INDULOG SPA con SOLEK CHILE HOLDING SPA

Santiago, nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

Proveyendo los escritos folios 18 y 19: a todo, téngase presente.

Proveyendo los escritos folios 20, 21 y 22: a todo, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Gonzalo Francisco Flores Cárdenas, quien interpone acción constitucional en representación de INDULOG SpA, en contra de la empresa SOLEK CHILE HOLDING SpA, por el acto ilegal y arbitrario de retener los dineros de su empresa, sin dar cumplimiento al artículo 183-C del Código del Trabajo, vulnerando de esta forma el derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Pide en su recurso que se ordene cesar con el acto arbitrario e ilegal, con el fin de que las retenciones realizadas en virtud del régimen de subcontratación, sean utilizadas para el único fin que la ley permite dicha retención, cual es pagar íntegramente las deudas de prestaciones laborales y previsionales de los trabajadores afectados.

Segundo: Que comparece el abogado don Ignacio Vargas Roco, en representación de Solek Chile Holding SpA, quien evacúa el respectivo informe, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Cuestiona, los argumentos de hecho en los cuales se funda el recurso, por cuanto no existe una descripción de imputaciones específicas en su contra. Asimismo, estima que la recurrente está instrumentalizando la acción de protección, la cual no tiene por objeto resolver disputas contractuales.

Precisa que el recurrente presentó la acción por sí misma y no en representación de sus ex trabajadores, con el único objetivo de pagar los montos que Indulog les adeuda a sus trabajadores, asumiendo que es un empleador incumplidor.

Agrega que no se aprecia alguna afectación ilegal o arbitraria al derecho de propiedad de la recurrente, considerando que la retención se realizó en atención a un incumplimiento contractual.

Expone que, a la fecha de presentación del informe, Indulog no ha sido habida para ser notificada de demandas laborales, mencionando una causa en que, siendo la demandada principal, siendo emplazado por avisos, aunado a que existen trece juicios por las deudas laborales de la recurrente, en que Solek es demandada subsidiaria.

Argumenta que la actora no ha activado el mecanismo de resolución de controversias contenido en los contratos y que su parte ha contactado a los trabajadores para coordinar los pagos de sus deudas laborales.

Tercero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Sobre la existencia del acto impugnado obra que corresponde a la retención de los dineros de la empresa del recurrente, informado a la actora mediante correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2021, sosteniendo para ello que no dio cumplimiento al artículo 183-C del Código del Trabajo, vulnerando de esta forma el derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que al respecto corresponde tener presente lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, el que señala que: “La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas.

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá dictar, dentro de un plazo de 90 días, un reglamento que fije el procedimiento, plazo y efectos con que la Inspección del Trabajo respectiva emitirá dichos certificados. Asimismo, el reglamento definirá la forma o mecanismos a través de los cuales las entidades o instituciones competentes podrán certificar debidamente, por medios idóneos, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los contratistas respecto de sus trabajadores.

En el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la empresa principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable en conformidad a este Párrafo. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. Si se efectuara dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar con ella al trabajador o institución previsional acreedora.

En todo caso, la empresa principal o el contratista, en su caso, podrá pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora.

La Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento de la empresa principal, las infracciones a la legislación laboral y previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los contratistas, respecto de sus subcontratistas”.

Sexto: Que lo pretendido mediante la interposición del presente arbitrio constitucional dice relación con ordenar que las retenciones realizadas en virtud del régimen de subcontratación, sean utilizadas para el único fin que la ley permite dicha retención, cual es pagar íntegramente las deudas de prestaciones laborales y previsionales de los trabajadores afectados.

Séptimo: Que es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Octavo: Es así como, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir los tópicos antes consignados para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

Noveno: Que lo cierto es entonces que, el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquéllos indubitados es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo: Que, de esta forma, la recurrente no ha activado el mecanismo de resolución de controversias contenido en los contratos, mientras la recurrida ha referido que ha contactado a los trabajadores para coordinar los pagos de sus deudas laborales.

Undécimo: En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte de la empresa recurrida.

Duodécimo: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de INDULOG SpA, en contra de la empresa SOLEK CHILE HOLDING SpA, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-33452-2021.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Francisco Ovalle Aldunate.