PROTECTOR SUPERMARKET CHILE SPA con CARABINEROS DE CHILE

Santiago, once de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°.- Comparece el abogado don Matías Ignacio Ahumada Lavín, en representación convencional de Protector Security Supermarket Chile SPA, quien interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, Prefectura Oriente, Departamento de Seguridad Privada O.S.10 y en contra del Prefecto Coronel de Carabineros de Chile, don nombre reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución N°30, de fecha 9 de abril de 2018, notificada el día 13 del mismo mes y año, que rechaza su solicitud de autorización de funcionamiento para desarrollar actividades como empresa de recursos humanos, estimando que el mismo vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 15, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República .

Señala que con fecha 24 de enero de 2018 solicitó autorización para iniciar actividades de seguridad privada en el área de recursos humanos, disponiendo de la documentación requerida y cumpliendo la totalidad de los requisitos normativos exigidos. La prefectura objetó ciertos documentos, tales como el rol único tributario empresa digital; iniciación de actividades; carpeta tributaria y correo corporativo.

La resolución impugnada realiza observaciones de forma y fondo, a saber a) que la carta solicitud debe señalar expresamente si se trata de iniciación, renovación o ampliación; b) que se debe presentar certificado de informes comerciales de los socios y de la empresa (original y vigente) emitido por el Boletín Comercial u otra entidad que permita verificación; c) el contrato de arrendamiento de la oficina debe ser suscrito por la empresa Protector Supermarket Chile S.P.A., en consideración a que los mismos socios han constituido 6 empresas con nombres similares, pero en domicilios distintos, d) a la empresa de similar nombre e idénticos socios, le fue revocada la solicitud en el mes de diciembre de 2017 por 177 infracciones durante 2016 y 261 el 2017, lo que motivó que la empresa interpusiera los recursos respectivos; e) los socios han seguido prestando servicios, infraccionados hasta febrero de 2018 con 15 requerimientos por 33 contravenciones a la normativa vigente lo que refleja un alto nivel de incumplimiento y pérdida de idoneidad. Consta en consulta pública de multas de la Dirección del Trabajo un total de 345 infracciones en 3 años (2015 a 2018) y 26 sentencias condenatorias por demandas laborales.

Alega el recurrente la decisión le parece inconsistente y, por ende, injusta, toda vez que, no resulta razonable que se haga alusión a si se trata de iniciar la solicitud, pues lo indica en forma clara. La recurrida pasa por alto que acompañó certificado de antecedentes comerciales de socios y empresa, informe de Equifax que permite verificación en línea. Por otra parte, en cuanto a que el contrato de arrendamiento debe ser suscrito por el solicitante, verifica el correcto cumplimiento del requisito, pese al error en la razón social, pues el rol único tributario la identifica.

Expone que la negativa se basa en una legislación que dejó de tener validez y aunque en principio el número de infracciones puede parecer abultado, lo cierto es que debió tenerse solo en consideración las efectivamente sancionadas por sentencia firme y ejecutoriada, las que alcanzan a 16.

Agrega que la recurrida ha considerado la mera denuncia o constancia de la entidad fiscalizadora, lo que no constituye por sí sola la infracción.

Indica que la resolución impugnada no explica cuál es el número de infracciones que considera necesarias para adoptar la desproporcionada decisión reclamada.

La recurrida debió explicar qué parámetros objetivos utilizó para cuantificar y cualificar la gravedad de los hechos, lo que no ocurrió, violentando así el inciso 2° del artículo 11 de la Ley N° 19.880, atentando contra el principio de proscripción o interdicción de la arbitrariedad o igualdad ante la ley. Así, al no resultar efectivos los incumplimientos aludidos en el acto, este adolece de manifiesta ilegalidad que afecta su validez.

Por otra parte, hace presente que otras tres empresas con mayor cantidad de faltas durante el año 2016, a la fecha se encuentran funcionando con autorización, lo que demuestra la arbitrariedad de la medida.

Aclara que nuestra Carta Fundamental en su artículo 19 N° 15 consagra el derecho de asociación en forma absoluta y el artículo 2053 del Código Civil, por su parte, señala que la sociedad forma una persona distinta de los socios individualmente considerados. Las personas jurídicas tienen personalidad propia independiente de la individual de las personas que la componen.

