nombre reservado con FISCO con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

C.A. de Santiago.

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veintidós.

Al folio 23: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Que comparece nombre reservado, administradora pública, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y en contra de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la solicitud que realizó la Caja de Compensación Los Andes a su empleador de descuentos a su remuneración por una deuda que alega prescrita, contraída con la Caja de Compensación La Araucana en el año 2008, lo que amenazaría su la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en junio de 2008 obtuvo de la Caja de Compensación La Araucana un crédito por la suma de $4.862.887, pagadero en 59 cuotas mensuales de $122.692, correspondiendo el pago de la primera cuota el 31 de julio de 2008. Indica que solo pudo pagar 7 de las cuotas al quedar desempleada en diciembre de 2008.

Alega que desde esa época la entidad crediticia no le notificó demanda de cobro alguna, existiendo un juicio en el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, rol C-3255-2011, en que la demanda se tuvo por no presentada al no acreditarse los poderes en dichos autos.

A pesar del contexto indicado, alega que el 16 de abril de 2021 recibió un correo de la Asistente Social de Bienestar de la Subsecretaría de Transportes, indicándole que no se le había realizado el descuento por dicha deuda por un problema con su rut., y se le solicitaba solucionarla para evitar perjudicar a sus compañeros de trabajo ante un eventual bloqueo de beneficios por parte de la Caja de Compensación.

Alega que se puso en contacto con la Caja de Compensación Los Andes, alegando que el crédito que se intenta cobrar está prescrito desde el año 2010, lo que fue rechazado, pues se le informó que este tipo de créditos no prescriben al ser considerados deudas previsionales, y que debía solucionar el tema directamente con la Caja de Compensación La Araucana, pues como solo estaban gestionando el cobro del crédito informado por dicha entidad.

Alega que las deudas de este tipo sí prescriben, y que a pesar que su empleador está en conocimiento de lo anterior, no le otorgó solución alguna a su problema, indicándole que debía informarles si existía una sentencia judicial que declarara la prescripción o si es que ya había iniciado las acciones legales para obtener dicho pronunciamiento.

Alega que el actuar de las recurridas es arbitrario porque se intenta el cobro de una deuda que está prescrita, y se permitirían descuentos que afectan directamente la remuneración de la recurrente, afectando su derecho de propiedad.

Solicita, en concreto, se ordene a las recurridas que declaren la prescripción del crédito de la Caja de Compensación La Araucana; que sea eliminada la recurrente del registro de deudores de la Caja de Compensación Los Andes; que se ordene a la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones no autorizar ni realizar descuentos en sus remuneraciones; todo con costas.

Informando, Francisco Villegas Valle, abogado por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, alegando que es improcedente que por esta vía cautelar se solicite la declaración de prescripción de cualquier tipo de créditos, lo que corresponde necesariamente a un juicio de lato conocimiento.

Por otro lado, indica que no existen ni han existido los descuentos que se denuncian como amenaza por la recurrente, y la Subsecretaría de Transportes se limitó a informar a la recurrente una situación en curso y asesorarla sobre los alcances de la prescripción para que pudiera hacer ejercicio de sus derechos. En consecuencia, plantea que no existe un actuar ilegal o arbitrario de esta recurrida. Ligado a lo anterior, también concluye que no puede haber existido una amenaza al derecho de propiedad de la recurrente.

Informando, nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar De Los Andes, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, argumentando que ha actuado conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833, es decir, como mandataría de la entidad acreedora, la Caja de Compensación La Araucana, en la modalidad de cobro intercajas, sin poseer mayor información sobre el crédito y sus condiciones en sí mismo.

En tercer lugar, evacua informe la abogada Yasna Vukic, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicita el rechazo del recurso de protección, argumentando que los descuentos que se han solicitado respecto de una deuda cuya existencia se reconoce corresponden a la modalidad de pago originalmente acordada entre las partes y consagrada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, por lo que no se trata de un actuar arbitrario o ilegal. Indica que la recurrente alega la prescripción de la deuda, pero no acompaña resolución judicial alguna que declare la aplicación de dicha institución al crédito de autos. En consecuencia, no ha operado ninguna de los modos de extinguir las obligaciones respecto de la deuda de la recurrente.

Y Considerando:

Primero: Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Tercero: Que, a partir de las prescripciones de los artículos 1°,2°, 3°, 19 N° 8 de la Ley N° 18.833, no puede soslayarse la peculiar naturaleza de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, de cara a la satisfacción del bienestar general e individual de sus trabajadores afiliados, en el campo de acción que la ley les reconoce. En efecto, se trata de entidades de previsión social, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, inclusive con garantía estatal y control de la Superintendencia de Seguridad Social. De ello se sigue la existencia de prestaciones normativas que responden a las finalidades procurantes en materias de seguridad social, como destacado componente del bien común de sus afiliados que les concierne promover a estas instituciones. Entre tales herramientas legales se ha previsto aquella de que trata el artículo 22 de la citada legislación, en relación con la atribución que prevé su artículo 19 N° 3, la que opera sin ser incompatible con el cobro judicial y los márgenes que le son propios, cuando no se trate de una obligación visiblemente extinguida por alguno de los medios que prevé la ley sustantiva.

Cuarto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos en su remuneración, que se llevarían a cabo, según comunicación del mes de abril de 2021 recibida por su empleador, sin que se hayan realizado descuentos a la fecha de interposición del recurso, luego de transcurridos más de once años desde que se le otorgó el crédito social contraído con la Caja de Compensación La Araucana y prácticamente nueve años desde el vencimiento de la última de las cuotas, que totalizaban 59, iguales, mensuales y sucesivas, con vencimiento desde el 31 de julio del año 2008.

Quinto: Que, en las condiciones apuntadas las recurridas han actuado de manera injustificada y manifiestamente a destiempo, al margen de los procedimientos judiciales, al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir entre la fecha de otorgamiento de los créditos y la fecha en que se efectúa el cobro, a través del mecanismo de descuento denominado “Proyecto Intercajas”, absteniéndose la acreedora de ejercer las acciones de cobro pertinentes. De ello se sigue que su decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en caprichosa y oportunista, sin perjuicio de su derecho para perseguir la repetición que corresponda, en su caso, por la vía jurisdiccional pertinente, En este orden de ideas, el alcance de las atribuciones cautelares de que esta investida esta Corte se limita a disponer el cese del acto impugnado para de ese modo restablecer el imperio del derecho, no así a ordenar la restitución de lo pagado por obligaciones de aquellas que, según se ha estimado plausible, autorizan al acreedor a retener lo dado o pagado en razón de ellas, por su carácter de vínculos que devienen en naturales, según lo prevenido en el artículo 1470 N° 2 del Código Civil. Desconocer el apuntado efecto a favor del acreedor, importaría ir contra el argumento en que se basa el amparo que se dispensará a la recurrente, esto es, la inderogabilidad de la jurisdicción como llamada a dirimir conflictos como lo sería, en este caso, la restitución del pago de lo no debido; circunstancia que debe reclamarse a través de la acción ordinaria pertinente.

Sexto: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, amparadas, en lo que interesa a la acción, por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido, en los términos que se dirá en la conclusión.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, y en contra de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, solo en cuanto se ordena a las recurridas abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales otorgados a la actora, vía descuentos de sus remuneraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-33382-2021.