nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, doce de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece Manuel Alejandro Valdebenito Ávalos, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, por haber efectuado un descuento de $255.932 en la liquidación de remuneración correspondiente al mes de enero de 2025 por concepto de crédito social, sin previo aviso y respecto de una deuda que se encuentra en cobranza judicial, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye un uso abusivo e irracional de las facultades conferidas por el artículo 22 de la Ley N°18.833, vulnerando con ello el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N°24, por lo que solicita se declare la arbitrariedad e ilegalidad de dicho actuar y se ordene el cese de los descuentos.

Expone que en el año 2016 contrajo un mutuo de dinero denominado "crédito social" con la recurrida por un monto total de $6.970.000, pactado en 48 cuotas mensuales. Sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos y cayó en mora, no realizando pagos desde el año 2020. Posteriormente, el recurrente agrega que se dirigió en diversas ocasiones a sucursales de la recurrida para intentar regularizar su situación, ofreciéndosele únicamente la opción de repactar la deuda con el incremento artificial correspondiente, lo que rechazó por considerar que lo dejaría en una situación financiera crítica. Ante dicha negativa, la recurrida le informó que se iniciarían las acciones judiciales correspondientes.

Señala que con fecha 1 de febrero de 2025, al recibir su liquidación de remuneración del mes de enero, se percató con sorpresa de un descuento efectuado por la Caja de Compensación por concepto de crédito social ascendente a $255.932, situación que lo dejó en un estado de total indefensión al verse privado arbitrariamente de un porcentaje importante de su remuneración.

Argumenta que la recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria al hacer uso del artículo 22 de la Ley N°18.833, que faculta a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos por planilla directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados. Sostiene que dicha entidad, como órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y las leyes, no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico le confiere. En este sentido, considera que resulta del todo irracional, abusivo y arbitrario que la recurrida haga uso del citado artículo sin previo aviso y sin que el recurrente tenga posibilidad de defenderse ante una deuda que se encuentra en cobranza judicial.

Invoca abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que ha establecido que las Cajas de Compensación están obligadas a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado tras el transcurso de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, no pudiendo actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral. Cita jurisprudencia del Máximo Tribunal, específicamente las causas roles N°23.258-2018, N° 68.700-2016 y N° 2895-2018, en las cuales la Corte Suprema ha declarado arbitrario el actuar de las Cajas de Compensación en circunstancias similares, por revivir y forzar de manera unilateral un beneficio legal destinado para cobros oportunos respecto de deudas en las que habían dado señales de desinterés en su persecución.

Adicionalmente, sostiene que existe una contradicción en el actuar de la recurrida, toda vez que al interponer la demanda ejecutiva manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes y declinando conscientemente de perseguir el pago individual de las cuotas. En consecuencia, considera caprichoso y arbitrario que, habiendo ejercido dicha cláusula, y estando la causa en tramitación en sede civil, ordene en paralelo la retención de montos cercanos al de una cuota, privando inicialmente al deudor de seguir pagando las cuotas como fue estipulado y luego, mientras exige el total por vía judicial, obtenga paralelamente y por vías de hecho un pago parcelado y mensual.

Alega que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente su derecho de propiedad, específicamente en lo relativo a su remuneración, atentando contra el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al ser privado de su íntegra remuneración y también de las expectativas económicas ligadas a su trabajo, constituyendo un uso caprichoso del ordenamiento jurídico y un ejercicio abusivo de los derechos que la ley confiere a la recurrida.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal el actuar de la recurrida, ordenándose que se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de remuneraciones, que reembolse los montos indebidamente descontados en un plazo de 5 días hábiles y que se la condene expresamente en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por nombre reservado, solicitó el rechazo del recurso de protección, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

En cuanto a los antecedentes fácticos, la recurrida reconoce que el señor nombre reservado solicitó efectivamente un crédito en el año 2016 por la suma de $6.970.000 en 48 cuotas, constituyéndose en mora desde el año 2020. Sin embargo, precisa que según consta en los sistemas de Caja La Araucana, el recurrente mantiene el crédito N°174-000070707 por un monto solicitado de $7.002.780 en el año 2016, habiendo alcanzado a pagar únicamente la suma de $767.796, equivalente a 3 cuotas, constituyéndose en mora desde noviembre de 2016. Asimismo, confirma que al momento del pago de la remuneración correspondiente al mes de enero de 2025, se efectuó un descuento por la cantidad de $255.932.

