nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Foja: 51 Cincuenta y Uno Santiago, veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 1 comparece, don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad Dominicana, y de doña nombre reservado de nacionalidad Chilena, deduce acción de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por negarse a dar una hora para contraer matrimonio a las personas que representa, por motivos no contemplados en la legislación.

En cuanto a los hechos, expone que a fines del año 2014, encontrándose en Tacna terceros le ofrecieron a don nombre reservado, la posibilidad de ingresar a Chile, previo pago de 10 dólares, siendo detenido por funcionarios de la PDI, cuando se encontraba en territorio nacional, quienes lo trasladan a dependencias de la institución comunicándole su obligación de firmar semanalmente.

Señala que más tarde, viajó a Santiago en busca de posibilidades de trabajo y de regularizar su situación migratoria, encontrando trabajo como peluquero, firmando contrato de trabajo que se mantiene vigente.

Explica que conoció a “nombre reservado” nombre reservado, quien es su pareja, siendo su deseo contraer matrimonio, por lo que el 1 de abril del año en curso, concurrieron a las Oficinas del Registro Civil de Pudahuel, siendo atendidas por doña nombre reservado quien les pidió cédula de identidad chilena, señalándoles que sin cédula de identidad Chilena ni permiso de residencia vigente no podía el señor nombre reservado contraer matrimonio, negándose a darles una hora para la celebración del acto, careciendo de argumentación racional y jurídica, afectando gravemente derechos fundamentales .

Enfatiza que la negativa de celebrar el matrimonio de las personas a cuyo favor recurre es arbitraria, ya que cumplen todos los requisitos legales sin afectarles impedimento o prohibición alguna.

Amparándose en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 19.477, Orgánica del Registro Civil, en relación al Decreto N° 673, ni la Ley 4.808, afirma que no es deber del Oficial del Registro Civil verificar que los contrayentes se encuentran en una situación migratoria regular, en caso de ser extranjeros, resaltando que en las diligencias previas al matrimonio-manifestación e información- las menciones que debe realizar el Oficial del Registro Civil están enumeradas en forma taxativa, por lo que se están exigiendo requisitos no establecidos en la ley, incurriendo en una actuación ilegal, al arrogarse facultades que la ley habilitante no señala.

Entiende que el artículo 76, del decreto Ley N° 1094, regula dos aspectos diferentes, uno, relativo a la documentación que compruebe la residencia legal en el país de los extranjeros y otro, relativo a la comprobación de encontrarse autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato ante el organismo del Estado. Releva que no existe ninguna norma que limite a los extranjeros para la celebración de cualquier acto o contrato, menos en el matrimonio. Cita al efecto lo dispuesto en los artículos 57 y 1447 del Código Civil, artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Como derechos constitucionales vulnerados cita los numerales segundo y cuarto del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por último hace presente, que el derecho a contraer matrimonio es un derecho esencial a la persona, sin que la situación migratoria pueda condicionar el ejercicio de los derechos esenciales.

Pide acoger el recurso y ordenar al Servicio de Registro Civil e identificación que permita la celebración del matrimonio de sus representados.

A fojas 18, al informar la recurrida, solicita el rechazo de la acción con costas.

Luego de referir la normativa legal vigente, a saber, los artículos 1 y 2 del DL 1094, 52, 76 y 84 del mismo texto legal, 5, 13, 105, 108 del Decreto Supremo N° 597, de 1984, que aprueba el Nuevo Reglamento de Extranjería, 14 y 102 del Código Civil, 4,5,6,7 y 8 de la Ley 19.947, 12 de la Ley 4.808, 89 y 92 DFL 2.128, de 1930, la relaciona con lo señalado por la Dirección General de ese Servicio en la Circular N° 05/96 de fecha 14 de febrero de 1996, en cuanto allí se instruye que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 del DL N° 1.094, de 1975, “los extranjeros que concurran con sus documentos de identidad vencidos a solicitar actuaciones tales como, inscripción y reconocimiento de hijos, celebración de matrimonio, solicitud de certificado de antecedentes, etc., por estar vencidos sus documentos de identidad, el extranjero se encuentra residiendo en forma ilegal en nuestro país, por tanto de acuerdo a la norma citada no puede gestionar ningún trámite en este servicio, sin que previamente regularice su residencia legal”. Hace presente que la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 6197 de 17 de febrero de 1998 exceptúo, posteriormente la aplicación de esta normativa, al requerimiento de las inscripciones de nacimiento.

De la normativa citada, resulta que los documentos que deben presentar los extranjeros para contraer matrimonio: Extranjeros, turistas o tripulantes, deben presentar pasaporte vigente, además de tarjeta de turismo (tarjeta internacional entrada salida) o solicitud de Residencia, con certificado de vigencia en que conste su estadía legal en el país. Para extranjeros con Convenio, esto es Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú sólo provenientes de Arequipa, Moquegua y Tacna, deben presentar DNI. Extranjeros con residencia de permanencia definitiva, deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente. Extranjeros con residencia temporaria, deben presentar cédula de identidad para extranjeros, si la cédula no se encuentra vigente, deberá presentar la solicitud de renovación de la visa con certificación de vigencia. Extranjero con Visa diplomática, deberá presentar pasaporte diplomático.

En cuanto a la situación identificatoria y registral de don nombre reservado, informa que revisado el Sistema de Identificación no registra cédula de identidad como extranjero, por lo que no se encuentra registrado en su sistema de identificación, sin registrar tampoco inscripción de nacimiento, matrimonio, ni se asocia a dicha persona nacimiento de hijos en Chile ni en el extranjero.

