RESTAURANT COCO S.A. con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, nueve de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS, TENIENDO PRESENTE Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que nombre reservado, en representación de Restaurant Coco S.A., sociedad anónima del giro de su denominación, deduce recurso de protección en contra, de la Dirección del Trabajo y de la Tesorería General de la República, por los actos ilegales y arbitrarios consistentes, por parte de la Dirección, en registrar e informar como morosa a su respecto una multa que no se encontraba ejecutoriada, publicándola en Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, y por la Tesorería, por registrar como deuda morosa la misma multa y apremiar a la empresa para su pago, bajo apercibimiento de decretar apremios como embargos y otras medidas. Indica que los actos recurridos vulneran sus derechos a no ser juzgado por comisiones especiales, a la honra, a desarrollar cualquier actividad económica y la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, establecidos respectivamente en los artículos 19 N.º 3 inciso quinto, 19 N.º 4, 19 N.º 21 y 19 N.º 22 de la Constitución Política de la República.

Señala la recurrente que el día 21 de agosto de 2017 se le notificó de la multa N.º 7424/17/21 cursada por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, que aplicaba tres sanciones monetarias respecto de los siguientes hechos constatados: 1. No remunerar el exceso sobre media hora de interrupción de la jornada diaria, por el valor de 40 UTM equivalentes a $1.871.480; 2. No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización, por el valor de 15 IMM equivalentes a $2.612.490; 3. No remitir copia de reglamento interno de orden higiene y seguridad a la Dirección del Trabajo, por el valor de 30 UTM equivalente a $ 1.403.610.

Agrega que, en virtud de lo anterior, y por considerar que las referidas multas no se ajustaban a la ley y que se fundaban en evidentes errores, la empresa recurrente interpuso una reclamación judicial en contra de éstas y otras multas, la que fue tramitada ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago bajo el Rit I-420-2017.

Indica que en dicho proceso se dictó sentencia definitiva con fecha 22 de febrero de 2018, la que acogió parcialmente la reclamación interpuesta, rebajando en 40% y 50% las multas de los números 1 y 3 respectivamente, y que, contra dicha sentencia, recurrió oportunamente de nulidad, con fecha 7 de marzo de 2018, ingresada bajo el rol 690-2018 de Reforma Laboral en esta Corte.

Expresa que, encontrándose aún pendiente de resolución definitiva, la recurrente tomó conocimiento con fecha 19 de abril de 2018 de que las multas N.º 7424/17/21 habían sido informadas por la Dirección del Trabajo al Boletín Laboral por un monto total de RUT reservado, al parecer, desde el mes de octubre de 2017, y que al revisar la consulta de multas de la recurrida Dirección del Trabajo se percató de que la resolución antes señalada aparecía como ejecutoriada desde el 18 de septiembre de 2017. Agrega que, además, la supuesta deuda se encuentra registrada como morosa por la Tesorería General de la República por su monto total más reajustes, sin considerar la rebaja decretada por el indicado Juzgado de Letras del Trabajo, apremiando a la recurrente a pagarla, bajo apercibimiento de embargo y otras medidas.

Manifiesta que tales medidas son del todo contrarias a derecho y arbitrarias, por cuanto registran e informan una multa que no se encuentra ejecutoriada, por montos que no se corresponden a lo determinado judicialmente, además de apercibir a la recurrente a pagar bajo apercibimiento de las medidas antes referidas, sin ser legalmente exigible.

Hace presente que la empresa Equifax emite un informe que contiene los antecedentes comerciales de las empresas, la información de morosidades e impagos que incluye un predictor con puntajes, y que, con la publicación referida tuvo una baja de 1000 a 0 puntos.

Conforme a lo anterior, refiere que esta medida contravendría la garantía a no ser juzgado por comisiones especiales; el derecho a su honra; derecho a desarrollar cualquier actividad económica y su derecho no ser discriminada arbitrariamente en materia económica. Por tal motivo, pide se acoja el presente recurso y, en consecuencia, las recurridas dejen de informar como morosa la supuesta deuda por la multa N.º 7424/17/21 y asimismo se ordene a la Tesorería General de la República a abstenerse de ejecutar cualquier gestión de cobro de esta.

SEGUNDO: Informando nombre reservado, en representación de la Dirección del Trabajo, explica que, al recibir la notificación del presente recurso, procedió a solicitar antecedentes respectivos a las Unidades que tuvieran relación con la publicación en el Boletín Laboral reclamada, las que informaron que, revisados los registros informáticos se detectó un error ya que no se encontraba actualizada la base de datos, por lo cual inmediatamente se corrigió la situación y ya no existe publicación en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional respecto del recurrente Restaurant Coco S.A por la multa N.º 7424/17/21, 1-2-3.

Conforme a lo precedentemente señalado, indica que el recurso ha perdido oportunidad puesto que no existe en la actualidad acto u omisión ilegal o arbitraria por parte de la Dirección recurrida que implique privación, perturbación o amenaza.

Por todo lo anterior, pide se rechace el presente recurso, al haber corregido dicho Servicio Público el error en la base de datos, por lo que no existe actualmente publicación de morosidad en la que se basa el presente recurso.

