservado, careciendo todos los recurrentes de embestidura legal para asistir y reclamar por la decisión adoptada por el Consejo de Presidentes, de esta forma , todas las alegaciones relacionadas con este aspecto deben ser desestimadas.

Por otra lado, con el mérito de los antecedentes reseñados por la recurrida, es posible establecer la precaria e insostenible situación económica por la que atravesaba el club nombre reservado, incumpliendo gravemente sus compromisos aborales con el plantel del futbol profesional y su cuerpo técnico, lo que en su oportunidad motivó la intervención del SIFUP, en resguardo de los intereses de sus asociados, amenazando con una inminente paralización de las actividades deportivas ante la situación económica ya señalada, lo que motivó la intervención del Directorio para llegar a un acuerdo con el indicado sindicato para pagar los salarios y remuneraciones adeudados al plantel y cuerpo técnico de nombre reservado , lo que implicó poder revertir la huelga anunciada y, consecuentemente, la paralización del torneo de futbol, todo lo cual llevó a las reuniones extraordinarias que dan cuenta los antecedentes allegados a estos recursos acumulados, que culminaron con la sesión extraordinario del día martes 26 de abril de 2016, en que se adoptó la medida tildada de ilegal y arbitraria.

De todo lo dicho, no es posible colegir un atentado a la existencia de un procedimiento racional y justo respecto de la medida de desafiliación y, todas las medidas tendientes a solucionar el descalabro económico, se hicieron con quien tenía la concesión exclusiva de uso y goce de los derechos federativos y calidad de miembro afiliado de la ANFP en la forma antes consignada, porque no ha habido la indefensión que reclaman los recurrentes.

Décimo sexto: Que, en lo tocante al quorum necesario para decretar la medida de desafiliación, de conformidad con la cita legal antes transcrita, dicha medida debe contar con los cuatro quintos de los votos de los Consejeros en ejercicio, que de acuerdo a lo indicado por los comparecientes es de 48 miembros.

Conforme al inciso segundo del artículo 22 del Reglamento, con la finalidad de determinar los quorum, dispone que “…las fracciones inferiores a 0,5 se despreciaran y las iguales o superiores a 0,5 se elevarán al entero más próximo”.

Siendo 48 los votantes, los cuatro quintos están representados por 38,4%, que siendo inferior a 0,5 debe ser depreciada, por lo que la cantidad de votos que representa n los 4/5 aludidos, es de 38 votos, que es la cifra que se obtuvo al momento de decidir la desafiliación, por ende ella está ajustada a la normativa legal.

Décimo séptimo: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Fundamental. Y, el llamado recurso de protección, se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar, como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

De lo que se sigue que son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Décimo octavo: Que, como se desprende de lo recién manifestado y lo dicho en el apartado séptimo, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque, algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como los que se han interpuesto, lo que en el presente asunto no ha acontecido, ya que el recurrente pretende por esta vía, la impugnación adoptada, dentro de un procedimiento legal, por la máxima autoridad del fútbol rentado con facultades para ello, discrepando las recurrentes en la legalidad del procedimiento empleado.

De esta forma, hay una controversia evidente, que se circunscribe en determinar la concurrencia o no de los requisitos para hacer uso de la facultad de desafiliar a un club deportivo que ha incurrido en reiterados y graves incumplimientos económicos, que hacían insostenible su permanencia en el fútbol rentado.

Los fundamentos de los recurrentes resultan ajenos a la naturaleza de la acción cautelar, toda vez, que ella está concebida para solucionar cuestiones de hecho urgentes, que requieren de una vía ágil y expedirá para poner atajo a una cuestión fáctica determinada, lo que no ocurre en la especie, atento que la disconformidad con decisiones legales y reglamentarias adoptadas por quien tiene las atribuciones, deben ser conocidas en un escenario diverso al que se ha recurrido.

En mérito de lo razonado y de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechazan, con costas, los recursos de protección deducidos en lo principal de fojas 37 por nombre reservado en favor de nombre reservado; en lo principal de fojas 144 por nombre reservado y otros en favor de Deportes Concepción S.A. y por Carlos Campos Sánchez en favor de Club Social y de nombre reservado en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Sr. Miguel Vázquez Plaza.

Rol Corte N° 33956-2016.- No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la señora nombre reservado, por haber cesado en el cargo de Ministra.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza y la Ministra señora Javiera González Sepúlveda.