Indica que de acuerdo al propio tenor del recurso el recurrente se encuentra residiendo en forma ilegal en Chile.

A fojas 26, se trajeron los autos en relación.

Luego de la vista de la causa, se decretó como medida para mejor resolver informe de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Intendencia Metropolitana, en relación a la situación migratoria de nombre reservado.

A fojas 30 La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional informa que don nombre reservado, Dominicano, pasaporte N° RUT reservado registra denuncia a la Intendencia Regional de Arica y Parinacota por infracción al artículo N° 69 de la Ley de Extranjería, Ingreso Clandestino, mediante Informe Policial N° 2939, de 30 de octubre de 2014, del Departamento de Extranjería de Policía Internacional. Luego, el 21 de diciembre del mismo año, registra denuncia a la misma Intendencia, por infracción al artículo 82 de la Ley de Extranjería, Abandono de Firma. Por último tiene una medida de expulsión del territorio nacional, decretada mediante Resolución Afecta N° 319, de 18 de noviembre de 2014, de la Intendencia Regional Arica y Parinacota.

Manifiesta que la medida de expulsión no ha podido ser notificada, debido a que nombre reservado nunca dio cumplimiento al control de firmas al que se encontraba sujeto, del que se le informó al momento de ser denunciado su ingreso clandestino, el 30 de octubre de 2014, y el domicilio que fijó no corresponde al lugar de su residencia real.

Agrega que en el archivo nacional de viajes, nombre reservado no registra movimiento migratorio alguno.

Por último a fojas 48 el Intendente (S) de Santiago, señala que su parte no dictó ningún acto que resuelva la situación migratoria del recurrente, quien registra una orden de expulsión del país dictada por la Intendencia de Arica y Parinacota, mediante Resolución N° 319, de 18 de noviembre de 2014, respecto de la que el señor nombre reservado presentó recurso de reposición y jerárquico, los que fueron rechazados el 6 de julio y 25 de agosto del año 2015.

Cumplida la medida para mejor resolver se trajeron los autos para dictar fallo.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que la existencia del acto que motiva el recurso, no ha sido controvertido por la recurrida, y por el contrario al justificarlo en su informe, reconoce que aconteció, por lo que ha de tenerse por establecido que la recurrida se negó a celebrar el matrimonio de nombre reservado, de nacionalidad Dominicana, y de doña nombre reservado de nacionalidad Chilena.

Tercero: Enseguida, cabe analizar si dicho acto resulta arbitrario e ilegal como se sostiene en el recurso.

Cuarto: Que para resolver lo anterior ha de tenerse presente que, de acuerdo al mérito de los antecedentes agregados a estos autos, en especial, lo informado por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, así como por el Intendente (S) de Santiago, don nombre reservado de nacionalidad Dominicana ingresó clandestinamente al país en octubre del año 2014, siendo expulsado del territorio nacional por Resolución Afecta 319, de 18 de noviembre de 2014, de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, resolución que fue impugnada primero por recurso de reposición, rechazado el 6 de julio de 2015, y luego por recurso jerárquico, rechazado el 25 de agosto del mismo año. Se trata, entonces de un extranjero, cuya situación migratoria es ilegal, no encontrándose registrado en el sistema de identificación del Registro Civil Chileno, ni presentar inscripción de nacimiento, matrimonio, ni asociársele nacimientos de hijos en Chile ni en el extranjero y que se encuentra con orden de expulsión del territorio nacional pendiente.

Quinto: Que el artículo 76 del DL N° 1094 al señalar que los servicios y organismos del Estado o Municipales deben exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que estén autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato, ampara la conducta de la recurrida, puesto que tratándose de un Servicio del Estado, para realizar el acto que se le solicitaba, debía cumplir la exigencia legal antes referida, en términos que ante la situación migratoria ilegal en que se encuentra el señor nombre reservado, la negativa que motiva el recurso en examen no puede calificarse de ilegal, ni de arbitraria, desde que la normativa que rige la materia justifica tal actuación, la que no obedece al mero capricho del funcionario que intervino, sino que a los antecedentes de hecho en que se encuentra uno de los solicitantes que imponen a la recurrida la estricta observancia de la ley.

Sexto: Que el ejercicio de los derechos fundamentales que resguarda el recurso de protección, supone el respeto del ordenamiento jurídico, en este caso el respeto de las leyes migratorias del país, y no pueden servir de pretexto para su incumplimiento, como pudiere desprenderse del caso en examen, donde el extranjero en cuyo favor se recurre reconoce haber ingresado y haberse mantenido de manera ilegal en el país, para luego de haber fracasado las impugnaciones al Decreto de Expulsión que le afecta, concurre al Registro Civil a efectos de contraer matrimonio.

Séptimo: Que al no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad en la conducta denunciada, se impone el rechazo del recurso intentado, sin que resulte necesario analizar los demás supuestos del mismo.

Y visto, además, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional de fojas 4, sin costas por estar los recurrentes patrocinados por la Corporación de Asistencia Judicial.

Redacción de la Ministra señora Ravanales Regístrese y notifíquese.

N° Protección 33.932-2016 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada e integrada además por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Mendez y Abogado Integrante señor José Luis López Reitze.

En Santiago, veintitrés de junio de dos mil dieciséis, autorizo la resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.