En relación a la garantía de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación arbitraria, reitera que otras empresas del rubro, teniendo mayor número de infracciones, se mantienen en funcionamiento sin reparo, incluso, como informaron los medios el año 2017, expuestas a la muerte de trabajadores al interior de sus instalaciones.

Respecto al derecho a la libertad de empresa, la resolución en la práctica imposibilita a ésta desarrollar una actividad económica lícita, a pesar de cumplir con la regulación legal.

Una tercera garantía afectada es el derecho a un tratamiento igualitario en materia económica, ya que en la especie no existen motivos reales o parámetros objetivos que justifiquen la decisión.

Por último, invoca la garantía del derecho de propiedad, pues injustamente se amenaza y priva de obtener legítimas ganancias económicas.

Finaliza solicitando que el recurso sea acogido, adoptándose las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho, se deje sin efecto la resolución cuestionada ordenando se acoja la solicitud de autorización de funcionamiento para desarrollar actividades como empresa de recursos humanos inherentes a la seguridad privada o, en subsidio, se deje sin efecto la mencionada resolución autorizando la solicitud de funcionamiento en los términos referidos, con costas.

2°.- Que informando la Prefectura de Seguridad Privada O.S.10 de Carabineros de Chile, sostiene que la resolución de que se trata está debidamente fundamentada en los hechos y en el derecho, que permitieron llegar a la convicción de que los socios perdieron la idoneidad necesaria para desempeñarse correctamente en la materia.

Indica que el motivo del rechazo se compone de observaciones de forma y de fondo.

En la forma, se observó que el certificado de antecedentes comerciales debía ser de la totalidad de los socios y con vigencia, que en el contrato de arrendamiento de la oficina debe constar que es para el desempeño de la empresa y no otro.

En cuanto a las observaciones de fondo, señala que la empresa recurrente fue constituida por los socios nombre reservado y nombre reservado, con el objeto de prestar servicios en materia de seguridad privada. Ellos habían constituido previamente otra empresa que fue revocada en virtud de un proceso de fiscalización y control, constatando que los años 2016 y 2017 se le notificaron respectivamente 177 y 261 requerimientos por infracciones, lo que refleja un elevado nivel de incumplimiento de la normativa. Asimismo, tuvo a la vista el oficio del Segundo Juzgado de Policía Local que solicita considerar que la recurrente no fue habida para notificar y requerir de pago por multa originada en sentencia condenatoria de 5 de junio de 2017 en causa Rol N°2926-17/EV y en el mismo sentido el Juzgado de Policía Local de Rengo informa que la empresa mantiene causas pendientes a las que no ha comparecido. La revocación se hizo mediante Resolución N°84, la que fue impugnada mediante recurso de reposición y jerárquico en subsidio, siendo rechazado el primero y respecto del segundo, mediante resolución exenta N°24, de 21.02.18, se puso término a su conocimiento, en atención a lo dispuesto en el inciso final del artículo 54 de la Ley N°19.880, toda vez que se interpuso un recurso de protección, causa Rol N°7558-2018, que fue rechazado por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones, con fecha 24.04.18, y confirmado por la Corte Suprema, el 24.05.18.

Expone que las infracciones que permiten afirmar que no poseen idoneidad para conducir labores de seguridad privada, entre otras, es mantener trabajadores sin curso de formación, sin contrato, incumplimiento de obligación de contratar seguro de vida en favor de los guardias, desempeño de éstos sin tarjeta de identificación, sin haber presentado directiva de funcionamiento, no dar cumplimiento a la directiva aprobada por la autoridad fiscalizadora.

Indica que existen infracciones ejecutoriadas y sentencias condenatorias por vulneración a normas del Código del Trabajo, advirtiéndose un total de 345 infracciones y 26 sentencias condenatorias.

En cuanto a la derogación del artículo 6 del DS N°93, por medio del DS N°867, publicado el 17.03.18, que entrará a regir el 18.09.18, indica que el artículo 11 contempla la misma facultad que consagraba aquélla, lo que demuestra cuál es el espíritu del legislador, el acreditar ante el organismo fiscalizador la idoneidad cívica, moral y profesional del personal. Al respecto, existe jurisprudencia que ha resuelto que esta es una exigencia que pesa sobre las personas que desarrollen actividades del rubro establecido en el artículo 5 bis del DL N°3607, las que deben demostrarse ante las autoridades fiscalizadoras que están facultadas para recabar antecedentes pertinentes y calificar dicha idoneidad.

