nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

Santiago, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Al escrito folio 267785: téngase presente.

Al escrito folio 410201: estése a lo que se resolverá.

VISTOS:

PRIMERO: Que don nombre reservado, funcionario administrativo de Gendarmería de Chile, grado 14 E.U.S. de Gendarmería de Chile, recientemente cesado de sus funciones, comparece en recurso de Protección y refiere un conjunto de actos administrativos, a su entender, anómalos, arbitrarios e ilegales ocurridos en septiembre de 2016, que han traído como consecuencia el término de su contrato debido a los resultados arrojados en el examen preventivo de control de consumo de drogas realizado el 15 de octubre de 2015 en dependencias de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile, todo ello regulado por decreto N° 944 de 27 de julio de 2011 del Ministerio de Justicia que aprueba el Reglamento que establece un procedimiento para la realización de control periódico de consumo de sustancias estupefacientes.

Señala que durante seis años se desempeñó en la Sección Sumarios dependiente de la Dirección General de Gendarmería de Chile, desarrollando, entre otros, instrucción de procesos sumariales, investigaciones sumarias, sumarios administrativos por actos de servicio o con ocasión de éstos, designación de fiscales, fiscalías ad hoc, apoyo a los fiscales, asesoría y capacitación a funcionarios, siempre en Lista 1 de Calificación, debido a sus competencias específicas y su permanente interés por desarrollarse.

Expresa que durante su paso por la Institución, estudió Derecho en jornada vespertina de la Universidad Miguel de Cervantes, cumpliendo óptimamente el programa regular, y luego realizó su Práctica profesional por un período de seis meses sin goce de sueldo.

En cuanto a su situación actual, expresa que como consecuencia del resultado positivo en el examen ya referido, preventivo de control de drogas, comunicó dicha situación al Director Regional Metropolitano, conforme lo dispone el artículo 29 del Decreto 944, mediante carta entregada en la Dirección Regional Metropolitano de la institución, el 28 de diciembre de 2015.

Agrega que mediante Resolución Exenta N° 243 de 21 de enero de 2016 del Director Regional Metropolitano de Gendarmería de Chile, se instruyó sumario administrativo, conjuntamente a otros funcionarios, por “haber arrojado positivo en la realización del examen preventivo”, regulado por el Decreto N°944 de 27 de julio de 2011 del Ministerio de Justicia que “Aprueba el Reglamento que establece un procedimiento para la realización del control periódico de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para el personal de Gendarmería de Chile”, efectuado el 15 de octubre de 2015.

SEGUNDO: Que como consecuencia del resultado arrojado en este examen y el correspondiente sumario ordenado para sancionar el hecho de haber sido positiva la muestra para detectar uso de estupefacientes, se le aplicó la medida disciplinaria de descuento de un cinco por ciento de su remuneración mensual, la que aún no se hace efectiva al haber hecho uso de sus derechos establecidos en el Estatuto Administrativo, artículo 141, en cuanto a reponer y apelar ante la Superioridad institucional, por la grave vulneración del principio de confidencialidad y reserva que establece el artículo 5 del Decreto N° 944/2011 que regula dicho procedimiento.

TERCERO: Que continúa señalando que no obstante lo anterior, el 16 de septiembre de 2016 recibió, mediante carta certificada, el Oficio N°452 de 8 de septiembre de 2016, que informa su “Cese de funciones” mediante la resolución Trámite N°240/2016, con Toma de Razón por el Órgano Contralor, de fecha 25 de agosto de 2016, del Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Agrega que hizo valer el derecho a reclamo en tiempo y forma ante la Contraloría General de la República, que solicitó informe a Gendarmería de Chile, de su situación particular, lo que se efectuó a través de Oficio Ordinario N° 1913/2017, del cual solicitó información, en el marco de la ley N° 20.285/2008, con el objeto de realizar observaciones ante la respuesta de Gendarmería de Chile, lo que materializó el 10 de febrero de 2017. Por su parte, la Contraloría respondió con la resolución N° 4670/2017, sustentando, a su juicio, erróneamente su rechazo, aludiendo que la Jurisprudencia vigente al respecto exige que el término anticipado sea necesariamente motivado, debiendo la autoridad emitir un acto administrativo en que se detallen los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, lo que se verifica en la especie, agregando que la superioridad justificó la desvinculación del recurrente, señalando que le fue detectada ingesta de marihuana en el proceso de control de consumo de sustancias prohibidas practicado en dicho organismo, concluyendo que el funcionario no resultaba idóneo para el desempeño de las labores, atendida la naturaleza de las mismas.

