Protección contra Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO Santiago, a tres de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que con fecha 24 de febrero de 2025, comparece nombre reservado, Presidente Ejecutivo de la Asociación Chilena de Empresas de Telecomunicaciones AG (Chile Telcos AG), en representación de dicha asociación y en favor de las empresas asociadas ENTEL, Telefónica, Claro, VTR y WOM, así como del grupo de trabajadores de dichas compañías, e interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la dictación y publicación del Decreto Supremo N°198 del año 2024, publicado el 31 de enero de 2025, que regula la cooperación técnica de los prestadores de servicios de telecomunicaciones con el Ministerio Público y las policías en la ejecución de medidas intrusivas de investigación penal, el cual estima es ilegal y arbitrario por infringir derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Comienza señalando que la dictación del Decreto Supremo impugnado se inscribe dentro de una evolución normativa sobre interceptación de comunicaciones y diligencias de investigación penal que involucran a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Esta evolución tiene su origen en el Decreto N°142 de 2005, que fue dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para regular la interceptación y grabación de comunicaciones, fundado en diversas normas legales como la Ley General de Telecomunicaciones, el Código Procesal Penal (especialmente su artículo 222), leyes sobre tráfico de estupefacientes, conductas terroristas y el sistema de inteligencia.

Este cuerpo reglamentario tuvo por objeto establecer un procedimiento claro que permitiera a las compañías responder adecuadamente a requerimientos judiciales, con el fin de evitar dilaciones que pudieran afectar la eficacia de las diligencias intrusivas autorizadas judicialmente. Posteriormente, en el año 2017, el Ministerio del Interior dictó el Decreto N°866, que contenía obligaciones similares a las que hoy incorpora el Decreto 198/2024, norma que, sin embargo, nunca entró en vigencia, por cuanto no fue tomado de razón por la Contraloría General de la República debido a su manifiesta falta de respaldo legal. En los años 2022 a 2024, el legislador introdujo importantes reformas al Código Procesal Penal mediante la dictación de leyes como la Ley N°21.459 sobre delitos informáticos, la Ley N°21.577 sobre crimen organizado y la Ley N°21.694 sobre persecución penal de delitos de alta connotación social.

Todas estas reformas, asegura, incorporaron nuevas diligencias intrusivas, tales como la conservación de datos informáticos, el registro remoto de equipos, el deber de colaboración, técnicas especiales de investigación, y regulación de la interceptación y tráfico de comunicaciones, mediante artículos nuevos como el 218 bis, 218 ter, 222, 225 bis, 225 quinquies y el nuevo párrafo 3° bis del Código Procesal Penal; sin embargo, el nuevo Decreto Supremo N°198/2024 que impugna, particularmente en su artículo 4°, literales “a”, ”c”, ”e”, ”f”, ”g”, ”i”, ”j” y “k” no se limita, a juicio del recurrente, sólo a desarrollar esas normas legales, sino que introduce deberes y obligaciones adicionales sin respaldo en ley, especialmente en lo relativo a la designación, identificación e información de empleados encargados de colaborar en las interceptaciones (artículo 4° letras “a” y “e”), a la entrega de información de tráfico con capacidad de georreferenciación (letra “c”), y a la creación, mantención y ofrecimiento de plataformas tecnológicas por parte de las empresas (letras “f” y “j”).

Estas disposiciones —se argumenta— carecen de habilitación legal expresa, exceden los límites de la potestad reglamentaria de ejecución y se dictan en paralelo a un proyecto de ley actualmente en tramitación.

Precisa, en ese sentido, que en 2024 el propio Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley, Boletín 16974-07, cuyo contenido coincide en parte con las materias que ahora el reglamento pretende regular, lo que demuestra que dichas materias deben ser legisladas y no impuestas vía decreto supremo.

Cita al efecto jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que toda limitación a los derechos fundamentales debe emanar de ley, cumplir estándares de determinación y especificidad, y no afectar la esencia de los derechos garantizados.

