nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 4, doña Alicia Rojas Muñoz, abogado, actuando a favor de don nombre reservado, ingeniero, ambos con domicilio en domicilio reservado, presenta recurso de protección en contra de don nombre reservado, ignora profesión, en su calidad de Rector de la Universidad Técnologica Metropolitana, ambos con domicilio en domicilio reservado de santiago, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en retener su devolución de impuestos por deuda de crédito universitario.

Expone que el 11 de abril del año en curso, don nombre reservado presentó su declaración anual de impuestos a la renta, la que fue recibida a través de internet, solicitando devolución por $ 1.150.933. Dicha declaración fue aceptada, pero el 13 de mayo, la persona en cuyo favor se recurre tomó conocimiento que no recibió su declaración y al consultar se enteró que la Tesorería había efectuado una retención de $ 1.183.159.- por concepto de crédito universitario.

Explica que don nombre reservado comenzó sus estudios superiores en la Universidad de La Serena, en el año 1984, y para poder estudiar tuvo que postular al Fondo Solidario de Crédito Universitario, conforme a la Ley 19.287, que regía a esa época. Luego, desde el año 1987 al 1992, estudió en el Ex Instituto Profesional de Santiago, actualmente Universidad Técnologica Metropolitana, titulándose de Ingeniero en Ejecución en Informática.

Recuerda que en el año 2002, se promulgó la Ley 19.848 que le permitió reprogramar y unificar su deuda de ambas universidades.

Hace presente que la obligación se hizo exigible transcurridos dos años de egresado de la institución de educación superior, esto es, desde el año 1995, y hasta el día de hoy la Tesorería General de la República, retiene la devolución de impuestos deel señor nombre reservado, por deuda de crédito universitario, ignorando éste actualmente, cual es el monto final o liquidación de lo adeudado.

Indica que si bien , conforme al artículo 9 de la Ley 19.848 la Tesorería está facultada para retener la devolución de impuestos por deuda de crédito universitario, lo es mentras subsista la obligación del deudor por saldo insoluto, y que por otra parte, el monto se expresa en unidades tributarias mensuales, que dificilmente puede disminuir.

Como garantías constitucionales vulneradas, invoca la de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. La primera al aplicar una medida peciniaria sancionatria, en un supuesto procedimiento que nunca le ha sido notificado, para efectuar alguna defensa a su favor, vulnerando con ello el principio de la bilateralidad, produciendo la indefensión de su parte, pues no se ha comunicado cual es su deuda.

Agrega que han transcurrido los plazos de prescripción que contempla el artículo 2492 y siguientes del Código Civil, por haber transcurrido más de 10 años desde que se hizo exigible el cumplimiento de la obligación y, en contra de su voluntad, un organismo estatal retiene su devolución de impuesto, institución que actúa como juez y parte.

Sostiene que no se puede alegar por la Universidad, alguna renuncia tácita, a proposito de los pagos anuales que realiza mediante la retención de devolución d eimpuestos, toda vez que en dichos pagos no ha concurrido la voluntad en forma libre y espontánea del recurrente, y por el contrario-afirma- dichos pagos lo han sido contra su voluntad, mediante la fuerza que ejerce este organismo superior, de carácter estatal, que retiene su devolución y la remite a la Universidad recurrida.

Resalta que se ha vulnerado la garantía de un proceso racional y justo, porque ha operado en los hechos, una especie de “sentencia”- en este caso liquidación de deuda- emanada de un órgano administrativo y ella no se ha fundado en un proceso previo legalmente tramitado.

Enfatiza que se ha vulnerado la garantía del derecho a un debido proceso legal, racional y justo, al aplicar la ley 19.848, contraviniendo la norma expresa de la carta fundamental, pues por tratarse de una ley especial ella debe estar en armonia con la Constitución.

En cuanto al derecho de propiedad, alega que los recurridos se han apropiado contra la voluntad del recurrente, de su devolución de impuestos, privándolo, perturbándolo en su derecho de propiedad.

Pide, en definitva ordenar a los recurridos efectuar la devolución de impuestos, fijando un breve plazo para ello, con costas.

A fojas 16 informó la Tesorería General de la República y solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Reconoce que la declaración de impuesto a la renta del año tributario 2014, presentada por el recurrente arrojó un remanente de pagos provisionales ascendente a $ 1.183.159, cantidad que su parte debía restituir en el mes de mayo del presente año, lo que no hizo puesto que el administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de la serena, solicitó a su parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 19.989, y su reglamento, retener la devolución anual de impuestos que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley 19.287 y sus modificaciones, entre los cuales se encuentra el recurrente, e imputar dicho monto al pago de la deuda.

Así su parte en cumplimiento de ese mandato legal y a lo informado por la entidad acreedora, procedió a retener la totalidad de la devolución de renta del recurrente, y procedió a remitir la cantidad retenida al administrador del Fondo Solidario del Crédito Universitario, de la Universidad de la Serena, de modo que el acto no emana de su parte, careciendo de legitimación pasiva, por lo que solitó la inadmisibilidad del recurso.

