Protección contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICO: Que se anuncia, escucha relación y alega, contra el recurso, el abogado don Juan Pablo Marras. Santiago, veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

nombre reservado

Relatora C.A. de Santiago Santiago, veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que don nombre reservado, egresado de la carrera de derecho, recurre de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en efectuar la retención con fecha 11 de mayo de 2018 por la suma de $480.496, monto que se encontraba autorizado de devolución por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Funda su recurso en el hecho que ingresó en el año 2012 a estudiar la Carrera de Derecho en la Universidad Bernardo O´Higgins y a partir del tercer año de carrera en adelante solicitó el beneficio del Crédito con Aval del Estado (CAE), obteniendo el 100% del arancel referencial. Egresó de la carrera a partir del año 2017 –ya que terminó a fines de diciembre de 2016- comenzando el proceso de titulación para poder jurar como abogado. En el intertanto, presto servicios a honorarios en la empresa de Seguridad Rivas Y Otros Compañía Ltda., efectuando la su declaración de los ingresos percibidos durante el año 2017, correspondiente al año tributario 2018. En dicha declaración, solicitó la devolución de impuestos por la suma de $474.798; devolución que fue autorizada por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 04 de mayo de 2018 y que debía ser depositada a mi cuenta RUT del Banco del Estado de Chile con fecha 11 del mismo mes.

Sin embargo, y de manera automática, la Tesorería General de la República efectuó con fecha 11 de mayo de 2018 la retención de $ 480.496 sobre el monto autorizado.

Sostiene que dicha retención es ilegal porque de acuerdo al correo que recibió el 25 de septiembre de 2017 por parte de la comisión “Ingresa”, institución a cargo de la tramitación posterior del cobro del crédito con aval del Estado, sólo una vez que transcurran 18 meses desde el egreso comenzará el cobro del crédito CAE, plazo que aún no se cumple. Este plazo está contemplado en el artículo 12 de la ley 20.027 y la facultad de retención de la Tesorería General de la República está contemplada en el artículo 17 de la ley 20.027 que establece que la dicha institución podrá retener la devolución de impuestos a la renta que el corresponde anualmente al deudor del crédito garantizado conforme a esta ley, lo que indica que la retención de impuestos es un imperativo y no un deber.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera el derecho a la propiedad, revisto en el artículo 19 N°24 dela Constitución Política de la República, agregando que no desconoce la deuda, ni tampoco su intención de pagarla, pero se deben respetar los plazos impuestos y dispuestos por la ley.

Pide que declare que la actuación de la recurrida es arbitraria e ilegal y en consecuencia, se deje sin efecto la retención de impuestos llevaba a cabo por la Tesorería General de la República con fecha 11 de mayo de 2018 por la suma de $474.798 y se disponga su devolución.

Se debe hacer presente, que mediante presentación de 31 de mayo de 2018, el recurrente manifiesta que efectivamente curso la carrera de Pedagogía en la Universidad de La Serena accediendo al beneficio del fondo solidario, pero por un error administrativo de la dicha institución, a partir del año 2002, no pudo acceder a dicho beneficio. Además, jamás fue emplazado o notificado en el plazo que establece la ley de algún tipo de acción judicial de parte dicha universidad, estando a la fecha de la retención, prescrita dicha deuda.

SEGUNDO: Que informa don Juan Pablo Marras García, abogado en r representación de la recurrida Tesorería General de la República, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar hace presente que el recurrente yerra al señalar que la retención efectuada por Tesorería fue a raíz del Crédito con Aval del Estado (regulado por la ley N° 20.027), sino que se origina como consecuencia de una deuda que dicha persona tendría por concepto de Crédito Solidario Universitario (regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones) con el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Serena.

Alega la falta de legitimación pasiva, atendido que de acuerdo a la ley N° 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, en su artículo 1° faculta al Servicio de Tesorerías para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario regulado por la ley N°19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Que, para la procedencia de la acción intentada, resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario emanado del recurrido, del cual se siga inmediata y directa privación, perturbación o amenaza de sus derechos constitucionales, que en este caso Tesorería en cumplimiento de un deber legal procedió a retener la devolución de impuesto a la renta del recurrente correspondiente al año tributario 2018, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, de lo cual se colige que el presunto acto que el recurrente califica de ilegal o arbitrario no es imputable al recurrido, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

En cuanto al fondo, señala que el Servicio de Tesorerías al efectuar la retención de la devolución de renta del recurrente y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Serena, actuó en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores del crédito solidario universitario, según lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley N°19.989.

De lo expuesto, queda de manifiesto que la actuación del suscrito no es arbitraria puesto que tiene justificación en la orden emanada del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de La Serena que certificó la deuda del recurrente. Asimismo, tampoco es ilegal en virtud de la facultad expresa contenida en el artículo 1° de la precitada ley N° 19.989.

Enseguida, cabe tener presente que no existe violación al derecho de propiedad puesto que se trata de una retención establecida en la ley para los efectos de hacer pago de una deuda que el recurrente tiene con la Universidad Católica de La Serena. Adicionalmente, no se divisa de qué manera pueda existir una ilegítima perturbación de su derecho de propiedad, toda vez que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar esa garantía, es precisamente, el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas.

En relación al recurrente se ha seguido un procedimiento racional y justo, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 19.989, contenido en el decreto N° 297, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Noviembre de 2009, que fija el procedimiento para la retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República, el recurrente ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa, de modo tal que, bajo ningún respecto ha sido colocado en una situación de indefensión.

En conclusión, indica que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley, por lo que pide el rechazo del recurso.

TERCERO: Que como trámite previo se solicitó por esa Corte, que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Serena, informara al tenor del recurso, toda vez que sería el legitimado activamente, según lo indicado por la Tesorería General de la República.

Que de acuerdo al folio 23 de 06 de agosto de 2018, el Administrador General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Serena, informa que el recurrente fue estudiante de dicha universidad en la carrera de pedagogía en Historia y Geografía entre los años 1998 y 2001 y el año 2000, suscribió un pagaré para financiar el años de estudio por un monto equivalente a 25.79 UTM.

De acuerdo al artículo 7 de la ley 19.287 que los transcribe, el Fondo Solidario de Crédito Universitario de dicha universidad, inició su cobranza al recurrente el año 2004, esto es, dos años después de su última matricula, debiendo el recurrente pagar el 5% del total de los ingresos que haya obtenido en el año inmediatamente anterior. Para ello, era necesario que el recurrente haya realizado una declaración anual de ingresos y que ésta fuera entregada a la Administración del Fondo, lo que en la especie. De esta forma, se aplica el artículo 11 de la ley N°19.287 que obliga al administrador a fijar una cuota anual equivalente al mayor valor producido entre el 20% del saldo de la deuda o el doble de la cuota del año anterior.

Sostiene que el la ley N° 19.989 y su reglamento fijado mediante Decreto N°297 de 19/11/2009 establece el procedimiento que debe seguir el Administrador del Fondo Solidario para requerir a la Tesorería General de la República, las deudas por concepto de créditos solidarios, el que exige que previa a la retención se notifique previamente a través de carta o publicación en un diario de circulación nacional, situación que en la especie ocurrió y lo que se acredita con carta de notificación y publicación en diario electrónico. Asimismo, el deudor podía solicitar objetar la retención informada mediante un recurso la aclaración, lo que en la especie, no ocurrió.

Indica que una vez hechas las revisiones pertinentes, el Mineduc envía carta a cada administración bajo el nombre de certificado de conformidad, documento que tiene dicha institución. Así las cosas, se cumplió a cabalidad, lo dispuesto en la ley 19.289 y su reglamento, abonado el recurrente la suma de $480.496 por concepto de retención de impuestos.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

QUINTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

SEXTO: Que, en ese sentido, y en relación con la materia objeto del recurso, consta que el artículo 1 de la Ley N° 19.989 dispone en su inciso primero que “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”. Agrega su inciso segundo que “La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador”.

En relación con la retención practicada por la recurrida y a petición del administrador del fondo solidario, su procedimiento se regula conforme al Decreto 297 de 2009, que dispone la publicación y notificación de las listas de morosos en el pago del crédito solidario (art 3, 4, 5) como la solicitud de aclaración de la publicación por parte del afectado (art. 6, 7, 8, 9)

SÉPTIMO: Que, en primer término, esta Corte emitirá pronunciamiento respecto de la alegación de falta de legitimidad pasiva de la recurrida Tesorería Regional de la República, al sostener que la retención impugnada proviene de un mandato legal y por orden de un administrador del fondo solidario.

Que, en este acápite, se rechazará dicha argumentación, por cuanto el acto impugnado-al tenor del propio recurso- proviene de la retención que la recurrida ha efectuado conforme a este mandato legal, por lo que no resulta atendible la alegación sin perjuicio de lo informado por el administrador del fondo sub-lite, aspecto que, en todo caso, guarda relación con el fondo de la acción deducida.

OCTAVO: Que, atendido el mérito de los fundamentos expuestos por las partes, se advierte la dificultad adicional para resolver el asunto controvertido la falta de antecedentes en el proceso, por cuanto ninguna de las partes ha proporcionado documentos que den sustento a sus dichos, aunque de los mismos argumentos existen aspectos por los que no existe discusión a su respecto, tales como el hecho de haber solicitado la actora la devolución de impuestos del año tributario 2018; la retención practicada por la recurrida y la existencia de una deuda por crédito solidario por parte de la recurrente.

NOVENO Que se reclama fundamentalmente la afectación del debido proceso (lo que hace presente en un escrito posterior a su recurso) y el derecho de propiedad, sustentado el primero en la falta de un procedimiento administrativo contradictorio para impugnar la deuda comunicada por el administrador financiero y que la deuda a la fecha de la retención se encuentra prescrita.

En este sentido, al tratarse de órganos administrativos, hay que tener presente que se aplica supletoriamente la Ley N° 19.880, tal como reza expresamente el artículo 2 del Decreto 297 de 2009, por lo que se hacen extensivos sus principios.

En relación a esta alegación, se acogerá lo reclamado por el administrador financiero informante en autos, en cuanto a que no aparece controvertida la existencia de la deuda y que, atendida su data y lo expuesto por el administrador del crédito solidario en el sentido que fue publicada la morosidad del recurrente en el Diario La Nación y al no haber reclamado la actora dentro del plazo de diez días conforme a los artículos 6 a 9 del Decreto 297 de 2009, la actuación no es arbitraria e ilegal y el fundamento sostenido para desvirtuarla aparece razonable, por cuanto se ha actuado conforme mandato legal en relación con la Tesorería General de la República y que, por otro lado, se trata del cobro de una obligación cuya regulación es, asimismo, establecida por ley especial;

DÉCIMO: Que, por otra parte, en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, no se advierte cómo se encuentra afectada, por cuanto efectivamente la retención practicada por la recurrida se ajusta a un mandato legal previa orden del administrador de un fondo público. Si bien el Servicio de Impuestos Internos autoriza la devolución, ella queda sujeta a las limitaciones legales que impiden su incorporación al patrimonio del contribuyente, lo que impide calificar como derecho indubitado de la parte recurrente, ya que sólo es un derecho adquirido una vez verificado su depósito o retiro si se trata de un instrumento de crédito.

UNDÉCIMO: Que, por tanto, el recurso de protección no podrá prosperar, tal como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-33469-2018.