En cuanto a los derechos constitucionales vulnerados por el señalado acto, menciona el artículo 19 N°4, sosteniendo que el reglamento vulnera la protección de datos personales de los trabajadores, al obligar a las compañías a identificar, designar e informar al Ministerio Público los nombres de los empleados que colaboren en procesos de interceptación de comunicaciones, sin contar con base legal ni consentimiento expreso de los afectados, en contravención de la Ley 19.628 y del artículo 154 ter del Código del Trabajo. Añade que ello implica obligar al empleador a actuar contra los derechos fundamentales de sus trabajadores. Asimismo, denuncia que el reglamento también amenaza el derecho a la protección de los datos personales de los clientes, al ordenar la entrega de información georreferenciada que permita identificar sus desplazamientos, sin contar con habilitación legal alguna. Destaca que esa obligación fue expresamente propuesta como indicación legislativa por el Ejecutivo en el proyecto de ley antes referido, lo que demuestra que no puede regularse vía reglamentaria. Cita además la Ley 21.500 y la nueva Ley 21.719 sobre protección de datos, que regulan expresamente estas materias, exigiendo consentimiento, información clara, y finalidad legítima. Sostiene que la esencia del derecho a la autodeterminación informativa consiste en el control que cada persona debe tener sobre sus propios datos, lo que se ve suprimido por las normas del reglamento, al obligar a las compañías a entregar dicha información al Ministerio Público sin base legal ni consentimiento.

Luego, denuncia trasgresión al artículo 19 N°21 de la Constitución, toda vez que el reglamento impone cargas que afectan la libertad de desarrollar una actividad económica, como la obligación de crear y mantener sistemas tecnológicos compatibles con los de los órganos persecutores, excediendo el deber legal de prestar facilidades, sin considerar que la actividad de interceptar y grabar no corresponde al giro propio de las empresas. Añade que el reglamento obliga a ofertar servicios tecnológicos a operadores móviles virtuales, lo cual, además, afecta el derecho de propiedad (art. 19 N°24), tras imponer deberes respecto del uso, goce y disposición de bienes intangibles sin ley habilitante.

Posteriormente, impugna otras disposiciones del artículo 4° del Decreto 198/2024, como la obligación de asegurar continuidad de servicio a sujetos interceptados, de informar solicitudes de portabilidad de números telefónicos interceptados, o de identificar redes de destino en servicios de roaming, todas las cuales suponen labores de monitoreo y control propias del Estado, no del giro de las compañías privadas, y que afectan su normal funcionamiento, además de carecer de habilitación legal y resultar desproporcionadas.

En definitiva, sostiene que el Decreto 198/2024 es ilegal y vulnera las garantías constitucionales antes señaladas, motivo por el cual se solicita que se declare dicha ilegalidad, se ordene a los recurridos adoptar medidas correctivas para restablecer el imperio del derecho y se dispongan las demás providencias necesarias para proteger los derechos de trabajadores y clientes de las empresas asociadas.

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, Ministra del Interior y Seguridad Pública, evacuando informe en la causa, solicitando desde ya el rechazo del recurso de protección, con costas.

En primer lugar, señala que el acto impugnado se enmarca en el ejercicio regular de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N°6 de la Constitución Política de la República.

En esa línea, argumenta que el Decreto 198/2024 es un reglamento de ejecución dictado para facilitar el cumplimiento de medidas de interceptación y diligencias investigativas ordenadas judicialmente, y que su objeto es optimizar y modernizar la cooperación entre las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y los órganos del sistema penal, particularmente el Ministerio Público, en el cumplimiento de su mandato legal.

Agrega que el reglamento en cuestión no introduce nuevas facultades, obligaciones o medidas intrusivas que no estén previamente contenidas en normas legales, particularmente en el Código Procesal Penal, reformado en los últimos años mediante diversas leyes (como la Ley N°21.577 sobre crimen organizado), que han venido a reforzar el deber de colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. En consecuencia, afirma que el decreto impugnado se limita a operacionalizar dichos deberes conforme a los parámetros legales ya vigentes, sin exceder los márgenes constitucionales de la potestad reglamentaria.

En segundo término, rechaza tajantemente que el Decreto impugnado constituya una amenaza o vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Respecto del derecho a la protección de datos personales (artículo 19 N°4), argumenta que el reglamento en cuestión no faculta a los órganos del Estado a solicitar información sin orden judicial ni establece tratamientos de datos al margen de las autorizaciones judiciales y de la ley.

Todas las medidas contempladas en el reglamento —sostiene— suponen como condición previa una autorización judicial dictada conforme a los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal, lo que asegura el cumplimiento del principio de legalidad y el respeto de las garantías individuales. Por tanto, sostiene que la protección de datos y la privacidad de las personas no se ven afectadas por el reglamento impugnado, en la medida que su aplicación queda supeditada a la existencia de órdenes judiciales específicas.