En cuanto al fondo, señala que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal de parte de la Tesorería, pues el artículo 1 de la Ley 19.989, DO de 31 de diciembre de 2004, facultó en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondeire a los deudores del crédito universitario regulado en la Ley 19.287-que creo el fondo solidario de crédito universitario, de dominio y administración por cada una de las instituciones de educación superior que reciben aporte fiscal-los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida obligación; y el inciso final del artículo 12 de la Ley 19.848, agregado por el artículo 2 de la ley 19.989, confirma el carácter amplio que el legislador dio a esa facultad de retener por parte de Tesorerrías, al señalar que “son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nº 18.591, 19.287 y 19.848”, entre los cuales se encuentra el recurrente de acuerdo a sus propios dichos.

Afirma, entonces, que su parte actúo en ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida, respecto de todos los deudores del crédito solidario universitario, sin arbitrariedad, pues se justifica en la orden emanada del Administrador del Fondo del Crédito Universitario de la Universidad de La Serena, que certificó la deuda del recurrente.

Que no hay violación al derecho de propiedad, pues de trata de una retención establecida por la ley para efectos de hacer pago de una deuda que el recurrente tiene con la Universidad.

En cuanto al debido proceso, reitera que su actuación se funda en una facultad legal, que determina, además, las condiciones y requisitos que deben seguirse para realizarla, por lo que no se trata del ejercicio de una facultad jurisdicional ni menos de un proceso, actuando como un ente recaudador, pues el acreedor el el Fondo del Crédito Universitario.

Asevera que en relación al recurrente se ha seguido un procedimiento racional y justo, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley 19.989, contenido en el Decreto Nº 297, del Ministerio de Educación, DO de 19 de noviembre de 2009, que fija el procedimiento para la retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República, el recurrente ha tenido la oportunidad d epresentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa, de modo que no está en situación de indefensión.

Le llama la atención el actual cuestionamiento, ya que el requirente tiene plena conciencia de la existencia de dicha obligación, pues los años 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013 la Tesorería le retuvo sus devoluciones de impuesto por este concepto, es decir ha tenido la posibilidad de recurrir ante los tribunales competentes para realizar las alegaciones o defensas que estimare.

Por último, cita jurispruencia en apoyo de su posición.

A fojas 38 informó la Universidad Tecnológica Metropolitana, solicitando, igualmente el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alega la ineptitud de la acción en razón de incluir sin fundamento todas las hipotesis del inciso 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, siendo lo protegido-por la acción constitucional- el inciso 4 de dicha norma.

De otro lado, manifiesta que no corresponde solicitar a la Corte un pronunciamiento sobre la prescripción de la deuda, pues dicho modo de extinguir las obligaciones debe ser alegado de acuerdo con el procedimiento que corresponda y declarado por los tribunales de justicia conforme al artículo 2493 del Código Civil.

Enseguida, sostiene la falta de legitimación pasiva y la extemporaneidad de la acción.

Señala que su parte carece de legitimidad pasiva, pues lo que se reclama es la retención de la devolución de impuestos que hace Tesorería, y que si se quería impugnar un acto de la Universidad, debió realizarlo al momento de su inclusión en la nomina de deudores morosos realizado por el Consejo de Rectores el 31 de enero de 2014, en el Diario La Nación, conforme al Decreto 297, de 2009, pues es ese el único acto que realiza su parte en orden a obtener el pago de la deuda por Crédito Universitario moroso.

Conforme a lo anterior, considera que la acción dirigida contra la universidad también estaría fuera de plazo, en atención a lo dispuesto en el Nº 1 del Auto Acordado respectivo, pues en los hechos se tuvo conocimiento con la publicación de la nomina, que es la forma de notificación que se hace al deudor, comunicándole la retención, lo que ocurrió el 1 de febrero de 2014.

En cuanto al fondo, afirma, que el acto que se reclama no es ilegal , toda vez que la retención se fectúo en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 19.989, del Ministerio de Educación, que expresamente faculta a la Tesorería para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario regulado por la ley Nº 19.287, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Al efecto, informa que el señor nombre reservado, cédula RUT reservado, efectivamente fue benefiaciario de crédito solidario universitario regulado por la ley 19.287, primero, en la Universidad de la Serena, y en el año 1987, por el Ex Instituto Profesional de Santiago, actual Universidad Tecnológica Metropolitana en su calidad de alumno regular de la carrera de Ingeniería en Ejecución en Informática, de la que egresó en 1993.

Hace notar que en el propio escrito el Señor nombre reservado reconoce ser deudor del Fondo Solidario de Crédito Universitario, por lo que concurren los presupuestos fácticos del artículo 1 de la Ley 19.989, y en consecuencia, la suma retenida corresponde a las cuotas adeudadas, siendo perfectamente exigible mediante el procedimiento específico que el legislador estableció .

Añade, que la retención tampoco es arbitraria, debido a que efectivamente en los hechos existe una deuda por concepto de crédito solidario que el recurrente mantiene pendiente, y es dicho fundamento, lo que permite que objetivamente el cobro de aquel crédito se someta al procedimiento establecido en el artículo 1 de la Ley 19.989.

