nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, abogado, por si, quien interpone acción constitucional de protección en contra don Guillermo Atria Barros, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en efectuar una publicación injuriosa en la red social X (ex Twitter), vulnerando las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1, 4, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 23 de febrero de 2025, tomó conocimiento de la publicación, en la red social X, (ex Twitter), realizada por nombre reservado, que señala “nombre reservado-nombre reservado abogado delincuente condenado a 541 días por el delito de calumnias. Ex alumno de Colegio Saint George y Universidad Diego Portales!! Abogado chanta”.

Sostiene que nunca ha sido condenado por calumnias, y que dicha publicación es falsa, injuriosa y calumniosa, afectando su honra, reputación, salud psíquica y física, trabajo y bienes.

Luego, añade, que reconoce haber sido objeto de una condena por denuncia calumniosa, la cual –según afirma– fue obtenida con falso testimonio y actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público.

Además, se involucra gratuitamente a su colegio, nombre reservado, y su universidad, Diego Portales, y que tiene una trayectoria académica destacada.

Previa referencia a las garantías que entiende afectadas, solicita que: (i) se declare que las publicaciones del recurrido son ilegales, arbitrarias, injuriosas y calumniosas; (ii) se ordene a nombre reservado eliminar todas las publicaciones referidas al recurrente y su familia en X o cualquier medio; (iii) se le prohíba al recurrido realizar futuras publicaciones de carácter injurioso o calumnioso; (iv) se decrete orden de alejamiento por considerarlo una persona “de alta peligrosidad” y; (v) se condene en costas.

Hace reserva de acciones penales.

Informando la parte recurrida, el abogado Guillermo Atria Barros, solicita el rechazo del presente arbitrio, con costas.

Sostiene que el recurso debe ser rechazado por extemporáneo, infundado y por pretender censura previa, lo que vulnera la libertad de expresión garantizada por el art. 19 Nº12 de la Constitución.

Expone, en primer lugar que la publicación en cuestión data del día 30 de julio de 2019, y que el recurrente ha tenido conocimiento de ella desde entonces, no desde el 23 de febrero de 2025 como sostiene. Dicha publicación se basó en una sentencia penal firme que condenó a nombre reservado-nombre reservado por denuncia calumniosa, delito de acción penal pública, cometido en perjuicio de Guillermo Atria Barros.

Afirma que, efectivamente, la publicación fue realizada por Guillermo Atria Barros tras la condena penal dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el 22 de junio de 2018, en la que el recurrente fue condenado a 541 días de presidio, por denuncia calumniosa, en virtud del artículo 211 del Código Penal, pena sustituida por remisión condicional.

Sostiene que la publicación únicamente refleja hechos contenidos en la sentencia, no es calumniosa ni injuriosa.

Argumenta que el recurrente no demuestra cómo se ven afectadas las garantías invocadas, además se trata de una publicación aislada, sin réplicas ni viralización, con poco alcance, por lo que no existe afectación laboral ni económica demostrada; el recurrente sigue ejerciendo como abogado.

Considera infundada e incoherente la orden de alejamiento, por cuanto afirma que el señor nombre reservado nunca se ha acercado al recurrente, ni ha ejercido violencia, a diferencia del Sr nombre reservado, quien fue formalizado por amenazas y se le impusieron medidas cautelares en 2009, entre ellas una prohibición de acercarse al recurrido.

Añade que el recurso se presentó seis años después del hecho denunciado, superando ampliamente el plazo de 30 días del artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección y que el recurrente omite la fecha de la publicación y no presenta prueba de cuándo tomó conocimiento efectivo.

Por otro lado aduce la existencia de otras vías para resolver el asunto, ya que el asunto es de lato conocimiento y debe ventilarse mediante acción civil o penal por calumnias o injurias. Incluso añade que el propio recurrente formula “reserva de acciones penales”, lo que confirma que esta no es la vía idónea.

Manifiesta que las solicitudes del recurrente, consistentes en borrar publicaciones, impedir nuevas opiniones, y solicitar orden de alejamiento son inconstitucionales por pretender censurar preventivamente al recurrido.

Al contrario de lo expuesto en el recurso, asevera que el recurrente se ha encargado de llevar una campaña judicial y extrajudicial de 16 años contra del recurrido, su padre y su entorno, exponiendo un historial extenso de querellas y denuncias infundadas, más de 30, todas desestimadas o sobreseídas.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: Que el llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en que pueden incurrir las autoridades o los particulares. Así, se ha considerado que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; y c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que, el acto que el recurrente tacha de ilegal o arbitrario, corresponde, a las expresiones vertidas por el recurrido, en una publicación efectuada en la red social X (ex Twitter), aludiendo a su persona como un “abogado delincuente condenado a 541 días por el delito de calumnias”, además de calificarlo como “abogado chanta”, y hacer mención a los establecimientos donde desarrollo sus estudios, hecho ocurrido con fecha 30 de julio de 2019.

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad Cuarto: Que, cabe pronunciarse respecto de la extemporaneidad alegada por el recurrido respecto de la interposición del presente recurso de protección.

Según lo prescribe el Auto Acordado que regula el ejercicio de una acción de esta índole, la misma debe interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos contados “desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”.

Quinto: Que, entonces, en dicha norma reglamentaria se contemplan dos posibilidades para el cómputo respectivo, vale decir, desde la ejecución del acto o bien desde el conocimiento que se tenga del mismo. Del examen de los antecedentes, se advierte, que confluyen en este caso, ambas hipótesis, de momento que cuando se efectuó la publicación a que alude el recurrente, esto es el día 30 de julio de 2019, se llevó a efecto la actuación que ahora reprocha y de ese modo, también, necesariamente, tomo conocimiento cierto de la misma.

En efecto, de los antecedentes aportados por la parte recurrida, única que aportó documental, la publicación a que se alude, efectuada en una red televisiva, se basa en la reproducción de parte de una sentencia criminal firme, emanada del 4°Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, correspondiente a una denuncia calumniosa, siendo justamente el recurrente quien fue condenado, razón que no puede alegar, como lo hace ahora, que tuvo conocimiento de la publicación, recién el día 23 de febrero pasado, por lo demás, coincidente con la fecha en la cual ha impetrado la presente acción cautelar.

Consecuentemente, al tiempo de ejercerse esta acción (23 de febrero de 2025), ya había transcurrido con creces el plazo previsto en el Auto Acordado, de lo que se sigue la extemporaneidad del recurso interpuesto;

II.- En cuanto el fondo del asunto Sexto: Que, sin perjuicio de la conclusión anterior, que basta para desechar la acción deducida, se debe hacer presente, conforme al tenor de la materia que se reclama, que la acción cautelar de protección no es la vía para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, puesto que, denunciando la comisión de un delito, ha de ser declarado y reparado por las vías que la propia Constitución y la legislación establecen, esto es, mediante las acciones de injurias, calumnias o difamación correspondientes, incluso, así lo reconoce el recurrente, al solicitar en el recurso la reserva de acciones penales.

Por estas consideraciones, más lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de don Guillermo Atria Barros.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministro señora Elsa Barrientos.

No firma la ministra señora Marisol Rojas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Protección N°3332-2025.