En cuanto al derecho a desarrollar actividades económicas (artículo 19 N°21) y al derecho de propiedad (artículo 19 N°24), sostiene que ninguna de las obligaciones que se imponen a las empresas de telecomunicaciones altera el giro esencial de dichas compañías, el cual —según afirma— ya se encuentra regulado por el legislador para asegurar la colaboración con las autoridades judiciales y persecutoras. A su juicio, el deber de cooperación no implica una afectación esencial a la autonomía empresarial ni a la propiedad sobre plataformas tecnológicas, pues la obligación de desarrollar herramientas técnicas compatibles con los requerimientos del sistema penal deriva del deber legal de prestar facilidades para la ejecución de medidas judiciales, consagrado expresamente en el artículo 222 del Código Procesal Penal.

Enfatiza que la georreferenciación de dispositivos móviles u otras medidas intrusivas mencionadas por el recurrente no son ejecutadas por las empresas motu proprio ni bajo criterios arbitrarios del Ministerio Público o del Ejecutivo, sino solo en el marco de procesos judiciales y conforme a lo autorizado por los tribunales.

En este sentido, niega que exista monitoreo indiscriminado de usuarios o que se afecte masivamente la privacidad o la libertad de los trabajadores, como se ha sugerido en el recurso.

Por último, recalca que las obligaciones impuestas por el reglamento no son nuevas ni exceden las cargas que ya estaban incorporadas en la legislación, y que su único objeto es reducir los márgenes de discrecionalidad operativa, estableciendo estándares técnicos comunes que eviten dilaciones en investigaciones penales complejas.

Argumenta que esta necesidad se ha vuelto particularmente urgente frente al aumento de delitos vinculados al crimen organizado, donde la trazabilidad y la disponibilidad expedita de información técnica por parte de los operadores del sistema de telecomunicaciones puede ser determinante para el éxito o fracaso de la investigación penal.

Concluye solicitando el rechazo íntegro del recurso, por cuanto el Decreto 198/2024 ha sido dictado en el marco de las competencias legales del Ejecutivo, cumple una función instrumental legítima, no vulnera garantías fundamentales y responde a un imperativo de eficiencia y legalidad en el actuar del Estado frente a fenómenos delictuales complejos.

TERCERO: Que, comparece don nombre reservado, Ministro de Justicia y nombre reservado, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección, en tanto afirma que el reglamento impugnado no constituye un acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías fundamentales.

En cuanto al fondo, el Ministerio de Justicia no formula argumentación propia adicional, sino que expresa que, por razones de economía procesal, hace íntegramente suyos los fundamentos contenidos en el informe evacuado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en esta misma causa, por cuanto dicho informe fue trabajado de forma coordinada y conjunta por los Ministerios recurridos, razón por la cual solicita que los argumentos jurídicos y fácticos contenidos en el primero sean tenidos por reproducidos en su totalidad para efectos de su posición en autos.

CUARTO: Que, por último, comparece la Subsecretaría de Telecomunicaciones, evacuando informe en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, requiriendo desde ya que el recurso interpuesto sea rechazado íntegramente, por cuanto el Decreto Supremo N°198 de 2024 no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que ha sido dictado dentro del marco constitucional y legal de la potestad reglamentaria.

En primer término, afirma que el Decreto impugnado fue objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y, en consecuencia, goza de presunción de legalidad conforme al artículo 3° de la Ley N°19.880, conforme a la reiterada jurisprudencia administrativa, por tanto, no puede ser modificado ni dejado sin efecto por razones de mera conveniencia.

Seguidamente, expone que el reglamento se funda en una clara habilitación legal, en particular en las reformas introducidas por la Ley N°21.577, que modificó el Código Procesal Penal, incorporando técnicas especiales de investigación, tales como el registro de llamadas, el tráfico comunicacional, el registro remoto de equipos informáticos y el deber de colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Todo ello, además, se encuentra sujeto a autorización judicial previa, por tiempo determinado y para fines específicos en el contexto de una investigación penal.

En cuanto al contenido específico del artículo 4° del decreto —cuya impugnación centraliza el recurso—, la Subsecretaría defiende que las obligaciones ahí contenidas constituyen la materialización del deber de colaboración exigido por la ley, Así, en lo que respecta a la entrega de datos de empleados, aclara que dicha información no forma parte de la carpeta investigativa, y su único fin es establecer un canal técnico de contacto con el Ministerio Público, lo que no vulnera el derecho a la protección de datos personales. Además, se sostiene que esta obligación debe interpretarse conforme a la Ley 19.628, y no la contradice.

Luego, en lo relativo a la creación y mantención de sistemas compatibles con los del Ministerio Público, indica que no se impone una tecnología específica, sino que se exige que los sistemas no entorpezcan el cumplimiento de órdenes judiciales, conforme al artículo 222 del Código Procesal Penal, cuya infracción incluso configura el delito de desacato.

Respecto de la continuidad del servicio, aclara que el reglamento no busca privilegiar al sujeto investigado, sino garantizar la prestación continua del servicio, obligación que deriva directamente de la Ley N°21.678, que modificó la Ley General de Telecomunicaciones, en tanto los prestadores están obligados por ley a mantener la continuidad e integridad del servicio a todos los usuarios, incluso durante la ejecución de diligencias de interceptación.

En relación con la obligación de informar sobre portabilidad numérica, explica que la medida busca evitar que un sujeto investigado pueda frustrar la ejecución de la interceptación mediante el cambio de compañía. Se trata de información que las empresas tienen diariamente, y su entrega opera solo cuando existe una orden judicial específica sobre un número determinado.

En cuanto a la obligación de ofertar plataformas a operadores móviles virtuales, señala que esta exigencia ya se encuentra establecida en el artículo 26 bis de la Ley 18.168 y en los reglamentos de operación móvil virtual y de roaming. Refiere que las recurrentes, de hecho, han incorporado en sus ofertas de facilidades mayoristas protocolos de interceptación y condiciones técnicas específicas. Por tanto, no se trata de una carga nueva ni ilícita, y mucho menos una infracción a la libertad de empresa o al derecho de propiedad.

Finalmente, subraya que las diligencias de interceptación no son ejecutadas por empleados de las compañías, sino por funcionarios policiales encargados, conforme al artículo 222 del Código Procesal Penal. Las empresas solo colaboran técnicamente en virtud de las órdenes emitidas por los tribunales.

Finalmente, concluye solicitando el rechazo del recurso, por cuanto el reglamento impugnado no vulnera derechos fundamentales, sino que asegura la colaboración técnica eficaz con el sistema de persecución penal, respetando el marco legal y constitucional vigente.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que en el presente arbitrio el recurrente expone que el Decreto Supremo N°198, de 2024, es ilegal y arbitrario por infringir derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

En primer lugar, sostiene que este Decreto no se limitaría sólo a desarrollar esas normas legales, sino que introduce deberes y obligaciones adicionales, que son propias de ley, de manera que, estas disposiciones carecerían de habilitación legal expresa, excediendo los límites de la potestad reglamentaria de ejecución.

Por otra parte, afectaría el derecho constitucional mencionado en el artículo 19 N°4, de la Carta Política, al vulnerar la protección de datos personales de los trabajadores, al obligar a las compañías a identificar, designar e informar al Ministerio Público los nombres de los empleados que colaboren en procesos de interceptación de comunicaciones, sin contar con base legal ni consentimiento expreso de los afectados, en contravención de la Ley 19.628 y del artículo 154 ter del Código del Trabajo. Otro tanto ocurriría con la obligación del empleador en orden a informar ciertos datos de georreferenciación de los trabajadores.

Asimismo, denuncia trasgresión al artículo 19 N°21 de la Constitución, bajo la premisa que el reglamento impone cargas que afectan la libertad de desarrollar una actividad económica, como la obligación de crear y mantener sistemas tecnológicos compatibles con los de los órganos persecutores, excediendo el deber legal de prestar facilidades, sin considerar que la actividad de interceptar y grabar no corresponde al giro propio de las empresas.