En cuanto a las garantías reitera que sólo la del inciso 4 del numeral 3 del artículo 19 de la carta Fundamental, se encuentra bajo el alero del recurso de protección, afirmando que en ningún caso su parte ni la tesorería han ejercico funciones jurisdicionales, ni han actuado como comisiones especiales.

En relación al derecho de propiedad, señala que no es posible considerar razonablemente que el cumplimiento de una obligación infrinja tal garantía, pues es la ley la que faculta para retener la devolución anual de impuestos.

A fojas 43 se trajeron los autos en relación.

A fojas 49, se decretó medida para mejor resolver, la que se cumplió a fojas 52, constand de fojas 51 que el listado de deudores de crédito universitaro es publicado por Nación.cl, por encargo del Consejo de Rectores, y en 2014 fue publicado desde el 1 al 28 de febrero, y en el archivo PDF de la publicación figura el nombre de nombre reservado.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: En la especie se recurre de protección en contra de la Tesorería General de la República y de la Universidad Tecnológica Metropolitana, por el acto consistente en la retención de la devolución de impuestos a que tenía derecho don nombre reservado, correspondiente al año 2014, sin que exista discusión sobre la existencia del mismo, el que por lo demás fluye del documento de fojas 3 donde el Servicio de Impuestos Internos informa al contribuyente que se autorizó a la Tesorería General de la República para que se depositara o emitiera cheque por $ 1.150.933, y que posteriormente la Tesorería efectuó una rebaja de $ 1.183.159 “por concepto de retención por deuda de crédito universitario”

Asímismo, resulta establecido- con los dichos del propio recurrente- que para poder estudiar- en 1984- postuló al Fondo Solidario de Crédito Universitario, conforme a la Ley 19.287; que estudió en dos universidades y, que con la promulgación de la ley 19.848 reprogramó y unificó las deudas que tenía con ambas universidades; que la deuda se hizo exigible en el año 1995, fecha desde la cual hasta la presentación del recurso, la Tesorería le retiene la devolución de impuestos por dicha deuda.

Por último consta que el listado de deudores de crédito universitario correspondiente al año 2014, en cuya nómina figura don nombre reservado fue publicado en Nacion.cl desde el 1 al 28 de febrero del año en curso.

Tercero: El artículo 1 de la Ley 19.989, prescribe “Facultase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.”

Por su parte el Decreto N° 297 del Ministerio de Educación del año 2009, aprueba Reglamento que fija Procedimiento para Retención de la devolución del Impuesto a la Renta por parte de la Tesorería General de la República , según lo establecido en la Ley 19.989 de 2004. Este cuerpo legal, regula la forma en que los respectivos Administradores del Fondo Solidario, informan respecto de las deudas que los deudores mantienen con ellos, el procedimiento a seguir para cobrar, retener e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda, contemplándose expresamente un trámite de aclaración ya sea por haber operado algún modo de extinguir las obligaciones o bien porque el monto que se consigna como adeudado no está correcto.

Cuarto: En la especie, publicado que fue el listado, no consta la existencia de ningún reclamo o aclaración por parte del recurrente, quien sólo con fecha 12 de junio de 2014, presentó la acción constitucional que se examina.

Quinto: Que el artículo 1 del Auto Acordado Sobre Tramitación del recurso de Protección establece que el recurso o acción de protección se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Sexto: Que la retención que se impugna por la presente vía constitucional, deriva de la facultad legal conferida a la Tesorería General de la República, a través de la Ley 19.989, una vez cumplida la tramitación contemplada por el Decreto Nº 297, de 2009, esto es, luego de la elaboración y notificación de la nómina respectiva, sin reclamo alguno por el recurrente, contexto en el cual no puede tildarse de ilegal la conducta del ente recaudador, quien obra con mandato legal y en base a los antecedentes remitidos por los órganos correspondientes.

Séptimo: Que sin perjuicio de lo expuesto el recurso de autos resulta extemporáneo en relación a la actuación de la de la Universidad Tecnológica Metropolitana, toda vez que la actuación que puede reprochársele a dicha casa de estudios es la inclusión del recurrente en la nomina de deudores morosos del crédito solidario y /o el monto del mismo, que fuera publicada entre el 1 y 28 de febrero del año en curso, de modo que la acción presentada el 12 de junio del mismo año, resulta extemporánea.

Octavo: A mayor abundamiento, si lo que se quiere discutir es la configuración de algún modo de extinguir la obligación, o el monto de la misma, ello excede la naturaleza cautelar y de emergencia de la acción deducida, lo que igualmente conduce a su rechazo.

Noveno: Por todo lo expuesto, el recurso en examen ha de ser desestimado, sin que resulte necesario examinar la vulneración de garantías que se denuncia, al no configurarse los supuestos básicos de la acción presentada.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza el recurso de protección de lo principal de fojas 4 Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Ravanales.

Rol Nº 33.569-2014 Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada, por la Ministro Pilar Aguayo Pino y el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze.