nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
- Fecha
- 31 de diciembre de 2025
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 3363-2025, sentencia de 31 de diciembre de 2025
Resumen
Se acoge la protección y se deja sin efecto la resolución de la SUSESO que limitó el pago de licencias médicas al mínimo imponible, por carecer de fundamentación suficiente sobre la insuficiencia documental y la solvencia del empleador.
Texto íntegro
Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.
Vistos:
nombre reservado, no indica profesión ni oficio, domiciliado en domicilio reservado(sic), comuna de Peñalolén, quien mediante un formulario interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en razón de haber incurrido en un acción ilegal y arbitraria, al no pagar de forma íntegra ocho licencias médicas.
Expresa que estuvo internado en un centro de rehabilitación de adicciones y que en su oportunidad se emitieron doce licencias médicas por 20 días cada una, siendo pagadas cuatro de ellas por aproximadamente $1.130.000, y las restantes ocho licencias médicas por un monto inferior.
Finalmente sostiene que lo anterior afecta su derecho a la vida y la integridad física y psíquica, por lo que solicita se ordene el pago íntegro de las referidas licencias médicas.
Informa al tenor del recurso la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), alegando la extemporaneidad de la acción constitucional por cuanto el actor tenía conocimiento desde el 19 de julio de 2024 del pronunciamiento de la COMPIN, que autorizó sin derecho a subsidio las licencias médicas continuas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, otorgadas por un total de 150 días, a partir del 15 de febrero hasta el 13 de julio de 2024, por la causal datos erróneos del empleador, en circunstancias que la acción recién se ejerce el 24 de febrero pasado.
En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección frente a hechos que dicen relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
En cuanto al fondo expresa que la COMPIN realizó una fiscalización el 30 de octubre de 2024 en el domicilio laboral del empleador del interesado, donde se acredita el funcionamiento de la empresa “nombre reservado”, pero no se logra justificar el aumento de sueldo del señor nombre reservado y al no probarse la existencia de huellas laborales claras y concretas que den cuenta de las funciones que realiza el reclamante para el referido empleador, la COMPIN propone el pago de subsidios por el mínimo legal imponible. Aduce que la SUSESO pese a lo informado por la COMPIN no arriba a la convicción de pagar los subsidios reclamados por el mínimo legal imponible, razón por lo cual mediante la Resolución Exenta N°R-01-UJU-191195-2024, de 10 de diciembre de 2024 ordena a la COMPIN efectuar una fiscalización tendiente a determinar la vigencia del vínculo laboral entre el trabajador y su empleador, y en caso de que el resultado de esas diligencias sea favorable, deberá proceder al pago del subsidio reclamado.
Indica mediante oficio N°2189 de 31 de diciembre de 2024 la COMPIN considera que con la información recabada en el proceso de fiscalización realizado el 30 de octubre de 2024 no se justifica realizar una segunda fiscalización y de esta forma al encontrarse las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, todas pagadas según el “Maestro Pago Subsidio de FONASA” (sic) con fecha 20 de diciembre de 2024, mediante la Resolución Exenta N°R-01-UJU-12261-2025 de 29 de enero del año en curso, la Superintendencia estima resuelta la pretensión del interesado, rechazando su reclamo.
Finalmente niega la existencia de vulneración alguna a garantías fundamentales por cuanto la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.
Se requirió informe a FONASA, quien esgrime que no le corresponde intervenir en la tramitación ni autorización de las licencias médicas, correspondiéndole aquello a la COMPIN, limitándose a disponer de los recursos financieros para el pago de las licencias médicas, una vez que éstas han sido aprobadas.
También informó la COMPIN, señalando que en su oportunidad autorizó las licencias médicas RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, otorgadas por un total de 150 días, pero sin derecho a subsidio por la causal datos erróneos del empleador.
Indica que, a solicitud de la SUSESO, efectuó una fiscalización en el lugar que se señala como domicilio laboral, para determinar la vigencia del mismo vínculo laboral, que se realizó el 30 de octubre de 2024, confirmándose el vínculo laboral, pero se recalculó el subsidio, por la renta mínima legal imponible.
Finalmente sostiene que revisando el sistema informático de la COMPIN se vislumbra que las licencias reclamadas por el recurrente se encuentran todas pagadas con fecha 20 de diciembre de 2024, por lo que, incluso, la SUSESO rechazó el reclamo presentado por el señor nombre reservado de 19 de julio de 2024, ya que su pretensión ya había sido resuelta.
Posteriormente esta Corte ofició a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión de la Región Metropolitana y a la Superintendencia de Seguridad Social con el objeto que informen las razones por las cuales fueron pagadas las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado por un monto inferior y se indique si las licencias médicas N°18779145, 19038220 y 19324871 fueron pagadas, su monto y en su caso, los motivos por los cuales no habrían sido pagadas al recurrente de autos.