SÉPTIMO: Que, a fin de resolver el presente arbitrio, debemos señalar que el Decreto Supremo 198, modifica Decreto N° 142, de 2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece el reglamento sobre interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación, fue promulgado el 05 de noviembre de 2024 y publicado el 31 de enero de 2025, presenta como fundamento, entre otras normas, la Ley N° 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias; en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como el "Convenio de Budapest", promulgado a través del decreto supremo N° 83, de 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en el decreto supremo N° 142, de 2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece el reglamento sobre interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación; y, en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

En lo pertinente, el Decreto en cuestión, expresa: “(…) 5. Que, en virtud de lo anterior, se ha estimado necesario modificar el actual reglamento sobre interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación, aprobado mediante el decreto supremo N° 142, de 2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de regular el procedimiento que deberán seguir los prestadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones frente a los autorizaciones u órdenes judiciales para proceder a la interceptación y a la grabación de las comunicaciones sostenidas por sus usuarios y proporcionar la información de las otras formas de telecomunicaciones, que requiera la autoridad.

6. Que, asimismo, se consideró necesario regular el registro de llamadas y otros datos relativos al tráfico y de suscriptor de sus clientes o usuarios, en los términos dispuestos en los artículos 218 ter y 222 y siguientes de la ley N° 19.696, que establece Código Procesal Penal; y el deber de colaboración junto con la facilitación de asistencia necesaria para examinar y visualizar el contenido aprehendido por medio del registro remoto de equipos informáticos, en virtud de lo señalado en los artículos 225 bis y quinquies del mismo Código.

7. Que, la necesidad anterior obedece a que, por una parte, resulta imperioso establecer las normas que le permitan a la autoridad respectiva formular los requerimientos o autorizaciones y órdenes judiciales que el caso amerite y que, por otra, permitan a los prestadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones dar estricto y oportuno cumplimiento a ellas, en un marco de máxima celeridad, sencillez y eficacia, sin afectar el normal ejercicio de la actividad económica que estos desarrollan”.

OCTAVO: Que, sentado lo anterior, corresponde analizar los argumentos planteados en el presente recurso.

Respecto del primero, debemos tener presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 N°6 de la Constitución Política, “son atribuciones del Presidente de la República: (…) Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”.

En este contexto, resulta evidente que el Decreto N°198 tiene por objeto la función de pormenorizar y detallar las definiciones abstractas contenidas en la ley 21.577, que modifica el Código Procesal Penal, señalando en el artículo 222 de este último cuerpo normativo “Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y prestadores de servicios de internet deberán dar cumplimiento a esta medida, proporcionando a los funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para que se lleve a cabo con la oportunidad que se requiera”.

Luego, el artículo 225 del citado Código, consagra el “deber de colaboración”, prescribiendo que “los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información y los titulares o responsables del sistema informático o contenido en el objeto del acceso remoto, están obligados a colaborar con los funcionarios policiales encargados de ejecutar la medida. Asimismo, están obligados a facilitar la asistencia necesaria para que los contenidos aprehendidos puedan ser objeto de examen y visualización”.

De lo anterior se extrae que el Decreto N°198 complementa la normativa señalada, al fijar su alcance y contenido, en la medida que regula aspectos básicos e indispensables para brindar operatividad a este mecanismo, de manear que no es posible sostener que se trate de una materia que debe ser normada vía ley, y que en este caso se esté vulnerando la potestad reglamentaria.

NOVENO: Respecto del segundo fundamento, esto es, que afectaría el derecho constitucional mencionado en el artículo 19 N°4, de la Carta Política, al vulnerar la protección de datos personales de los trabajadores, cabe consignar que el artículo 4° de la normativa impugnada, dispone:

"Artículo 4°. Los prestadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones se encontrarán obligados a: (…) b) Cumplir en plazo, forma y oportunidad las instrucciones necesarias para dar cumplimiento a las diligencias de interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, que se establezcan en la respectiva autorización judicial en los términos de conformidad con los artículos 9°, 222 y siguientes, y 225 bis y siguientes del Código Procesal Penal.

c) Respecto del registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional, previa autorización judicial solicitada por el Ministerio Público, deberán entregar los datos de tráfico de llamadas telefónicas o de tráfico de datos en internet de sus abonados y suscriptores con una desagregación que permita identificar correctamente su origen, destino, la ruta, entendiéndola como aquella que permite individualizar los desplazamientos geográficos, la hora exacta, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente. Lo anterior, con la finalidad de permitir individualizar los desplazamientos geográficos, además, de identificar georreferenciadamente, en caso de que proceda, aquellos elementos de la red de telecomunicaciones por donde transitan las comunicaciones, del o los terminales del usuario o suscriptor.

