nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS VIII DIRECCION REGIONAL

Santiago, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, Director del Servicio de Impuestos Internos, sosteniendo que éste, en su calidad de tal, dictó el acto que reprocha, el Oficio Ord. N°646, de 9 de abril de 2018, que rechazó su petición de que se declarara la prescripción extintiva de la sanción administrativa consistente en la suspensión de su empleo por tres meses con goce del 50% de sus remuneraciones.

Indica que fue funcionario del SII entre el 2 de mayo de 2007 y el 19 de diciembre de 2014, en distintas calidades y que el 12 de junio de 2014 el Subdirector de Contraloría Interna del SII ordenó instruir un sumario en su contra por acoso laboral.

Es así como el 2 de abril de 2015 se dictó resolución donde se le sancionó con la suspensión del empleo por tres meses con goce del 50% de sus remuneraciones.

Manifiesta que el 13 de marzo de 2018 efectuó presentación ante dicho organismo pidiendo, en lo principal, que se declarare la prescripción de dicha sanción, pues en la práctica nunca llegó a producir sus efectos debido a que en diciembre de 2014 había renunciado al SII; y en el otrosí, la eliminación de la anotación en su hoja de vida funcionaria.

Alega que han transcurrido más de tres años desde que la sanción le fue notificada.

Expresa que no existe norma especial alguna que regule esta materia en el Estatuto Administrativo, motivo por el cual estima que se aplica supletoriamente el Código Penal, que consagra una prescripción de 6 meses en el caso de las faltas conforme a sus artículos 94 y 97.

Refiere como vulneradas las garantías de los N°2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja el recurso y se declare la prescripción extintiva de la sanción administrativa que le fuere impuesta o se adopten las medidas que se determinen necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Informa por la recurrida doña nombre reservado, Jefa del Departamento de Defensa Judicial del SII, pidiendo el rechazo del recurso.

Alega inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar y de afectación de las garantías constitucionales del recurrente.

Indica que para rechazar la solicitud de prescripción su parte sostuvo que “en este caso la sanción administrativa se aplicó para los efectos previstos en el artículo 147 inciso final del Estatuto Administrativo, ya que la desvinculación del solicitante como funcionario del Servicio de Impuestos Internos, se produjo por su renuncia voluntaria al cargo que servía, con fecha 19.12.2014, como lo señala en su presentación. No se trata, en consecuencia, de un caso de prescripción de la sanción, que supone un estado de inactividad por determinado lapso en que no se ejercen las acciones necesarias para su ejecución. En efecto, la resolución que impuso la sanción y su correspondiente toma de razón por la Contraloría General de la República se notificaron al Sr. nombre reservado, produciéndose su efecto legal y cumplimiento a partir de esa fecha. De este modo, la real pretensión del solicitante es obtener que la anotación en la hoja de vida funcionaria que aquella sanción produjo, y que es precisamente la consecuencia y efecto de su cumplimiento, sea eliminada o cancelada del mencionado registro.”

Expresa que atendido que la sanción se le impuso para los efectos de lo previsto en el inciso final del artículo 147 citado, esto es, mediante el registro de la sanción en la hoja de vida del funcionario, la sanción impuesta se cumplió, siendo improcedente por lo tanto la declaración de prescripción solicitada.

Agrega que por su parte el artículo 157 del Estatuto Administrativo, que establece las causales por las cuales se extingue la responsabilidad administrativa del funcionario, indica en su letra b) por haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 147.

Cita dictámenes de la Contraloría General de la República que se ha pronunciado de la forma en que ese servicio resolvió.

Se refiere a continuación a la supuesta vulneración a lo dispuesto por la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada.

Sobre el particular, manifiesta en primer lugar que aquella normativa tiene por finalidad resguardar la garantía constitucional consagrada en el numeral 4° del artículo 19, que no ha sido invocada como infringida por el recurrente.

Además, señala que si bien es cierto el artículo 6° de la mencionada ley permite la eliminación o cancelación de datos de carácter personal, no puede olvidar el peticionario lo que expresa el artículo 15° de dicho cuerpo legal, el que indica expresamente en su inciso segundo que no es posible solicitarla respecto de datos personales almacenados por mandato legal; y de acuerdo a los artículos 122, 123 y 124 del Estatuto Administrativo, la superioridad de ese servicio tiene la obligación de dejar constancia de la aplicación de las medidas disciplinarias de censura, multa y suspensión del empleo en la hoja de vida del funcionario, por lo que nos encontraríamos frente a un caso de almacenamiento de datos por expreso mandato legal, por lo que no procede dicha cancelación o eliminación solicitadas.

Finalmente, manifiesta que el recurrente ha deducido reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República en contra del mismo acto, en base a los mismos antecedentes de hecho y de derecho expuestos en la presente acción, solicitando que sea rechazada por carecer de todo fundamento.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, tal como se indica en la parte expositiva de esta sentencia, don nombre reservado deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, Director del Servicio de Impuestos Internos, sosteniendo que éste, en su calidad de tal, dictó el acto que reprocha, el Oficio Ord. N°646, de 9 de abril de 2018, que rechazó su petición de que se declarara la prescripción extintiva de la sanción administrativa consistente en la suspensión de su empleo por tres meses con goce del 50% de sus remuneraciones, estimando que tal actuación sería ilegal y arbitraria y vulneraría sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en el informe respectivo se solicitó el rechazo del recurso, argumentando dos razones esenciales:

(1) Lo dispuesto en el inciso final del artículo 147 del Estatuto Administrativo, que ordena continuar con el procedimiento disciplinario que estuviere incoándose cuando cesare en sus funciones el funcionario público hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine, que es precisamente lo que habría ocurrido en el presente caso.

(2) Lo señalado en el artículo 15 inciso segundo de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, conforme al cual no es posible solicitar la cancelación o eliminación respecto de datos personales almacenados por mandato legal; y de acuerdo a los artículos 122, 123 y 124 del Estatuto Administrativo, este es el caso pues dichas normas ordenan registrar el la hoja de vida del funcionario la suspensión del empleo.

TERCERO: Que, como puede deducirse de lo dicho la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con el acto que se considera arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo a la petición del recurrente para que se declarara la prescripción extintiva de la sanción administrativa que le fuere aplicada por el SII, consistente en la suspensión de su empleo por tres meses con goce del 50% de sus remuneraciones, estimando que tal actuación sería ilegal y arbitraria y vulneraría sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nos. 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; esto es, requisito indispensable de la acción cautelar de protección lo constituye (1) la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y (2) que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un (3) derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una (4) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que (5) exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear su presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

QUINTO: Que, en atención al conflicto concreto que se ha sintetizado en el considerando tercero, corresponde examinar si acaso resulta admisible el recurso por cumplir los requisitos antes anotados, a los que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales ha añadido uno relativo al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, debe tenerse presente que la petición que se efectúa en este recurso de protección nos aleja sustancialmente de aquellas pretensiones propias de una acción cautelar, de carácter constitucional, como es la que nos ocupa, puesto que se solicita una declaración y ello nos conduce de manera obvia al reconocimiento de que no estamos frente a un derecho indubitado, del cual se haya gozado de manera previa y que de manera ilegal y/o arbitraria se le prive, perturbe o amenace.

SÉPTIMO: Que, asimismo, no resulta inocuo que contra la misma respuesta formulada por el SII, el recurrente haya reclamado en base a los mismos fundamentos de hecho y de derecho ante la Contraloría General de la República.

OCTAVO: Que, sin perjuicio que las razones anteriores ya serían suficientes para rechazar el presente recurso, debe añadirse que en la especie no se trata de un asunto de prescripción, como lo alega el actor, sino que el Director del SII solamente está dando aplicación a lo que el artículo 147 inciso segundo del Estatuto Administrativo dispone:

“Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine.”

En conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de don nombre reservado, Director del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Decap.

N°Protección-33630-2018 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames, conformada por la Ministra suplente señora Ana María Hernández Medina y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.