Protección contra Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de julio de dos mil dieciocho.

Vistos y considerando:

Primero: Que, con fecha 12 de mayo del actual, comparece don Rodrigo Gallardo Garafulic, abogado, en representación de SYNTHON CHILE LTDA., sociedad del giro de su denominación, y recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Ordinaria N°353, de fecha 28 de marzo del presente año, por el cual se rechaza su recurso de reconsideración administrativa en contra de la multa N°1284/18/01, por extemporánea, con lo cual se vulneraría las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrida cursó a su representada la referida multa a través la Resolución precitada, la que le fue notificada mediante correo certificado con fecha 07 de febrero de 2018, presentando su parte un recurso de reconsideración administrativa el día 09 de marzo del presente, recurso al cual no se dio curso por entender que no se presentó en el plazo de 30 días corridos contados desde su notificación.

Reclama que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; ello por cuanto en artículo 1° de la Ley N°19.880 establece que aquella se aplicará supletoriamente en aquellas materias en las cuales el legislador haya guardado silencio o no hay regulado lo correspondiente, y al no existir una norma expresa en el referido código debe aplicarse el artículo 25 de la Ley 19.880, que se refiere al cómputo de plazos en procedimientos administrativos.

Alega que el acto que se impugna afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, pues los ciudadanos que se enfrenten a la Inspección del Trabajo contarán con un menor tiempo para formular sus alegaciones y defensas, frente a otros particulares que dirijan sus reclamaciones ante un organismo público sancionador distinto, y también conculca su derecho de propiedad, pues se le está privando de derechos, acciones y recursos que el legislador le ha otorgado para la defensa de sus intereses.

Pide en definitiva que se ordene a la recurrida conocer y resolver acerca de la reconsideración administrativa de la multa ya referida, decretando la suspensión del procedimiento en el intertanto, con costas.

Segundo : Que, informando la recurrida, solicita el rechazo del recurso, alegando el no haberse cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna en la resolución reclamada, puesto que el recurso de reconsideración administrativa se interpuso fuera del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la multa.

Refiere que la citada multa le fue comunicada a la actora mediante carta certificada ingresada a la Oficina de Correos de Chile el 30 de enero en curso, por lo que, atendido lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, ha de entendérsele notificada el 06 de febrero del actual.

Agrega que la recurrente interpuso su recurso de reconsideración el día 09 de marzo de 2018, estos es, fuera del plazo de 30 días corridos que corresponde aplicar según la doctrina de la Dirección del Trabajo, en concordancia a los Dictámenes emitidos al efecto por la Contraloría General de la República.

Señala que el artículo 512 del Código del Trabajo no establece si el plazo de 30 días al que se refiere, es de días hábiles o corridos, y analizando otras normas contenidas en dicho cuerpo legal fluye que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil.

Agrega que, atendido que el aserto precedente, que da cuenta de la correcta interpretación sistemática de la norma, permite establecer que no existe un vacío en la ley para que resulte aplicable en la especie el artículo 25 de la Ley N°19.880, norma que incluso resulta aplicable a los plazos establecidos en dicha ley y no en los contemplados en otros cuerpos legales.

Indica que dicho criterio ha sido el que ha adoptado tanto la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República a través de distintos dictámenes, siendo estos últimos vinculantes para la institución recurrida de conformidad a los artículos 5 y 9 de la Ley N°10.366.

Agrega a ello, que ha actuado con estricto apego al principio de legalidad o juridicidad consagrados en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución; por lo que el arbitrio constitucional interpuesto carece de todo sustento jurídico, al no ser ilegal, y carecer de cualquier grado de arbitrariedad puesto que ha sido racional y suficientemente motivado, tanto en las normas legales concurrentes, como en los lineamientos de la Dirección del Trabajo y Contraloría General de la República.

En lo concerniente a la garantía del numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sostiene que no ha efectuado una distinción arbitraria entre la recurrente y los demás administrados, puesto que resuelve con el mismo criterio las solicitudes de reconsideración que se le presentan, sin aplicar parámetros subjetivos, particulares o caprichoso; y en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad o dominio de la actora, aquel no se provoca con la declaración de inadmisibilidad reclamada, sino que se produce por las infracciones a la legislación laboral constatadas por el fiscalizador.

Pide en definitiva el rechazo del recurso, y en su caso, se le exima de las costas del recurso.

Tercero: Que, como se ha dicho reiteradamente por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Cuarto: Que por la presente acción cautelar la parte recurrente reclama de la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Ordinaria N°353, de fecha 28 de marzo del presente año, por el cual se rechaza su recurso de reconsideración administrativa en contra de la multa N°1284/18/01, por extemporáneo.

Quinto: Que el lapso de treinta días fijado por el artículo 512 del Código del Trabajo para interponer la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la entidad recurrida, sino de días hábiles, y se entienden inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

En efecto, se trata de un recurso entablado en la etapa administrativa, de suerte que por no mediar norma expresa que ordene lo contrario en dicha recopilación, recibe aplicación supletoria el artículo 25 de la ley N° 19.880 de 2003, que determina el cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, y prescribe que éstos son de días hábiles, y aclara que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que al existir una modalidad de contabilidad de los términos “especial”, como aquella contenida en la ley N° 19.880 respecto de los procedimientos administrativos, ésta prima por sobre la regla común comprendida en el Código Civil.

Sexto: Que es un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue promovido el día 9 de marzo último y por lo tanto el mismo se formuló dentro del período aludido en la reflexión precedente, desde que la resolución impugnada se notificó a la sociedad recurrente el día 6 de febrero dl año en curso.

Séptimo: Que, en consecuencia, la resolucón del órgano recurrido constituye un acto ilegal porque se negó a admitir a tramitación un recurso instaurado dentro de plazo legal, y así afectó la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental, por cuanto, al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión, ha dado un trato discriminatorio que resulta inaceptable.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección formalizado por Synthon Chile Ltda. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Norte Chacabuco, y, por consiguiente, se deja sin efecto el Ordinario N° 353, de 28 de marzo de 2018, debiendo el instituto recurrido someter a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la compañía recurrente contra la Resolución de Multa N° 1284/18/01.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-33638-2018.