d) Responder en relación a la autorización u orden judicial a las que se refiere el artículo 1° del presente reglamento, los que deberán estar disponibles con la celeridad y oportunidad que se establezca en la autorización o en la orden judicial respectiva, no pudiendo, durante el desarrollo de la diligencia, mantener o incorporar en sus redes, respecto de los dispositivos sujetos de cada procedimiento en particular, tecnología ni equipamiento que dificulte, impida o entorpezca, de manera alguna el cumplimiento de las medidas, conforme a las disposiciones y procedimientos legales establecidos. Igual obligación mantendrán, respecto de los requerimientos que efectúe el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 218 ter del Código Procesal Penal.

e) Informar oportunamente al Ministerio Público, la identificación de los empleados que participarán o colaborarán, según sea el caso, en el proceso de interceptación de comunicaciones, del registro de llamadas y otros datos relativos al tráfico y de suscriptor de sus clientes o usuarios o del registro remoto de equipos informáticos, así como un medio de comunicación idóneo y expedito para tales fines. En caso de que se produzca algún cambio en dichas personas el prestador o proveedor deberá notificar dicha modificación con 10 días hábiles de anticipación o, de no ser posible, tan pronto como ocurra el cambio, debiendo existir continuidad entre el cese temporal o definitivo de un encargado y el nombramiento de uno nuevo.

f) Crear y mantener actualizados los sistemas empleados para las interceptaciones decretadas por un tribunal, los que deberán ser compatibles con los sistemas de aquellos responsables de ejecutar el cumplimiento de la medida, los que deberán comprender tecnología o equipamiento que facilite el cumplimiento de las órdenes del tribunal. Las facilidades dispuestas para el cumplimiento de la diligencia podrán corresponder a desarrollos propios o adquiridos a terceros, lo cual no libera al prestador o proveedor de servicios de telecomunicaciones de las disposiciones establecidas en la ley.

Como se puede observar, esta obligación incardina con las investigaciones penales, de manera que se trata de la necesaria colaboración que la compañía debe prestar en un proceso judicial que afecta bienes jurídicos superiores de orden público, como son la paz y la seguridad. No se imponen cargas mayores a los trabajadores o a la empresa, la revelación de los nombres de los empleados que ejecutan la orden se relaciona con el deber de custodia que debe resguardarse respecto de las investigaciones penales.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe señalar, además, que la presente acción de protección no es una acción popular, de modo que requiere que quien la deduzca, refiera de forma concreta las personas en cuyo favor se interpone, sin que satisfaga esta exigencia la sola expresión de deducirse en favor de trabajadores y clientes de la empresa recurrente. En efecto, para que la acción prospere es indispensable acreditar la legitimación activa del amparado, puesto que es menester para su procedencia la existencia de un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona determinada que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de( ...)”.

DÉCIMO: Que, por otro lado, en cuanto al fundamento, esto es, que se afecta el derecho de libertad de empresa, consagrado en el artículo 19 N°21 de la Carta Política, de la normativa se desprende que el procedimiento sería el siguiente: El Ministerio Público debe solicitar al Juez de Garantía la orden de interceptación y este último debe emitir la orden respectiva. La Unidad central del Ministerio Público se comunica con la empresa de telecomunicaciones y solicita la interceptación. A la empresa o a los trabajadores no se le asignan tareas investigativas, sino que generan una especie de señal clonada que se deriva a la Policía de Investigaciones para la captura y grabación de las comunicaciones, de forma tal, que esta labor se realiza por los funcionarios policiales.

Lo anterior, es sin perjuicio que, conforme con la garantía fundamental invocada, la actividad económica a desarrollar, no sólo debe ser lícita, sino que debe llevarse a cabo cumpliendo todas las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico, del que el decreto impugnado forma parte.

UNDÉCIMO: Que, de acuerdo con lo señalado, no resultan efectivas las afirmaciones realizadas por el recurrente. El Decreto Supremo N°198, se enmarca dentro de las atribuciones del Presidente de la República, y su contenido de aquél es coherente y consistente con los objetivos de la Ley 21.577, sobre investigación criminal, de manera que no es posible advertir ninguna ilegalidad o arbitrariedad en esta norma.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción de protección interpuesta en favor de la Asociación Chilena de Empresas de Telecomunicaciones AG (Chile Telcos AG), en contra del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la abogada integrante M. Fernanda Vásquez Palma.

N°Protección-3342-2025 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, por la Ministra señora Sandra Araya Naranjo y la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.