En cuanto al derecho, el recurrente expresa que el decreto N° 944/2011 en concordancia con la Ley 20000, que introduce modificaciones a la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado, texto refundido, coordinado y sistematizado, que fue fijado, por el DFL N°1-19.653 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, estipula que corresponderá a la autoridad superior de cada órgano y organismo de la Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, de acuerdo, con las normas contenidas en el reglamento. En seguida, transcribe el artículo 68 numeral 3 de dicho texto legal y subraya que “en el caso de las inhabilidades a que se refiere el artículo 55 bis, junto con admitirla ante el superior jerárquico, el funcionario se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación en alguna de las instituciones que autorice el reglamento.

Al respecto hace presente que por su parte asumió el consumo y su contexto vía informe por escrito al señor Director Regional Metropolitano, pero nunca ha sido citado a alguna toma de muestra, o conminado a participar o realizar algún programa de rehabilitación, ya sea a cuenta del Servicio o a su propia cuenta, con el objeto de conservar su empleo.

Que finalmente el recurrente señala que en la especie se configura un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional, en su contra, al poner término a sus funciones tras haberse detectado el consumo de marihuana, y a dicho efecto alude a la normativa vigente, Decreto Ley 944, y explica que al detectarse consumo de marihuana, se le separa del servicio, sin mediar el procedimiento que se encuentra establecido, vulnerando el principio de igualdad y no discriminación.

Y de la misma manera no se le ha respetado la confidencialidad o reserva de la información, aludiendo a la Ley 19.628 sobre la vida privada, y se ha expuesto el resultado de un examen toxicológico, ya que entiende se le debió consultar antes sobre la publicidad de dichos resultados, vulnerando su derecho sobre su vida privada, lo que eventualmente le impedirá postular al Servicio público, ya que ha quedado estigmatizado, coartando por ello su libertad de trabajo.

Refiere asimismo el Decreto N°1215/2007 del Ministerio del Interior que establece normas que regulan las medidas de prevención del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, así como el procedimiento de control del consumo aplicable, conforme Ley 17.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado.

CUARTO: Que el recurrente en su presentación ha aludido a diversa normativa que estima infringida, a saber, el ya referido, decreto 1215/2007, sobre medidas de prevención del consumo de drogas, en cuyo artículo 24 dispone que en caso que se acredite dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, el afectado, junto con admitirla ante el superior jerárquico, se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación en alguna de las instituciones acreditadas por la autoridad sanitaria respectiva .

QUINTO: Que, además, en cuanto a la normativa infringida menciona reiteradamente el Decreto N°944/2011 en concordancia con el numeral 3 del artículo 68 de la Ley 20.000, que introduce modificaciones a la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, fijado por el DFL N°1 -19.653 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que dispuso que corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el Reglamento”. Y en el referido Reglamento, se establece que en el caso de inhabilidad a que se refiere el artículo 55 bis, junto con admitirla ante el superior, el funcionario se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación en alguna de las instituciones que autorice el reglamento, agregando que por su parte admitió efectivamente dicho consumo, sin embargo, agrega que nunca ha sido citado para una toma de muestra o conminado a participar en algún programa de rehabilitación. En este caso, agrega, se vulnera dicha disposición, por cuanto se le separa del servicio.

Considera infringido además el derecho a la confidencialidad y reserva, toda vez que antes de exponerse públicamente sus antecedentes al respecto, no se le consultó, vulnerando así sus derechos sobre protección de la vida privada, siendo expuesto públicamente a una situación que le coartará sus posibilidades de trabajo a futuro.

Expresa que por otra parte, se vulneró el Código Sanitario, que mediante modificación de la Ley 19.628, dispuso que los exámenes de laboratorio clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados, y sólo se revelarán con el consentimiento expreso del paciente, otorgado por escrito.

En cuanto a la forma en que se ha vulnerado el principio de confidencialidad, expresa que dicha circunstancia se produce cuando un tercero ajeno accede a la información de los resultados contenidos en el procedimiento de control de consumo, conociendo la identidad de la persona y no el código que se le asignó. Agrega que por otra parte, los sumarios se suben en línea a la plataforma computacional del Departamento de Recursos Humanos de Gendarmería y específicamente al Sistema de Personal.