TERCERO: Que, informando nombre reservado, en representación de la Tesorería General de la República, expone en primer lugar que ésta carece de legitimidad pasiva en el presente recurso, por cuanto, precisamente en cumplimiento de un deber legal, la recurrida procedió al cobro de las multas giradas por la Dirección del Trabajo, por lo que el acto impugnado no emana de la Tesorería recurrida sino de la Dirección antedicha.

Por otra parte, arguye no haber incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, pues su actuación se ajustó a los parámetros previstos los artículos 30 y 35 del Decreto Ley N.º 1.263 de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado, que le asignan la función recaudadora de todos los ingresos del sector público y lo facultan para efectuar la cobranza judicial o administrativa de las multas, entre otros ingresos, señalando que el artículo 2 N.º 2 del DFL N.º 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda va en el mismo sentido; y por el artículo 170 del Código Tributario que le otorga facultades jurisdiccionales a los Tesoreros Regionales y Provinciales para el cobro de esos tributos.

Señala que los formularios 42, folios 7424170211; 7424170212 y 7424170213 derivados de multas impuestas por la Dirección del Trabajo fueron cargados por ésta en la cuenta única tributaria de la empresa recurrente con fecha 23 de octubre de 2017 y que estos fueron descargados posteriormente por la referida Dirección con fecha 23 de mayo de 2018, procediéndose inmediatamente con el cierre del procedimiento de cobro y con el alzamiento del embargo practicado, por lo cual, al momento de informar, no existía un procedimiento de cobro por parte de la Tesorería de esas multas.

Indica que, por lo anteriormente expuesto, hay ausencia de acto ilegal o arbitrario por parte de la Tesorería recurrida, es la Dirección del Trabajo el organismo girador responsable de la información que se registra en el Sistema de Cuenta única Tributaria, limitándose la competencia de Tesorería al cobro ejecutivo de las multas giradas por la Dirección del Trabajo. Expresa que, a raíz del descargo de las multas efectuado por la Dirección recurrida, el Tesorero Juez Sustanciador de la Tesorería Regional Santiago Oriente, dictó con fecha 28 de mayo de 2018 una resolución alzando el embargo decretado sobre los dineros depositados en una cuenta corriente de la sociedad recurrente, quedando por lo tanto de manifiesto que el acto que motivó la presente acción cautelar ha desaparecido, por lo que carece de razón de ser el presente recurso de protección.

CUARTO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Sobre la existencia del acto, esto es que el recurrente fue incluido en el Boletín de Infractores de la Legislación Laboral y Previsional por la multa N°7424/17/21 1-2-3 no existe discusión, así como tampoco que tal información fue erróneamente incluida en tal boletín, toda vez que la multa se encontraba en proceso de reclamación judicial sin estar firme o ejecutoriada pues existía un recurso de nulidad pendiente.

SEXTO: Consta igualmente que los formularios derivados de las multas impuestas por la Dirección del Trabajo fueron cargados por dicha institución en la Cuenta Única Tributaria de la sociedad recurrente el 23 de octubre de 2017, siendo descargados el 23 de mayo de 2018 dejando sin efecto el procedimiento de cobro por parte de Tesorería. Específicamente una vez efectuado el descargo se procedió con el cese del procedimiento de cobro y al alzamiento del embargo practicado.

Que a la Tesorería General de la República le compete la recaudación y cobranza de los créditos fiscales y conforme al DFL N°2 del 1967 del Ministerio del Trabajo a la Dirección del Trabajo fiscalizar la aplicación de la legislación laboral, siendo ella la facultada para cargar, eliminar o modificar el registro en el Sistema de Cuenta única Tributaria del crédito a favor del Fisco.

Si bien consta en los registros de Tesorería una multa cuya incorporación no correspondía, efectuado el procedimiento de cobro respectivo, lo cierto es que su actuación se ajusta a lo que el ente administrativo competente le informó sin que entonces pueda reprocharle ilegalidad o arbitrariedad.

Distinta es la situación de la Dirección del Trabajo quien informó una deuda no ejecutoriada, permitiendo así un procedimiento de cobro que no correspondía.

Sin embargo al tomar conocimiento del recurso de autos tanto el acto original –inclusión en el boletín- como los que fueron su consecuencia –procedimiento de cobranza- cesaron, pues se descargaron las multas reprochadas.

SEPTIMO: Así las cosas lo cierto es que los actos que motivaron el recurso en examen cesaron, dejándose de imponer como morosas la supuesta deuda por la multa N°7424/17/21 y se dejaron sin efectos las gestiones de cobro seguidas contra la sociedad recurrente por la Tesorería General de la República, adoptándose de ese modo por las recurridas las medidas que por intermedio del recurso se pretendían, lo que conduce al rechazo del recurso al no existir medida que pueda adoptar.

Por estas argumentaciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado en representación de Restaurant Coco S.A. en contra de la Dirección del Trabajo y de Tesorería General de la República, por haber perdido oportunidad.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra (S) señora María Luisa Carlota Riesco Larraín.

No firma la Ministra señora Ravanales, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol 33574-2018