Fundamenta la legalidad de su actuar en el marco normativo que regula a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. En primer término, invoca el artículo 1° de la Ley N°18.833, que define a estas entidades como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, entre las cuales se encuentran los créditos sociales como beneficios de bienestar social. Indica que dichos créditos, según el Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar del 2023, constituyen préstamos orientados a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado relativas a vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades análogas.

Sustenta su defensa principalmente en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, que prescribe que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Agrega que dicha disposición se encuentra en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece idéntica obligación para las empresas afiliadas, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que obliga a los empleadores a declarar y enterar los descuentos efectuados por cotizaciones, aportes o dividendos a favor de instituciones de seguridad social.

Adicionalmente, cita el artículo 58 del Código del Trabajo, que faculta al empleador para deducir de las remuneraciones los impuestos, cotizaciones de seguridad social, cuotas sindicales y obligaciones con instituciones de previsión u organismos públicos. En este contexto, argumenta que las facultades para ordenar descuentos de cuotas impagas se ajustan plenamente a la normativa laboral vigente.

Invoca los principios generales del derecho contractual contenidos en los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil, sosteniendo que todo contrato legalmente celebrado constituye ley para los contratantes y debe ejecutarse de buena fe. Argumenta que la deuda existe y puede ser cobrada conforme a derecho, a menos que haya prescrito el derecho o haya operado alguno de los modos de extinguir las obligaciones del artículo 1.567 del Código Civil, circunstancias que no se han configurado en la especie, toda vez que el recurrente no acompaña documento alguno que demuestre la extinción de la obligación.

Cita el Dictamen N°2659-2020, de 12 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que en aquellos casos donde han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, conforme al artículo 2493 del Código Civil, quien pretenda aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio. Por tanto, mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los descuentos correspondientes.

Sostiene que no ha privado, perturbado o amenazado los derechos y garantías constitucionales del recurrente, ya que ha obrado conforme a derecho, salvaguardando la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución relativa al derecho de propiedad. Argumenta que no existe traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales, los cuales poseen evidente carácter social al constituir una prestación de seguridad social, siendo la modalidad de descuento una forma de facilitar el cobro de dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Finalmente, concluye que los pagos realizados no son arbitrarios ni injustificados, toda vez que las obligaciones existen y se mantienen vigentes al no existir sentencia que declare su extinción, motivos por los cuales solicita se rechace la acción de protección incoada.

TERCERO: Que la recurrida, ampliando su informe, señaló que con fecha 24 de noviembre de 2021 demandó el cobro de pesos al recurrente, respecto del crédito N°174-000070707, que en el años 2016 se otorgó por la suma de $7.002.780, pagaderos en 48 cuotas, respecto del cual el recurrente solo había alcanzado a pagar la suma de $767.796, equivalente a 3 cuotas constituyéndose en mora desde noviembre de 2016, para finalmente agregar que con fecha 14 de octubre de dos mil veintidós la causa fue archivada.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a los descuentos ordenados efectuar a la remuneración del recurrente por la recurrida Caja de Compensación La Araucana, iniciados en el mes de enero de 2025, de conformidad al artículo 22 de la Ley N°18.833, los cuales tendrían como antecedente un crédito social que ésta última le habría otorgado en el año 2016, y cuyo cobro en paralelo se encontraría judicializado ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-9279-2021, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana con nombre reservado”.

SEXTO: Que, luego de la revisión de la causa judicial indicada en el motivo precedente, se ha podido constatar que dicha demanda se encuentra archivada, sin que se haya verificado la notificación de la misma. A su vez, en autos no existe constancia de que se haya declarado la prescripción de la deuda o de las acciones de la misma, ni que exista algún procedimiento judicial en curso tendiente a obtener tal declaración.

SÉPTIMO: Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 permite que las Cajas de Compensación puedan requerir la retención de las cuotas de los créditos sociales que han otorgado desde la remuneración mensual de un trabajador afiliado, retención que debe materializar el empleador para posteriormente enterarlo en la respectiva Caja, situación que es la que ha acontecido en la especie, sin que haya podido constatarse la existencia de un procedimiento judicial, en actual tramitación, dentro del cual se esté persiguiendo el cobro de la misma deuda por la cual se han practicado los descuentos.

OCTAVO: Que así entonces, no ha sido posible verificar una actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, por lo que en tales circunstancias, procede el rechazo del arbitrio en estudio.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado interpuesto en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección – Rol N°3351-2025.