Que en relación con las normas constitucionales vulneradas, expresa que éstas son las del artículo 19, números 2, 3, 4. 9, 16 y 17, de igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de su derechos, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; el N°9, el derecho a la protección de la salud, el N°16, de la protección a la libertad de trabajo y su protección, y el numeral 17 de esta norma. La admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que imponga la Constitución y las leyes SEXTO: Que por su parte en primer lugar el recurrido se refiere a la extemporaneidad de este recurso de protección, ya que de conformidad al artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de garantías constitucionales, y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección dispone que “se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Que, además de lo señalado precedentemente, en su informe, el Director Nacional de Gendarmería, proporciona información acerca de la vida laboral del recurrente, en su Oficio N° 14.00,00 169/17, expone que el recurrente se desempeñó más de seis años en la Sección de Sumarios de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile en forma satisfactoria, que estudió derecho en horario vespertino; explica que su desvinculación del servicio deriva del resultado del examen preventivo de control de consumo de drogas, que arrojó positivo, realizado el 15 de octubre de 2015 en su lugar de trabajo, disponiéndose la instrucción de un sumario administrativo mediante Resolución Exenta N° 243 de 21 de enero de 2016 del señor Director Regional Metropolitano, aplicándosele la medida disciplinaria de “descuento en un cinco por ciento de su remuneración mensual, a través de la resolución Interna N° 109 de 24 de agosto de 2016 de la Jefatura Regional, ante la cual repuso y apeló. Y que además, el referido funcionario recibió por carta certificada el oficio N°452 de 8 de septiembre de 2016, que informa el cese de funciones, dispuesta por la resolución trámite N°240/2016,tomada de razón en la Contraloría General de la República, Refiere que no obstante lo anterior, el recurrente menciona que la resolución que dispuso el término anticipado de su designación a contrata, vulnera las garantías consagradas en los números 2, de igualdad ante la ley, la N°3, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; el N°4, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; el N°9, el derecho a la protección de la salud, el N°16, la libertad de trabajo y su protección, y el N°17, la admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. Solicita, se deje sin efecto el acto administrativo y se disponga su reincorporación al Servicio.

SÉPTIMO: Que en primer lugar, el recurrido se refiere a la extemporaneidad de la acción de protección, ya que de conformidad al artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, debe interponerse éste ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

A este respecto, el recurrente incluso reconoce haber recibido en su domicilio, con fecha 16 de septiembre de 2016, por carta certificada el Oficio N°452, del mismo mes, que informa cese de funciones, dispuesto por la Resolución trámite N°142/240/2016 emitida por la Jefatura del servicio, Tomada de razón por la Contraloría General de la República el 25 de agosto del año pasado, y el presente recurso sólo aparece ingresado a tramitación en la Corte de Apelaciones con fecha 17 de mayo del año en curso.

OCTAVO: Que refiriéndose la recurrida a la relación contractual con el recurrente, expresa que éste fue contratado mediante resolución trámite N° 916 de 31 de mayo de 2011, para prestar servicios en calidad de contrata, mientras sean necesarios sus servicios, los que no podrán exceder al 31 de diciembre del mismo año, en calidad de Administrativo, asimilado al grado 14 de la Escala Única de Sueldos (E.U.S.) con destinación a la Dirección Nacional (Departamento de personal).

Hace una detallada relación de las prórrogas de la contratación, cada una hasta fines del respectivo año de la Resolución, hasta llegar a aquella Resolución trámite N° 142/240/2016 SIAPER de 16 de agosto de 2016 el Director Nacional, pone término anticipado a la designación como Administrativo asimilado al grado 14° de la Escala Única de sueldos ( E.U.S.),contrata, del Servicio de Gendarmería de Chile, a contar de la tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios. Se comunicó lo anterior a la Contraloría el 5 de mayo de 2017, que el 9 de septiembre del año 2016 se había notificado al señor nombre reservado el contenido de dicha resolución, cesando en sus funciones en la institución a contar del día 15 del mismo mes Agrega que aun cuando el recurrente expresa en su recurso que el acto administrativo que reclama no se ajustó a la normativa vigente deviniendo en arbitrario e ilegal, atentando en consecuencia los derechos y garantías amparadas por la Carta Fundamental, ello no es efectivo, según señala pues se realizó con estricto apego a las normas establecidas, y dentro de las facultades del Director Nacional y fundado en antecedentes de derecho, según el artículo 45 de la Ley 19.880 que contiene las bases de los procedimientos administrativos.

Destaca que la resolución que pone término al contrato del recurrente se encontraba, al momento de notificarse, totalmente tramitada por la Contraloría General de la República, procediéndose a notificar su contenido, entregándose copia íntegra de la resolución. En consecuencia se cumplieron todas las formalidades legales y no hay arbitrariedad ni ilegalidad en el acto administrativo Relata en seguida las circunstancias en que se verificó examen de control de consumo de sustancias estupefacientes al personal de Gendarmería, conjuntamente con el personal del Laboratorio Corthon ueioty (Chile). Y que finalmente arrojó positivo ante la presencia de THC por parte del señor nombre reservado; explica que en la tramitación sumarial se le determinó por la Fiscalía Administrativa una multa del 5% de sus remuneraciones, que sin embargo no se aplicó porque la investigación no se encuentra afinada.

Detalla a continuación los principios que rigen la responsabilidad administrativa, como la del debido proceso o del debido juzgamiento, la debida defensa y legalidad de las sanciones que deben ser plenamente respetados, así como también se ajustan a derecho las notificaciones que se efectúan en estos procesos. Y agrega que la Contraloría debe velar porque las decisiones de la Administración se ciñan al principio de juridicidad, esto es, se ajusten al ordenamiento jurídico.

Destaca que la instrucción del sumario administrativo incoado contra el señor nombre reservado, es totalmente independiente de la decisión adoptada por la superioridad institucional. Agrega que la resolución trámite N°142/240/2016 que puso término a las funciones del recurrente corresponde a una facultad discrecional de la Jefatura del servicio, que guarda relación con una evaluación objetiva del comportamiento inadecuado y contrario a los lineamientos institucionales. Reitera que no se ha cometido ningún acto u omisión arbitraria ni ilegal que pueda amenazar, perturbar o restringir algunos de los derechos garantizados por la Carta Fundamental. Que el término de sus funciones se produjo mediante resolución Trámite dictada por la autoridad administrativa competente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del DFL N°29 de 2004,que fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y según la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. D. N. 2859 de 25 de septiembre de 1973.

En seguida expresa que el Director Nacional de Gendarmería debe velar por el cumplimiento de las normas aplicables a Gendarmería de Chile, en especial por la inobservancia del principio de probidad funcionaria al interior de la institución.

Agrega que la resolución que pone término a la calidad de contrata del recurrente se encuentra debidamente fundada y motivada, señalando las razones legales por las que se pone término a la respectiva prestación de servicio, y según la normativa vigente.

Expresa, por otra parte, que la del recurrente no es una contratación a plazo fijo, sino una que, teniendo plazo máximo, puede ponérsele término antes que ocurriera dicha circunstancia, en virtud de las facultades de dirección superior, técnica operativa y administrativa de que está provisto el Director, Nacional de Gendarmería de Chile.

Señala que según el artículo 10 del DFL N°29 de 16 de marzo de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo establece “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, lo cual no obsta a que eventualmente la contratación venza en un plazo distinto al señalado por la ley”.

Se refiere luego a diversos dictámenes señalando, a modo de ejemplo, que los funcionarios contratados, si bien gozan de la estabilidad en el empleo, es con las limitaciones propias que emanan del carácter transitorio de sus designaciones.

Agrega situaciones de similar naturaleza que ya han sido resueltas por esta I. Corte, a saber, en el Recurso de Protección N° 5159-2010, de la séptima sala, por recurso interpuesta en contra del Ministerio de Educación, Alude a la facultad del jefe de servicio para poner término anticipado a los servicios a contrata, transcribiendo el artículo 10 del DFL N°29 de 16 de marzo de 2004, que fija el texto refundido de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y establece que “Los empleos a contrata durarán como máximo sólo hasta el 31 de diciembre de cada año”, lo que concuerda plenamente con lo establecido en el artículo 3 letra c) del Estatuto Administrativo, que define el empleo a contrata como “aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.

Por otra parte, entiende que al invocar vulnerada la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, considera que no corresponde su aplicación desde que el recurrido no ejerce jurisdicción lo vincula con el ejercicio de la jurisdicción, Y concluye que ésta consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas. Y agrega al respecto que el recurrente no fue el único desvinculado del servicio al constatarse consumo de drogas en control rutinario.

NOVENO: Que, como conclusión entiende que no ha habido vulneración alguna de las garantías constitucionales del recurrente, por lo que pide el rechazo del presente recurso.

DÉCIMO: Que el cuestionamiento de la parte recurrida está debidamente razonada. Es efectivo que el propio recurrente, al relatar los hechos, en su presentación, manifiesta expresamente, que recibió el 16 de septiembre de 2016, en su domicilio, carta certificada conteniendo el oficio N° 452 de 8 de septiembre de 2016, en que informa su “cese de funciones”, dispuesto por la Resolución trámite N° 240-2016 con Toma de razón por el órgano contralor de fecha 25 de agosto de 2016, resolución emanada del Director Nacional de Gendarmería de Chile.

UNDÉCIMO: Que de lo anterior se colige que, en la especie se da la situación que hace valer la recurrida, en cuanto a que este recurso de protección fue formulado de manera extemporánea, como se advierte del propio reconocimiento del recurrente que expresa que tuvo conocimiento de estos hechos el 16 de septiembre de 2016, y si bien no consta en la copia de su recurso agregado a estos antecedentes, la fecha de su presentación, de la resolución de esta Corte, recaída en dicha presentación, que está fechada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se desprende que el libelo fue interpuesto en forma extemporánea, fuera de plazo, atendido las disposiciones normativas establecidas en el Auto Acordado de la EXCMA. Corte Suprema sobre tramitación y Fallo del Recurso de Protección de garantías constitucionales, que dispone un plazo para interponer el libelo correspondiente, al señalar que debe ser dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Que no obstante que se evidencian, tanto en las presentaciones como en los argumentos defensivos del recurrente algunas transgresiones a la normativa vigente en esta materia, en que ha incurrido la recurrida, lo cierto es que resulta procedente considerar la extemporaneidad de este libelo, que ha acusado la recurrida. Especialmente teniendo en cuenta que es el mismo interesado, el recurrente, que expresa “Con fecha 16 de septiembre de 2016 recibí vía carta certificada el oficio N° 452 de fecha 8 de septiembre de 2016 que informa “su cese de funciones”, mediante la resolución Trámite N° 240/2016 con toma de razón por el órgano contralor de fecha 25 de agosto de 2016, emanada dicha resolución del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile”.

DUODÉCIMO: Que por otra parte, si bien no existe cargo, o fecha de recepción en el libelo que contiene el escrito del recurso de protección, en su primera hoja se advierten notas manuscritas, en “admisible”, 19/5, en “notificación de informe” 22-05-17. Es más, y para despejar cualquier duda, en cuanto a que este libelo se presentó el presente año, y a mayor abundamiento de lo expresado, basta tener presente su número de ingreso, que figura en la carátula de estos antecedentes, donde se puede leer “INGRESO CORTE N° 33568-2017”.

DÉCIMO TERCERO: Que de esta manera entonces y habiendo quedado demostrado y establecido que este recurso ha sido formalmente interpuesto mucho más allá de los treinta días de plazo que contempla el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de protección, deberá ser declarado extemporáneo, sin emitir decisión de fondo. Y si sin perjuicio de lo concluido si se fuese al fondo del asunto, igualmente debiera ser rechazado el recurso toda vez que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata del recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración y que, por lo demás, dicha resolución aparece dictada correctamente, con los fundamentos del caso y por esa razón la misma Contraloría General de la república rechazó el recurso de reclamación deducido por el actual recurrente, señalando en su dictamen de 17 de abril de 2017 que “la superioridad justificó la desvinculación del recurrente, señalando que le fue detectada ingesta de marihuana y que producto de lo anterior no resultaba idóneo para el desempeño de sus labores, atendida la naturaleza de las mismas”. Es decir, además, el recurrente, aprovechó todos los recursos administrativos para que se dejase sin efecto su terminación anticipada de sus funciones, sin resultarle favorables. Por lo tanto, no aparece acto arbitrario o ilegal alguno de parte de la recurrida al poner término anticipada a la contrata que servía el reclamante y por ello, se hace innecesario analizar las garantías constitucionales que por esa infracción se hubieran producido en perjuicio del recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la república y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que no se hace lugar al Recurso de Protección intentado por don nombre reservado en contra de don nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile, por haber sido interpuesto en forma extemporánea.

Notifíquese y Regístrese.

Redacción de la Ministra señora Patricia González Quiroz, quien no firma por encontrarse con licencia médica.

No firma el abogado integrante señor Freí, quien concurrió a la vista del recurso y al acuerdo, por haber cesado en sus funciones.

N°33568-2017-Protec.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Patricia González Quiroz e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y el abogado integrante señor Jorge Frei Toledo.