Indica que con su actuar solo ha pretendido cumplir su misión, rechazando una solicitud de personas que han demostrado negligencia inexcusable en la conducción de una empresa de seguridad privada, que vulneró los derechos fundamentales de sus trabajadores y los bienes jurídicos que protegen las normas del ramo. En consecuencia, existe una aplicación racional de la potestad fiscalizadora, por lo que solicita el total rechazo del recurso.

3°.- Que para la procedencia del recurso de protección se requiere, como requisito esencial, que quien lo intente justifique la existencia de un derecho constitucionalmente protegido; la perturbación o privación del legítimo ejercicio de éste. Es indispensable establecer que el derecho que se invoca como vulnerado sea indubitado, esto es, claro en su origen y ejercicio, de modo que su interrupción constituya una perturbación o privación ilegítima que permita a la jurisdicción adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer el imperio del mismo.

4º.- Que en lo que se refiere al no otorgamiento de la autorización para iniciar actividades de seguridad privada en el área de recursos humanos en que habría incurrido Carabineros de Chile, cabe señalar que ésta no constituye una conducta arbitraria o ilegal, desde que tal acto administrativo se basa en el incumplimiento, por parte de la recurrente, de los requisitos exigidos por el Decreto Ley N°3.607, por cuyo cumplimiento ha de velar la entidad fiscalizadora.

Cabe tener presente que la recurrida ha solicitado a quienes pretenden se les otorgue la autorización para actividades de seguridad privada, que acompañen certificado de antecedentes comerciales de la totalidad de los socios, con vigencia y el contrato de arrendamiento respectivo con constancia que es para el desempeño de la empresa, requisitos con los que no se ha cumplido por parte de la recurrente. Además, Carabineros de Chile ha de velar por la idoneidad de sus socios, en cuanto a su comportamiento anterior. Al efecto cabe recordar simplemente las múltiples infracciones cometidas por las sociedades de las que han formado parte los mismos socios que hoy pretenden una nueva autorización.

De tal modo, la decisión de la autoridad administrativa se adoptó de conformidad a la normativa legal vigente, esto es, en el Decreto Ley 3.607, en relación con el Decreto N° 867 del Ministerio del Interior, de fecha 17 de marzo del año en curso, el que reitera lo expresado en el artículo 6 del Decreto 93, disposición cuya derogación ha invocado la recurrente.

5°.- Que ha de tenerse presente que el artículo undécimo del Decreto N° 867, ya citado, en su inciso final señala: “se faculta a la Autoridad Fiscalizadora en materia de Seguridad Privada, para requerir a las empresas de seguridad, cualquier otro antecedente que le permita formarse convicción acerca de la idoneidad cívica, moral y profesional de la persona jurídica que solicita su acreditación, la de sus socios y sus representantes legales,”

Que de lo dicho aparece que la autoridad administrativa está facultada para exigir todo tipo de antecedentes que le permitan formar convicción acerca de la entidad que pretende la autorización de que se trata, no pudiendo de este modo vulnerar garantía constitucional alguna, en cumplimiento de su deber.

6°.- Que, por otra parte, la recurrente, no ha podido sustraerse al cumplimiento de los requisitos que la ley exige para la autorización pretendida, en los términos del artículo 8° del Código Civil.

7°.- Que por último, no ha existido arbitrariedad alguna, susceptible de ser enmendada por esta vía, no resultando válida ni suficiente la alegación de la recurrente en el sentido de existir otras empresas infractoras que actualmente se encuentran autorizadas para ejercer la actividad económica respectiva, pues el análisis corresponde a cualquier entidad individualmente considerada.

8°.- Que, así las cosas, necesario será desestimar el recurso de que se trata.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Matías Ignacio Ahumada Lavín, en representación de Protector Security Supermarket Chile SPA, en contra de Carabineros de Chile, Prefectura Oriente, Departamento de Seguridad Privada O.S.10 y en contra del Prefecto Coronel de Carabineros de Chile don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Gloria Solís R.

N°Protección-33.692-2018.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Paola Plaza González, conformada por la Ministro señora Gloria Solís Romero y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.