La SUSESO dando cumplimiento a lo ordenado por esta Sala señala en relación a las licencia médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado lo mismo indicado previamente, esto es, que de los antecedentes aportados no se logra justificar el aumento de sueldo del actor, pero se encuentran pagadas.
Posteriormente en atención a las licencias médicas N°18779145, 19038220 y 19324871 indica que la SUSESO no emitió pronunciamiento respecto de aquellas porque no se recibió por parte del usuario reclamo alguno al respecto.
Por su parte la COMPIN en relación con lo requerido por esta Corte, expresa que el actor nunca logró acreditar la solvencia de su empleador y conforme a la fiscalización se puedo probar la existencia de la empresa, sin embargo, no hay claridad sobre el aumento de sueldo del trabajador, el que solo se ve reflejado en las licencias médicas y añade que no existen huellas laborales clareas y/o concretas que den cuenta de las funciones del trabajador.
De esta forma esgrime sobre las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado que para el cálculo del subsidio se consideró el mínimo imponible al no existir huella laboral ni ingresos ni solvencia a través de los formularios 22 y 29 del Servicio de Impuestos Internos, que permitan solventar el alto sueldo del actor.
En lo que respecta a las licencias médicas N°18779145, 19038220 y 19324871 indica que están pagadas bajo las mismas circunstancias anteriormente expresadas.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
Primero: Que el recurso de protección constituye una acción constitucional cautelar de urgencia consagrada para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona que sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del artículo 19, números 1º; 2º; 3º inciso quinto; 4º; 5º; 6º; 9º inciso final; 11º; 12º; 13º; 15º; 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto; 19º; 21º; 22º; 23º; 24°, y 25º del precitado texto fundamental.
Como primera cuestión, deberá desestimarse la alegación de la recurrida en cuanto a la improcedencia de la acción, toda vez que los derechos citados como vulnerados por el recurrente, se encuentran dentro de aquellos protegidos por esta acción constitucional.
Segundo: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, cabe señalar que la presente acción se ha deducido en contra de Resolución Exenta N° R-01-UJU-12261-2025 del 29 de enero de 2025, por lo que al haberse deducido el presente recurso el 24 de febrero del mismo año, la alegación de extemporaneidad será rechazada.
Tercero: Que, en la especie, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.
Cuarto: Que la COMPIN a requerimiento de la SUCESO, realizó una fiscalización en el domicilio laboral del empleador del interesado, donde se acredita el funcionamiento de la empresa “nombre reservado”, señalando que no se justificó el aumento de sueldo del recurrente y no se probó la existencia de huellas laborales claras y concretas que den cuenta de las funciones que realiza el reclamante para el referido empleador.
Para el cálculo del subsidio se consideró el mínimo imponible al no existir huella laboral ni ingresos ni solvencia a través de los formularios 22 y 29 del Servicio de Impuestos Internos, que permitan solventar el alto sueldo del actor.
De esta manera, se pagaron los subsidios de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y 185205, por el mínimo legal imponible.
Quinto: Que, sin embargo, la falta de solvencia de la empresa empleadora o de huella laboral, no se constituye como una causal autorizada para denegar el pago de las licencias médicas materia de autos, lo que implica, desde ya, una fundamentación errada.
En efecto, dicho pronunciamiento no da cuenta de emanar de un procedimiento de fiscalización realizado por autoridad competente y omite hacerse cargo en forma detallada de los documentos entregados por el interesado y empleador, tales como el contrato de trabajo, las liquidaciones de remuneraciones, los certificados de cotizaciones y, tampoco, indica cuáles serían las razones de la insuficiencia de dicha documentación.
Sexto: Que debe recordarse que todo organismo de la Administración del Estado tiene el deber de fundamentar sus decisiones al tenor de lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 obligación que la recurrida no ha cumplido, lo que torna su decisión en arbitraria e ilegal.
Por otro lado, si la recurrida estima que detrás de la actuación del actor o de su empleadora hay una conducta ilícita o de falsedad, debe efectuar las denuncias respectivas para su investigación mediante los mecanismos que contempla la ley, y no negar el pago del subsidio correspondiente.
Séptimo: Que, finalmente, la conducta arbitraria e ilegal de la recurrida amaga su derecho de propiedad garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al no haber recibido el pago completo de los subsidios por reposo médico autorizado, derecho que deberá ser restablecido por esta vía proteccional mediante las medidas que se adoptarán, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.
Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales; se acoge el recurso interpuesto por nombre reservado y se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UJU-12261-2025 del 29 de enero de 2025 dictada por la Superintendencia de Seguridad Social y, en su lugar se decreta que dicha entidad deberá disponer el pago completo de las licencias médicas cuyo pago se limitó al mínimo legal imponible.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
N°3363-2025 Protección.
Pronunciada por la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada con los ministros Miguel Vásquez Plaza, Claudia Lazen Manzur y abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz.